NACIONALES
¿Qué hacer con Pemex? una empresa financieramente quebrada y deuda de 100 mil millones de dólares

Por Luis Manuel Robles Naya //
Pemex es una empresa productiva del estado. El dueño es el gobierno de México que ha manifestado a través del director designado, que la intención es fortalecer el papel de PEMEX como motor del desarrollo económico del país y para recuperar la independencia energética y la soberanía del Estado.
No son conceptos nuevos, son los mismos que dieron origen a la creación de la empresa después de la expropiación petrolera, y que en el contexto de ese tiempo tenían una vigencia indiscutible. Sin el control de los hidrocarburos que tomó el estado mexicano no se hubiera dado la expansión de la economía mexicana, el despegue industrial, la electrificación rural, la ampliación de la red carretera, el incremento de la planta automotriz, la creación de instituciones para atención de la salud y el bienestar y una larga lista de etcéteras.
Durante tres décadas (1940-1970), la función de Pemex fue satisfacer la demanda energética, sostener bajos precios y la producción de insumos para la industria nacional, sus ingresos fueron el sostén del desarrollo. En la década de los 70 -80, la economía se petrolizó, se volvió dependiente de los ingresos petroleros y vulnerable ante los efectos del voluble mercado internacional, eso motivó un cambio en la política económica favoreciendo la diversificación y disminuyendo la dependencia de la renta petrolera.
Ahora el gobierno pretende retomar el papel que la empresa tuvo en el pasado y reclamar independencia energética y soberanía, sin embargo, el contexto es diferente. Ahora no hay empresas que expropiar, ni las que participan están desafiando al gobierno, el dominio de la nación sobre el petróleo es absoluto y la independencia es un absurdo en una economía global y competitiva. Sin duda hay un empeño nacionalista, pero a la luz del orden mundial interdependiente en el cual el petróleo es parte del mercado de comodities, el término de soberanía adquiere otras connotaciones.
Es otro el contexto y Pemex es ahora otra empresa muy diferente. Cierto es que el país necesita recursos para reducir la lacerante desigualdad que ha generado el capitalismo de libre mercado, pero es evidente que no será esta empresa la fuente que los produzca, al menos en la presente administración.
Actualmente más que una palanca de desarrollo es un lastre debido al volumen de su deuda y a la carga financiera que le representan pensiones y pasivos laborales, además de enfrentar altos costos de producción que le restan competitividad. Pongámoslo en cifras:
Al 31 de diciembre de 2018, la deuda total de Pemex ascendía a 105,800 millones de dólares. En enero de 2019, el gobierno federal realizó aportaciones de capital por 6,200 millones de dólares que fueron usados para reducir su endeudamiento, (El Economista- Cartera 21/01/20) mismo que para septiembre de 2019 quedó en 99,600 MDD.
De este monto de deuda, aproximadamente el 30 por ciento 30 mil millones de dólares es de corto plazo pagadera en 2019 – 2021. Para aliviar la presión, en este año la Secretaría de Hacienda emitió dos bonos de deuda por la cantidad de 5 mil millones de dólares; un bono por 2,500 pagadero a 11 años con tasa de interés de 5.95 y otro por la misma cantidad pagadero a 40 años con tasa de 6.95%.
Adicionalmente, en 2019 se le dotó de cuando menos 90 mil millones de pesos; se proyectaron 47 mil millones para 2020 y 91.6 mil millones para 2021. Es decir que en transferencias directas Pemex ha recibido aproximadamente una quinta parte del ingreso nacional y todavía carga una deuda de 99.6 mil millones de dólares.
Sumemos a esto el costo de la rehabilitación de refinerías en busca de la independencia y no importación de gasolina, que ha requerido según declaración de la Secretaria de Energía en septiembre de 2019, la aplicación de 12,500 millones de pesos que se suman al costo de la construcción de la refinería de Dos Bocas, estimado en 8 mil millones de dólares.
No obstante estos apoyos la empresa tuvo pérdidas por 346 mil 135 millones de pesos en 2019 y tan solo en el primer trimestre de 2020 ya registra pérdidas por 562 mil millones. De acuerdo al Plan de Negocios de Pemex, el EBITDA, es decir los ingresos antes de impuestos, intereses, depreciación y amortizaciones es de 551 mil millones, y aun así pierde una cantidad similar en un solo trimestre, eso indica que es un hoyo imposible de llenar o es una pérdida muy difícil de explicar.
