OPINIÓN
El teletrabajo en crecimiento: Protocolos de reapertura económica; Jalisco ante sí y el mundo

Comuna México, por Benjamín Mora //
“Nadie puede beber agua de un espejismo”
HAN SHAN
En diciembre pasado, tras los resultados magros de su primer año de gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador debió poner un letrero: “Cerrado hasta nuevo aviso”, dejando en nosotros, los ciudadanos y empresarios, la responsabilidad de poner orden y rumbo en el país. La incertidumbre, el desorden, la improvisación y la ocurrencia han sido los ejes rectores del actuar del Presidente y del gobierno federal. “Vivimos en una película de suspenso sin final”, como dijera Deborah Carr, profesora de Sociología de la Universidad de Boston, al referirse a la pandemia, que yo amplío a todo el actuar del Presidente de México.
Los motores de la vida económica y social de México se han sobrecalentado por el desdén presidencial hacia todo lo realizado en el pasado, en especial, hoy ante el Covid-19, en materia de salud, como lo fue la cancelación del Seguro Popular.
Desde la presidencia de la República hubo un desdén, cuasi atentatorio, de la salud y vida de los ciudadanos. El propio López Obrador promovió todo aquello que multiplicaba el número de contagiados y ordenaba la contención de políticas de salud responsables y solidarias, tomando a quienes no coincidían con sus criterios como sus opositores y enemigos de la Cuarta Transformación, de manera clara y angustiante.
En estos largos meses de caos pandémico inducido desde la presidencia, hubo gobiernos estatales que tomaron acciones de inmovilización social y económica preventivas, dando libertad de permanecer activos a quienes están vinculados con la salud y la alimentación: producción, industrialización, transporte y comercialización. La valentía de esos gobernadores marcó la diferencia.
En el gobierno de López Obrador, el secretario de Salud se esfumó y dejó al subsecretario López-Gatell la responsabilidad que a él corresponde por mandato de Ley; su omisión no ha merecido su destitución, como debió ser. López-Gatell ha hecho nudos en la madeja de salud; es torpe al prever el momento en que la “curva de contagios se aplane” y volvamos a la normalidad. Son torpes los dos López cuando desdeñan a los científicos que argumentan que retomar las actividades antes de tiempo, provocará muertes de gente inocente, como lo ha señalado Julio Frenk Mora, ex secretario de Salud de México. El propio José Narro Robles, también ex secretario de Salud y ex rector de la UNAM ha puesto en duda las cifras de contagiados y muertos por COVID-19 del gobierno de AMLO, y ha declarado “aun no es tiempo de relajar las medidas” de contención y apertura. Le creo.
Por el desprecio de López Obrador a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la experiencia china y europea, las compras de los insumos y equipo necesarios para atender a los mexicanos contagiados del coronavirus fue tardía y costosísima, pero, sobre todo, causa de decenas de muertes inmerecidas. De acuerdo con la Universidad John Hopkins somos el país 10 en número de muertes por Covid-19. Hay pues, un vacío de liderazgo moral.
Joshua Gordon, psiquiatra y director del Instituto Nacional de Salud Mental en EEUU, al hablar de las decisiones de Donald Trump -aplicables al caso de López Obrador- ha declarado que, si las personas que ocupan posiciones elevadas en el gobierno “nos dan información contradictoria, o si la información que proporcionan a la larga resulta no ser verdadera, entonces no podemos confiar tanto en ella, aumentando nuestra incertidumbre”.
El caos federal por el Covid-19 es solo reflejo del caos en que López Obrador tiene a nuestra economía que decrece y aleja inversiones, mereciendo las críticas más severas dentro y fuera de México por sus ocurrencias caprichosas en Texcoco, Tabasco, Santa Lucía, Mexicali y, ahora, en materia de energía limpia.
En Jalisco, el gobernador ha delegado en el secretario del Trabajo y Previsión Social la responsabilidad de la reapertura que debería recaer en el secretario de Salud, en primerísimo lugar. El plan de vigilancia, prevención y control de la salud de las y los trabajadores con riesgo al Covid de cada empresa debería ser rector de la transición a la que nos enfrentaremos; no debe bastar un check list.
