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OPINIÓN

El SNTE debe oponerse: La 4T va por la cancelación de Escuelas de Tiempo Completo

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

Dentro del paquete fiscal que presentó el Poder Ejecutivo a través de la SHCP a la Cámara de Diputados está el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021, en el que se manifiesta el deseo del Presidente de la República para eliminar el presupuesto asignado al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC).

Este Proyecto de Presupuesto 2021 ha generado mucha incertidumbre, pues prácticamente sin presupuesto el programa tiene un solo destino, su desaparición. Sin embargo, lo más grave es revisar el resto del presupuesto en materia educativa, pues tiene un mediocre crecimiento del 0.2%, aunque en las palabras del Presidente y particularmente de un concepto que constantemente utiliza, en términos reales, hay un decrecimiento, pues con el incremento a las Becas del Bienestar y otros proyectos electoreros, el presupuesto o inversión real a educación es menor, como nunca antes en la historia.

De los 13 programas educativos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha eliminado en este proyecto de Presupuesto fundamentado en la austeridad republicana o pobreza franciscana, es sin duda el de las Escuelas de Tiempo Completo el que tendrá un impacto negativo de gran dimensión. Un programa que ha transcendido a sexenios de diferente color, pero sobretodo que ha demostrado eficacia atendiendo las necesidades de millones de familias, por una parte, más del 70% de estas escuelas atienden a población indígena o rural de escasos recursos, que de acuerdo a CONEVAL es su Estudio Exploratorio en 2018 establece que en estos más de 19 mil planteles los alumnos reciben alimentación dentro de las escuelas, un factor comprobado en la mejora del aprovechamiento académico de los alumnos, lo que permite cerrar las brechas de desigualdad entre los estudiantes en contextos y condiciones socioeconómicas más altas, en promedio, son cinco años a partir de la introducción del programa en escuelas de alta marginación los que bastan para que los alumnos superen los índices de resultados académicos con relación a la media nacional.

Los estudios analizan principalmente cuatro indicadores, los resultados académicos de los alumnos a partir de evaluaciones estandarizadas aplicadas a nivel nacional, como fueron los de Enlace y Planea, además de otros instrumentos como SisAT y los reportes de evaluación dentro del Sistema Educativo Nacional; otros indicadores medibles en los estudiantes de educación básica; La inserción laboral de familiares directos de los estudiantes y; Los indicadores sociales de largo plazo de los estudiantes.

LAS EVALUACIONES

La SEP en conjunto con Coneval, Unicef y Banco Mundial con expertos del mismo Banco, de la Universidad de Tennesse y la CREFAL, han coincidido con los resultados positivos y muy significativos del programa en avances académicos de los alumnos en estas escuelas con relación a los de escuelas regulares en contextos similares. De la evaluación Planea, el PETC demostró una reducción en el nivel 1, el más bajo, de 4.6 puntos porcentuales en matemáticas y 1.7 en lenguaje y comunicación, mientras que tuvo un incremento en el nivel IV, el más alto, de 9.5 puntos porcentuales en matemáticas y 4.8 en lenguaje y comunicación, en educación básica, aunque cabe mencionar que el porcentaje mayoritario de Escuelas de Tiempo Completo están en el nivel de Primaria.

En las regiones donde se encuentran estas escuelas existe un incremento de inserción laboral de familiares, principalmente un alto porcentaje de madres solteras quienes pueden trabajar una jornada completa mientras el alumno permanece en la escuela. La mejora de infraestructura educativa y equipamiento en los planteles por el apoyo del recurso que aportaba el programa, mismo que se fue reduciendo considerablemente en los últimos tres años. Un mayor aprovechamiento académico derivado de la alimentación balanceada que reciben los educandos, principalmente en las escuelas con alto índice de marginación. Así como el tiempo extra curricular donde los educando reciben aprendizajes nuevos vinculados al fortalecimiento, principalmente de formación académica, así como al desarrollo personal y social, al mismo tiempo les permite alejarse de actividades que por sus propios contextos fuera de la escuela pudieran ser contraproducentes para su desarrollo, tiempo que podrían dedicar a actividades como ver la televisión hasta actividades en contexto de violencia, delincuencia o contradictorias a la convivencia social pacifica.

