NACIONALES
Sin novedad en la corte

Opinión, por Iván Arrazola //
Con la votación en la Suprema Corte de Justicia en la que se desechó el proyecto que proponía declarar inconstitucional una parte de la reforma judicial, se cierra uno de los periodos más críticos en la historia reciente del país. A partir de ahora, para el oficialismo será mucho más sencillo aprobar legislación sin los obstáculos que podría representar una declaración de inconstitucionalidad por parte de la corte.
La percepción general tras los diversos episodios ocurridos desde la victoria de Morena el 2 de junio, es que todos los actores involucrados han sucumbido a las presiones: algunos se alinearon al servicio del régimen, mientras que aquellos que se opusieron vieron como sus esfuerzos resultaron infructuosos.
Primero fue el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral quienes, a pesar de las ambigüedades en la ley que podrían haber permitido una revisión a fondo, declararon válido el reparto de legisladores. La magistrada Janine Otalora fue la única que votó en contra de la asignación alegando que con ese reparto se distorsionaba la votación real. De hecho, desde hace tiempo, tres magistrados habían buscado destituir a Reyes Rodríguez de la presidencia del Tribunal Electoral, apoyándose en el frágil argumento de una supuesta «pérdida de confianza». En última instancia, estos magistrados parecieron actuar en favor de decisiones alineadas con intereses del régimen.
Por su parte, la mayoría de los consejeros del INE defendieron su posición basándose en el débil argumento de que el reparto de escaños había seguido el mismo esquema en elecciones anteriores, intentando con ello justificar la legalidad de su decisión. Esta postura, sin embargo, generó controversia, pues aparentó ser un esfuerzo por legitimar su decisión sin abordar las posibles inconsistencias legales de fondo.
Luego llegó el turno de las cámaras legislativas. En la Cámara de Diputados era evidente que no habría obstáculos para aprobar la reforma judicial, ya que contaban con la mayoría necesaria. Sin embargo, lo más lamentable ocurrió en el Senado, donde algunos senadores de oposición protagonizaron actuaciones poco creíbles. El senador Yunes Linares, del PAN, inicialmente alegó problemas de salud como excusa para ausentarse, pero luego se unió al bloque oficialista para votar a favor de la reforma judicial, justificando su cambio de postura con el argumento de que, en ejercicio de su libertad, había decidido alinearse al oficialismo, otorgando así el voto 86 que necesitaban para aprobar la reforma.
A este esfuerzo se sumó el senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano (MC) por Campeche, quien también se ausentó de la sesión argumentando que acompañó a su padre a rendir una declaración. En última instancia, independientemente de las razones alegadas, estos legisladores decidieron apoyar al oficialismo, dejando de lado los principios y la responsabilidad que asumieron con el electorado que votó por ellos rechazando las propuestas de Morena.
Finalmente, en la Suprema Corte, el ministro Alberto Pérez Dayán decidió votar en contra del proyecto de Juan Luis González Alcántara, argumentando: “Resolver en el sentido que propone la propuesta sería… responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”.
Sin embargo, la perspectiva reduccionista y centrada exclusivamente en el aspecto legal de Pérez Dayán le impidió reconocer que lo que estaba en juego iba más allá de las atribuciones específicas de un ministro de la corte; se trataba de proteger la división de poderes y los derechos de la ciudadanía. Con su voto en contra, Pérez Dayán cerró la última oportunidad de llevar a cabo una revisión más profunda de la reforma judicial, eliminando la posibilidad de un debate exhaustivo que abordara sus implicaciones constitucionales y su impacto en el sistema de contrapesos democrático del país.
Después de la votación en la corte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró: “Triunfan el pueblo de México, la Constitución y el estado de derecho, pero también imperan la razón frente a la sinrazón, la cordura frente a la locura”. Estas palabras quedarán marcadas en la historia del país, no por el triunfo de la justicia, sino como un reflejo del deterioro de los principios democráticos y la imparcialidad en el ejercicio del poder.
Este momento será recordado como uno en el que el desprecio por el estado de derecho y la obstinación por concentrar el poder llevaron a México a una situación preocupante, en la que el equilibrio y la justicia quedan en riesgo.
La falta de imparcialidad y la politización de las instituciones crean un panorama en el que las decisiones legales y de justicia estarán más sujetas a los intereses del régimen que a los principios constitucionales, lo cual aumenta la posibilidad de injusticias y abusos de poder. Este será el ominoso legado de Claudia Sheinbaum a la endeble justicia en México.
CARTÓN POLÍTICO
¿Dormirá tranquilo en Madrid?
JALISCO
La justicia, un privilegio inalcanzable: Teuchitlán, la negación como crimen de Estado

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
Hay maneras múltiples de negar un crimen, formas infinitas de enterrar un cuerpo, procedimientos diversos para desaparecer personas, ideas, realidades. En México, especialmente en Jalisco, el gobierno parece haberlas aprendido todas. El más reciente y grotesco episodio de negación oficial se escenifica alrededor de un rancho en Teuchitlán, cuyo nombre, «Izaguirre», se volvió sinónimo del horror: fosas, huesos quemados, restos calcinados, zapatos sin dueño.