El plan señalado deberá, de manera específica, referir quienes de las trabajadoras y trabajadores están en mayor riesgo de contagio del Covid-19 por edad, enfermedades crónico-degenerativas, contactos personales directos, etc., e informarlo a la autoridad responsable, y sumar medidas preventivas colectivas e individuales dentro del centro de trabajo y fuera del mismo, incluido en el ámbito familiar. Deberá guardar, asimismo, vigilancia permanente de las comorbilidades relacionadas con el Covid-19.
El plan referido, más allá de los protocolos anunciados, determinaría el equipo de protección y seguridad que cada trabajadora y trabajador debiese llevar según el grado de posibilidades de contagio; éste determinaría la necesidad de aplicar o no pruebas de evaluación rápida. Los planes deberán contener presupuesto y un plan de adquisición de los insumos que requerirán para garantizar la seguridad de sus trabajadoras y trabajadores. En otros países, la toma de temperatura se hace tanto al inicio como al final de la jornada de trabajo; incluso, se pide a las trabajadoras y trabajadores, tomarse la temperatura antes de salir de casa y en caso de ser superior a los 37º, ir directamente al centro de salud o quedarse en casa.
Sin duda, el teletrabajo o trabajo a distancia es el gran invitado en la reactivación de algunos sectores económicos. Para la empresa podría significar ahorros en pago de rentas, energía y agua, así como en los gastos de traslado de la trabajadora o trabajador.
Especial cuidado deberá tenerse con los aires acondicionados pues es sabido que virus se “siente confortable” en temperaturas menores a los 32º centígrados. El protocolo para hoteles deberá considerarlo de forma más específica.
En los protocolos de los restaurantes, hoteles, bares, centros nocturnos y balnearios se estable que por ninguna circunstancia debe atender a personas mayores, mujeres embarazadas, o con antecedentes de diabetes, hipertensión o enfermedades respiratorias, así como los inmunodeprimidos. Pregunto, en dónde se hospedarían los adultos mayores y mujeres embarazadas que viajarán a Jalisco, o cómo podrán conocer tales condiciones en los comensales o huéspedes. Y qué sucederá con los empleados mayores de 60 años… ¿acaso serán despedidos?
}Asimismo, para los salones de eventos, restaurantes y hoteles recomiendan que los baños sean sanitizados cada hora; deberán, sin embargo, vigilar que el número de personas dentro de ellos garantice la sana distancia. Idealmente, deberá disponerse de protectores desechables para los asientos de los escusados; en especial para las mujeres. En los restaurantes, deberá suplirse el uso de las cartas o menús por otros medios. Los hoteles deberán suspender la opción de no cambiar, a petición del huésped, sus sábanas cada día por motivos ambientales. En los aeropuertos y terminales de autobuses deberán implementarse estrategias distintas de manejo de equipaje, reduciendo los maleteros.
Aplaudo que el gobierno de Jalisco reconozca que los protocolos son “recomendaciones sanitarias y buenas prácticas, así como orientación básica sobre la normativa legal a cumplir que impulsen un entorno higiénico saludable”; sin embargo, sostengo que cada empresa debería elaborar su plan de vigilancia, prevención y control de la salud de las y los trabajadores con riesgo al Covid que presentaría ante las Secretarías de Salud, Desarrollo Económico y Trabajo y Previsión Social.
Cuidemos el proceso de reapertura para que no tengamos que volver a recluirnos. El gobernador debe considerar que cualquier error que se cometa, le costará a él ante el gobierno federal y a Jalisco ante el mundo; conocemos casos en otros países que han dado marcha atrás a la apertura económica. Esto es más que viable.
JALISCO
Mis dudas razonables sobre el futuro de la transparencia en Jalisco

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
¿Representa la propuesta del gobernador Pablo Lemus un retroceso en la autonomía y participación ciudadana del Subsistema de Transparencia y su Consejo Consultivo?
