OPINIÓN
El impacto Padilla-Alfaro alcanza a la rectoría de la UdeG

Grupo Universidad, compartirá el poder con enrique alfaro
Para algunos de los miembros del CGU que gustan ver más allá de un simple sexenio, lo que ocurrió ahí no fue solo un cambio generacional, sino podría considerarse como el principio del fin de la era de Raúl Padilla López como el mandamás de la máxima casa de estudios de Jalisco por más de 30 años.
Por Mario Ávila ///

Con todos los riesgos que implica, por primera vez en 30 años el líder absoluto de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, habrá de compartir el poder con el gobernador del Estado Enrique Alfaro Ramírez. Esta es la lectura que se le da a la elección de Ricardo Villanueva Lomelí como rector general de la máxima casa de estudios para el período 2019-2025.
Dos eran los candidatos que punteaban en las preferencias de los miembros del Consejo General Universitario, Ricardo Villanueva Lomelí y Alberto Castellanos “El Cone”, sin embargo la noche previa al día de la elección, el rector del CUCEA y presidente del equipo de futbol de los Leones Negros, fue bajado de la contienda y su carta de declinación a la candidatura de rector, amaneció en la mesa presídium del CGU.
Ya con el camino libre, Villanueva Lomelí arrasó con más del 60% de los votos, por lo que no hubo necesidad de recurrir a una segunda ronda de votación, que se habría dado solo en el caso de que nadie hubiera obtenido más del 50% de los votos.
Lo cierto es que el voto de calidad se pudo haber emitido desde Casa Jalisco y eso significa que ha funcionado de manera cabal el acuerdo de colaboración que pactaron Raúl Padilla López y Enrique Alfaro Ramírez y que no solo significó un pacto político con fines estrictamente electorales, ya que los respaldos han rebasado la fecha del 12 de julio del 2018
De entrada la alianza Padilla-Alfaro se dio en Jalisco de cara al proceso electoral apoyando ambos la candidatura presidencial de Ricardo Anaya, aspirante de la alianza Por México al Frente, al tiempo que el PRD fue puesto a disposición de Alfaro, para que en Jalisco se pactara una coalición parcial, a fin de que el partido naranja se fortaleciera con el PAN y el PRD principalmente en aquellos rincones de Jalisco en donde era indispensable la unión para vencer al PRI y a los candidatos de Morena.
Así las cosas Raúl Padilla obtuvo para el PRD hasta tres diputaciones con Mara Robles, Enrique Velázquez y Quirino Velázquez, obtuvo la candidatura plurinominal a diputado federal de Tonatiuh Bravo Padilla y la senaduría suplente Clemente Castañeda para Alberto Galarza “El Rojo”.
Por ello hoy a cambio se habrá de compartir la Rectoría de la UdeG en la persona de Ricardo Villanueva, quien si bien tiene sus orígenes en el seno del Grupo UdeG al grado de haber sido uno de los presidente de las FEU, también es cierto que mucha de su fidelidad y estimación la tiene en la familia del gobernador, en concreto con la tía del mandatario María de la Salud Ramírez Frushier, quien fue su mecenas en la campaña para la residencia de la FEU a inicios del presente siglo y después con Enrique Alfaro, ante casi se podría decir que perdió por default en la elección 2015 a la alcaldía de Guadalajara.
INCOMODIDAD Y HASTA MOLESTIA ENTRE UNIVERSITARIOS
Una escena que llamó mucho la atención durante la sesión del Consejo General Universitario, se dio al momento de que cada consejero pasaba a emitir su voto y fue en concreto cuando se mencionó el nombre del rector del CUCEA, Alberto Castellanos, quien se levantó de su asiento en el Paraninfo, caminó por el pasillo central, subió al estrado, recibió la papeleta, emitió su voto, depositó la hoja en la urna y al dirigirse a la mesa del presídium le dio la mano al vicerector, Carlos Iván Moreno Arellano y cuando esperaban el mismo gesto de cortesía, se quedaron con la mano tendida el rector y el secretario general, Miguel Ángel Navarro y Alfredo Peña Ramos.
