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OPINIÓN

La cultura de la rendición de cuentas: Crear figura de la Contraloría Ciudadana del Poder Judicial —

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Por Luis Enrique Villanueva Gómez

Rendir cuentas en términos muy prácticos y rudimentarios se entiede como la acción de informar, dar a conocer a alguien el cumplimiento de una encomienda, de ahí que la acción de rendir cuentas sea consecuencia de una responsabilidad asumida y cuando hablamos de un ente público está claro que al asumir el cargo se adquiere en automático la responsabilidad propia del nombramiento pero también la correspondiente a la rendición de cuentas. No hay cargo ni ente público que no tenga la obligación de informar y justificar su desempeño.

Dar información de cualquier encomienda pública lleva entonces ímplicitamente la intención y conciencia de ser evaludado, de calificar el cumplimiento de las metas, procedimientos o alcances fijados, lo que obliga a que rendir cuentas no sea solo presentar información, sino además explicar o justificar esa información para alcanzar la aprobación del ente evaluador, sea para sancionar con castigo o con un reconocimiento, porque rendir cuentas tiene que que ver con acciones, decisiones u omisiones de los servidores públicos.

Es por ello que la falta de rendición de cuentas en forma transparente, accesible y oportuna, propicia la falta de castigo a una acción indebida, a una decisión ilegal o una omisión perjudicial, dando origen a la impunidad, uno de los peores males de la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Esto es, para recuperar la confianza de la ciudadanía en el servicio público es necesario combatir la impunidad con eficientes mecanismos de rendición de cuentas.

La división de poderes, un principio de las democracias modernas que en nuestro país alcanza rango constitucional, se constituye como el primero de los ejercicios de rendición de cuentas, al establecerse en la máxima norma funciones de contrapeso que además de limitar y garantizar las facultades de cada uno de los poderes, evita el abuso de un poder sobre el otro al prohibir la acumulación dos poderes en una sola persona, en lo que los doctrinistas ubican como la rendición de cuentas horizontal, clasificación en la que se suman los informes mensuales, semestrales y anuales sobre la cuenta pública y de desempeño que todas las instituciones deben presentar ante los organos autónomos creados al efecto.

En el terreno de los hechos, el Poder Judicial de Jalisco no ha tenido un trato de igualdad con el resto de sus pares, los procesos de asignación presupuestal son aprovechados para coartar su autonomía financiera.

Existen, claro está, otros mecanismos de rendición de cuentas que permiten a la sociedad calificar el correcto cumplimiento del objeto de ser de las instituciones, como lo es el acceso público a lás páginas electrónicas y las publicaciones que en cumplimiento a la norma realizan los entes de gobierno, así como el derecho de petición directo a la dependencia, permitiendo el uso de esa información, existiendo a nivel nacional y estatal incluso un organismo que garantiza esos derechos a los ciudadanos.

Sin embargo, en lo que toca a los órganos jurisdiccionales, las páginas web implementadas, lejos de pretender facilitar el acceso a la información propia de las tareas de justicia, dedican la mayor parte de su estructura a fomentar la imagen de los funcionarios al proyectar en grandes y mejores espacios sus fotografías y videos en actos políticos y protocolarios que en nada abonan a la satisfacción de la demanda social por conocer cómo y porqué se imparte justicia en los términos que lo hace el Poder Judicial.

Más aún, la falta de compromiso con la institución y el desconocimiento de la trascendencia de la justicia para el Estado, permite omisiones muy graves en el diseño de las plataformas digitales puesto que no se ha dedicado el tiempo para incorporar en su estructura la información de los asuntos que estan a cargo de las salas, su desarrollo y definición, dedicando más espacios a la información administrativa que ni siquiera se actualiza, como se aprecia al verificar la relativa a los estados financieros del Supremo Tribunal que el último que se pública corresponde al mes de octubre de 2019, esto es, se va a cumplir un año que no se actualiza la información financiera cuando la norma impone que se publique mes a mes para que la sociedad pueda evaluar por ejemplo la pertinencia de una compra realizada, pero si no se tiene noción del monto disponible ¿cómo es que se han decidido las compras en todo un año, como saben si procede o si se podía pagar?

En otro mecanismo útil, es la presentación de informes anuales, en lo que se constituye como el proceso formal y más abierto de rendición de cuentas, es la oportunidad política de informar aunque en la practica, se ha convertido en una ocasión que permite a los titulares presentar cifras y dar una versión sesgada de la realidad, sin contrapeso alguno.