AVANCES POSITIVOS

Hay diversos organismos que han demostrado los avances positivos de uno de los programas más exitosos aplicado directamente a un número determinado de escuelas, no obstante de que pueden existir centros educativos en los que no se opere correctamente el programa, sin embargo, para poder eliminar el programa, el Gobierno de México estaría obligado a presentar los estudios o evaluaciones que justificaran terminar con el proyecto.

Pero la generalidad tienen resultados probados, por ejemplo en el caso de Jalisco, donde hay 915 escuelas de Tiempo Completo, uno de los de los Estados con mayor número de éstas, en donde la afectación podría ser para más de 90 mil estudiantes, sus familias y más de 4 mil docentes. Escuelas que podrían incuso tener reducciones considerables tanto en población escolar como en resultados académicos, una regresión que no tendría ninguna justificación.

La austeridad republicana o la pobreza franciscana en la propia concepción que ha dado el Gobierno Federal, es contradictoria incluso con lo que establece por la Secretaría de la Función Publica, pues la eliminación del programa no sólo significa la eliminación y reducción del ingreso a la plaza docente, sino además la deserción laboral de un número importante principalmente de mujeres en la economía formal e informal.

Ni el voto de pobreza de una congregación podría tolerar quitar la oportunidad de alimentación y educación en estas escuelas a quienes ya viven en condiciones de pobreza, es decir, las Escuelas de Tiempo Completo no son un lujo, ni un exceso en el Sistema Educativo Nacional.

UN ATENTADO CONTRA LA NIÑEZ

Es entonces un atentado contra quienes menos tienen, contra el derecho humano y de la niñez a recibir educación de Calidad, contra la reciente Reforma Educativa Obradorista que busca la educación de excelencia, así como una contradicción de la frase más emblemática de la administración del presidente AMLO, “por el bien de todos, primero los pobres”, porque es el porcentaje más grande que se afectaría con la eliminación del Programa. Por otro lado, también una contradicción del Secretario de Educación Pública quien ya reconoció públicamente y en la CONAEDU ante todas las autoridades educativas de las 32 Entidades que el programa es uno de los de mayor éxito, incluso, el referente más viable para la implementación de las materias nuevas que pretende incluir en el currículo oficial.

EN 2020 REDUJERON 53% DEL PRESUPUESTO

El programa hoy enfrenta un serio problema en este 2020, pues el año pasado el Presidente y los diputados decidieron reducir el 53% de su presupuesto, por lo que para el periodo de enero a junio se aplicó el 95% del total del presupuesto, el 5% restante es insuficiente para el segundo semestre de este año. El titular de SEP dijo en entrevista a un medio nacional que el programa continuaría, que existía el compromiso de la Secretaría de Hacienda Pública de entregar una partida extraordinaria por 5,100 millones de pesos para comenzar en este agosto con el nuevo ciclo escolar, recurso que no ha sido transferido a la SEP, lo que mantiene en incertidumbre al programa en todo el país. Pero además de este faltante, en el proyecto del presupuesto de egresos harían falta mas de 10 mil millones para poder operar el programa en el 2021, recurso que no se ve de donde podría reasignarse dentro del Proyecto de Presupuesto. La única alternativa es reducir los incrementos a los programas de asistencia social, es decir a los recursos entregados directamente a la población y/o los proyectos emblemáticos de la actual administración, pues el PIB no tuvo crecimiento suficiente para lo que ya se contemplaba cada año.

Algunos de los programas asistencias no cumplen con los objetivos para los que fueron creados o no alcanzan las metas que se propusieron, por ejemplo el programa de Becas del Bienestar que para el caso de Educación Media Superior es universal y no han demostrado abatir la deserción en dicho nivel, por el contrario sigue en aumento, o el de Jóvenes Construyendo el Futuro que además de no tener una auditoria aún, ha mostrado efectividad muy baja sobre la contratación al final de la capacitación, en éstos, urge también una evaluación para justificar la continuidad o no, así podríamos contrastar cuál o cuáles proyectos justifican que se queden y cuales se eliminarían. Pero para la 4T, sus programas electoreros o clientelares, así como los faraónicos como el tren maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, entre otros, son la prioridad, mientras programas como el de Escuelas de Tiempo Completo serán sacrificados, tirando a la basura la posibilidad de que se pueda tener una mejor escolaridad en las zonas de mayor marginación, como si la apuesta fuera por mantener al pueblo ignorante y con dádivas que le permitan sobrevivir, no mejorar sus condiciones.

