OPINIÓN
Interesante entrevista de Eugenio Derbez
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Por ser un representante de la población latina en Estados Unidos, personal del gobierno de ese país contactó al comediante mexicano Eugenio González Derbez, para platicar con el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de la NIH, Collins, en la Unión Americana.
Lo que buscó el gobierno norteamericano era incentivar a la población latina para que se vacunen contra el Covid-19 y ante las dudas que tienen de recibir el medicamento, entre ellos el mismo hijo de la muy reconocida actriz mexicana Silvia Derbez (QEPD).
Ante la expectación que provocó la plática entre el actor y el destacado científico, la periodista Adela Micha, en su programa de radio en El Heraldo, consiguió platicar con Derbez, lo que dejó información interesante y que todavía puede ser consultada en su portal de Facebook del pasado jueves 11 de marzo.
Eugenio dijo que cuando lo contactaron para hacer la reunión con Fauci, se preparó por varios días con médicos, epidemiólogos y otros científicos de diferentes países para estructurar sus preguntas con mayor conocimiento de la pandemia que aqueja al mundo.
Así, por ejemplo, se enteró por el galeno que las poderosas empresas farmacéuticas, participan sin responsabilidad directa en la aplicación de las vacunas que fabrican, ya que los gobiernos que se las compran tienen que responder ante las demandas que se presenten en cualquier etapa por reacciones o problemas entre los ciudadanos.
Derbez precisó que el científico le confirmó que actualmente las vacunas en general solo están autorizadas por las condiciones de emergencia que se han estado viviendo en el mundo y que todavía no están aprobadas.
Por lo menos en México, no se sabía y por lo tanto el Gobierno de la República parece que oculta, como muchas otras cosas, que las poderosas empresas farmacéuticas están súper protegidas contra cualquier responsabilidad civil o penal que pudieran presentarse en su contra.
El comediante dijo que “tenía muchas dudas” y añadió: “Yo soy uno de los latinos escépticos y nada más quiero estar muy bien informado”, por eso participó en la interesante plática con Fauci.
Por lo pronto la vacunación continúa siendo aplicada en Estados Unidos y en México, poco a poco se atiende a la población mayor y del sistema de salud.
Por cierto, ya que hablamos de la aplicación de vacunas en México, a Jalisco parece que ya le están levantando el castigo y el propio gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, pidió la intervención para ser atendida la población en la entidad al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo.
Hay que esperar que la intercesión del funcionario federal ablande el corazón del Presidente AMLO, y en pocos días se apliquen los cientos de miles de vacunas al personal médico y de enfermería en Jalisco, así como a los adultos mayores, para empezar.
¡Y SE SALIÓ CON LA SUYA, HAY QUE VER SI GANA!
Ahora si lo que el viento a Juárez, le hicieron al sobreprotegido Félix Salgado Macedonio, para lograr ser su “protección” por otros seis años como gobernador del estado de Guerrero.
Después de haber “jugado el dedo en la boca” a habitantes de Guerrero y sobre todo de mujeres que por varias semanas solicitaron que no llegara a la candidatura el tan criticado político, principalmente por los señalamientos de cinco mujeres que lo han señalado de haberlas violado.
El tan transparente partido Morena, siempre se ha escudado que al no haber sido sentenciado por esos ilícitos, tuvieron que respetarle sus derechos y dejarlo contender, aunque desde el inicio se notó el poco empeño por investigar y castigarlo, ahora hasta se dice Salgado Macedonio, haber sido víctima de linchamiento, lo que se puede calificar como una desvergüenza del protegido político.
¡POR FIN YA TIENE OTRO CUARTEL LA GN”
Este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidió en el municipio de Tequila, Jalisco, la inauguración del cuartel para el personal de la Guardia Nacional.
En el acto estuvo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, a quien pareciera que le “centraron una bolita de lucimiento” para anunciar que la noche del sábado fue capturado uno de los responsables del asesinato de 11 (once) personas en La Jauja, municipio de Tonalá.
Como casi siempre ocurre y posiblemente para no distraer reflectores al presiente de la república, Alfaro anunció el arresto del sujeto pero sin agregar mayores datos.
Así se demostró una vez más que es mejor ser tranquilo en el gobernar y lograr apoyos para su población, en lugar de tomar actitudes “pendencieras” y que le bloqueen recursos en favor de los millones de quienes habitan Jalisco.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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