El gesto no pasó desapercibido, todo quedó ahí, en la molestia que causó el hecho de que horas antes de la elección se le exigiera que no habría de participar en el proceso electoral, pero la molestia más evidente se manifestaba al momento en el que tenía que declarar públicamente a los medios de comunicación en las entrevistas, diciendo que había declinado a sabiendas en aras de la unidad y a sabiendas de que los apoyos no le favorecían para alcanzar el triunfo.
La misma molestia se reflejó en la actitud del director de los Hospitales Civiles, Héctor Raúl Pérez Gómez y algunos de los consejeros del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, toda vez que un día antes de la celebración de la elección, también tuvo que declinar a su participación por los mismos motivos expuestos por Alberto Castellanos.
Lo cierto es que todo habrá de quedar en expresiones como las de los ex candidatos y sus simpatizantes que tienen un asiento en el CGU, ya que en la práctica 24 horas después de efectuada la elección de Ricardo Villanueva, se decretó que había habido “un proceso limpio”.
Esto ya que de acuerdo con los tiempos marcados en la convocatoria, los participantes podrían impugnar el resultado con un recurso de revisión ante la Comisión Especial Electoral, a más tardar el día hábil siguiente a la elección, es decir, el pasado 7 de febrero. La Comisión Especial Electoral se reunió ese día, y no se presentó ningún recurso, por lo tanto, queda consolidado el proceso.
RELEVO GENERACIONAL
La molestia de algunos integrantes del Consejo General Universitario por haber bajado de la contienda a Alberto Castellanos, significaba más que un simple descuerdo por la llegada de Ricardo Villanueva a la Rectoría General de la UdeG, en el fondo la inconformidad es mucho más profunda y tiene que ver con el hecho de que a partir de este sexenio, el poder en la universidad ya no será absoluto y ya no le pertenecerá de manera exclusiva al Grupo Universidad, hoy lo habrán de compartir con el gobernador de Jalisco y con implicaciones mucho más serias que se podrían interpretar más allá del simple hecho de un acuerdo de colaboración entre Padilla y Alfaro.
Mucho se habló en los discursos, en los análisis, en las reacciones, del cambio de generación que implica la elección de Ricardo Villanueva, argumentando que con ello se ponía fin a la era de los rectores que habían llegado al máximo cargo en la universidad después de haber sido presidentes del órgano estudiantil oficial, es decir terminaba la era de los rectores de la FEG y llegaba la era de los rectores de la FEU.
Sin embargo para algunos de los miembros del CGU que gustan ver más allá de un simple sexenio, lo que ocurrió ahí no fue solo una cambio generacional, sino podría considerarse como el principio del fin de la era de Raúl Padilla López como el mandamás de la máxima casa de estudios de Jalisco por más de 30 años y a su vez la llegada, en principio compartiendo el poder a través del nuevo rector, del liderazgo que podría suplir al “licenciado” en un futuro no muy lejano, en manos del ahora gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
NACIONALES
Que no son lo que son

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
En el oficialismo, que incluye en este caso al gobierno, Poder Legislativo y partido, se han empeñado en no reconocer y negar lo que es evidente: la construcción de un Estado policial y la oficialización de la censura gubernamental atacando la libertad de expresión. La conversación se ha seguido en los medios públicos y privados con las voces del régimen negando y la oposición acusando la coartación de las libertades civiles.
Dos son los argumentos oficiales destacados; el primero es la necesidad que tiene el estado de combatir con mayor eficacia al crimen organizado y el segundo es que la oposición exagera para beneficiarse electoralmente y que en realidad ya todo está en la legislación y solo se adecua.
Se puede coincidir en que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, así como también en que el Estado requiere mejores instrumentos para combatirla; y que bueno que así se piense, pues eso implica que el Estado retome su potestad del uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la observancia de la ley.
En lo que no se puede estar de acuerdo es en que para hacerlo tenga que convertir a toda la población en potenciales delincuentes, sospechosos solo por poseer teléfonos celulares o participar en redes sociales. Poco importa que digan que se requerirá una disposición judicial para escudriñar las vidas de particulares, cuando el nuevo poder judicial está poblado por incondicionales del régimen.