Es urgente que se impida la cancelación de este programa, hoy el primer llamado es a los legisladores federales, para nuestro estado, en el que uno de los proyectos del Gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha sido la apuesta por más Escuelas de Tiempo Completo, los diputados federales y senadores deben de atender esta agenda y dar la pelea dentro de la Cámara de Diputados, principalmente el llamado respetuoso es al diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, el grupo parlamentario más representativo para los jaliscienses, pero que además su trayectoria tiene una fuerte influencia en la educación, quien ya presidió la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, por lo que conoce tanto el presupuesto como los programas educativos que se fundamentan para éste. Pero también el llamado es para los padres de familia que tienen a sus hijos en este servicio educativo, desde luego para el magisterio no sólo por el significado para los docentes que trabajan en esta modalidad, sino por la relevancia que toma el programa en materia de avances educativos.

SNTE DEBE OPONERSE

Aquí el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tendrá una prueba fundamental, que le permitiría demostrar la independencia Institucional o por el contrario la sumisión de la dirigencia de una de las organizaciones gremiales más importantes en el mundo, si la dirigencia del SNTE no se opone a la eliminación de este programa y otras atrocidades en el presupuesto educativo para el 2021, deberíamos los maestros, solicitar la renuncia de la dirigencia nacional, hoy no hay tiempo para tibiezas, es la defensa de la Escuela Pública como materia de trabajo de sus agremiados y con ello de sus derechos laborales o la sumisión total al poder del Estado.

Twitter: @FlavioMendozaMx

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JALISCO

Consejos para la jubilación

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Opinión, por Arturo Pérez Díaz //

Cumplir 55 años no solo marca un nuevo capítulo en la vida, también enciende una alerta: es momento de pensar con seriedad en el retiro. Muchas personas posponen esta reflexión, confiadas en que aún hay tiempo.

Sin embargo, el marco legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), establece requisitos que no se cumplen de la noche a la mañana y que, de no gestionarse oportunamente, pueden traducirse en la pérdida de derechos adquiridos durante toda una vida laboral.

Acorde al Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta el año 2024 el 12.3% de la población total del estado eran personas adultas mayores de 60 años o más, lo que equivale a 1 millón 085 mil 609 habitantes.

Así de grande es el problema de las jubilaciones en Jalisco, que en la mayoría de los casos se concibe como problema, dado que reciben pagos mensuales de miseria, en caso de que todo adulto de este grupo de edad haya logrado una jubilación.

Para entender el tema hay que revisar el artículo 138 de la Ley del Seguro Social, que indica requisitos para obtener una jubilación: para la pensión por vejez se necesitan 65 años de edad y al menos 500 semanas cotizadas (diez años de trabajo formal). Pero también existe la opción de cesantía en edad avanzada, disponible de 60 a 64 años de edad, si se cuenta con las mismas semanas cotizadas y ya no se tiene trabajo remunerado.

Aun así, ningún beneficio es automático: hay que solicitarlos y acreditar los requisitos ante el IMSS, lo cual puede ser confuso para muchos, además de que toma tiempo.

La decisión de pensionarse debe ser estratégica y no dejarla al tiempo porque equivale al olvido. Dejar pasar los años sin revisar cotizaciones, sin confirmar la situación laboral, sin conocer los montos aproximados de cesantía o jubilación por vejez, puede poner en riesgo no solo la pensión, sino también las asignaciones familiares, ayuda asistencial y servicios médicos a los que se tiene derecho (arts. 137 y 145).

Por ello, quienes cumplen 55 años deben comenzar ya el proceso de revisión de jubilación, analizando: semanas cotizadas, modalidades de retiro, documentación, trámites y requisitos ante el IMSS. Ser omiso y no hacerlo a tiempo puede llevar a perder beneficios irrecuperables. La vejez no llega de golpe, pero cuando lo hace, no perdona la omisión. Es mejor prevenir que lamentar.

Toda una vida de trabajo puede llevar el riesgo de jubilarse con montos injustos de 9 mil quinientos pesos mensuales. Sin embargo, la mayoría de la gente debería saber que hay opciones de incrementar las jubilaciones hasta montos mayores de 80 mil pesos, mediante una estrategia legal acorde a la propia ley del IMSS.

