OPINIÓN
Crisis de agua en México
Bioética, por Omar Becerra Partida //
Entre políticos “tik tokeros” y sin conciencia de la ciudadania por cuidar el agua, Nuevo León no es el único estado que se encuentra en crisis del vital líquido. Presas secas en Monterrey, por mantener a las industrias como principal consumidor de agua sobre la población en general. Tambien la falta de uso de tinacos, aljibes y otros medios de cuidado de agua dentro de la población neolonesa es una de las principales causas de la escasez.
Programas como El Colibrí, que son tinacos puestos en varios puntos de la ciudad de Monterrey con agua para no consumo humano, para que la población se abastezca algunas horas del vital líquido, son un fracaso del manejo de agua en ese estado.
Seamos claros, esto no es un problema solo de Nuevo León, es de todos, la ONU marcó el día cero en el 2028 para la Ciudad de México (CDMX), es decir se puede quedar sin agua a partir de ese día. Cerveceras y refresqueras aprobadas en pleno desierto del país, donde escasea el agua, es un punto para reflexionar de como la corrupción en el país lo carcome.
Mucha de esa cerveza es exportada a Estados Unidos. Hay exgobernadores con ranchos y presas propias, invadiendo derechos de la propiedad e indígena, como lo observamos en Sonora.
En Jalisco ya ni se diga la sequía en la zona norte del Estado, crece, la contaminación del líquido con materiales pesados en distintos mantos acuíferos, es de notarse, así como la falta de medición cuantitativa y cualitativa de la misma, no hay un control sobre esto.
El organismo para tratar y distribuir el agua en nuestro estado, ha sido muchas veces señalado por medios de comunicación e investigadores de distintas universidades, como en una situacion crítica, la poca calidad del líquido que llega a nuestra ciudad deja mucho que desear.
Es por ello, queridos lectores, que no hay que votar por el político que más invierta en redes sociales y medios de comunicación para su imagen, sino en su preparación académica y su calidad humana.
Problemas que creíamos resueltos, se estan presentando nuevamente, pandemias y problemas como la crisis del agua.
México atraviesa una crisis muy grave de agua, ya que, si nos ponemos a observar la posición del país en el mundo, hablando geográficamente, es un desierto, su territorio abunda en un 60 %.
Observamos que el primer problema que tenemos en México la conocemos como Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), ya que es un organismo que ha presentado a lo largo de la historia corruptelas en el tema de la distribución de agua en el país.
El organismo no está diseñado para que tengamos la misma cantidad de agua, tanto las industrias, el campo, PEMEX, CFE y la población en general.
Debe existir un equilibrio entre estos organismos y sociedad civil para el uso del agua, el problema radica en su marco jurídico, como lo es la ley de aguas nacionales, ya que presenta lagunas en su articulado sobre nueva tecnologías y biotecnologías para el uso del agua.
Para reflexionar, cada vez son más grandes los camiones de refresqueras en la calle, observamos que son tan grandes esos camiones que estorban en carriles centrales de las principales vías de nuestras ciudades.
Hoy, igual que otros países del mundo, Mexico está sufriendo los efectos del cambio climático por calentamiento global, pero esto es otro tema, dentro de la Bioética.
La poca sustentabilidad y sostenibilidad, en nuestra ciudad es de preocuparse frente a este fenómeno.
¿Pero cuánta agua hay en el país? Según datos de la SEMARNAT son: 471 mil millones de metros cúbicos de agua disponible al año. Como ejemplo; 1853 metros cúbicos por segundo es lo que se va al campo, el 57 % se desperdicia según datos de la CONAGUA.
En México no existe el interés de nuevas tecnologías para el cuidado del agua, lo vemos en otros países, cuando usted va a pagar su recibo del agua en Texas en EEUU, en su recibo viene su consumo y cuanto le resta al pozo de agua de donde se extrae el vital líquido que usted utiliza.
Tambien observamos que en países de la UE reciclan el agua, es decir existen plantas de tratamiento donde el agua es tratada después de ser utilizada, para de nuevo ser consumida por la sociedad gobierno e industria.
Seguimos con tecnología de hace tres siglos para la extracción, cuidado, monitoreo y ahorro de agua.
Según la UNESCO: La escasez de agua es un fenómeno natural, pero también un fenómeno inducido por los seres humanos. Aun cuando hay suficiente agua dulce en el planeta para satisfacer las necesidades de una población mundial de cerca de siete mil millones de personas, su distribución es desigual tanto en el tiempo como en el espacio, y mucha de ella es desperdiciada, contaminada y manejada de manera insostenible.
No existe en el mundo escasez de agua como tal, en su lugar hay un número de regiones en el mundo que sufren escasez de agua, esto debido a que el uso de este recurso ha crecido más del doble en relación con la tasa de incremento poblacional en el último siglo.
Cerca de una quinta parte (1,200 millones) de la población mundial de 7 mil millones de personas, habita en áreas que enfrentan escasez de agua, y otro cuarto de la población mundial (1,600 millones) enfrenta recortes en el suministro de agua debido a que carecen de la infraestructura necesaria para tomar agua de los ríos y acuíferos (ONU, 2005). La escasez de agua representa para muchos países el desafío más angustiante para el desarrollo socioeconómico y humano en general.
La crisis de agua es ya una realidad, necesitamos implementar tecnología para este tema, pero sobre todo conciencia en las personas sobre el uso de la misma.
Tener cuidado con las concesiones de décadas sobre pozos de agua que se les da a las industrias para su explotación y el uso indebido en el campo, que no son biotecnologías sino tecnologías de hace tres siglos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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