Aceptemos que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, pero también que las competencias de las policías municipales y de los estados está severamente limitada por falta de recursos que la federación ha preferido destinar a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas, y que la expansión de los grupos delincuentes fue posible por la desidia y la indiferencia de las fuerzas federales dedicadas por seis años a solo hacer presencia y dar abrazos y no balazos, sin descontar la posible connivencia o complicidad de políticos, policías y gobernantes, tolerada con conveniente disimulo.
El giro de timón que ha tenido la estrategia gubernamental, persiguiendo y apresando delincuentes, no sabemos si obedece a una real voluntad de acabar con el problema o solo ha administrarlo en tanto baja la presión del gobierno estadounidense que ha exigido un combate a fondo de los grupos criminales y su asociación con los poderes del Estado. En todo caso, a pesar de los resultados estadísticos favorables, los carteles avanzan y controlan amplias franjas del territorio nacional y no se entiende cómo la censura y el uso faccioso y político de los datos personales puedan coadyuvar a detenerlos.
Se dice también que la nueva CURP con datos biométricos coadyuvará en la búsqueda de personas desaparecidas, así como unificar datos de la población para trámites y servicios. Esto implica un peligro adicional para la ciudadanía, porque conocemos la ineptitud del gobierno para manejar este volumen de información con seguridad y secrecía, y no sería remoto, dada la penetración del crimen en las estructuras gubernamentales, que los datos personales cayeran en malas manos.
Sin embargo, podríamos dar el beneficio de la duda y abonar las buenas intenciones del gobierno, si no fuera por la estructura totalitaria que se está construyendo alrededor.
El ogro filantrópico se ha venido construyendo sistemáticamente. Las bases se sentaron el sexenio anterior y no mintieron al decir que seguiría un segundo piso. Hoy el Estado subsidia y anestesia la pobreza, censura y cohesiona a medios y comentaristas, hizo ficción a la división de poderes, eliminó los órganos e instituciones autónomas e independientes y desnaturalizó a las fuerzas armadas garantes hoy de la seguridad pública.
Lo que queda por hacer es dominar, controlar y sujetar las libertades individuales para hacer imposible la disidencia.
En ese objetivo es donde encuadran todas estas reformas que presentan como útiles para recobrar la seguridad y hacer más efectiva la actuación de las fuerzas armadas utilizando las herramientas de la inteligencia y equipos cibernéticos. No existe en las leyes que han propuesto límite alguno para que el Estado utilice los datos personales para los fines que juzgue convenientes, sean en efecto para perseguir delincuentes o para presionar e intimidar a opositores o a simples ciudadanos.
Ejemplos recientes nos muestran el uso selectivo de la justicia, al menos en el Tribunal electoral en casos de violencia de género y no hay garantía de que esa conducta no se vuelva rutinaria en el régimen en configuración, especialmente cuando desde la tribuna presidencial se trata a los críticos como adversarios y a los opositores como traidores. El uso y abuso faccioso del poder es propio de tiranos, aunque digan que no lo son. La democracia es a partir de ahora, escenografía.
NACIONALES
Nombramientos sin mérito

Opinión, por Iván Arrazola //
La discusión sobre si los cargos públicos deben asignarse con base en el mérito o la lealtad es tan antigua como la política misma. Se trata de una tensión permanente entre dos principios fundamentales: por un lado, el mérito, entendido como la selección de personas con competencias técnicas, experiencia comprobada y formación adecuada para desempeñar sus funciones con eficacia; y por el otro, la lealtad, asociada a la necesidad de los gobernantes de rodearse de personas de su confianza ideológica o personal para garantizar cohesión, control y ejecución política.
Si bien ambos criterios pueden coexistir en ciertas circunstancias, en la práctica se suele imponer uno sobre el otro, con consecuencias directas en la calidad del gobierno y en la percepción pública sobre la legitimidad de los nombramientos. En este sentido, vale la pena analizar dos casos recientes que han generado amplia polémica en México.