Con esos números podemos decir que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo sin precedente para levantar una empresa que ya se reconocía insalvable y realizó inversiones cuya tasa de retorno es impensable, es decir a fondo perdido más del 20 % del ingreso nacional en solo un año.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos estimó las reservas de petróleo crudo hasta el 1 de enero de 2018 en 6,464.2 miles de millones de barriles de reservas probadas (1P); 5,816.5 en reservas probables (2P) y 7,139.1 en reservas posibles (3P).
La Relación Reserva-Producción estimada por la propia CNH indica que las reservas de petróleo crudo equivalente son para 8.5 años, 16.1 años y 25.4 años para las categorías 1P, 2P y 3P, respectivamente. Es decir que estos serían los años en que Pemex puede sostener el ritmo de producción de 2018.
La decisión del gobierno federal es incrementar el ritmo de producción, lo que reduciría esta relación y el aumento de los ingresos por exportaciones no garantiza mejor salud financiera. Asegurar la operación futura requiere invertir en exploración para incrementar las reservas y en tecnología para explotar aquellas reservas que se encuentran en aguas profundas, ya que hasta ahora se enfoca en aguas someras y se niega a nuevas técnicas como el fracking.
Es evidente que con la excesiva carga de la deuda y las pérdidas de operación, la capacidad para nuevas inversiones es virtualmente nula. Perseverar en alcanzar los objetivos enunciados de recobrar la independencia y la soberanía y apoyarse en el petróleo para impulsar el desarrollo es un sueño demasiado caro y no solo eso, es una inspiración patriótica que lleva un riesgo alto para la salud de las finanzas nacionales. La cantidad de dinero que se le ha destinado en un solo año, deteriora fuertemente los presupuestos de Educación Pública y de Salud y ha ocasionado que otros proyectos e instituciones vean disminuidas o imposibilitadas sus funciones.
Entonces, ¿Qué hacer con Pemex? La respuesta no está dentro de la administración de la empresa que debe seguir buscando disminuir costos, aumentar producción y manejar inteligentemente su deuda. Es el gobierno de México el que debe redefinir sus prioridades y dejar que Pemex sea una empresa competitiva cuya recuperación a largo plazo, obedezca a sanas prácticas empresariales. Es una ruta larga que no embona con las aspiraciones políticas del régimen, pero que no compromete las posibilidades de ayudar efectivamente a los que menos tienen,
Pemex debe dejar de drenar las arcas nacionales y para ello se requiere que en el centro de la toma de decisiones se convenzan que la retórica de campaña no es compatible con la realidad y que perseverar en inyectarle recursos públicos afectará enormemente la capacidad del gobierno para proporcionar bienestar a los mexicanos.
La reconfiguración y recuperación de la empresa lleva a un horizonte más largo que el de esta administración y solo será posible si opera con criterios de rentabilidad económica y no de reivindicaciones nacionalistas.
La solución a la que se opone, la administración actual por querer borrar los símbolos de la que llaman era neoliberal, es la apertura a la inversión privada en los términos que se había planteado en la reforma energética anterior, es decir, conservando el Estado la propiedad absoluta de los recursos naturales, compartiendo riesgos y utilidades y cobrando impuestos a las empresas asociadas.
Se reservarán para la explotación exclusiva de Pemex, las áreas y campos que producen con bajos costos y compartir riesgos en las que requieren inversiones mayores. A estas alturas ya deben haberse convencido de que bajar el precio de la gasolina o impedir que suba no está en manos del gobierno sino del mercado y que mantener artificialmente bajos los precios implica subsidios que las finanzas nacionales no pueden soportar.
Reproducir el esquema nacionalista, cerrado, seguido por Pemex en las décadas 40 al 70 es imposible en las condiciones actuales. Los ingresos de Pemex dependen fundamentalmente de la venta de gasolina y diésel y de las exportaciones de crudo, y por más que se incremente la producción no es suficiente para redimir la situación financiera de la empresa en esta administración.
Puede ser difícil para la cuarta transformación claudicar de uno de sus principales postulados políticos, pero no hacerlo gravita adversamente sobre el otro y más importante objetivo trazado que es la atención a los que menos tienen. Haber destinado en solo un año dos billones de pesos a una empresa virtualmente quebrada, impidió que esos recursos fueran destinados a mejorar hospitales, escuelas, hacer caminos rurales, extender la cobertura digital, o seguir creciendo los programas de entrega directa de recursos. El estado de bienestar al que aspira el régimen de la 4T requiere de muchos recursos que Pemex no puede aportar, ni en esta administración ni en otra.
