OPINIÓN
El «quinazo» de AMLO

Por Luis Manuel Robles Naya //
En el pasado reciente, cada presidente de la República ha dado golpes de poder al inicio de su sexenio; Salinas con “La Quina” Hernández Galicia, Zedillo con Raúl Salinas, Fox con el Pemexgate, Peña Nieto con Elba Esther Gordillo y faltaba López Obrador que a pesar de que dice no ser vengativo y que no va a perseguir a nadie, empieza a dar visos de lo contrario.
Cada mañana acusa a sus críticos de oponerse a un cambio que al parecer por decreto ya se dio. Ha habido acusaciones directas contra integrantes de órganos autónomos, medios de comunicación, columnistas, hasta jueces, pero siempre hay un sentido dicotómico en su discurso, es él y su verdad contra todos los que piensan diferente y se atreven a decirlo.
Se han utilizado los medios y recursos del estado para amedrentar y presionar ya sea insinuando conflictos de interés o iniciando averiguaciones de orden fiscal y penal en el más puro sentido represor utilizado en los años de la hegemonía priista.
Tal vez cansado de que a siete meses de iniciado su mandato no se reconozcan los “avances” que sus otros datos indican y reviviendo su vieja tesis del complot, ha empezado a ponerle nombre a “sus adversarios” y a quienes considera están operando en su contra.
Ya sea porque decidió usarlos como distractores de la renuncia de Carlos Urzúa, su Secretario de Hacienda, o porque en realidad quiere ponerles un “estate quieto”, el mismo día de la renuncia se inicia un juicio contra uno de los representantes de esa “mafia del poder”, el abogado Juan Collado, con un expediente que en el prodigioso lapso de un mes se logró su integración, congelar cuentas y obtener la orden de aprehensión, basándose solo en el dicho de un denunciante que dice que detrás de Collado están Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, Francisco Domínguez, gobernador panista de Querétaro y Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN en el Congreso.
En política no existen las casualidades y por ello resulta difícil de creer que también en solo un mes se reactiven averiguaciones sobre el caso Odebrecht, se giren órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, y se mencione como involucrados a Enrique Peña y Luis Videgaray, como tampoco es casual que enseguida se giren más órdenes de aprehensión por el caso Agronitrogenados, donde los señalados son los mismos, más Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México y relacionado con los intereses de la familia Salinas, al igual que sucede con el expediente de la compra con sobreprecio de Fertinal, otra vez señalando a Emilio Lozoya, Videgaray y Peña Nieto.
Otra feliz coincidencia, para esta embestida penal, es que de repente Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, haya recuperado la memoria y empiece a hablar desde el penal en que se encuentra recluido manifestando ser un perseguido político y víctima de truculentas negociaciones y hasta de extorsión por el entonces Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong y el encargado de la Procuraduría General de la República.
Por lo trascendido en medios, no se observa solidez en las carpetas de investigación y en las acusaciones y por lo tanto es posible que avezados abogados obtengan absolución para los indiciados, pero el golpe mediático ya está dado y en el imaginario colectivo ya hay sentencia.
El mensaje ya está enviado y al parecer recibido. Enrique Peña Nieto pasa unas largas vacaciones en España, Emilio Lozoya tiene calidad de prófugo presuntamente radicado en Alemania, Alonso Ancira en libertad condicional en España y un abogado, identificado plenamente con los “machuchones” de la mafia del poder, en prisión preventiva, a la vez que, quien compartía el pan y la sal con el abogado Collado en el momento de su detención, el líder de los trabajadores petroleros, cabecea los trascendidos de expedientes gruesos en su contra.
