OPINIÓN
Entre la salud y la economía: Trump presiona a México para reabrir cadenas productivas
Comuna México, por Benjamín Mora //
La arrogancia del presidente Donald Trump nos exige una reflexión puntual y profunda de sus palabras cuando, en abril pasado, dijera: “no vamos a estar muy felices si se interrumpen las cadenas de proveeduría”, de cara a la próxima –sin saber cuándo- reactivación económica de Estados Unidos en medio del Covid-19, al fijar la postura de su gobierno y los industriales norteamericanos ante sus socios comerciales, en especial ante México y Canadá.
Desde el punto de “vista moral y ético” de Trump, lo que importa es qué quieren y requieren sus industrias y no lo que convenga a la salud de su pueblo e interese a los gobiernos de México y Canadá.
Para Trump, y en parte tiene razón, la negociación ya se hizo y está contenida en el TMEC… las concesiones fueron signadas y el tratado obliga a las partes. Si México, que es quien nos importa, no provee lo que necesitan los industriales norteamericanos, estos lo buscarán y encontrarán en otros países y perderemos competitividad. Hoy, más que nunca antes, quien actúe con prontitud, seguridad, calidad y certeza, será quien sobreviva y gane.
En principio, la postura del gobierno mexicano pareciera la correcta: cuidar de la vida de los trabajadores y trabajadoras de las industrias en las cadenas de producción que inquietan a Trump, así como de sus familias; sin embargo, cómo saber el mejor momento para reactivar a nuestra economía si los criterios de la política de contingencia ante el Covid-19 parecen equivocadas y las cifras que el gobierno federal informa cada día no son del todo ciertas, según reconoce el propio Hugo López-Gatell, sub secretario de Salud. Cómo creer lo que nos dice el vocero del gobierno federal para el Covid-19, si el día en que nos anuncia que se ha aplanado la curva de contagiados es también el día con más defunciones por el coronavirus.
Hasta hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha mostrado que el único camino que reconoce ante el Presidente Donald Trump es el de perder. Hasta hoy, sus derrotas han sido vistas, por él mismo, como triunfos. Hasta hoy, Marcelo Ebrard –negociador mexicano ante el gobierno norteamericano- no ha sabido fijar posturas ni explicado los requisitos y posibles concesiones mexicanas en las negociaciones; Trump ha impuesto su postura y Ebrard la ha satisfecho.
Lo que hoy se juega es de alcances mayores a aquella amenaza de cerrar la frontera norteamericana. Hoy estamos ante la pérdida de mercados para nuestros industriales.
Veo un problema de legitimidad. ¿Podrá Marcelo Ebrard negociar con el gobierno de Trump y los industriales norteamericanos, las condiciones para la reactivación de nuestra economía sin una consulta muy amplia con los industriales mexicanos que proveen las cadenas productivas norteamericanas, cuando la relación de AMLO y los empresarios mexicanos se encuentra en el peor momento en décadas? Creo que ni López Obrador ni Ebrard tienen el poder de negociación a nombre de los empresarios mexicanos.
Nadie, en el gobierno federal, está preparado para negociar la apertura de la industria mexicana, con las debidas precauciones sanitarias, que garanticen la salud y vida de los obreros y obreras; no, cuando la Secretaría de Salud federal ha cambiado, una y otra vez, sus posturas y recomendaciones. De los no a los cubrebocas a los sí, de los abrazos y besos a la sana distancia, y, muy lamentable, a oponerse a las cabinas o túneles de sanitización cuando éstos podrían proteger por todo el día al personal, dependiendo a la sustancia con que se rocíe.
¿Hasta dónde podrían llegar las negociaciones de Ebrard y los industriales mexicanos con sus contrapartes norteamericanas sin que el Presidente se sienta florero y decida romper los acuerdos signados? Imposible de saber.
El gran problema del Presidente López Obrador que su animadversión hacia los industriales y empresarios, es resultado de una ideología cercana al Foro de Sao Paulo y distante del Libre Mercado. El Presidente jamás entenderá lo que le enoja y enferma; el Presidente jamás entenderá que el dinero se gana trabajando. Para negociar a nombre de otro, se requiere conocer qué quiere, qué necesita, cómo desea ser tratado, para hacerle sentir oído y comprendido, apoyado, y López Obrador a veces ni él se entiendo.
El gobierno de López Obrador tuvo a un experto en Economía, pero le renunció. Hoy, en la Secretaría de Economía tiene a un fantasma que espanta cuando aparece y declara, por ignorante de la economía global.
López Obrador seguro se siente frustrado: Nada camina como se imaginó y cada día su ego se enfrenta a la realidad que le cobra facturas. Las mañaneras son de ira, ansiedad y disforia. Es incapaz de gestionar y aceptar la discrepancia entre lo ideal y lo real. Jamás entenderá que su problema no está en sus errores y las oposiciones a sus decisiones, sino en la forma en que afronta la adversidad. Hoy no puede tomar Paseo de la Reforma para exigirse nada a sí mismo ni puede incendiar pozos petroleros; así que culpa al pasado y se identifica con un simple florero.
La gestión de la frustración presidencial debería devenir en una nueva actitud, basada en una ideología más del presente que aquella de los años 60 y 70 que cayó con el Muro de Berlín. López Obrador debe trabajar en su ego y madurar, entendiendo que el daño que ha hecho a México aún es reversible. La reacción mañanera del florero fue primitiva pues no controla su instinto desagradable y ocurrente. Su objetivo de gobierno, debe entenderlo, jamás lo logrará pues la realidad es siempre más terca que la suya y a México le aguardan más años de grandeza que la mediocridad de sus 6 años de gobierno.
Estamos en medio de dos presidentes egocéntricos –Trump y López Obrador- pero uno con gran poder y el otro sumiso ante el primero. El segundo debería aceptar, de forma consciente, que va a perder si actúa solo. Su baja tolerancia a la frustración ante los fifís mexicanos contrasta con la capitulación total y absoluta hacia Trump, un presidente re-fifí. Las cogniciones de López Obrador están distorsionadas, alejadas de la realidad, desmesuradas y extremadamente irreflexivas. Preparémonos a abrir nuestras industrias.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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