OPINIÓN
Atinos y desatinos de Krauze
Opinión, por Pedro Vargas //
Las personas importantes son por lo general muy escuchadas en todo lugar y por todo mundo. Y si esos sujetos además son de grandes conocimientos, con mayor razón. Sin embargo, eso no quiere decir que sean sabios, aunque desde luego que pudieran serlo.
Sabio, es quien además de poseer conocimiento profundo en ciencias, letras, humanidades o artes, muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones; pero si éstas repercuten en lo sociopolítico, también ha de ostentar civismo.
Lo anterior viene a cuento con motivo de las constantes opiniones críticas que vierten los intelectuales, del signo que fueren, sobre las acciones de la Cuatro T, lo cual es lo mismo que decir contra el presidente López Obrador.
De entre esos supuestos doctos personajes destacan Héctor Aguilar Camín y el ingeniero industrial Enrique Krauze. Del primero la mera verdad no vale la pena ocuparse, por sus manifiestos desapegos imaginativos (como injuriar al tabasqueño) y su congénito oportunismo. Del segundo, que se supo ganar un cierto aprecio por muchísimos mexicanos y no pocos extranjeros, ya por sus libros sobre historia, sus ensayos y labor editorial, nos deben preocupar sus expresiones recientemente publicadas (15 de marzo) en el New York Times, influyente diario estadounidense donde colabora.
La ocasión se presentó luego de la entrevista virtual entre los mandatarios de la nación del Tío Sam y de nuestro México, el uno del presente marzo. En conclusión, allí Biden expresó con una frase tajante cual será la relación entre ambos países: “Ustedes son nuestros iguales”, subrayó, agregando que, si se trabaja conjuntamente mayores serán los logros y fortalezas. Por su parte AMLO manifestó que el diálogo, se “desarrolló con mucho respeto, amistad y colaboración”.
En su artículo del periódico neoyorquino, Krauze afirma que “debemos trabajar para salvaguardar la libertad, la democracia y el Estado de derecho en México, bajo el régimen personalista del presidente Andrés Manuel López Obrador.” El encabezado de la citada colaboración es: “¿Puede Biden ayudar a contener el declive democrático de México?” y tras ese cintillo, agrega: “El presidente de Estados Unidos podría persuadir a Andrés Manuel López Obrador de que valores comunes hacen buenos vecinos, más si son socios y amigos.”
Ni tardo ni perezoso, AMLO contestó al historiógrafo: “Krauze escribe pidiendo la intervención del presidente Biden para que venga él a moderarnos. Es el colmo.” (mañanera del 17 de marzo). Y tras indicar que mejor debería pedir al norteamericano que lo nombre embajador en México, califica al susodicho colaborador del NYT: “La verdad es que él es un empresario de la industria editorial, que recibía muchos apoyos del gobierno anterior; más que historiador en sentido estricto, pues, es un empresario.”
Ciertamente, no se puede negar que Krauze es un atinado empresario: sus compañías como “Clío” y “Letras Libres” le han generado pingües ganancias, sobre todo recibiendo jugosos apoyos del gobierno, llámese federal o local, e incluso de negocios gigantes como Televisa.
En cuanto a su carrera profesional, poco o nada sabemos si ha hecho mayor cosa. En cambio en su papel de ensayista se ha destacado desde que debutó en la revista “Vuelta” del bien recordado Octavio Paz. Y al fundar la publicación de “Letras Libres”, afianzó su posición y se volvió “intelectual orgánico”, pues los llamados gobiernos neoliberales no solo lo cobijaron en lo económico, sino que le hacían caso en cuanto a sus opiniones.
Para los seguidores de AMLO, con sus recientes opiniones, Krauze “lo que está planteando es que se tenga un embajador como Henry Wilson, que preparó el golpe de Estado y el asesinato del presidente Madero.” Quizás eso sea exagerado, pero si que es desatinado plantear que Biden de lecciones y señale senderos al mandatario azteca.
Al respecto afirma Krauze, por cierto practicante del judaísmo: “Biden puede transmitir a López Obrador el mensaje de que nada ayuda más a una buena vecindad que los valores compartidos, sobre todo si los vecinos son socios y amigos.” Porque según él: “Mientras el Estados Unidos encabezado por Joe Biden trabaja para fortalecer el sustento institucional de su democracia liberal, la joven democracia mexicana, encabezada por un líder populista que atiza la polarización, continúa declinando bajo su deriva autocrática.” Y con visión de augur, conjetura: “Este fenómeno podría ahondarse si su partido (MORENA) triunfa en las elecciones legislativas intermedias, que se llevarán a cabo en junio.”
La metralla de Krauze, ya sin cortapisas, se desencadena, pues afirma que López Obrador polarizó al país, “degradó el lenguaje político, mintió, defendió su realidad alternativa contra las “noticias falsas”, atacó a la prensa, insultó a los críticos, subordinó al Senado, evadió la transparencia, incrementó su control sobre el sistema de justicia, imperó sobre su partido y desacreditó al sistema electoral.”
Por lo anterior, si el partido de AMLO triunfa en los comicios de junio, para el ensayista de marras, “El gobierno de México se habrá convertido en el dominio de un solo hombre.” Ah, pero eso sí, en caso de que pierda las elecciones y con ello la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, México recuperaría cierto equilibrio en sus poderes.”
En conclusión, para Krauze, López Obrador, sencillamente, no cree en el estado de derecho para resolver los problemas de México. Por el contrario, se comporta a veces como si él encarnara al Estado y a la ley.
Como podrá verse, los aciertos y desaciertos, atinos y desatinos, del multicitado editor empresario, caminan al parejo, de allí que no se le pueda creer todo lo que escribe. AMLO tendrá seguramente muchos defectos, pero su honradez, perseverancia pacifista, convicción libertaria, laboriosidad y amor por su patria, tanto como por la mayoría de sus conciudadanos, no pueden estar en tela de juicio. Bajo su mandato existe libertad de expresión y de trabajo, de educación y credos, renglones que hacen resaltar los desatinos de intelectuales que, para ser sabios, les falta sabiduría, civismo y buen juicio.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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