OPINIÓN
El cambio climático vendrá a agudizar la crisis migratoria
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
(Tercera entrega sobre migración) En las últimas tres semanas he tenido la oportunidad de hablar acerca de la migración, primero hablé un poco sobre el valor histórico que ha tenido este fenómeno, y posteriormente, abordé las políticas económicas que plantea implementar Estados Unidos en el triángulo norte de Centroamérica, esto con el objetivo de controlar la migración a través de grandes inversiones para generar empleo y mejores oportunidades.
Ciertamente la migración es uno de los retos más importantes de nuestra generación puesto que enfrenta fuertemente la idea de soberanía nacional y de seguridad nacional, con las ideas relacionadas con la dignidad y los derechos humanos, especialmente aquellos que involucran la posibilidad de los individuos buscar mejores oportunidades.
Pero también, este tema se vuelve complejo ya que está ligado de una manera íntima con otros dos de los problemas más grandes de nuestros tiempos: la corrupción (tema abordado la semana pasada) y el cambio climático, problema, que en más de una ocasión, a través de este espacio, he señalado que es uno de los retos más grandes a los que nos enfrentamos como generación, ya que éste, detonará una serie de problemas sociales importantes y a su vez, volverá aún más complejos a los ya existentes.
De hecho, en 1990, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático advirtió que la migración humana podría ser una de las consecuencias más graves del cambio climático, ya que millones de personas tendrían que desplazarse a causa de la erosión de la línea costera, de las inundaciones y de los estragos que las extremas temperaturas, tanto altas como bajas, podrían causar en la agricultura.
Asimismo, a mediados de los noventa, se difundieron otros estudios en los que se informaba que más de 25 millones de personas, se habían visto obligadas a abandonar sus hogares y sus tierras debido a la contaminación, la degradación del suelo, las sequías, y otros desastres naturales, también, el mismo informe detallaba que el número de ‘’refugiados medioambientales’’ sobrepasaba al número de refugiados por persecución política y por guerras.
Aunado a lo anterior, el ecologista británico Norman Myers, especializado en refugiados ambientales, estimó que el número de personas afectadas por alteraciones en el medio ambiente como pueden ser las precipitaciones o las sequías, puede aumentar hasta 200 millones para el año 2050, lo que significaría que el cambio climático sea la causa de desplazamiento de una persona de cada 45 en el mundo.
A su vez, el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, informó, en uno de sus estudios más recientes, que los desastres naturales, generaron 24.9 millones de desplazamientos en 145 países, siendo la India el primer lugar con 5, 018,000, mientras que en el caso de nuestro continente, se registraron 1, 545,000 desplazamientos por desastres naturales, superando por mucho al número de desplazamientos que genera la violencia.
Por lo general, cuando algunas situaciones se vuelven complicadas y por ende, nuestros objetivos se ven cada vez más lejanos, o cuando intentamos solucionar un problema e invariablemente terminamos exactamente donde mismo, tendemos a decir “todos los caminos conducen a Roma”, esto para dar a entender, primero, que hay muchas maneras de llegar a un objetivo y segundo, que hay un problema de fondo que debemos atender.
En el caso en concreto creo que podemos decir que al final del día, todos los caminos llevan a Roma, o más bien, todos los caminos nos conducen al cambio climático y sus catastróficas consecuencias que poco a poco, comienzan a manifestarse a través problemas sociales que desde hace tiempo son el dolor de cabeza de muchos gobiernos.
Ciertamente, si el deseo de los gobiernos es atender “la crisis” migratoria, es necesario que también, se entienda que las raíces de este problema están ligadas a otros fenómenos que no solo son complejos, sino que también requieren ser atendidos de manera urgente, pero también, de manera integral.
En ese sentido, ver los tres problemas más sensibles de nuestra sociedad como uno solo, nos permitirá acabar con esa visión simplista con la que nuestros representantes han querido construir soluciones, que ciertamente, no han hecho nada más que agravar las crisis humanitarias, sanitarias, económicas y ambientales a las que nos enfrentamos.
Un ejemplo importante de este cambio en la manera de concebir la migración, ya no como un fenómeno únicamente económico y político, sino como la consecuencia más sensible del cambio climático, lo podemos encontrar en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que ha estado al frente de los esfuerzos operativos y políticos para colocar la migración ambiental en el centro de las inquietudes internacionales, regionales y nacionales.
En el 2015, se creó una división dedicada a la migración, medio ambiente y cambio climático, justamente para abordar el nexo que existe entre estas problemáticas y hasta la fecha, esa división ha tenido la responsabilidad de supervisar y coordinar el desarrollo de una guía en materia de políticas públicas que plantean soluciones integrales para estos retos del milenio.
La OIM no solo reconoce la necesidad de aumentar los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para abordar los desafíos de la movilidad humana cuando se asocian con factores ambientales y con el cambio climático, sino que también, ha replanteado sus objetivos, volviendo sus principales prioridades: el facilitar la migración en el contexto de la adaptación al cambio climático y mejorar la resiliencia de las comunidades afectadas.
Una vez más, investigar sobre estos temas y a la vez, exponerlos en este espacio de opinión, hacen que me pregunte de nuevo: como país… ¿en dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿cómo es el futuro que nos depara?
Migración, cambio climático y corrupción son los problemas más sensibles a los que nos enfrentamos, pero antes de entrar de lleno al combate, debemos entender, como ya lo mencioné, que estos se deben atender en conjunto y no en lo individual toda vez que ellos representan una cadena de vicios.
Mientras exista la corrupción, la decadencia económica de los países seguirá impulsando a la ciudadanía abandonar sus naciones en busca de mejores oportunidades, a su vez, mientras exista la corrupción, podremos olvidarnos de recursos para implementar capacitaciones en materia de derechos humanos para los integrantes de los cuerpos de seguridad encargados de vigilar la manera en la que el transito migratorio se desarrolla.
Asimismo, mientras no pongamos en la mesa de debate una verdadera agenda ambiental con una serie de acciones especificas encaminadas no solo a disminuir la emisión de gases efecto invernadero, sino también encaminadas a consolidar una economía verde, el crecimiento económico y las oportunidades continuarán estancados, y ese factor, junto al deterioro de nuestro entorno, potencializará la migración.
El cambio climático hará que en algún momento, todos seamos migrantes, pero sin un entorno limpio ¿cuál será nuestro destino?
¿Estamos listos para replantear la manera en la que concebimos los problemas que nos rodean?
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
