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OPINIÓN

La necesidad de partidos útiles: Los partidos en desventaja

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A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

A mi abuelo Juan Alfredo Camacho Arroyo que emprendió su camino a la eternidad el pasado jueves 26 de agosto. 

“El amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo”.

VIKTOR FRANKL.

No importa si son locales y de reciente creación, o si forman parte de la vieja escuela política: los partidos políticos, cuando se trata del escrutinio público, la realidad es que siempre llevan la de perder. 

Esta percepción negativa alrededor de ellos se la podemos atribuir a muchos factores como son la falta de capacidad para solucionar problemas sociales cuando tienen la posibilidad de encabezar gobiernos o proyectos políticos, los múltiples escándalos de corrupción que involucran a sus militantes, y también, las enormes cifras de dinero que reciben año tras año para poder continuar con sus funciones. 

Sea como sea, los partidos políticos en México enfrentan muchos problemas, primero: cada vez son más; segundo: cada vez son más costosos; tercero: la ciudadanía se pregunta con más frecuencia qué tan necesarios son; y cuarto: el hartazgo de la ciudadanía hacia ellos es cada vez más grande. 

Los partidos están siempre en el ojo del huracán y la controversia alrededor de ellos ha desencadenado una serie de conflictos bastante peculiares. Por un lado, los desertores de algunos partidos creen que la coyuntura es perfecta para crear nuevos partidos – cuándo la ciudadanía lo que menos quiere son más- mientras que por el otro lado, quienes gobiernan, emprenden batallas mediáticas en su contra con la finalidad de poder presentar a la ciudadanía una narrativa de lucha contra la corrupción y el despilfarro, como si esto, solo se diera a través de los partidos. 

Ciertamente a los mexicanos nos sobran razones para tener una pésima opinión de los partidos, incluso, quienes militamos en alguno, buscamos constantemente criticar algunas prácticas y proponer rutas para mejorar. 

Pero como en todo, esta situación tiene dos lados, y la realidad, es que nos guste o no nos guste, los partido políticos son fundamentales cuando hablamos de estabilidad y fortaleza del sistema democrático. 

¿Por qué? Bueno, porque los partidos también tienen en sus manos, la responsabilidad de formar, preparar y guiar ideológicamente a todas aquellas personas que no solo aspiran a un cargo de elección popular, sino también a quienes aspiran a cambiar la vida pública de su estado y/o país a través de cualquier espacio público. 

Las instituciones políticas son de interés público, y seamos o no militantes de alguna, debemos siempre mantenernos críticos de su actuar, ya que al final del día, somos nosotros quienes financiamos sus actividades y por ello, debemos buscar siempre la manera de que nuestro sistema cuente con partidos útiles.

En ese sentido, cuando la opinión pública y los principales actores políticos de nuestro estado o de nuestro país en general, ponen sobre la mesa de discusión los temas referentes al financiamiento de los partidos, nosotros como ciudadanos debemos de ser partícipes de esas actividades y debemos también, explotar las herramientas de transparencia a nuestro alcance para así convertirnos en los primeros fiscalizadores de estas instituciones. 

No obstante, cuando este tipo de temas se ponen sobre la mesa, también debemos ser muy cuidadosos, ya que el desprestigio con el que naturalmente tienen que cargar los partidos se ha convertido en el pretexto perfecto para algunos políticos para lucrar discursivamente con castigos financieros para los partidos, y esto se vuelve un problema porque si algo hemos aprendido los mexicanos es que cuando se discuten temas de esta naturaleza buscando ganar simpatías o queriendo aparentar que son “diferentes”, los resultados tienden a dejarnos en una situación peor que en la que estábamos anteriormente. 

Las últimas semanas, los partidos políticos, al menos en Jalisco se han visto envueltos en controversia una vez más, toda vez que las primeras semanas de agosto, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco aprobó una bolsa de aproximadamente 490 millones de pesos a partidos políticos en un año no electoral, al mismo tiempo, uno de los detalles impactantes de esta noticia fue que a primera instancia, se contemplaba que los partidos más beneficiados de este recurso, serían los partidos locales de reciente creación. 

Evidentemente, esta situación no tardó absolutamente nada en ser aprovechada por algunos actores políticos quienes no solo han criticado la famosa iniciativa “Sin voto no hay dinero”, sino que también han planteado una serie de reformas para reducir el financiamiento a partidos políticos para atender temas sociales, económicos y presupuestales. 

Sin embargo, la importancia que tienen los partidos políticos dentro de nuestro sistema político nos obligan a que en esta ocasión, el debate presupuestal para financiar sus actividades, sea arrancado de las manos de aquellos radicales que en busca de ganar una buena percepción ciudadana, buscan a toda costa asfixiar financieramente a los partidos políticos sin considerar lo que esto puede implicar. 

De la misma manera, la situación crítica que enfrentan tanto narrativa, como formativa e ideológicamente algunas instituciones, nos obligan a replantear este importante debate financiero, de tal manera que la primera pregunta que se debe de plantear es ¿cómo se puede ayudar y obligar, a través del financiamiento a los partidos políticos a mejorar sus programas de formación y capacitación política? 

La pregunta anterior, aunque parezca simple, debe ser tomada en cuenta muy seriamente ya que al ser los partidos políticos, instituciones de interés público, que además, son financiadas con dinero público, contar con programas de formación y capacitación política eficientes, debería ser prioritario. 

Ciertamente en México no debemos olvidar que es un compromiso trabajar por romper con todos los esquemas que fomentan los excesos y los derroches, pero también, fortalecer nuestra democracia y disminuir la interferencia que puede tener en ella los poderes fácticos, es otra lucha que no debemos echar en saco roto y por eso debemos entender que probablemente uno de los mecanismos más eficientes para garantizar lo anterior, sea a través de un financiamiento público equitativo. 

