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OPINIÓN

28 de agosto “Día de los abuelos”: El futuro político de Alfaro está con abuelos y adultos mayores

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Por Remberto Hernández Padilla //

Es conveniente dejar referido que el mes de agosto se destina a festejar a las Personas Adultas Mayores, dado que desde el año 1982 se decretó en México conmemorar el mes de agosto como el de la vejez.

En referencia al “Día de los Abuelos” existe el antecedente que se inició durante el “porfiriato”; sin embargo, fue en el año 1932 en que, en México, se instituyó oficialmente el 28 de agosto como “Día del Abuelo”. (Esta efeméride se da en varios países el 26 de julio).

Hace años se infería que el ser abuelo era necesariamente ser un anciano (difícilmente se llegaba a los 50 años de edad); de ahí que por tradición ambos conceptos representaran casi lo mismo; sin embargo, bien se conoce que, hoy por hoy, existen una gran cantidad de abuelos que no son adultos mayores; sabemos de jóvenes de 40 años que son abuelos, y adultos mayores que no viven el privilegio de ser abuelos y poder convivir con sus nietos. (Cuando una persona habla o escribe en referencia a los abuelos, o a los adultos mayores, se refiere a ellos en términos genéricos hombre o, mujer).

Queda afirmado que el “Día de los Abuelos” es el 28 de agosto; y, también el “Día de las Personas Adultas Mayores”, dado que fue el 28 de agosto de 1957 cuando tuvo lugar en la ciudad de México el primer Congreso Panamericano de Gerontología, ahí se propuso que en América Latina se festejara el “Día Internacional de las Personas de Edad” cada 28 de agosto, efeméride reconocida en México.

¿QUIÉN ES ADULTO MAYOR?

Las personas Adultas Mayores son aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad”, así lo define la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo tercero – fracción primera. Pero, existe desconcierto entre una gran parte de la sociedad en torno a la definición de quién es adulto mayor; se ha saber que desde el año 2012 el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, como también en el “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, dejaron considerados como adultos mayores a las personas con más de 65 años; pero esa “definición” ha sido únicamente para los efectos de una serie de prestaciones para las personas que han superado esa edad. Sin embargo, tal parece que existe un interés gubernamental en que el reconocimiento a los adultos mayores se de partir de los 65 años y no de los 60 como en la actualidad lo definen las disposiciones legales.

Aquí es conveniente referir que en las normas oficiales referentes a las personas de edad se dan las categorías definidas de la siguiente manera: pre vejez, de los 60 a los 65 años de edad; la vejez funcional, luego de haber cumplido los 65 años de vida hasta los 75; la plena vejez de los 75 hasta los 84 años, y la vejez avanzada o “cuarta edad”, a partir de los 85 años.

LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

El programa de pensiones para beneficiar a los adultos mayores que otorga el gobierno de la República por conducto de la Secretaría de Bienestar ha venido siendo administrado, a todas luces, con criterio clientelista a favor de la 4T, y partidista a favor de Morena.

Veamos: La Subsecretaria de Bienestar del gobierno de la Republica difundió, en días anteriores, que el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, “cuenta actualmente con más de 8 millones de adultos mayores incorporados”.

Sin embargo: de acuerdo con las cifras que difunde el Instituto Nacional Electoral existen en la República trece millones de personas con credencial de elector que son mayores de sesenta años de edad. Entonces, con cifras oficiales conocemos que existe una omisión de, nada menos que cinco millones de personas adultas mayores que no están siendo beneficiadas por ese tipo de “apoyo económico”.

En Jalisco de acuerdo con el INE existe un padrón electoral de más de un millón de adultos mayores y por declaraciones de quien fuera Coordinador de las Delegaciones Federales en nuestra entidad, “En Jalisco se están entregando más de 360 mil pensiones a los adultos mayores”. Con estas cifras bien podemos concluir que existe una marcada diferencia entre quienes reciben la “pensión” y quienes no son tomados en cuenta en esa distribución de dinero; y que tampoco concuerda con el ordenamiento que en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos refiere: “Las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión”.

EL GOBERNADOR ALFARO Y LOS ADULTOS MAYORES

Los jaliscienses quedamos desconcertados cuando al asumir al poder Enrique Alfaro Ramírez. hizo desaparecer el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor; y, decepcionados por el trato de indiferencia que a ese grupo social les ha dado durante dos años.

En el presente mes de agosto ¡por fin! el gobierno del Estado destinó algunos recursos económicos para llevar “apoyos” a unas 50 mil personas de la tercera edad; (esa cifra cubriría solo el 5% de los adultos mayores que existen en Jalisco; bueno, por algo se empieza).