A los empresarios privados se les aconseja que quiebren si no encuentran viabilidad en sus empresas y se les niega apoyo y en cambio a Pemex los recursos fluyen a pesar de los vaticinios negativos de calificadoras y evidencias de perdidas constantes. No hay lógica pero si mucha ideología.
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Promulga Claudia Sheinbaum las reformas a la Ley de Amparo y entran en vigor mañana

– Por Mario Ávila
Las reformas aprobadas en el Poder Legislativo a la Ley de Amparo, fueron publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación y con ello se cumple el requisito del Poder Ejecutivo de la promulgación, en donde además se señala expresamente que el nuevo ordenamiento legal entrará en vigor mañana viernes 17 de octubre.
En las reformas legales aprobadas en las Cámaras de Diputados y Senadores, se incorporan nuevas fracciones al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, para declarar improcedentes los recursos contra actos administrativos que exijan el pago de créditos fiscales confirmados o resuelvan solicitudes de prescripción.
También se incluye la restricción a la suspensión del acto reclamado en casos vinculados con créditos fiscales firmes, operaciones financieras irregulares o lavado de dinero; mientras que queda eliminado el tema polémico del artículo transitorio que habla de la retroactividad.
Así mismo, la medida cautelar ya no detendrá la ejecución de los actos de autoridad, según se asienta en el nuevo marco normativo en el que se modificaron más de 30 artículos y se adicionaron disposiciones sobre el uso obligatorio de medios electrónicos para que las autoridades que intervienen en los juicios, el registro digital de expedientes y la regulación de la suspensión en casos fiscales y financieros.
Por otro lado, el nuevo Órgano de Administración Judicial contará con 360 días para adecuar el sistema electrónico del Poder Judicial y emitir los acuerdos generales que regulen la operación de la firma electrónica y los expedientes digitales.
Según el decreto, para los particulares, la presentación digital será opcional, aunque se mantiene la posibilidad de hacerlo por escrito.
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Entrega Senado 10 tráileres con víveres para ayudar a damnificados

– Por Mario Ávila
El Senado de la República entregó este jueves a la Secretaría de la Defensa Nacional 10 tráileres con víveres para ayudar a las familias afectadas por las intensas lluvias, que se registraron en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que en el Campo Militar Número 1 se entregaron seis tráileres y cuatro más en el Aeropuerto de Pachuca, Hidalgo.
Además, dio a conocer que entre el domingo y el próximo lunes también se entregarán 80 mil despensas, que donaron senadores, trabajadores, personal del recinto parlamentario y ciudadanos, en el centro de acopio de la Plaza Luis Pasteur.
Castillo Juárez hizo entrega de los víveres al coronel de infantería Álvaro Vázquez Zacarías, en el Campo Militar Número 1, acompañada de los vicepresidentes de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino Farjat; de la secretaria de este órgano de dirección del Senado, Lizeth Sánchez García; y de los senadores Emmanuel Reyes Carmona y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena; así como de las senadoras Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, del PT.
La senadora precisó que este día se entregaron dos mil 300 garrafones de agua de cinco litros, 67 mil 750 botes de agua de un litro y medio, así como nueve mil 700 despensas, más las 80 mil despensas que se entregarán entre el domingo y lunes.
En entrevista previa, en las instalaciones del Senado, Castillo Juárez recordó que a las y los senadores se les hizo un planteamiento para que donen “una quincena” de sus ingresos; precisó que el tema se analiza a través del área administrativa.
“En general todos estamos de acuerdo, pero sabemos que puede haber algunas particularidades que respetamos”, señaló.
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Salida masiva en el INE; 970 solicitan su retiro voluntario

– Por Mario Ávila
Ante la inminente aprobación de una Reforma Electoral en los primeros meses del año entrante, casi un millar de trabajadores se han inscrito a un programa de retiro voluntario, mediante el que se garantiza un pago conforme a la ley, además de un estímulo.
Se trata de una verdadera desbandada, la que se vive al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que se trata de casi el 5% del total de la nómina, motivados por la incertidumbre que ha generado la próxima reforma electoral que plantea recortar el presupuesto del órgano autónomo.