Con estas señales y acciones la “mafia del poder” empieza a tener nombres y apellidos, además de ser estos, un magnifico distractor mientras la economía se detiene, la inseguridad crece, la guardia nacional cruje ante su ineficiencia administrativa, los agricultores toman las carreteras del país en protesta por los cambios en las políticas de apoyo al campo, el desabasto de medicinas se aproxima, la capacidad del gobierno se debilita por la austeridad indiscriminada, los amparos y acciones de inconstitucionalidad se multiplican, la desconfianza sobre la política económica se fortalece y la inversión productiva se retrae, adicionando además el problema migratorio, la debilidad económica de PEMEX, la amenaza permanente de Donald Trump y la espada de Damocles de las calificadoras internacionales, que pueden, cualquier día rebajar la calidad crediticia de la paraestatal y del país.
Parece ser que el gobierno necesitará más que distractores y golpes de poder para gobernar y convencer de la viabilidad de su proyecto y programas, de los cuales no se ha visto ni la hoja de un organigrama.
NACIONALES
Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.
Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.
Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?
El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.
Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.
La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.
Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.
Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.
Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.
A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.
La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.
En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.
Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.
JALISCO
Uribe y su circunstancia

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //
Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.
En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.
Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.
Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.
En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.
Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.
Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:
-
Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.
-
Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.
-
Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.
Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.
Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.
Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.
Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.
Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.
En X: @DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.
JALISCO
El agua sucia del poder: Megacortes, tarifas infladas y la red clientelar del SIAPA

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
En Jalisco, el agua no solo escasea: se pudre. Apesta a burocracia, a negocios entre compadres, a ineptitud maquillada de eficiencia y a un modelo de saqueo que, bajo el nombre del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ha convertido “el vital líquido” en un bien de lujo, controlado por burócratas de alto sueldo y baja moral.
Apenas 72 horas tras el Congreso, dominado por MC, Verde, PAN y HAGAMOS, aprobar un 9.65% de alza al agua para 2025, SIAPA anunció un megacorte de cuatro días a 113 colonias por reparaciones. Con cortes, fugas y baja presión en zonas pobres, el servicio flaquea.
Entre las afectadas están comunidades de Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque: nombres que, para los operadores del SIAPA, parecen no existir más que como renglones en una lista de cobros. Porque eso sí: la factura llega puntual, aunque el agua no.
TARIFAZO CON PREMIO DE IMPUNIDAD
Con 21 votos a favor y 16 en contra, el Congreso del Estado avaló el tarifazo. Aumentaron las tarifas y, de paso, aprobaron que las siguientes subidas se actualicen automáticamente conforme al índice inflacionario. Como si el ciudadano de a pie tuviera una inflación personal controlada, o un ingreso garantizado. El pretexto fue la “viabilidad financiera” del organismo, aunque el mismo SIAPA admitió que el alza no resolverá la crisis del servicio.
Eso no impidió, claro, que el gobernador Pablo Lemus les diera un espaldarazo: “Se acabaron los pretextos, ahora deben mejorar el servicio”. Palabras que, como muchas en Casa Jalisco, no se traducen en acciones.
El organismo tiene, sin embargo, otros mecanismos de supervivencia. No importa si baja la eficiencia (de 81.9% de reportes atendidos en 2023 a 78% en 2024), si disminuye el volumen de agua distribuido o si los reportes ciudadanos crecen. El SIAPA no colapsa. Se alimenta, eso sí, de la paciencia del contribuyente y de las arcas públicas, blindado por una red de intereses que lo mantiene a flote como una balsa mal armada en un mar de negligencia.
PIPAS GRATIS, ASESORES CAROS
A la par del anuncio del megacorte, el SIAPA ofreció pipas gratuitas. Un gesto que parecería generoso si no fuera un parche a un sistema crónicamente averiado. Y mientras familias almacenan agua en cubetas, el organismo desembolsa más de 73 mil pesos mensuales a una exconductora de televisión, sin formación técnica, convertida en asesora de dirección.
Elizabeth Margarita Castro Cárdenas —Según el periódico NTR, con un historial ligado a un fraude financiero, nexos con narcotraficantes y una carrera más cercana al espectáculo que al agua potable— fue nombrada asesora técnica del SIAPA. Su presencia en la nómina, denunciada por trabajadores del organismo, es sólo una muestra más de cómo el SIAPA sirve a fines políticos antes que ciudadanos. Ahí están los sueldos, los estímulos, las asesorías infladas, y los contactos bien ubicados.
