OPINIÓN
El engaño del independiente: Cayó un gobernador bocón…¿y los demás?
Opinión, por Pedro Vargas Avalos //
Un añejo y generalmente muy acertado refrán, es aquél que dice: “Cae más pronto un hablador que un cojo”. El reciente caso del exmandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez (cuyo nombre completo es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón) encarcelado por diversos ilícitos, es elocuente prueba de que “cuando el río suena, es que agua lleva”, es decir, el rumor constante que siempre hubo, antes y después de que fuera ejecutivo estatal neoleonés, sobre el llamado Jaime Rodríguez «El Bronco», señalándolo como autor de diversas trapacerías, tenía razón de ser.
Este político norteño, forjado en las filas del antes invencible PRI, se hizo famoso nacionalmente primero, cuando defeccionó (asegura que únicamente simuló salir) de su partido político y navegó dizque como “independiente”, vestimenta con la cual compitió por la gubernatura de su entidad; y segundo, precisamente porque con ese atavío, se alzó como vencedor de esa justa electoral.
Este peculiar político, siempre buscó la notoriedad, y quería hacer sentir que su independentismo era auténtico. En esa tesitura, poco antes de asumir el poder, declaró que Andrés Manuel López Obrador significaba ser la verdadera mafia en el poder.
El 4 de octubre del lejano 2015, cuando se disponía a protestar su cargo de gobernante estatal en Monterrey, compareció como “Bronco” ante la muchedumbre (donde regaló a cada asistente provisiones para preparar una carne asada) y tomó protesta como Rodríguez: Llegó a caballo, con mezclilla, chaleco y botas, y luego se transformó con elegante traje sastre para asumir su cargo. (Jorge Fernández M. 6-10-2015).
Haciendo gala de su discurso sensacionalista, en ese entonces afirmó, que no se sentaría en la silla de los gobernadores porque está enferma de poder y egolatría. Y desde luego que sus partidarios lo aplaudieron a rabiar, más cuando enfatizó: “Se acabó la fiesta para los bandidos”.
Dentro de ese perfil, aseguró que acabaría con la vieja forma de gobernar y que le bajaría los humos a los políticos. Por ello, apuntó que no daría publicidad a las empresas de TV porque fomentan la idolatría y la soberbia.
En cuanto a su plan de gobierno, se mostró atrasado, lento, ya que en vez de manejar lo típico, de que en los primeros cien días tendría resultados, pregonó que en los tres primeros meses de su administración, no haría obras porque primero tenía que analizar como estaban las cosas, para luego, en los tres siguientes, armar su programa de gobierno.
Su imagen, en ese largo tiempo la conservó con lo que demostró hasta la saciedad que era destacado: recitar discursos, con no pocas ocurrencias expresadas en sus recorridos por las zonas del Estado; y para reforzar sus proclamas, incluir alguna acusación de antecesores corruptos. De esa forma, en febrero de 2017 logró la encarcelación de su antecesor Rodrigo Medina de la Cruz; pero algo falló y éste solo duró 19 horas preso.
Pero la verborrea del Bronco no disminuía: con motivos de festividades navideñas, el exjerarca explicó a los niños: “abracen a su papá cuando tengan chanza, díganle que lo quieren mucho porque el papá de ustedes es Santa Claus”. Considerables críos y no menos padres, quedaron boquiabiertos.
Sobre un tema que cada día es de más actualidad, el de la comunidad homosexual y sus exigencias de normalización civil, les estipuló: “cásense, sí, cásense, pero en Saltillo; aquí en Nuevo León no, porque no es natural”. Y en cuanto a las mujeres, les dedicó el siguiente enunciado: “me sale mucho más barato mi caballo que mi vieja”.
El bocón gober neoleonés, no cabe duda de que como gobernador era apenas un Rodríguez, pero como “Bronco”, se la pasó soñando en el 2018, cuando habría elecciones presidenciales. Y dejando a su adlátere Manuel González (otro expriísta) en el sitial de gobernante, se valió de toda maquinación a su alcance, (incluyendo recursos humanos, logísticos y económicos estatales, según lo denunció en 2018 el joven diputado Samuel García) pudo ser registrado como candidato “independiente” a la primera magistratura de la República.
En su campaña, hacía gala de su habilidad verborreica. En el primer debate de los aspirantes a la primera magistratura federal, dijo la frase que lo hizo más famoso: “tenemos que mocharle la mano al que robe”. Y se ganó algunas ocho columnas, aunque muy pocos votantes.
Lenguaraz como siempre, a una pregunta de la conductora de noticiarios televisivos Denise Maerker, le contestó muy jocosamente: «Creo en el matrimonio, por eso me he casado tres veces». Y si esa clase de frases, lo único que hacía era confirmarlo como hablantín, otras ideas lo colocaban en el papel de insensato. Como cuando exteriorizó lo siguiente: “El norte vence la adversidad, mientras el sur sureste tiene la bendición de la naturaleza, pero la desgracia de la flojera”.
En esa campaña electoral de 2018, el áspero aspirante a la presidencia, ahora preso, lanzó otra idea controvertible al plantear “que se aplicara la pena de muerte a secuestradores y violadores”.
Y así pasaron seis largos años de quien parece que desgobernó a su tierra, no obstante que él mismo había presumido: “Si no hago un buen gobierno, si no cumplo lo que dije, me van a colgar”. Y la respuesta se la da el sucesor de la gubernatura, Samuel García, cuando tras la detención del Bronco, transmitió emotivamente: “Quien la hizo, la paga. Quien robó, o desvió dinero público a los Corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas, van a ir a la cárcel, porque ya basta de que…saqueen a nuestro Estado” Y agregó: Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que malversaron y desviaron el dinero…a sus campañas. Y aquí ya empezamos.
Detenido el “Bronco” la mañana del martes 15 de este mes, la noche del inmediato miércoles el juez que le tocó conocer su caso, decretó su vinculación a proceso, con prisión preventiva por un delito surgido de las “broncofirmas”, aquel grosero episodio de su delirante aspiración por ser postulante presidencial en 2018. La audiencia, por cierto, fue sin acceso a los medios de comunicación, por petición de la defensa de El Bronco, lo cual es un brusco viraje en el modo de ser de un personaje apasionado por la publicidad.
Pero ahora lo más trascendente es, si este locuaz exgobernador ya está a buen recaudo en un reclusorio, cuando se procederá de igual manera con los demás, ya exgobernantes, ya exfuncionarios de todas las clases y jerarquías. Porque la lucha contra la corrupción no es cuestión de botones de muestra, sino de verdaderas razias, efectivas redadas que de una vez por todas dejen en claro que, en la política y anexos, ya no es factible defraudar, porque ahora se aplica a rajatabla el precepto de “el que la hace, la paga”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