Lemus promete un “organismo completamente ciudadano”, integrado por rectores, empresarios y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, el proceso de designación del titular y los consejeros del órgano desconcentrado dependerá de ternas propuestas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Consejo Consultivo, pero la decisión final recaerá en el gobernador.
Esto genera suspicacias: ¿cómo puede ser un organismo ciudadano si el Ejecutivo tiene la última palabra?
De entrada, la transferencia de las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, un organismo subordinado al Ejecutivo, plantea serias dudas. Este modelo, inspirado en el federal (“Transparencia para el Pueblo”), ha sido criticado por su falta de independencia, y en Jalisco parece repetirse el mismo error.
La falta de autonomía podría convertir al órgano desconcentrado en una extensión del gobierno estatal, incapaz de sancionar la opacidad o exigir rendición de cuentas de manera imparcial, como advirtió Olga Navarro, titular del ITEI, al señalar que las autoridades serán “juez y parte”.
Por un lado, el gobernador exalta la participación ciudadana en 15 foros con más de 3,000 asistentes; por otro, académicos critican que las propuestas de la iniciativa “Compromiso Jalisco por el Derecho de Acceso a la Información” fueron ignoradas por el Congreso del Estado.
Esta iniciativa pedía un Sistema Estatal de Transparencia robusto y un Consejo Consultivo verdaderamente ciudadano, pero los legisladores de la alianza Movimiento Ciudadano-Morena optaron por un modelo que centraliza el poder en la Contraloría.
La exclusión de estas propuestas debilita la legitimidad del nuevo sistema y refuerza la percepción de que la reforma busca cumplir con la desaparición del INAI e ITEI sin innovar ni proteger los avances de Jalisco, pionero en transparencia.
La centralización en la Contraloría podría generar conflictos de interés, especialmente en casos que involucren información sensible, como contratos, licitaciones o el ejercicio del gasto público.
Otro punto débil es la falta de claridad en temas como datos abiertos y rendición de cuentas. Aunque la iniciativa menciona transitar hacia datos abiertos y mantener la publicación de sueldos, agendas y obras públicas, la vaguedad de estas promesas las deja sin fuerza.
LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES
La iniciativa del gobernador contempla legislar la obligatoriedad de transparencia en los 125 municipios de Jalisco, un aspecto que la reforma federal omite. Sin embargo, esta propuesta choca con la realidad, el problema es que la gran mayoría de los municipios del estado carecen de la fortaleza económica de los ayuntamientos de la zona metropolitana.
Es positivo que se piense en los municipios, pero sin un plan robusto para capacitar y financiar sus contralorías, la transparencia municipal será una quimera. Muchos ayuntamientos ya incumplen con sus obligaciones actuales; ¿cómo esperamos que manejen un sistema más complejo?»
La carga adicional a las contralorías municipales podría generar desigualdades en el acceso a la información entre municipios urbanos (como Guadalajara) y rurales, perpetuando la opacidad en regiones marginadas.
Sin un marco claro, ¿qué garantiza que este modelo no se quede en buenas intenciones?
El ITEI, con sus limitaciones, tenía mecanismos para obligar a las autoridades a transparentar información; el nuevo sistema, en cambio, podría permitir que se eluda la publicación de datos clave, debilitando 20 años de cultura de transparencia en Jalisco.
La iniciativa de Pablo Lemus, aunque bien intencionada, resulta insuficiente al priorizar la armonización federal sobre los avances históricos de Jalisco en transparencia. El estado, que fue referente nacional, corre el riesgo de dar un paso atrás si este modelo no se fortalece con verdadera independencia y participación ciudadana. La transparencia no se decreta; se construye con hechos.
JALISCO
Transparencia en Jalisco: El costo político de extinguir el ITEI

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El 10 de junio de 2025, el Congreso de Jalisco aprobó con 27 votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Hagamos, Futuro, PT y Verde, y 8 en contra de PAN y PRI, la desaparición del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), cuyas funciones fueron transferidas a la Contraloría del Estado.
