La transparencia de ventanilla

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

Recordemos que, como consecuencia de la reforma constitucional de 2024, el derecho de acceso a la información pública en México experimentó cambios profundos. La desaparición de los órganos garantes autónomos y la redistribución de sus funciones en las entidades federativas modificaron de manera sustancial el modelo que, durante más de dos décadas, permitió a la ciudadanía ejercer su derecho a saber.

La transparencia dejó de ser un mecanismo respaldado por instituciones autónomas y cercanas a la sociedad para quedar, en gran medida, bajo la tutela del propio Estado. Con ello, el acceso a la información se alejó del ámbito ciudadano y se concentró en las autoridades gubernamentales, que ahora son las encargadas de garantizar ese derecho.

Esta transformación representa un golpe significativo para la democracia y para el sistema de rendición de cuentas construido a lo largo de los años. Los ciudadanos contaban con organismos independientes a los cuales podían acudir para exigir información pública, supervisar el actuar de las autoridades y participar de manera informada en los asuntos públicos.

Hoy, ese modelo forma parte del pasado y ha sido sustituido por un esquema en el que el propio gobierno se convierte, al mismo tiempo, en sujeto obligado y garante del acceso a la información, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la independencia y la eficacia de este derecho fundamental.

Actualmente, en el ámbito local, se legisla a paso lento, como si no existiera interés por restablecer plenamente el derecho fundamental de acceso a la información pública. En un proceso que parece carecer del entusiasmo necesario para colocarse a la altura de la vida democrática de los ciudadanos, el Congreso ya avaló la reforma constitucional que dará vida a la Agencia de Transparencia, un ente que dependerá de la Contraloría del Estado y que deberá funcionar como el nuevo órgano garante en Jalisco.

Habrá que seguir de cerca este proceso, en el que ya es notoria la falta de debate e interés de la clase política y de quienes hoy ostentan el poder para abrir la puerta al ciudadano. Pareciera que todo está políticamente planchado para evitar que la información se ejerza como un derecho humano y, en consecuencia, para eludir una auténtica rendición de cuentas desde la función pública.

En ese contexto, y mientras las fuerzas políticas de Jalisco buscaban ponerse de acuerdo mediante una especie de fusión de las tres iniciativas presentadas, la creación de la Agencia fue avalada y ahora se encuentra en el proceso de aprobación por parte de los 125 municipios, requisito previo para su publicación y entrada en vigor.

Resulta rescatable que el nombramiento de sus titulares pase por el filtro del Congreso. Sabemos bien que este tipo de designaciones no constituye una garantía absoluta, pero, al menos, quienes aspiren al cargo deberán someterse al escrutinio público desde el inicio.

Sin embargo, la reforma crea una Agencia de Transparencia que carece de autonomía constitucional, al depender directamente de la Contraloría del Estado, lo que, en un análisis profundo, revela serias limitaciones para garantizar el acceso a la información y fortalecer el entramado institucional de la rendición de cuentas.

La autonomía no es un privilegio institucional, sino una garantía para la ciudadanía, pues asegura que quien resuelve las controversias en materia de transparencia actúe con independencia frente a los sujetos obligados. Quizá lo único rescatable sea el intento de que sus titulares provengan de la sociedad civil y que el proceso no se convierta en una caja de cristal inaccesible.

En concreto, la reforma contempla la desaparición del modelo encabezado por el ITEI, la integración de la nueva Agencia dentro de la Contraloría estatal y la ratificación de sus integrantes por una mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso. Bajo este esquema, echar a andar la maquinaria para que el ciudadano acceda realmente a la información pública y a la protección de datos personales será un verdadero reto.

Al final, pareciera que estamos ante un simple cumplimiento burocrático, carente de una voluntad real de fortalecer la transparencia. No se buscó replicar aquel modelo con el que nuestra entidad llegó a ser referente nacional, sino únicamente cumplir con los plazos legales y abrir una oficina más para simular que a Jalisco le importa la transparencia y el derecho a saber.

En conclusión, ni siquiera con la palabra “Agencia” pudieron disimular la creación de una oficina administrativa: especializada, sí, pero dependiente. Existe una diferencia abismal entre un órgano autónomo y una agencia, por lo que habrá que observar con atención sus alcances y limitaciones.

Mientras tanto, los ciudadanos debemos seguir ejerciendo nuestro derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y la exigencia de rendición de cuentas, aun cuando los gobiernos hayan eliminado la autonomía de las instituciones que garantizaban estos derechos.

Queda la impresión de que, en lo local, únicamente se hizo lo programado. Después de todo, la transparencia y el escrutinio público generan percepciones sociales que no siempre son compatibles con los discursos construidos desde el templete electoral. La verdadera prueba será determinar si este nuevo modelo está diseñado para garantizar derechos o únicamente para cumplir, de manera formal, con una obligación legal.