Fuentes bien enteradas nos informan que en el “bosquejo” en lo que se pretende dar a conocer en el 2021 con una nueva Constitución Política de Jalisco, sí se tiene un texto en el que se da prioridad a todos los asuntos relacionados con los Adultos Mayores. y, desde luego que sin apartarse de los objetivos que, para el beneficio de la sociedad, están incluidos en nuestra Carta Magna. Se pretende, informan, “que esa norma de Jalisco sea modelo para otras entidades federativas”.

ADENDA PARA EL BUEN ENTENDEDOR

1.- Los mexicanos debemos de ser conscientes de lo que acontece con nuestros adultos mayores, veamos: Ni las autoridades federales, ni las estatales y las municipales, le dan los apoyo que ellos requieren; desafortunadamente la sociedad tampoco les da la suficiente atención a sus adultos mayores, manifestándose como un asunto de gravedad.

2.- Ni el gobierno del Estado, ni el DIF- Jalisco entregaron este año preseas para los adultos mayores distinguidos; ello, entre otros asuntos, por la presencia de la pandemia del Corona-virus que nos ha bloqueado en las actividades cotidianas.

3.- El “apoyo” que en pensión entrega el gobierno federal a algunos adultos mayores y que afirma el presidente de la República que es “Pensión Universal” no lo es, porque: universal es para todos; y esa entrega de dinero es selectiva y no llega ni a la mitad de jaliscienses de la tercera edad. Este asunto también es delicado.

4.- Es claro que todo buen político actúa con visión al futuro y de acuerdo con su ideario; y en el programa de lo que se conoce como “Refundación de Jalisco” existe un plan para que, habiendo quedado incluido en lo que será la nueva Constitución Política de Jalisco, los adultos mayores puedan disfrutar de los beneficios que por su edad merecen recibir por una dependencia del gobierno para mejorar las condiciones de protección, atención, bienestar y desarrollo; y así puedan, ellos, lograr su plena integración al desarrollo social, económico, cultural y político.

5.- En Jalisco sí existen focos rojos en el ámbito político, dado que un millón de ciudadanos, adultos mayores, que hasta ahora no han sido suficientemente atendidos determinarán, con su voto en el 2021, en favor o en contra el futuro político de Enrique Alfaro. Aún es tiempo…

* Remberto Hernández Padilla.

Adulto Mayor Distinguido / Premio Nacional de Periodismo.

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JALISCO

Consejos para la jubilación

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Opinión, por Arturo Pérez Díaz //

Cumplir 55 años no solo marca un nuevo capítulo en la vida, también enciende una alerta: es momento de pensar con seriedad en el retiro. Muchas personas posponen esta reflexión, confiadas en que aún hay tiempo.

Sin embargo, el marco legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), establece requisitos que no se cumplen de la noche a la mañana y que, de no gestionarse oportunamente, pueden traducirse en la pérdida de derechos adquiridos durante toda una vida laboral.

Acorde al Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta el año 2024 el 12.3% de la población total del estado eran personas adultas mayores de 60 años o más, lo que equivale a 1 millón 085 mil 609 habitantes.

Así de grande es el problema de las jubilaciones en Jalisco, que en la mayoría de los casos se concibe como problema, dado que reciben pagos mensuales de miseria, en caso de que todo adulto de este grupo de edad haya logrado una jubilación.

Para entender el tema hay que revisar el artículo 138 de la Ley del Seguro Social, que indica requisitos para obtener una jubilación: para la pensión por vejez se necesitan 65 años de edad y al menos 500 semanas cotizadas (diez años de trabajo formal). Pero también existe la opción de cesantía en edad avanzada, disponible de 60 a 64 años de edad, si se cuenta con las mismas semanas cotizadas y ya no se tiene trabajo remunerado.

Aun así, ningún beneficio es automático: hay que solicitarlos y acreditar los requisitos ante el IMSS, lo cual puede ser confuso para muchos, además de que toma tiempo.

La decisión de pensionarse debe ser estratégica y no dejarla al tiempo porque equivale al olvido. Dejar pasar los años sin revisar cotizaciones, sin confirmar la situación laboral, sin conocer los montos aproximados de cesantía o jubilación por vejez, puede poner en riesgo no solo la pensión, sino también las asignaciones familiares, ayuda asistencial y servicios médicos a los que se tiene derecho (arts. 137 y 145).

Por ello, quienes cumplen 55 años deben comenzar ya el proceso de revisión de jubilación, analizando: semanas cotizadas, modalidades de retiro, documentación, trámites y requisitos ante el IMSS. Ser omiso y no hacerlo a tiempo puede llevar a perder beneficios irrecuperables. La vejez no llega de golpe, pero cuando lo hace, no perdona la omisión. Es mejor prevenir que lamentar.