Esta decisión, que armoniza la legislación local con la reforma constitucional federal de 2024 impulsada por Morena para eliminar organismos autónomos como el INAI, ha desatado un debate crucial: ¿fortalece o debilita la transparencia en Jalisco? La medida, aunque obligada por la federación, revela tensiones políticas, contradicciones ideológicas y un pragmatismo que podría costarle caro al gobierno de Pablo Lemus.
¿Cómo lo va a tomar el elector local? ¿Qué tanto le va a afectar a Movimiento Ciudadano ir con Morena en esta decisión de desaparecer al ITEI? Pablo sacrifica parte de la autonomía regional que demandó en campaña contra el centralismo chilango -así le llamó- para evitar conflicto con la presidenta Claudia Sheinbaum
La reforma federal, respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, extinguió el INAI y reasignó sus tareas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del Ejecutivo.
En Jalisco, el Congreso tuvo hasta el 18 de junio de 2025 para alinear su marco legal, optando por disolver el ITEI y crear un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría. Aunque Lemus no inició esta reforma, su decisión de alinearse con Morena en el Congreso local contrasta con la postura combativa de su antecesor, Enrique Alfaro, quien desafió al gobierno federal en defensa de la autonomía estatal. Este pragmatismo sugiere que Lemus prioriza la gobernabilidad y una relación tersa con Sheinbaum, pero a un costo político que aún está por definirse.
Movimiento Ciudadano enfrenta una contradicción evidente. En el Senado, su coordinador, Clemente Castañeda, defendió con vehemencia la autonomía del INAI durante las discusiones de 2024, calificando su eliminación como un retroceso democrático que socavaría la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.
En el foro “Diálogos Abiertos por la Transparencia” de noviembre de 2024, Castañeda respaldó a expertos que alertaron sobre los riesgos de centralizar funciones en el Ejecutivo, como la pérdida de la Plataforma Nacional de Transparencia y la falta de independencia en la gestión de información pública.
Sin embargo, en Jalisco, los legisladores de MC votaron junto a Morena para extinguir el ITEI, exponiendo una dualidad discursiva que podría confundir a su base electoral, especialmente en un estado donde MC ha construido su identidad en torno a la autonomía regional y la crítica al centralismo.
El ITEI, hay que reconocerlo, no era un bastión de imparcialidad. Durante el sexenio de Alfaro, expertos en transparencia acusaron al organismo de ser cooptado por el Ejecutivo, funcionando más como una extensión del poder estatal que como un contrapeso al servicio de la sociedad. Gabriel Torres Espinoza, académico y analista, cuestiona la utilidad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), describiéndolos como “burocracias politizadas, independientes solo en el papel”. En su opinión, muchos OCA, incluido el ITEI, se convirtieron en espacios para colocar aliados en la nómina o tejer redes de influencia con fines de lucro, desviándose de su propósito original. “Deben ser contrapesos reales, no simulaciones ni monumentos vacíos”, sentencia Torres, reflejando un escepticismo compartido por sectores críticos que ven en la extinción del ITEI una oportunidad para replantear la transparencia, siempre que se garantice su efectividad.
Consciente de las críticas, Lemus propuso un nuevo modelo dentro de la Contraloría, con participación de universidades, sociedad civil y actores independientes, para preservar la transparencia y el acceso a la información. Sin embargo, PAN y PRI han acusado al gobierno de convertirse en “juez y parte” al subordinar estas funciones a un organismo dependiente del Ejecutivo, lo que podría comprometer la imparcialidad.
La alianza de MC con Morena, su rival directo en las elecciones intermedias de 2027, añade una capa de complejidad. En campaña, Lemus prometió resistir el “centralismo chilango”, pero su voto conjunto con Morena podría alienar a votantes que valoran la autonomía regional, especialmente en un contexto donde la polarización política está en aumento.