Pero, según la fiscalía general del Estado, allí nunca hubo hornos crematorios. Así lo dijeron, con palabras oficiales, tranquilas, demasiado tranquilas, con la frialdad de quien niega para no actuar.
Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza, habla con el tono cansado de quien ya conoce todas las versiones oficiales. «Quieren minimizar la crisis, callar lo que dicen las familias y los medios», señala. No habla desde la teoría; lo suyo es la práctica cotidiana de una búsqueda desesperada, un intento de hacer justicia con propias manos, mientras el Estado responde con burocracia y negaciones. Y no habla solo de Teuchitlán, sino de una realidad que atraviesa todo México: más de 15,000 desaparecidos solo en Jalisco y decenas de miles más en todo el país. Números que aumentan, cifras que no despiertan acción sino indiferencia.
«La confianza está en las familias, no en las instituciones», sentencia Flores. Las palabras golpean con fuerza porque reflejan una verdad ya inocultable: el Estado ha dejado hace tiempo de ser garante de seguridad para convertirse en cómplice por omisión, por negligencia, por indiferencia. Flores lo explica sencillo, pero la simplicidad de su denuncia encierra toda la complejidad del fracaso institucional: «La federación no puede lavarse las manos echándole la culpa a los estados. La delincuencia organizada es competencia federal y tienen que actuar».
Pero México es el país donde los gobiernos siempre encuentran razones para no actuar. La Fiscalía argumenta que necesita denuncias formales para iniciar carpetas de investigación. Las familias responden que denunciar es ponerse en peligro, es exponerse a la violencia del crimen organizado, protegido por autoridades corruptas. La paradoja es brutal: se exige que las víctimas, ya violentadas, vulnerables, amenazadas, sean quienes se arriesguen aún más para hacer el trabajo que el Estado rechaza.
La negativa oficial sobre los hornos de Teuchitlán no solo busca invisibilizar la tragedia, sino evitar las consecuencias internacionales que podría acarrear el reconocimiento de un crimen que claramente constituye una violación masiva de derechos humanos. Flores apunta hacia organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, advirtiendo que esta crisis, de ocurrir en cualquier país europeo, sería inmediatamente calificada como una emergencia global. Pero ocurre en México, donde los muertos pesan menos, donde los desaparecidos son culpables antes que víctimas.
La negación no es solo federal, es también local. Enrique Alfaro, gobernador saliente de Jalisco, dejó en herencia un récord macabro: pasó de 5,000 a más de 15,000 desaparecidos durante su mandato. Colectivos como «Por Amor a Ellxs» recuerdan cómo Alfaro prometió diálogo y puertas abiertas, pero solo entregó indiferencia y abandono. María del Refugio Torres resume así el gobierno de Alfaro: «ineficaz, lleno de omisiones y deficiencias».
Ahora la responsabilidad recae en Pablo Lemus, sucesor político que, al parecer, ante esta prueba está actuando a destiempo. En reuniones en noviembre del año pasado, previas a la toma de poder, Salvador Zamora, quien ahora es secretario general de Gobierno, asistió solo para sacarse la foto. No escuchó, no conversó, no actuó, en esta crisis, no ha aparecido.
La crisis institucional no se detiene en el Ejecutivo. Jonathan Ávila, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), denunciaba al finalizar la administración de Enrique Alfaro que no había ni siquiera un programa estatal de búsqueda en Jalisco y que el rezago en el Servicio Médico Forense alcanzaba niveles vergonzosos: más de 9,400 cuerpos sin identificar.
Mientras las autoridades siguen negando la realidad, las familias se organizan y protestan. Este sábado pasado, frente al Palacio de Gobierno de Jalisco, más de dos mil personas gritaron consignas claras y dolorosas: «El Estado sí sabía, Alfaro sí sabía». Lo sabían porque es imposible no saberlo, porque los campos del horror no nacen en secreto sino bajo el amparo de complicidades. Daniela Gómez, quien busca a su hermano desaparecido, resume el sentimiento común: «No es posible que haya más de 18,000 desaparecidos y solamente seis buscadores en el gobierno».
La vigilia del sábado fue otra demostración del dolor transformado en resistencia. Héctor Águila Carvajal, padre de otro desaparecido, pidió unidad: «Sigamos uniendo fuerzas, el dolor no cesa». Y no cesa porque la respuesta oficial sigue siendo mínima, burocrática, cínica.
Y lo de que Teuchitlán no se trata de un caso aislado. La lista de sitios donde se repite la tragedia es dolorosamente extensa: desde la macabra «Gallera» en Veracruz hasta los cuerpos disueltos en ácido por el infame «Pozolero» de Tijuana, pasando por la escalofriante cifra de restos en «La Bartolina», Tamaulipas. Un catálogo infernal de barbaries toleradas, acaso protegidas, por autoridades que prefieren mirar hacia otro lado.