Toda una vida de trabajo puede llevar el riesgo de jubilarse con montos injustos de 9 mil quinientos pesos mensuales. Sin embargo, la mayoría de la gente debería saber que hay opciones de incrementar las jubilaciones hasta montos mayores de 80 mil pesos, mediante una estrategia legal acorde a la propia ley del IMSS.

Una pensión justa es aquella que brinda los medios adecuados para pagar los servicios de salud, alimentación y cuidado del jubilado, pero muchas personas adultas no lograron una pensión, y los que sí tuvieron derecho recibieron pensiones de hambre.

Muestra de ello es que, a pesar de tener edad de retiro, la gente sigue trabajando. Así lo demuestra el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Según resultados del primer trimestre de 2024, el 19.5% de la población de 65 años y más en Jalisco era económicamente activa, es decir, 182 mil 375 personas; de las cuales 64.2% (117,108) eran hombres y 35.8% (65,267) mujeres. Destaca que, el cien por ciento de las personas adultas mayores económicamente activas se encontraba ocupado.

Una jubilación justa se debe empezar a trabajar a los 55 años de edad, en las próximas colaboraciones expondremos las estrategias para lograr pensiones mayores a lo que le tiene programado el IMSS a quienes caminan ya rumbo al sexto piso.

Lograr una vejez tranquila, sin tener necesidad de seguir trabajando hasta una edad muy avanzada, es posible, pero hay que informarse de los derechos laborales y de las prestaciones.

El mayor problema es el de personas que tienen más de 50 años de edad y hoy laboran sin seguridad social, sin los beneficios de una AFORE, INFONAVIT y sobre todo sin cotizar para una jubilación, que con una adecuada información, toda esta gente estaría a tiempo de rescatar una jubilación digna. La informalidad provoca daños en el futuro de los trabajadores, porque, llegado el tiempo, vivirán una vejez sin protección social, sin dinero.

La gente debería saber que existen mecanismos legales para regularizar su situación en cualquier giro laboral, logrando la protección del IMSS con servicios médicos, cirugías y medicamentos en el presente y una pensión para el futuro.

Algunos ejemplos de incorporación al IMSS son los trabajos domésticos, en donde miles de mujeres trabajan para un patrón que no les brinda hasta hoy la afiliación al seguro social que puede realizarse de una forma sencilla. Otro caso son los trabajadores de aplicaciones móviles como Uber y Didi, que a partir de junio de este año ya se deben inscribir por ley al IMSS.

También existen trabajadores independientes de alto nivel, como los dentistas, que siempre por tradición han sido independientes y no tienen patrón que los incorpore al seguro social. Para ellos también existen modalidades de afiliación al IMSS, y aunque muchos creen que la población de escasa formación es la víctima de la injusticia de las jubilaciones, esto no es así, también profesionistas están descobijados en su futuro laboral.

Si toda persona inscrita en el IMSS, que tiene ahora más de 55 años de edad y que pertenece a la Ley 73, se preocupara hoy por informarse, estaría a tiempo de evitar una jubilación injusta con montos bajos que empobrecen a los jubilados.

A la población que pertenece a la ley 73 del IMSS, le asiste la ley con varios beneficios que, sin embargo, no son ejercidos por ignorancia. El mayor beneficio es poder continuar cotizando para una jubilación a pesar de que se hayan quedado sin empleo, y por su edad, ya nadie quiso brindarles empleo formal.

El beneficio se conoce como continuación voluntaria, con lo que, al contribuir directamente y pagar su afiliación, podrán asegurar su retiro aun cuando se hayan quedado sin patrón y un empleo formal. Pero, adicionalmente, tienen el derecho de enriquecer su cotización, elevando el salario base, lo cual repercute en una pensión que puede ser en 2025 superior a 80 mil pesos mensuales.

Es tiempo de prepararse para el futuro y no dejarlo al día a día, el tiempo y el futuro están más cerca de lo que parece, infórmese.

E-mail: amper61@hotmail.com

Arturo Pérez Díaz es periodista independiente, ha sido docente de política, opinión pública y mercadotecnia política, así como asesor profesional de comunicación pública.

 

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NACIONALES

Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.

Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.

Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?

El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.

Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.

La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.

Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.

Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.

Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.

A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.

La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.

En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.

Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.

 

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JALISCO

Uribe y su circunstancia

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.

En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.

Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.

Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.

En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.

Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.

Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:

  • Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.

  • Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.

  • Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.

Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.

Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.

Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.

Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.

Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

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