El impacto electoral de esta decisión es incierto, pero significativo. MC ha dominado Jalisco en los últimos años, pero la percepción de que Lemus cede ante el gobierno federal podría erosionar su capital político, particularmente entre los sectores urbanos y jóvenes que apoyaron su discurso de independencia. Además, la transferencia de funciones a la Contraloría plantea desafíos operativos: ¿tendrá la capacidad técnica y la autonomía necesaria para manejar solicitudes de información y garantizar la protección de datos? La inclusión de la sociedad civil en el nuevo modelo es un intento de mitigar estas dudas, pero su éxito dependerá de la transparencia en su implementación y de la vigilancia ciudadana.
En última instancia, la extinción del ITEI refleja un dilema más amplio: cómo equilibrar la armonización con las reformas federales sin sacrificar los principios de autonomía y transparencia que Jalisco ha defendido. Lemus apuesta por un enfoque pragmático, pero el costo político y social de esta decisión podría manifestarse en las urnas y en la confianza ciudadana, especialmente si el nuevo modelo no logra desterrar las prácticas de control que marcaron al ITEI en el pasado.
JALISCO
Un gobernador de redes sociales: La diplomacia según Lemus y el silencio que delata…

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
Pablo Lemus quiso jugar a la diplomacia. Se colocó su traje de “estadista internacional”, abrió su cuenta de X y decidió pronunciarse —veinticuatro horas después— sobre un conflicto que ni le competía ni le concernía directamente, pero que olía a oportunidad política: una funcionaria menor de Morena, Melissa Cornejo, fue cancelada —en redes y en visa— por el exembajador Christopher Landau, actual vicecanciller estadounidense. Lemus, con más cálculo que convicción, tomó aire, y escribió: “Eso no es Jalisco”.
Pero, ¿qué es Jalisco para Lemus? ¿Es acaso ese estado ejemplar que presume ante los diplomáticos gringos mientras, al mismo tiempo, sufre una de las tasas más alarmantes de desapariciones en el país? ¿Es ese “pueblo hermano” que, según él, mantiene relaciones respetuosas con los Estados Unidos, mientras la impunidad se pasea libremente entre sus aliados políticos, como Enrique Alfaro en Madrid, sin rendir cuentas por los más de 17 mil desaparecidos?
En su intento por desmarcarse de Melissa Cornejo —una joven militante que se inmoló en un tuit rabioso contra el imperio migratorio estadounidense— Lemus no midió que estaba exponiendo su propia desnudez política. Porque es muy cómodo condenar un mensaje soez desde la altura del poder, pero es más difícil responder cuando la diputada Itzul Barrera le devuelve el golpe con los datos que Lemus no publica en sus redes: alcaldes de su partido presos por crimen organizado, crisis hídrica en medio estado, y una Mesa de Seguridad donde el gobernador prefiere scrollear a intervenir.
Lemus no defendió a Jalisco. Se defendió a sí mismo. Se posicionó como el “buen mexicano”, el que sabe hablar inglés, el que presume relaciones internacionales y que, como todo buen político tecnócrata, se sube a los trending topics con frases bien medidas para caerle bien a los de afuera.
Pero en casa, su voz suena hueca. ¿Dónde está el mismo Lemus para condenar las ejecuciones extrajudiciales que policías municipales han protagonizado en su administración? ¿Dónde está para exigir justicia para las madres buscadoras hostigadas o desaparecidas? ¿Dónde estaba cuando Itzul Barrera le respondió con datos y él no supo replicar más que con silencio?
Este es el verdadero problema: Lemus no ve el fondo, solo la forma. Mientras Melissa Cornejo borra sus redes, él limpia su imagen con trapos ajenos. Mientras el vicecanciller Landau pontifica sobre los “glorificadores de la violencia”, el gobernador guarda silencio sobre los desaparecidos del 5 de mayo, los cuerpos embolsados en el río Santiago o los feminicidios en la zona metropolitana.
Y todo, para quedar bien con Washington.
Como decía un viejo columnista —al que esta pluma sigue rindiendo tributo—, “los políticos no son lo que dicen, sino lo que callan”. Y Lemus, al callar frente a los escándalos reales que le competen, pero alzar la voz solo cuando hay reflector extranjero de por medio, se pinta de cuerpo entero: es un gobernador de redes, no de gobierno.
En X @DEPACHECOS
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