OPINIÓN
Inflación galopante sin freno: El huracán económico que se avecina en Estados Unidos
Política Global, por Jorge López Portillo Basave //
Jamie Dimon, presidente y director general de JP Morgan Chase Bank hace 15 días declaró que los inversionistas deberían prepararse para… “un huracán económico que venía en nuestra dirección… debemos prepararnos para el impacto”, remató el señor Dimon, quien es sin duda uno de los banqueros más importantes e influyentes de todo el mundo y tal vez trató de advertir algo que normalmente no advierten los inversionistas.
De inmediato otros vendedores de casas bursátiles y la Casa Blanca desestimaron sus comentarios, pero los números de la economía norteamericana del mes de mayo y sus resultados acumulados de los últimos 12 meses parecen dar la razón al Chairman and CEO de JP Morgan.
Los americanos no están acostumbrados a una inflación galopante y francamente nosotros ya la habíamos olvidado. Los datos económicos de mayo son decepcionantes y no se ve que vayan a mejorar pronto, declaró John Leer, consultor económico en jefe de la revista británica The Economist.
Estos números tan malos refuerzan la idea de que el país más poderoso del mundo se dirige o tal vez ya llegó a una recesión. La deuda de EEUU alcanza 120% de su PIB, lo que no había sucedido desde la segunda guerra mundial en donde alcanzó un 112% del PIB.
Desde hace semanas los mercados bursátiles en NY están bajando y de hecho hilan tantos días a la baja como los que hilaron a finales de los años 30´s, allá cuando inició la llamada Gran Depresión. Es decir que ni en Covid19 hubo tantas sesiones en rojo.
Los norteamericanos padecen el alza galopante en los precios de gasolina, que ya es la más acelerada desde que se mide ese indicador en 1959. La inflación de la canasta básica en EEUU alcanza el 17%. La llamada inflación general alcanza el 8.6%, la más alta desde 1981. Los precios de combustibles, alimentos y energía aumentaron un escandaloso 106% durante los últimos 12 meses.
Biden se está convirtiendo de manera acelerada en la peor catástrofe económica de la era reciente, siendo comparado por sus paisanos con Jimmy Carter. El poder adquisitivo del salario mínimo de EUA perdió un 6% acumulado en los últimos 12 meses.
La idea de Biden de forzar el cambio tecnológico sacando del mercado norteamericano en un corto plazo a las industrias del petróleo, de la gasolina, del gas natural, de la energía nuclear y del carbón para sustituirlas por solares y de viento, puede estar saliendo muy caro.
En su angustia por diferir responsabilidad sobre la crisis que nos afectará a todos los países, el presidente de EEUU culpa al 100% a Putin a pesar de que la inflación acelerada y su guerra contra las energías tradicionales iniciaron desde antes de la invasión a Ucrania. El escándalo económico y el dolor son tan grandes que el indicador de confianza del consumidor indicó su peor resultado desde que se creó, esto es hace 85 años. Al amanecer del viernes pasado la bolsa de valores de NY cayó 500 puntos al darse a conocer los resultados de la inflación, pero después de que se había frenado la caída se conocieron estos datos del índice de confianza y la caída de las acciones en Wall Street se reanudó cayendo otros 400 puntos con lo que sumó un total de 900 puntos en un solo día y una semana en la que se perdió el 4% de su valor.
Pero si Putin es el culpable de la carestía mundial, entonces podría ser más poderoso de lo que se creía y la negociación le sería favorable. ¿Será que hasta Putin saldrá ganando con la política industrial y económica de EUA?
BIDEN VIAJARÁ A ROGAR A LOS ÁRABES
Encuestas de la semana pasada nos indican que el partido en el poder en Washington está francamente preocupado por el posible resultado electoral de las llamadas elecciones intermedias del próximo mes de octubre, en donde se renovará la totalidad de su Cámara de Representantes y una parte importante de su Senado de La República. El Partido Demócrata controla las dos cámaras y el poder ejecutivo de ese país, pero gracias a los resultados de sus políticas económicas al mes de junio el Presidente JB se encuentra muy desprestigiado con una aprobación del 27% en manejo de combustibles, del 28% en manejo de la inflación, del 37% en manejo de migración, del 37% en manejo de la recuperación económica, del 37% en política fiscal, y del 38% en política de seguridad pública.
Los números de junio son tan malos que 8 de cada 10 americanos se dicen muy descontentos con la economía y el rumbo de la misma, el número más alto en la historia desde 1920 en que dicha medición se empezó a tomar. En contraste, a mediados del 2020 en medio del Covid19, 7 de cada 10 americanos se decían optimistas sobre el futuro económico de su país. Para colmo de males y a pesar de los esfuerzos de los demócratas por desacreditar a Trump quien para desacreditarse no necesita ayuda, las encuestas muestran que Joe Biden es hoy menos popular que Trump en su peor momento, allá por la época en la que perdió su reelección.
