Quién le debe al SIAPA

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

El extenso debate sobre la crisis del agua ha estado marcado por la percepción ciudadana respecto de los graves problemas derivados de la operación del SIAPA. Sin embargo, conviene analizar otra arista que trasciende lo técnico y se convierte en un asunto eminentemente político. De acuerdo con información presentada al Congreso del Estado, diversos entes públicos acumulan adeudos superiores a 2,500 millones de pesos con el organismo operador.

Si el organismo enfrenta deficiencias en su funcionamiento, limitaciones presupuestales y un desgaste operativo producto de décadas de descuido gubernamental, también es válido preguntarse por qué diversas instituciones y dependencias públicas no pagan oportunamente el servicio de agua que consumen. En un Estado de derecho no debería existir un trato diferenciado por el hecho de ser autoridad.

Por ello, vale la pena abrir el debate público: ¿deben las instituciones gubernamentales cumplir, como cualquier ciudadano, con el pago de los servicios básicos que reciben, o debe mantenerse un trato diferenciado que termina afectando las finanzas de organismos como el SIAPA?

El cuidado del agua potable debe ser una responsabilidad compartida. El acceso al agua es un derecho humano, no un privilegio gubernamental. Por ello, la cartera vencida que mantiene el SIAPA en materia de gobiernos, dependencias e instituciones públicas debe convertirse en un tema de responsabilidad política. Sin importar si los adeudos provienen de administraciones pasadas, las millonarias deudas de los principales ayuntamientos deben regularizarse; no existen argumentos políticos que justifiquen el incumplimiento.

La crisis del agua nos afecta a todos, y el deterioro operativo del SIAPA es consecuencia de décadas de descuido, falta de planeación y de haber tratado al organismo, en muchas ocasiones, como una caja chica. Hoy corresponde asumir la responsabilidad y regularizar esta situación, sin distinciones ni excepciones. La obligación de cumplir con el pago de los servicios públicos no recae únicamente en la ciudadanía; los entes públicos también deben responder por los servicios que reciben.

La transparencia exige conocer quiénes le deben al SIAPA, cuánto adeudan y qué acciones se están emprendiendo para recuperar esos recursos, porque solo así podrá hablarse de un verdadero compromiso con el fortalecimiento del organismo y con el derecho humano al agua.

En este sentido, debe normalizarse que las dependencias públicas paguen puntualmente los servicios básicos que reciben con cargo al presupuesto que les ha sido asignado. Hoy debemos entender que la crisis del agua en Jalisco y las graves consecuencias que ha traído consigo en los últimos meses son, en buena medida, resultado de años de descuido hacia el SIAPA. Son múltiples los factores que han contribuido a esta situación, pero la existencia de una cartera vencida atribuible a entidades públicas constituye, sin duda, otra afrenta para la sociedad.

Lo es tanto como las nóminas injustificadas o el uso ineficiente de los recursos públicos. Mientras miles de ciudadanos pagan puntualmente un servicio cada vez más costoso, los entes públicos continúan acumulando una importante cartera vencida con el SIAPA. La gobernabilidad también se construye a partir del fortalecimiento de los servicios públicos y del ejemplo que ofrecen las instituciones. Asumir con seriedad la gravedad del problema del agua potable en Jalisco exige que la responsabilidad sea compartida y que nadie, ni siquiera el gobierno, esté por encima de las obligaciones que la ley impone a todos.

Habremos de mantenernos como observadores ciudadanos de lo que ocurra con la cartera vencida del SIAPA y, sobre todo, de que los distintos órdenes y poderes de gobierno paguen sus adeudos sin escudarse en que corresponden a gestiones pasadas. El daño ocasionado por años de incumplimiento no desaparece con un cambio de administración; del saneamiento de esas finanzas depende, en gran medida, el rescate del sistema de agua potable en Jalisco.

Por ello, debemos exigir que el SIAPA transparente y publique, a la brevedad, el padrón completo de entes públicos deudores; el monto actualizado por dependencia, organismo y municipio; la antigüedad de cada cartera; los convenios de pago vigentes, y las acciones de cobro emprendidas por el organismo.

La razón es simple: más allá de la responsabilidad política y la rendición de cuentas, existe un principio medular del Estado de derecho: la ley se cumple para todos. En ese sentido, la Ley de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Jalisco es categórica en su artículo 39: «Ningún usuario del servicio, sea persona física o moral, del sector público o del privado, estará exenta del pago de dicho servicio».

Si la norma no distingue entre particulares y autoridades, tampoco debe haber distinción al momento de exigir el pago ni de transparentar quién debe, cuánto debe y qué se está haciendo para recuperar esos recursos.

No hay justificación ni privilegio que valga: el agua la pagamos todos y es para todos.