OPINIÓN
El abrazo de Las Corajes
Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //
Pero ¿Qué necesidad, para qué tanto problema?
No entiendo si es arrogancia, ineficiencia, magia negra o el sino de la izquierda mexicana pero la forma en la que Morena ha llevado la selección de candidaturas con rumbo al periodo electoral en Jalisco ha sido llevada con los ordenados procesos de una estampida en el Serengueti.
Siendo honestos esto no debería sorprender a nadie. Si es verdad que el comportamiento previo es un indicador de lo que vendrá o dicho de otro modo, que la historia se repite, basta ver como Morena Jalisco se ha comportado, como partido, en los últimos dos años para entender el proceso de selección interna como una consecuencia lógica.
Morena Jalisco bien a bien, ni dirigencia estatal ha podido tener. Hasta ahora todo ha sido un empantanamiento y un pleito entre corrientes internas que no permitió lograr ningún acuerdo. Cada quién cerrado en sus asuntos, ningún estadista capaz de entender que era necesario hacer la paz con los enemigos, ningún líder nacional con autoridad o interés suficiente para poner orden.
Al no haber partido la primera mitad del sexenio se perdió en nada. Morena no fue oposición en el Congreso, ni en los cabildos municipales. Las tribus se siguieron desgarrando en un conflicto estéril, no hubo al interior de Morena Jalisco una sola persona capaz de poner orden, de impulsar a la construcción de un proyecto y hacer entender a los históricos, a los de cepa pura, a los impuros y a los muchos que me faltaron, que era posible compartir una ruta, que había objetivos comunes. Las tribus tienen agravios entre ellas, pero no tienen metas que alcanzar de la mano. Hay más unidad incluso en los acuerdos bajo la mesa entre MC y el PRIAN, que entre Morena y Morena en Jalisco.
La semana pasada, mientras la encuesta para elegir candidatos estaba siendo levantada según las fuentes del partido, el dirigente nacional Mario Delgado desayunaba con dos de los candidatos a ser candidatos y con Yeidkol Polevsky. Con esto daba a entender, porqué en política forma es fondo, que la cosa estaba planchada y que el Senador José Narro no tenía en realidad función alguna más allá de entretener aspirantes. Que formas tan raras la verdad.
Hay quienes dicen que un desayuno es sólo un desayuno pero habría que ser muy inocente para creer que Mario Delgado no sabía la ámpula que iba a levantar. Sentarse con unos significa no haberse sentado con los otros así de fácil.
Por la tarde noche, se reunió a puerta cerrada con los que no salieron en las fotos del desayuno, a llegar a un supuesto acuerdo de unidad, como si la unidad pudiese descender como Quetzalcóatl, como si el malestar pudiese sanarse por decreto.
Ni siquiera entre los candidatos de lo que bien podría haber sido el desayuno de Acatempan, o bueno para ponernos tapatíos, “el abrazo de las corajes”, se puede vaticinar una paz duradera.
Morena va a las elecciones debilitada, enfrentada consigo y sin un proyecto de unidad. ¿Cuál es el proyecto? ¿A dónde va? ¿A ganar elecciones? ¿Cuáles?
Si no se logra acordar objetivos comunes al punto de que los grupos tengan interés legítimo en respetar los acuerdos, entonces quienes van a competir por municipios también competirán entre ellos y quienes no fueron elegidos o no lograron cristalizar sus aspiraciones se tomarán la foto y andarán ahí de brazos caídos.
Todo parece indicar que lo que llegará a la boleta no es un partido, sino un conjunto de proyectos independientes que buscarán, cada uno por su cuenta, sobresalir por encima de los demás. Entre quienes logren llegar a la boleta, lo que va a haber es el duro y despiadado proceso de selección interna para el 2024.
Quién sabe que esté más duro para quienes encabecen los proyectos morenistas en el área metropolitana, si las carpetotas que seguramente les tiene preparado MC o las patadas debajo de la mesa entre amigos.
Aún así la marca Morena es tan fuerte que es muy posible que aún a pesar de sí mismos varios candidatos lleguen a puestos de elección popular y entonces veremos si Morena logra consolidarse como partido en el estado o sí será como dijo hace ya tantos años Abraham Lincoln: “Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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