En ese sentido, el Poder Judicial de Jalisco acusa una clara falta de justificación y contexto, dado que como se dijo antes, el proceso de rendición de cuentas consiste en informar de lo realizado; explicar y justificar ese resultado para que pueda ser evaluado por los organos especializados y por la sociedad en general, antes de tomar decisiones.

Sin embargo, de nada sirve, como lo hace el Poder Judicial en su informe, presentar números y cifras al por mayor sin una razón que los justifique, sin un punto de comparación o parámetro que explique si esos números son muchos o pocos, sin precisar si son buenos o malos según su vinculación con el cumplimiento de las metas e indicadores de un programa operativo anual, de tal manera que en esos términos no es factible su evaluación o calificación y menos aún con base en ellos tomar decisiones.

Es así que puede afirmarse entonces que la rendicion de cuentas tradicional presta espacio a la simulación que facilita actos de corrupción y en consecuencia de impunidad; que la falta de ejercicios continuos de mejora en la publicación de información especifica jurisdiccional y de revisión preventiva del ejercicio del gasto público así como la falta de concientización de los ciudadanos a la rendicion de cuentas.

Luego, partiendo del supuesto de que el ejercicio de la rendicion de cuentas se alimenta directamente de la confianza ciudadana y al encontrarse en la práctica falta de interés por parte del servidor o servidora para rendir cuentas y también falta de interés del gobernado para recibirlas, se configura el círculo vicioso que propicia la toma arbitraria de decisiones por parte del gobernante.

Esta incorrecta interpretación de las normas de transparencia y rendicion de cuentas, la falta de actualización de las plataformas digitales con información oportuna y la falta de buenas prácticas de rendición de cuentas genera una gran desconfianza social que debe ser revertida de inmediato, porque para el Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) que se propone, la rendición de cuentas implica un cambio cultural en el funcionariado judicial, que por su trascendencia debe ser gradual pero contundente con un rumbo y ritmo perfectamente diseñados, lo que nos lleva a consensar a la brevedad las políticas públicas necesarias para facilitar el acceso a las sentencias judiciales y todo lo que a su alrededor implica, tanto contenidos como procesos bajo los principios de máxima publicidad, accesibilidad, oportunidad e integralidad.

La cultura de la rendición de cuentas con trasparencia, oportunidad e integralidad, debe ser considerada como un eje transversal que por tanto requiere su abordaje desde varios ángulos.

Es importante en primer lugar dotar al Estado de Jalisco de un adecuado marco normativo que no solo armonice las leyes estatales con las más recientes reformas constitucionales y a las leyes federales, que se vincule adecuadamente con los convencionalismos y los innumerables criterios jurisprudenciales, sino que también permita al Poder Judicial una clara y contundente independencia y respeto a sus decisiones como es obligación del Estado, para que entonces pueda ser un auténtico contrapeso en la revisión del desempeño propio y de los otros poderes.

Se requiere una profunda revisión y una adecuada modificación de las estructuras administrativas del Poder Judicial para darles orden y eficiencia a fin que identifiquen la trascendencia de la función jurisdiccional y adquieran el compromiso con las instituciones judiciales para facilitarles las herramientas, registro, control y manejo de la información propia de su desempeño para su publicación y actualización, permanente y oportuna.

Es necesario contar con una autentica plataforma informática que, aún mejor que en los tribunales federales, permita no solo consultar en tiempo real el proceso de resolución de cada uno de los asuntos de su conocimiento, sino también evaluar el cumplimiento a tiempo de las responsabilidades que le corresponden a cada una de las diversas aéreas que participan en el tránsito de un expediente o toca, lo que limitaría en automático las posibilidades de tardanza, omisiones o conductas irregulares.

LA FIGURA DEL CONTRALOR CIUDADANO

Hace falta crear la figura de la Contraloría Ciudadana del Poder Judicial, para que los gobernados participen no solo en la denuncia de posibles casos de corrupción, sino que también formen parte de la substanciación del procedimiento administrativo, además dotarla de una diversa plataforma digital que igual lleve el seguimiento de las quejas presentadas en contra de los servidores públicos judiciales etapa por etapa hasta su correspondiente sanción exculpatoria, en su caso o hasta la completa ejecución cuando se impongan condenas sean administrativas, penales o políticas.

