Una condena que sabe a poco

Por Iván Arrazola

Las grandes dinastías del narcotráfico mexicano parecen estar llegando a su fin. Sin embargo, el abatimiento o el encarcelamiento de sus principales líderes no permite vislumbrar, al menos por ahora, un mejor escenario para México en materia de seguridad. La caída de los viejos capos no ha significado la reducción de la violencia; por el contrario, ha dado paso a organizaciones más fragmentadas, disputas territoriales y una creciente incertidumbre institucional.

Durante la semana, el juez federal Brian Cogan dictó sentencia contra Ismael «El Mayo» Zambada, quien hace dos años fue secuestrado en territorio mexicano y trasladado en una avioneta a Estados Unidos, donde finalmente enfrentó a la justicia. Más allá de la condena, el caso representa uno de los episodios más delicados en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Desde entonces, el gobierno mexicano ha exigido una explicación sobre las circunstancias en las que Zambada fue extraído del país sin que las autoridades nacionales tuvieran conocimiento o participación oficial. Hasta ahora, las respuestas han sido insuficientes y el episodio continúa siendo motivo de tensión diplomática.

La captura de Zambada cimbró políticamente al gobierno de la Cuarta Transformación. La carta que el propio narcotraficante hizo pública, en la que relató cómo fue citado a una reunión en la que supuestamente participarían el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el entonces exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, abrió nuevamente el debate sobre los posibles vínculos entre el crimen organizado y actores del poder político.

Más allá de la veracidad de cada una de las afirmaciones contenidas en ese documento, el relato proyectó una imagen que durante años ha sido retratada en series televisivas, investigaciones periodísticas y expedientes judiciales: la posibilidad de una relación de complicidad entre organizaciones criminales y autoridades.

Dos años después, esa historia continúa teniendo repercusiones políticas. La solicitud de extradición de Rubén Rocha por parte de autoridades estadounidenses colocó nuevamente el tema en el centro del debate público. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que no existen elementos jurídicos suficientes para proceder contra el gobernador y ha reiterado el respeto al debido proceso. Sin embargo, el costo político de esa decisión aún está por medirse.

Al mismo tiempo, el gobierno mexicano enfrenta otra preocupación: que Estados Unidos vuelva a realizar operaciones unilaterales para capturar objetivos considerados prioritarios o que integrantes del crimen organizado decidan colaborar con las autoridades estadounidenses a cambio de beneficios procesales, revelando información que comprometa a funcionarios públicos o actores políticos.

Para Ismael Zambada, la condena representa el final de una larga trayectoria criminal. Perdió su libertad y pasará el resto de sus días en prisión. Aunque fue condenado a cadena perpetua, debido a su edad y a sus condiciones de salud permanecerá en un centro penitenciario donde podrá recibir atención médica especializada.

Para el Estado mexicano, en cambio, el costo parece ser mucho mayor. El caso evidencia la incapacidad de las instituciones nacionales para detener a uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. También exhibe la profunda desconfianza que existe por parte del principal socio comercial de México respecto a la eficacia de las autoridades mexicanas para combatir al crimen organizado.

Durante la audiencia, Zambada reconoció su responsabilidad al afirmar: «Sé que lo que hice está mal», y agregó que «la violencia debe acabar en México». Al ser cuestionada sobre esas declaraciones durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que no podía otorgarse credibilidad a un personaje con ese historial criminal, aunque reiteró que su gobierno mantiene una estrategia orientada a atender las causas estructurales de la violencia.

Paralelamente, la Fiscalía Federal de Estados Unidos solicitó a un juez de Nueva York una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares vinculados al patrimonio del capo. La presidenta planteó que una parte de esos recursos pudiera ser destinada a México. No obstante, esa posibilidad parece tener un carácter más simbólico que práctico, pues recuperar una fortuna construida durante décadas, oculta mediante prestanombres, empresas fachada y estructuras financieras internacionales, representa un desafío jurídico de enorme complejidad.

El caso de Ismael Zambada puede interpretarse como una derrota para el Estado mexicano. No porque finalmente haya sido condenado, sino porque esa condena tuvo que producirse en otro país, después de que las instituciones mexicanas fueron incapaces de capturarlo durante décadas. Las redes de protección política, la corrupción y la infiltración del crimen organizado en distintas instituciones del Estado contribuyeron a que permaneciera intocable durante tanto tiempo.

Mientras tanto, la organización criminal que Zambada ayudó a construir continúa operando, aunque fragmentada y enfrentada internamente. Los costos humanos de esa disputa siguen recayendo sobre México: las víctimas, los desplazamientos, la inseguridad y los homicidios continúan ocurriendo en territorio nacional, mientras Estados Unidos juzga, negocia y obtiene información de aquellos criminales que considera estratégicos para sus intereses.