Las encuestas mensuales nos dan una imagen clara de la evolución de esta popularidad y sin duda alguna podemos asegurar que la misma está íntimamente ligada con las políticas económicas y sus efectos. En febrero del 2021 allá a unos días de su toma de protesta y de los panchos y quejas de Trump, Biden y su partido gozaban de un impresionante 60% de aprobación en comparación de un 38% del mandatario y del partido saliente, pero ya para septiembre octubre del 2021 la inflación empezaba a crecer, el gobierno decía que era temporal y la popularidad de demócratas y republicanos se empataba en 50% y así siguieron las cosas hasta que para el 1 de junio de este 2022, Biden está en donde estaba Trump en el 2021 -35%- y su desaprobación muy cercana al 60%.
Enfrentando una crisis económica técnicamente autogenerada, el Presidente de EEUU anuncia que irá a visitar Arabia Saudita para pedir que aumenten su producción diaria de petróleo, pero el Príncipe heredero de ese país no está muy contento con Joe Biden porque durante la campaña prácticamente dijo que era un asesino lo que no fue muy bien tomado y no se ha olvidado, además Biden ha tratado de restablecer un tratado nuclear con Irán, que es un país enemigo de Arabia y de Israel con quienes Trump hizo los llamados Acuerdos de Abraham pero que Biden no ha querido abrazar del todo.
Está también tratando de negociar venta de petróleo con Irán para ver si con el acuerdo nuclear logra obtener algo de alivio, está tan desesperado que incluso ha pedido petróleo a Venezuela al que decidió no invitar a la llamada Cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles, California, la semana pasada sin la presencia del Presidente López Obrador.
Pero ¿por qué le pega tanto a Biden la crisis económica mundial? Como lo advertimos hace casi dos años, las políticas públicas del actual habitante de la Casa Blanca, sus propias declaraciones y las de su equipo desde la campaña del lejano 2020 y en especial sus decretos de febrero del 2021 a mayo del 2022 han sido encaminados a sacar del negocio a las petroleras de los EEUU.
Trump era un vulgar, imprudente y poco sensible en sus mensajes, pero él y su equipo lograron reformas económicas y de políticas energéticas que fortalecieron el poder adquisitivo de sus paisanos, de su economía en general y hasta de nosotros con las nuevas reglas de contenido regional del T-MEC, en contraste Biden y sus allegados han sido muy eficientes en el manejo de comunicación social nacional e internacional, pero los resultados de sus políticas han sido realmente nefastos y los efectos en nuestro país apenas se están viendo.
Claro que la economía de México debe mejorar, pero por un lado mientras el comercio internacional nos ayuda a tener bienes y servicios generalmente de buena calidad y económicos, cuando el mundo se va al fregadero, pues nosotros nos vamos con él porque a pesar de que la gasolina en nuestro país no ha subido lo que en el resto de los países desarrollados, todos los insumos importados -que son muchísimos- han subido astronómicamente de precio por el aumento de los combustibles, las nuevas regulaciones a la industria de la administración Biden, la Guerra en Ucrania y por supuesto, las restricciones de China a su propia planta productiva.
PESO MAS O MENOS ESTABLE
A pesar del deslis del pasado viernes la moneda mexicana ha estado más o menos estable y hasta fuerte en los años de la presente administración. Si la historia sirve como referente, debemos recordar los años 70´s en donde el Presidente Jimmy Carter sufrió una importante derrota por la crisis económica, principalmente causada por el incremento de los energéticos. Biden es muy cercano a Carter, de hecho durante su campaña y recién electo se le vio reunido con el ex mandatario en varias ocasiones.
Pero para México esto debe ser una advertencia, recordemos que en los años de José López Portillo, México vivió durante 4 años un gran desarrollo económico, tal vez el más importante en porcentaje del PIB de los últimos 50 años, impulsado principalmente por el precio del petróleo y el aumento de nuestra producción, pero a la llegada de Reagan y ante el acuerdo de EEUU con los árabes, el precio se desplomó y fue una severa crisis de los años 80´s. No todo el populismo es malo ni todo el capitalismo es bueno y viceversa.
Actualmente el peso vs dólar está estable por los ingresos petroleros y la medida atinada del actual gobierno de aumentar nuestra producción petrolera y de gasolinas al mismo tiempo de que EUA disminuyó la propia de manera abrupta. Pero la inflación generada por el aumento de todos los insumos importados no se podrá contener fácilmente y cualquier disminución de los precios del petróleo generará de manera inmediata una revaloración del tipo de cambio.
Los especialistas dicen que el petróleo puede llegar a los $160 dólares por barril antes de bajar, ¿será? La irresponsabilidad de los EUA de imprimir dólares a lo loco y devaluar su moneda nos está afectando a todos. Lo hemos venido advirtiendo el ganador de ésta ronda es China.
Hablando de China, el Presidente Xi a finales del 2021 se adelantó a comprar y a pre-contratar cantidades muy importantes de alimentos y de energéticos como si hubiesen sabido el futuro. La verdad es que no se necesitaba saber el futuro, solo leer los informes de la economía que Washington desestimó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
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