Es urgente que la ciudadanía sea convocada a la conformación de un legítimo plan general del crecimiento y desarrollo del Poder Judicial a corto, mediano y largo plazo, que incorpore los programas de acción con sus tiempos, objetivos, indicadores y metas, para que sus formatos y estructuras al ser de acceso público sean también evaluados a cada momento con la posibilidad de interactuar con el ciudadano para sus sugerencias, comentarios y en su momento acciones de corrección y mejora, pero además para que la sociedad organizada pueda tener una referencia precisa a la hora de confrontar lo publicado con el contenido de los informes de labores y así facilitarle la toma de decisiones.

En resumen, resulta necesario poner al ciudadano en el centro de las acciones y de las decisiones judiciales, especialmente cuando de rendir cuentas se trata, esa es una las columnas centrales del Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx ) que ha venido siendo enriquecido y fortalecido por prácticamente todos los sectores productivos, académicos y sociales del Estado y sus municipios y que dada su conformación autosustentable continúa abierto a la participación responsable de todos los jaliscienses.

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OPINIÓN

La decisión de Alfaro en el IPEJAL

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Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Un dilema como Gobernador de Jalisco enfrenta Enrique Alfaro, que es tener que tomar decisiones sobre el presente y futuro del Instituto de Pensiones del Estado, del que dependen 150 mil familias jaliscienses y que tiene un impacto en cerca de medio millón de personas, considerando los familiares de los pensionados, jubilados y trabajadores en activo.

El tema tiene que ver con el trabajo que viene realizando la actual directiva del instituto, encabezada por su Director General Iván Argüelles al que a juzgar por la situación que viven los 38 mil pensionados en materia de servicios médicos deficientes y desabasto de medicinas.

Todo parece indicar que existe un desorden administrativo que puede generar una crisis en Pensiones del Estado a corto plazo si no se toman las medidas que la situación exige, toda vez que su actual director general parece que no puede con la operación de este organismo.

AQUEL COMPROMISO DE ALFARO

En la edición de hoy de nuestro semanario se recuerda aquel compromiso que asumió el Gobernador Enrique Alfaro el 27 de julio del 2019 de que arreglaría Pensiones para que funcione bien. El Gobernador así lo dijo: “Por primera vez, vamos a lograr que lo que está sucediendo en Pensiones y lo que va a suceder, va a ser un asunto que vamos a platicar de frente con los trabajadores, no se van a tomar las decisiones nada más en un pequeño comité a espaldas de quienes aportan con su trabajo”.

Y fue ese día en el que el Gobernador Alfaro anunció la creación del Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas del IPEJAL, mismo que oficialmente se integraría el 21 de octubre de 2019, o sea ha transcurrido poco más de un año de su instalación y que tendría como función la transparencia y rendición de cuentas a los trabajadores, conforme así lo determinó el propio Alfaro.

Este Comité de Vigilancia está integrado por los representantes de cuatro federaciones, la asociación de pensionados y jubilados, al igual que una representación del Gobierno.

Se dijo que el Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas tendría acceso a toda la información, que ya no se ocultaría para que los trabajadores tengan las puertas abiertas y las cuentas abiertas de ese fondo de decenas de miles de millones de pesos que es de los trabajadores.

La dirigente de la Federación Democrática de los Trabajadores de Jalisco, Martha Elia Naranjo sería la primer presidenta del Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas al ser electa por un periodo de tres años. Ha pasado un año y la frustración se apodera de este Comité cuando aquel compromiso del Gobernador Alfaro de transparentar la información de IPEJAL no se ha hecho realidad, ya que los diversos representantes de Comisiones de este Comité lo que han encontrado son candados que les impiden tener acceso a esta información.

La información que fueron solicitando a las diversas direcciones y departamentos de IPEJAL se las han dado a cuenta gotas, incompleta y escueta, conforme lo denuncia Matha Elia Naranjo en entrevista que se publica en esta edición de Conciencia. “Cuando nosotros tomamos esta responsabilidad por sentido común lo que quisimos hacer es saber dónde estábamos parados, poder tener un diagnóstico un poco más claro y más certero”.

El asunto es que la gente de Ivan Argüelles no soltó prenda, como si se tratara información de seguridad nacional, en tanto los problemas de la dependencia en vez de resolverse tienden a agudizarse, como sucede con el tema del abastecimiento de medicamentos, que a más de 20 meses de estar al frente del instituto no lo han podido resolver y la culpa se la están dirigiendo al Comité de Adquisiciones, integrado por representantes de los organismos privados que se convierten en juez y parte, lo cual si se quiere combatir la corrupción de fondo habría que sacar a los empresarios de estos comités de compra, quienes tienen la oportunidad y condiciones para servirse.