Una pensión justa es aquella que brinda los medios adecuados para pagar los servicios de salud, alimentación y cuidado del jubilado, pero muchas personas adultas no lograron una pensión, y los que sí tuvieron derecho recibieron pensiones de hambre.

Muestra de ello es que, a pesar de tener edad de retiro, la gente sigue trabajando. Así lo demuestra el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Según resultados del primer trimestre de 2024, el 19.5% de la población de 65 años y más en Jalisco era económicamente activa, es decir, 182 mil 375 personas; de las cuales 64.2% (117,108) eran hombres y 35.8% (65,267) mujeres. Destaca que, el cien por ciento de las personas adultas mayores económicamente activas se encontraba ocupado.

Una jubilación justa se debe empezar a trabajar a los 55 años de edad, en las próximas colaboraciones expondremos las estrategias para lograr pensiones mayores a lo que le tiene programado el IMSS a quienes caminan ya rumbo al sexto piso.

Lograr una vejez tranquila, sin tener necesidad de seguir trabajando hasta una edad muy avanzada, es posible, pero hay que informarse de los derechos laborales y de las prestaciones.

El mayor problema es el de personas que tienen más de 50 años de edad y hoy laboran sin seguridad social, sin los beneficios de una AFORE, INFONAVIT y sobre todo sin cotizar para una jubilación, que con una adecuada información, toda esta gente estaría a tiempo de rescatar una jubilación digna. La informalidad provoca daños en el futuro de los trabajadores, porque, llegado el tiempo, vivirán una vejez sin protección social, sin dinero.

La gente debería saber que existen mecanismos legales para regularizar su situación en cualquier giro laboral, logrando la protección del IMSS con servicios médicos, cirugías y medicamentos en el presente y una pensión para el futuro.

Algunos ejemplos de incorporación al IMSS son los trabajos domésticos, en donde miles de mujeres trabajan para un patrón que no les brinda hasta hoy la afiliación al seguro social que puede realizarse de una forma sencilla. Otro caso son los trabajadores de aplicaciones móviles como Uber y Didi, que a partir de junio de este año ya se deben inscribir por ley al IMSS.

También existen trabajadores independientes de alto nivel, como los dentistas, que siempre por tradición han sido independientes y no tienen patrón que los incorpore al seguro social. Para ellos también existen modalidades de afiliación al IMSS, y aunque muchos creen que la población de escasa formación es la víctima de la injusticia de las jubilaciones, esto no es así, también profesionistas están descobijados en su futuro laboral.

Si toda persona inscrita en el IMSS, que tiene ahora más de 55 años de edad y que pertenece a la Ley 73, se preocupara hoy por informarse, estaría a tiempo de evitar una jubilación injusta con montos bajos que empobrecen a los jubilados.

A la población que pertenece a la ley 73 del IMSS, le asiste la ley con varios beneficios que, sin embargo, no son ejercidos por ignorancia. El mayor beneficio es poder continuar cotizando para una jubilación a pesar de que se hayan quedado sin empleo, y por su edad, ya nadie quiso brindarles empleo formal.

El beneficio se conoce como continuación voluntaria, con lo que, al contribuir directamente y pagar su afiliación, podrán asegurar su retiro aun cuando se hayan quedado sin patrón y un empleo formal. Pero, adicionalmente, tienen el derecho de enriquecer su cotización, elevando el salario base, lo cual repercute en una pensión que puede ser en 2025 superior a 80 mil pesos mensuales.

Es tiempo de prepararse para el futuro y no dejarlo al día a día, el tiempo y el futuro están más cerca de lo que parece, infórmese.

E-mail: amper61@hotmail.com

Arturo Pérez Díaz es periodista independiente, ha sido docente de política, opinión pública y mercadotecnia política, así como asesor profesional de comunicación pública.

 

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NACIONALES

Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.

Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.

Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?

El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.

Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.

La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.

Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.

Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.

Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.

A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.

La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.

En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.

Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.

 

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JALISCO

Uribe y su circunstancia

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.

En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.

Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.

Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.

En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.

Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.

Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:

  • Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.

  • Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.

  • Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.

Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.

Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.

Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.

Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.

Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

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Tendencias

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