El reciente nombramiento de Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha generado una fuerte polémica. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, defendió su decisión señalando: “Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y creo que va a desempeñar un buen papel en la Organización Mundial de la Salud”. Sin embargo, no profundizó en los criterios específicos que motivaron su designación. Frente a las críticas, la presidenta ha atribuido los cuestionamientos a motivaciones políticas.
Desde una lógica institucional, este nombramiento resulta difícil de justificar bajo criterios de mérito. La gestión de López-Gatell durante la pandemia de COVID-19 fue severamente criticada por múltiples sectores sociales y médicos: desde la negativa inicial para recomendar el uso generalizado del cubrebocas, la falta de aplicación masiva de pruebas rápidas, la centralización opaca de la estrategia de vacunación, hasta su retórica polarizadora, como cuando llamó “golpeadores” a los padres de niños con cáncer que protestaban por el desabasto de medicamentos.
A pesar de que Sheinbaum defendió el nombramiento señalando su formación académica (es egresado de Johns Hopkins), lo cierto es que la percepción social de su desempeño es negativa. Informes independientes estiman que el número real de fallecimientos por la pandemia superó los 800 mil, muy por encima de las cifras oficiales que hablan de 300 mil muertes.
En este contexto, el nombramiento de López-Gatell no parece responder a una evaluación técnica o a un reconocimiento por resultados, sino más bien a un acto de lealtad política. Se premia a un aliado, se protege a una figura del obradorismo, aunque su desempeño haya sido profundamente cuestionado.
El segundo caso ilustra otra faceta del problema: el uso patrimonialista de los recursos públicos. Se trata de la comunicadora Eli Castro, quien recientemente fue exhibida por ocupar una plaza como asesora técnica en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en Jalisco, con un salario de más de 73 mil pesos mensuales. La polémica surgió a partir de una transmisión en vivo, en la que un ciudadano cuestionó sus capacidades técnicas para desempeñar el cargo.
En lugar de presentar credenciales técnicas, Castro se limitó a presumir su trayectoria en el gobierno, señalando que ha trabajado con diversas administraciones y que ha ocupado cargos en cada una de ellas, incluyendo el Consejo Estatal de Trasplantes, las Fiestas de Octubre y la entonces Secretaría de Vialidad. Concluyó su intervención afirmando con orgullo: “por eso estoy donde estoy”. En la misma transmisión, reconoció que estaba comisionada y no realizaba funciones técnicas, lo que agravó la controversia. El SIAPA, en respuesta, emitió un comunicado para deslindarse, afirmando que el contrato era temporal y que no se renovaría. El propio director del organismo señaló que las tareas de comunicación que Castro debía realizar ya las ejecutaba él mismo.
Este caso no solo revela una designación sin méritos técnicos, sino además una falta total de control institucional: la autoridad estatal no tenía conocimiento del nombramiento, y las explicaciones posteriores resultaron insatisfactorias. En un contexto de crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con colonias que enfrentan desabasto, agua sucia y aumentos en las tarifas, el caso profundiza la desconfianza ciudadana hacia las autoridades responsables del servicio.
Ambos casos ejemplifican la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y el debilitamiento del principio del mérito como criterio de selección. En el caso de López-Gatell, se premia a un funcionario sin rendición de cuentas por decisiones que costaron miles de vidas. En el caso de Eli Castro, se revela un uso discrecional de la nómina pública como si fuera propiedad privada del funcionario en turno.
Lo más preocupante es que, en ambos casos, el daño no se limita al escándalo mediático, sino que impacta directamente en la calidad de los bienes públicos: la salud y el acceso al agua, derechos fundamentales que hoy están en entredicho.
JALISCO
Los excesos, ¿son garantía?