LA PREOCUPACIÓN DEL GOBERNADOR

La presidenta del Comité de Vigilancia aunque se resiste a señalarlo expresamente, señala entre líneas que la mala administración que enfrenta Ipejal es por falta de voluntad de su Director General y tal vez también de capacidad ya que le falta preparación, además de carecer de sensibilidad.

El tema ha llegado al Gobernador Alfaro, quien seguramente está preocupado por lo que está pasando en el IPEJAL y ha dejado en manos del Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, revisar el problema que se vive con Iván Argüelles y que no sorprenda que el Ejecutivo tenga que hacer movimientos para evitar que Pensiones del Estado se convierta en un problema financiero de mayor proporción, derivado del error de haber puesto al frente de Pensiones a un político en lugar de un financiero administrador.

Creo que el Gobernador Alfaro no valoró en su momento la importancia de IPEJAL, ni lo complejo que es administrar un organismo de esta magnitud que ofrece servicios a 150 mil personas con sus familias. Las decisiones que tome tendrán que ser rápidas antes de que la máquina se desviele y le reviente a él dicho problema, porque finalmente los perfiles él los palomea.

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OPINIÓN

El rediseño del botón de emergencia

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Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //

Pareciera que el Gobierno de la Refundación de Jalisco se dedica a las mesas de reetiquetado de estrategias de comunicación disfrazadas de políticas de seguridad, económicas, a todas máquinas, o de salud. Sus políticas públicas son envases de la vacuidad, es decir comunicación a secas.

Así siento que sucede con el famoso botón de pánico cuyos indicadores cambian de manera sorpresiva y cuyas consecuencias no acabamos de conocer del todo.

El botón de pánico no es muy diferente, si lo pensamos, a La Trompeta del Juicio Final. A lo mejor se abre la tierra, a lo mejor el gobernador sale de Casa Jalisco para juzgar a contagiados y no contagiados y sentarse a la derecha de Krauze en una refundación que no tendrá fin, o tal vez sólo haya que poner una calca afuera de los negocios o un tapete. Lo importante es no hablar de lo que ya hartó y no funcionó.

Qué pena que el doctor Narro no haya salido a explicar nada salvo que el que explica todos los días lo hace soberanamente mal, me parece rarísimo que se anuncien grandes personajes y que desaparezcan porque no fueron rentables.

Ahora necesitamos refritear el botón porque ya no hay que hablar de pruebas y más pruebas. Para evitar preguntas lo mejor es aventar una novedad sobre la otra, un botón de temporada. Un botón totalmente palacio. Un botón de buen fin.

¿Para qué hacer un balance comparativo para saber si efectivamente el tema de las pruebas está funcionando? ¿Qué sabemos que no sabe la federación porque hicimos más pruebas? ¿Qué está mejor? ¿Cómo medimos eso? ¿Hay más o menos contagios en la Zona Chapultepec donde se instauró la medida epidemiológica vanguardista de clausurar camellones y permitir la apertura de cervecerías disfrazadas de restaurante?

Eso es justo lo que pasa cuando hay una estrategia de comunicación imperando en un problema de salud: “Miren estamos clausurando”.

Por eso hay muchas cosas que no me hacen sentido en este asunto de los nuevos parámetros del botón que incluyen deslinde y reparto de culpas según se lee en un documento con sellos oficiales intitulado “Rediseño del Botón de Emergencia” que circuló ayer entre dueños de negocios y que habla de la inminente aplicación de algo, pero no de lo que se dijo al principio, sino de una versión descafeinada de la amenaza original que no será un toque de queda sino cierres parciales durante ciertos horarios.

Esto además, no es cosa del gobierno, de hecho le duele más al gobierno que a los ciudadanos y estamos aquí porque en este periodo que duraría tan sólo cinco días y se prolongó un poco más de lo presupuestado, hubo irresponsables que no hicieron caso. Pero ¿No hicieron caso a qué?

Yo me pregunto si la desobediencia se dio durante la etapa de responsabilidad personal en la que el Gobernador de Jalisco señaló que al gobierno le tocaba aumentar la capacidad hospitalaria y que cada quién se hiciera bolas como pudiera o si fue durante la fase cero que nunca acabamos de entender o cuando había que salir al balcón a cantar Ay Jalisco no te rajes o si fue la semana pasada en la que sepa el cielo en qué etapa andábamos. Pero claramente eso es lo de menos. Lo que importa, muchachos, es que nos hicimos bolas de manera irresponsable y por eso tal vez van a apretar un botón de consecuencias variables que se basa en parámetros cambiantes.