En lugar de eficiencia, el organismo se volvió una caja chica para repartir favores. Y si no lo creen, revisen el historial: la misma Castro Cárdenas fue antes funcionaria en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, con un sueldo prácticamente idéntico. La política jalisciense no bota a sus leales: los recicla.
LA RESISTENCIA CIUDADANA Y LOS GRITOS QUE NO SE OYEN
No todo el Congreso se rindió. La diputada Itzul Barrera, de Morena, denunció no sólo la falta de transparencia en el uso de los mil millones de pesos adicionales que se recaudarán por el aumento, sino el hecho inaudito de que el director del SIAPA admitiera que el alza no servirá para mejorar el servicio. Vaya sinceridad.
Denunció, también, que la sesión para aprobar el alza fue convocada con apenas una hora de anticipación y que los diputados debieron revisar más de 136 páginas de dictamen al vapor, lo que impidió una discusión real. Eso no impidió el voto mayoritario. El SIAPA es, hoy, un monstruo que factura más de 5 mil millones de pesos al año, que contrata asesores sin perfil, y que cada vez da menos agua.
Las más de 15 iniciativas presentadas para su reforma duermen en el congelador legislativo. Y así, los “diálogos” se dan en lo oscurito, entre cenas discretas y acuerdos inconfesables.
MUNICIPIOS DIVIDIDOS Y CIUDADANÍA HARTA
Guadalajara y Zapopan justifican con tibieza el alza tarifaria prometiendo eficiencia, mientras Tlaquepaque y Tonalá alertan. Laura Imelda Pérez, alcaldesa de Tlaquepaque, impulsa condonar cobros a quienes carecen de agua buena, destacando 80 millones gastados por el Ayuntamiento en tareas del SIAPA.
El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, fue todavía más contundente: “Es un SIAPA saqueado”, dijo. Denunció contrataciones sin perfil, falta de inversión y abandono institucional. Que lo diga alguien que ha conocido tanto del sistema sólo hace más grave la declaración.
La propuesta de Tlaquepaque de condonar pagos a quienes no reciben servicio no es una ocurrencia: es una exigencia mínima. El recibo llega, aunque no haya agua. La injusticia también.
En simulaciones, el agua es metáfora: transparente pero invisible, vital pero ausente, promesa electoral sin gestión. El SIAPA, manejado como botín político, encarna un gobierno enquistado en Jalisco, castigando a ciudadanos, premiando leales, exhibiendo cifras millonarias mientras ignoran expertos.
Y así, entre tarifazos, pipas y asesores musicales, el agua en Jalisco se ha vuelto tan sucia como el sistema que la administra.
Porque, como decía un viejo maestro del periodismo: “lo que daña al país no es la política, sino los políticos que no saben servirla”.
En X @DEPACHECOS
-
Uncategorized6 años atrás
Precisa Arturo Zamora que no buscará dirigencia nacional del PRI
-
Beisbol5 años atrás
Taiwán marca camino al beisbol en tiempos del COVID-19: Reinicia partidos sin público
-
REPORTAJES6 años atrás
Pensiones VIP del Ipejal: Arnoldo Rubio Contreras, ejemplo del turbio, sucio e ilegal proceso de tabulación de pensiones
-
VIDEOS6 años atrás
Programas Integrales de Bienestar, desde Guadalajara, Jalisco
-
VIDEOS6 años atrás
Gira del presidente López Obrador por Jalisco: Apoyo a productores de leche en Encarnación de Díaz
-
OPINIÓN5 años atrás
¡Ciudado con los extremistas! De las necedades de FRENA y otros males peligrosos
-
VIDEOS6 años atrás
Video Columna «Metástasis»: Los escándalos del Ipejal
-
OPINIÓN4 años atrás
Amparo, la esperanza de las Escuelas de Tiempo Completo