Esta crisis no puede seguir siendo escondida bajo excusas burocráticas ni minimizada con comunicados oficiales. Los colectivos lo denuncian: Teuchitlán no es un caso aislado, sino un símbolo más de la impunidad institucionalizada. Héctor Flores alerta sobre al menos seis puntos más similares en Jalisco, que nadie quiere investigar porque nadie quiere reconocer lo evidente.
Desde Madrid hasta Nueva York, mexicanos en el exilio exigen lo básico: reconocer el término «sitios de exterminio», proteger efectivamente a las buscadoras, garantizar justicia y reparación. Es un grito desesperado, es una demanda urgente, y es, sobre todo, una advertencia: la negación no borrará los muertos, solo prolongará el sufrimiento.
Negar lo evidente es una forma más de violencia. México merece más que excusas. Las víctimas merecen más que palabras. Y la justicia, que debería ser obvia, hoy parece un privilegio inalcanzable.
En X @DEPACHECOS
JALISCO
La bestia de Teuchitlán

Opinión, por Fernando Plascencia //
¿Qué nos hace humanos? La dichosa pregunta se ha respondido de muchas maneras. Dirían los antiguos que la racionalidad, o que tenemos un alma incrustada y atrapada en el cuerpo que funge como cárcel, o más complejo, la capacidad de pensarnos a nosotros mismos como seres pensantes. La pregunta viene bien ahora.
Lo que ocurrió en Teuchitlán descompone cada supuesto de humanidad. La racionalidad se perdió, llegó el animalismo, se diría, pero ya Mary Midgley vino a decirnos que no hay animal más cruel que el humano, ni el feroz lobo es capaz de desollar a sus presas, porque no son rivales, son presas. ¿Nos distingue el alma? Pero quién con alma sería capaz de cometer atrocidades contra decenas de seres humanos, un desalmado. No se ve más el reflejo del alma en los ojos, los ojos solo reflejan desdicha y sufrimiento.
No importa a dónde vayamos, la violencia nos persigue y nos hace cada vez menos humanos. Nos persigue para condenarnos y llevarnos de su mano. Como sociedad no hemos sido capaces de evitarla. Como humanidad nos sentamos en comunidad, creamos normas, para no hacernos daño los unos a los otros, cuán lejos nos sabemos de eso.
El contrato social que nos hizo humanos en el principio – cuál principio – se rompe y se rompe a cada rato. Teuchitlán lo confirma, el desmoronamiento de lo que creíamos nos quita lo humano. ¿Qué somos ya?
Desde hace años se habla de deshumanización, de una extrañeza que nos invade y nos hace menos humanos. ¿Somos menos humanos con cada tragedia como la de Teuchitlán? ¿El humano que se atrevió a tanto con qué será comparado? No hay más comparación que con el mismo humano. La bestia que llevamos dentro emerge y no como bestia de la naturaleza, sino como la bestia que no conoce el límite moral, porque sí hay animales que viven con una moralidad más digna.
Nuestra humanidad se encuentra extraviada y con símbolos y con ríos de sangre y dolor lo comprobamos. 400 zapatos son la muestra de una capacidad infinita de derrotar al rival como sea necesario y con los medios que se tengan al alcance, pero más que derrotar al rival nos derrotamos a nosotros mismos. Fuimos capaces de crear un Estado, tan sofisticado en algunas partes con instituciones que resuelven el más pequeño inconveniente público, pero ahora no somos capaces de protegernos.
La humanidad se nos va de las manos, eso que se propuso como proyecto de humanidad no quedó más que en el papel de tratados morales y filosóficos. El trazado racional que por mucho tiempo hemos tratado de seguir se tambalea y estamos a la deriva no solo de una razón instrumental, sino de una lógica de violencia por la violencia. Lo que creamos para servirnos de protección ha dejado de servirnos y ha servido para incrementarla – la violencia -, con disposición para que unos cuanto sigan al margen. Pero lo que se predice es que la violencia está por atacarnos a todos y de una vez por todas no habrá quién se salve, será responder o morir.
Más que nunca es falso que somos los seres del centro de la vida social, qué limitados estamos para salir de la violencia, y es que ningún impulso nos ha sacado de ese baño de sangre. Divinizar la violencia es el camino más torpe que pudimos tomar o ¿será que el exceso de libertad nos trajo hasta aquí?
Lo que ocurrió en Teuchitlán debe ser llamado como uno de los peores actos que como sociedad nos han ocurrido. Qué lejos nos pone de una idea de sociedad que seguimos compartiendo muchos, donde la violencia debe ser el instinto más controlable que tengamos. La violencia es biológicamente natural, pero debemos entender cómo moderarla y evitar que los conflictos lleguen a más. La información más valiosa que tenemos es que la violencia no es el único impulso que tenemos, ni el mejor, sino que tenemos instintos que juegan un papel fundamental como sociedades: la cooperación o la empatía.
No reforzar la violencia y sus conductas es vital como humanidad, si no es real que el hombre es lobo para el hombre es porque tenemos más caminos y Teuchitlán no es el destino ineludible del que no podamos escapar, sino debe ser el inicio de entender que como sociedad y humanidad no es lo que queremos muchas, pero muchas personas.
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