En la página dos del documento se lee que “La información analizada demuestra que la transmisión sigue activa por dinámicas al interior de las casas y en las relaciones sociales de primer círculo (familiares y amistades) donde se relajan las medidas preventivas (uso de cubrebocas, distancia social e higiene de manos).

Es decir el problema ocurre en casa y no en lo público, es decir lo primero que decidieron desahogar en el documento, antes que un solo dato técnico corroborable, o una estadística mínima fue desmarcarse y señalar que el problema no es la calle sino la casa por lo que hay que limitar la actividad en la calle.

Yo sigo creyendo que si se trata de ocurrencias, sería más emocionante hacer una botómbola donde se cierren negocios, zonas y municipios de manera aleatoria, algo como un bingo en el que participen los alcaldes y ganen el derecho a seguir abiertos, algo que funcione en la televisión como un programa de concursos porque la neta sus políticas económicas de salud hasta como estrategias de comunicación están llenas de deficiencias y habría que refundarlas, lo digo con todo respeto.

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Incertidumbre continúa en Escuelas de Tiempo Completo

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

El próximo martes 27 de octubre de 2020, está citada la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para la duodécima reunión ordinaria, en la que, entre los puntos del orden del día, está el número 9, para dar lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la federación par el ejercicio fiscal 2021. En el que seguramente se habrán de hacer los ajustes previamente acordados por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la misma Cámara.

Un día antes, este lunes a las 10:00 horas, la Alianza Federalista de los 10 Estados que salieron de la CONAGO habrán de fijar una postura con relación al Presupuesto 2021, lo que parece suponer que en la JUCOPO poco se pudo avanzar en negociaciones, posiblemente el proyecto de dictamen saldrá casi en los mismo términos en los que ingresó como iniciativa en el paquete fiscal.

Uno de los grandes damnificados ha sido el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), al que en este importante medio le he dado puntual seguimiento. En comparecencia el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, ante los senadores dijo que las Escuelas de Tiempo Completo no se eliminarían, sin embargo, entre su discurso y la decisión que se tomó por la mayoría en la Cámara de Diputados, existen preocupaciones de gran dimensión sobre el futuro de estas escuelas.

El secretario Moctezuma dijo que se asignarían los más de 5 mil millones de pesos que en el proyecto se asignaron de más al Programa la Escuela es Nuestra, mismos que en el presupuesto de este año 2020 correspondían a las Escuelas de Tiempo Completo. Sin embargo, ese presupuesto es insuficiente, es el mismo presupuesto que en este año tiene en serios problemas al programa, pues las escuelas en todo el país tuvieron que suspender al inicio de este nuevo ciclo en agosto y hasta diciembre por la falta de presupuesto para dicho periodo.

Es decir, que si se aprueba el mismo presupuesto para éste ciclo nuevamente se correrá el riesgo de tener déficit para cerrar el caño 2021. A menos que el Gobierno Federal esté pensando en que no se regresaría a clases presenciales hasta el próximo ciclo escolar 2021-2022.

Por otro lado, en entrevista el Secretario de Educación Pública dijo que el programa cambiaría sus reglas de operación y ahora pasaría al Programa La Escuela es Nuestra, sin embargo, este programa fue diseñado para el mantenimiento y rehabilitación de planteles escolares, el programa en su primer año benefició a un poco más de 51 mil escuelas, de 198,348 existentes en educación básica, es decir que por año alcanzan a beneficiar un 25%, esto le tomaría al Gobierno 4 años para poder llegar al 100% de las escuelas públicas. Por tanto, se tendría que cambiar los objetivos y las reglas de operación del Programa La Escuela Es Nuestra, para que se permita, del presupuesto, el subsidio para el servicio de alimentación y el pago de personal, pero además el recurso llegaría cada 5 años a un mismo plantel o se tendrían que considerar la entrega cada año de recursos a las mas de 27 mil escuelas de tiempo Completo.

Algo en lo dicho por el titular de la SEP sigue generando gran incertidumbre sobre el futuro de las Escuelas de Tiempo Completo, pero un inicio lo conoceremos la próxima semana.

Twitter: @FlavioMendozaNA

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