De acuerdo con autoridades del propio Instituto, ya son 970 los empleados que iniciaron el proceso para dejar el INE, superando ampliamente las expectativas iniciales. Esto obligó a ampliar el plazo del programa de retiro voluntario y redoblar esfuerzos para revisar las solicitudes.
El programa ofrece liquidación conforme a ley y un estímulo adicional. Se destinó una bolsa de 100 millones de pesos, y tendrán prioridad quienes cuenten con mayor antigüedad, mínimo 10 años.
La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, advirtió que el esfuerzo administrativo para atender esta salida masiva será “mucho mayor al que esperábamos”.
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¿Qué puede cambiar con la actualización fiscal 2025-2026? Lo que debemos saber

– Por José Modesto Barros Romo
En los próximos meses se pretende que México actualice sus reglas fiscales para 2025-2026. El objetivo principal es que el Estado recaude mejor, especialmente revisando lo que ocurre en plataformas digitales, como tiendas en línea, apps de servicio, streaming, intermediarios, etc.
La idea es que las autoridades tengan más herramientas tecnológicas para supervisar estas operaciones y a final de cuentas poder obtener más ingresos tributarios.
Una de las propuestas más fuertes es que las plataformas digitales otorguen al SAT acceso “en línea y en tiempo real” a información como transacciones, pagos, usuarios y movimientos. Esto serviría para detectar ingresos que no se declaran o se ocultan. Pero esta medida genera preocupación sobre la privacidad y sobre cuánta libertad tendría la autoridad para revisar datos delicados.
Las plataformas también podrían tener que actuar como retenedoras de impuestos: es decir, al momento de pagar a un vendedor o creador, deducir un porcentaje de ISR o IVA y entregarlo al SAT. Dependiendo de si el vendedor cuenta con RFC o vive en México o en el extranjero, las tasas serán distintas.
¿Qué significa esto para el ciudadano-consumidor?
Algunas de las cargas adicionales que tengan las plataformas podrían trasladarlas a los precios de bienes o servicios. En otras palabras: podríamos ver aumentos en tarifas, comisiones o precios de productos digitales. Ya hay advertencias de que muchas empresas pequeñas y medianas (pymes) que venden por internet tienen márgenes pequeños, así que retener más impuestos podría complicar su operación.
Para quienes usan las plataformas para generar ingresos (vender productos, ofrecer servicios, ser creadores), los cambios van a sentirse más directos: tendrán más obligaciones fiscales, retenciones automáticas, necesidad de declarar mejor, emitir comprobantes, y estar sujetos a mayor escrutinio. Si alguien no cumple correctamente, podría tener sanciones, bloqueos o pérdidas de beneficios.
También hay riesgos en cuanto a la protección de datos y derechos digitales. Que una autoridad tenga acceso frecuente a información operativa de plataformas puede abrir la puerta a abusos si no hay límites claros. Por eso es clave que en la ley queden salvaguardas para evitar revisiones arbitrarias y para que los ciudadanos tengan capacidad de defensa.
Pero no todo es negativo. Si las reformas se aplican con justicia, podrían disminuir la evasión fiscal, hacer que más personas participen formalmente en la economía y generar más ingresos para servicios públicos: salud, educación, obra pública. Eso beneficiaría indirectamente a todos.
En resumen: estas reformas pueden cambiar no solo cómo funciona el comercio digital, sino también qué tan gravosos son los costos para los que consumen, venden o participan en plataformas. Será clave que quienes diseñen las leyes mantengan un equilibrio entre recolectar lo justo y no cargar excesivamente al ciudadano común.
Estado actual de estas propuestas:
- El Gobierno de México ya presentó el Paquete Económico Federal para el año 2026, que incluye la Miscelánea Fiscal y propuestas de reformas al Código Fiscal de la Federación, al ISR, al IVA, entre otras disposiciones.
- En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ya se aprobó un dictamen que reforma disposiciones del Código Fiscal de la Federación con el objetivo de combatir a las empresas factureras, operaciones simuladas y uso indebido de sellos digitales.
- También ha habido avances en la aprobación de la Miscelánea Fiscal en comisiones del Congreso, con ajustes a impuestos como el de tabaco, bebidas azucaradas, videojuegos, etc.
- Sin embargo, aún quedan etapas por cumplirse: discusión en lo particular, votaciones en pleno en ambas cámaras (Diputados y Senado), posibles modificaciones, y la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entren en vigor.