Opinión, por Gerardo Rico //
Con una agenda 2030 el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) informó el pasado 30 de junio sobre los “Lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados, en la postulación en la de candidaturas a diputaciones y munícipes en el Proceso Electoral Local Concurrente 2026-2027”
Consejeras electorales de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación precisaron que: La paridad de género no fue una concesión del poder, sino el resultado de una lucha histórica impulsada por mujeres, activistas y feministas que denunciaron la exclusión estructural de las mujeres en la vida pública. Aunque se han logrado avances significativos, persisten barreras institucionales y socioculturales que impiden una participación plena, no solo de las mujeres, sino también de otros grupos históricamente excluidos, por lo que estos nuevos lineamientos buscan corregir esas desigualdades.
Se informó, además, que los lineamientos aprobados resultaron de un diagnóstico cuantitativo con información y datos del proceso electoral 2024 y luego de un amplio procedimiento incluyente y técnicamente sustentado, atendiendo principios de progresividad, paridad sustantiva y acceso igualitario a los derechos político-electorales.
En lo personal, estoy de acuerdo en el avance significativo que se ha tenido en los últimos años en los derechos de las mujeres y de grupos vulnerables en la sociedad que históricamente han sido discriminados en diferentes ámbitos, sobre todo en la actividad política. Aparte de la discriminación, han sido atacados de diferentes formas, impidiendo su desarrollo pleno en lo profesional y social, y esto sin duda se ha modificado en los últimos años a su favor.
Pero las acciones aprobadas por el IEPC Jalisco son un exceso de facultades que se atribuye el organismo y que pueden afectar la paridad y organización de los comicios intermedios del 2027. Mientras por un lado “resuelven” la participación femenina y de grupos discriminados, por el otro vulneran y limitan la participación política y las aspiraciones de quienes legítimamente aspirarán a algún cargo de elección popular y que por aras del destino son hombres.
Se trata de buscar un equilibrio en la representación y participación de ambos géneros en diversos ámbitos, incluyendo el político y el laboral.
La discusión puede enfocarse en cómo la paridad beneficia a toda la sociedad, incluyendo a los hombres, y cómo se pueden crear condiciones más equitativas para todos, sin perder de vista los retos específicos que enfrentan las mujeres y los grupos vulnerables.
De acuerdo a las disposiciones del organismo electoral en Jalisco, el total de candidaturas a diputados locales por mayoría relativa se integrará de manera paritaria entre ambos géneros, pero la postulación de personas no binarias y todas las identidades de género distintas al binario, se contabilizarán al género masculino.
Para los candidatos a diputados de representación proporcional, cada partido deberá presentar una lista de 18 personas alternadas por género (mujer-hombre-mujer), incluyendo al menos 9 candidaturas femeninas, y se permite que la lista pueda ser encabezada indistintamente por una mujer o un hombre, desde mi punto de vista, una situación más equilibrada.
Aunque establece en otra parte de su comunicado que en los primeros ocho lugares de la lista de representación proporcional se incluirá a algún miembro de los siguientes grupos: personas indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual (LGBTTIQ+) jóvenes y personas residentes en el extranjero. En caso de no incluir a alguien de dichos grupos en las listas de representación propocinal, el partido político deberá postular a las personas de estos grupos para diputaciones por mayoría relativa, en cualquiera de sus cinco distritos electorales más competitivos.
Pero luego viene el asunto de los municipios, aquí las candidaturas a la presidencia municipal en ocho demarcaciones deberán ser exclusivamente femeninas. Estos son: Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán.
Lo anterior se definió luego de identificar municipios en donde nunca ha sido electa una mujer para presidir el cabildo. De esos 49 se revisó donde no hay posibilidad de reelección al cargo; esto es en 16 demarcaciones y se ordenaron del más al menos poblado y eligieron la mitad: los ocho municipios con mayor población dentro del listado y de acuerdo al censo 2020 del INEGI.
Ante todas estas maromas cuantitativas y cualitativas y en las que reitero, desde mi punto de vista, quienes dirigen el IEPC Jalisco se han excedido en sus atribuciones, todas estas propuestas: ¿nos garantizarán mejores gobernantes?, ¿una clase política más preparada que realmente responda a las expectativas de quienes la eligen?
El 50% de mujeres y el 50% de hombres, así como la inclusión de grupos vulnerables en puestos de elección popular, ¿son garantía de mejores gobiernos?
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