OPINIÓN
El golpe seco de EEUU
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
¡Qué cosas nos está tocando ver en estos tiempos! El imperio sacude con todo su poder a México. Dos gobiernos de dos signos y colores distintos, encabezado por los Presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se han visto sacudidos, cuando los dos funcionarios más importantes en la lucha contra la criminalidad durante sus administraciones son detenidos en este último año, acusados de proteger al narcotráfico.
Son los casos de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad con Calderón y el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional con Peña Nieto.
Fue la tarde-noche del pasado jueves 15 de octubre cuando el Canciller Marcelo Ebrard a través de su página de Twitter da a conocer la detención en el aeropuerto de Los Ángeles del General Salvador Cienfuegos, información que le había proporcionado el embajador de los EEEUU en México, Christopher Landau.
Se trata del ex funcionario de mayor envergadura del Gobierno de México que es detenido y lo que más causa sorpresa es que aquí en México no existía ni existe una acusación en su contra.
El golpe es seco, primero al Ejército, por ser la institución que goza de mayor credibilidad entre los mexicanos, y segundo al país, cuando la noticia alcanza dimensión mundial por tratarse del Jefe de las Fuerzas Armadas de nuestro país, acusado de proteger al crimen organizado. El golpea también lo recibe el gobierno del Presidente López Obrador, ya que en su narrativa de lucha contra la corrupción, se ha apoyado precisamente en los militares, convertidos en sus mejores aliados (construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, Guardia Nacional, el cuidado de las aduanas, entre otras acciones).
Duele una información como ésta, porque queremos a México, admiramos al Ejército Mexicano y estamos convencidos que es una de las grandes instituciones que los mexicanos hemos creado como uno de los firmes pilares de nuestra vida institucional. Como periodista ni compro ni rechazo esta información, ya que debemos de recordar que la DEA, agencia que presentó la acusación, se apoya en buena parte en sus narco-testigos, quienes a cambio reciben reducciones de condenas y que toda esta información debe de ser recibida con reservas.
Me reservo emitir un juicio de valor en este suceso hasta tener mayores elementos y no caer en la descalificación fácil. El periodista Jorge Fernández Menéndez es un experto en temas de seguridad nacional. Los comentarios que ha emitido al respecto son de que esta detención del general Cienfuegos le parece inverosímil. “No tiene ningún asidero con la realidad”, escribió y presentó diez consideraciones sobre este hecho.
Primero: La detención se hizo sin compartir información con el Gobierno de México, sin siquiera advertirles previamente, lo que exhibe la nula colaboración entre las autoridades de los dos países.
Segundo: En México no existe una sola denuncia o investigación en curso sobre relación de Cienfuegos con el narcotráfico. No existen ahora ni existieron a largo de medio siglo que el general estuvo activo, donde no participó activamente en temas de lucha contra el narco.
Tercero: el Ejército es, junto con la Marina y la Fuerza Aérea, la única institución realmente transexenal en el país, cambian los mandos pero ese movimiento no depende del presidente en turno sino del escalón militar , de la carrera militar.
Cuarto: No se puede, como dijo el Presidente, separar a quienes trabajaron con Cienfuegos porque tendría que separar a todos los mandos del ejército y de la Guardia Nacional. Todos los generales activos trabajaron bajo su mando.
Quinto: Hay que insistir en algo, toda la planta actual de la Defensa y de los militares de la Guardia Nacional trabajaron con Cienfuegos, comenzando por el General Luis Crescencio Sandoval que fue su jefe de operaciones del Estado Mayor.
Sexto: En términos de lucha contra el narcotráfico, el General Cienfuegos fue siempre de los más duros e inflexibles. Las críticas que recibió fueron precisamente por eso. Siempre alcanzó sus objetivos contra distintos cárteles, desde el Chapo Guzmán hasta el Z40.
Séptimo: Siempre demandó un marco legal para la lucha contra el narcotráfico que el Congreso nunca le dio.
Octavo: Hace dos años estuvo en Washington, fue recibido con honores y condecorado por el ejército estadounidense.
Noveno: En la última década fue el principal especialista en diplomacia militar dentro de las fuerzas armadas, fue condecorado y reconocido por los gobiernos de numerosos países.
Décimo: Fue el gran impulsor de la reforma a la educación militar, a las área de derechos humanos dentro del ejército y renovó la escuela de ingenieros militares. Por eso recibió reconocimiento unánimes en el sector.
Hasta aquí los apuntes del periodista Jorge Fernández Meléndez.
Habrá que esperar que elementos probatorios presentan y la defensa que haga el General Cienfuegos, la respuesta que brinde sobre estas imputaciones.
La consecuencia de estas acciones que realiza el Gobierno de los Estados Unidos contra funcionarios o ex funcionarios mexicanos acusados de corrupción y proteger a cárteles de la droga, se podría traducir en un mayor protagonismo de aquel gobierno en la lucha contra el narcotráfico, como lo hizo en Colombia, con el Plan Colombia, que es otro ángulo de análisis que habrá que abordar en próximas entregas.
Por lo pronto, está presente la sorpresa, cuando el imperio sacude al país entero con esta acción de sus órganos de justicia.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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