Ahora, probablemente nos estamos adelantando un poco, ya que será hasta el mes de diciembre cuando el IEPC definirá la distribución de este presupuesto entre los partidos, por lo que las cantidades aprobadas en días anteriores no representan realmente los montos que recibirían. 

Aun así, tomando en cuenta que el Gobernador anunció una mesa de trabajo con dirigentes de partidos políticos, autoridades electorales, el Poder Legislativo y el  Gobierno del Estado, no es descabellado adelantarse un poco a los debates y comenzar a pensar en mecanismos que garanticen que el recurso asignado a cada institución, sea aprovechado de tal forma que se le pueda sacar a este el máximo provecho, obviamente en beneficio de la ciudadanía. 

No podemos perder de vista que un buen esquema de fiscalización y una serie de compromisos vinculantes puedan ser una gran oportunidad para transformar la realidad de algunos partidos. 

Partidos Políticos, Sociedad Civil Organizada, Instituciones Electorales y Gobierno del Estado, todos son parte del trabajo de la construcción de una mejor sociedad, por ende, todos deben coadyuvar y sumar esfuerzos dejando de lado no solo las fobias, sino también la frívola necesidad de protagonismo y superioridad moral con la que abordan ciertos temas. 

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NACIONALES

Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.

Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.

Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?

El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.

Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.

La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.

Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.

Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.

Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.

A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.

La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.

En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.

Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.

 

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JALISCO

Uribe y su circunstancia

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.

En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.

Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.

Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.

En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.

Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.

Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:

  • Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.

  • Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.

  • Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.

Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.

Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.

Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.

Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.

Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

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JALISCO

El agua sucia del poder: Megacortes, tarifas infladas y la red clientelar del SIAPA

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En Jalisco, el agua no solo escasea: se pudre. Apesta a burocracia, a negocios entre compadres, a ineptitud maquillada de eficiencia y a un modelo de saqueo que, bajo el nombre del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ha convertido “el vital líquido” en un bien de lujo, controlado por burócratas de alto sueldo y baja moral.

Apenas 72 horas tras el Congreso, dominado por MC, Verde, PAN y HAGAMOS, aprobar un 9.65% de alza al agua para 2025, SIAPA anunció un megacorte de cuatro días a 113 colonias por reparaciones. Con cortes, fugas y baja presión en zonas pobres, el servicio flaquea.

Entre las afectadas están comunidades de Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque: nombres que, para los operadores del SIAPA, parecen no existir más que como renglones en una lista de cobros. Porque eso sí: la factura llega puntual, aunque el agua no.

TARIFAZO CON PREMIO DE IMPUNIDAD

Con 21 votos a favor y 16 en contra, el Congreso del Estado avaló el tarifazo. Aumentaron las tarifas y, de paso, aprobaron que las siguientes subidas se actualicen automáticamente conforme al índice inflacionario. Como si el ciudadano de a pie tuviera una inflación personal controlada, o un ingreso garantizado. El pretexto fue la “viabilidad financiera” del organismo, aunque el mismo SIAPA admitió que el alza no resolverá la crisis del servicio.

Eso no impidió, claro, que el gobernador Pablo Lemus les diera un espaldarazo: “Se acabaron los pretextos, ahora deben mejorar el servicio”. Palabras que, como muchas en Casa Jalisco, no se traducen en acciones.

El organismo tiene, sin embargo, otros mecanismos de supervivencia. No importa si baja la eficiencia (de 81.9% de reportes atendidos en 2023 a 78% en 2024), si disminuye el volumen de agua distribuido o si los reportes ciudadanos crecen. El SIAPA no colapsa. Se alimenta, eso sí, de la paciencia del contribuyente y de las arcas públicas, blindado por una red de intereses que lo mantiene a flote como una balsa mal armada en un mar de negligencia.

PIPAS GRATIS, ASESORES CAROS

A la par del anuncio del megacorte, el SIAPA ofreció pipas gratuitas. Un gesto que parecería generoso si no fuera un parche a un sistema crónicamente averiado. Y mientras familias almacenan agua en cubetas, el organismo desembolsa más de 73 mil pesos mensuales a una exconductora de televisión, sin formación técnica, convertida en asesora de dirección.

Elizabeth Margarita Castro Cárdenas —Según el periódico NTR, con un historial ligado a un fraude financiero, nexos con narcotraficantes y una carrera más cercana al espectáculo que al agua potable— fue nombrada asesora técnica del SIAPA. Su presencia en la nómina, denunciada por trabajadores del organismo, es sólo una muestra más de cómo el SIAPA sirve a fines políticos antes que ciudadanos. Ahí están los sueldos, los estímulos, las asesorías infladas, y los contactos bien ubicados.

En lugar de eficiencia, el organismo se volvió una caja chica para repartir favores. Y si no lo creen, revisen el historial: la misma Castro Cárdenas fue antes funcionaria en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, con un sueldo prácticamente idéntico. La política jalisciense no bota a sus leales: los recicla.

LA RESISTENCIA CIUDADANA Y LOS GRITOS QUE NO SE OYEN

No todo el Congreso se rindió. La diputada Itzul Barrera, de Morena, denunció no sólo la falta de transparencia en el uso de los mil millones de pesos adicionales que se recaudarán por el aumento, sino el hecho inaudito de que el director del SIAPA admitiera que el alza no servirá para mejorar el servicio. Vaya sinceridad.

Denunció, también, que la sesión para aprobar el alza fue convocada con apenas una hora de anticipación y que los diputados debieron revisar más de 136 páginas de dictamen al vapor, lo que impidió una discusión real. Eso no impidió el voto mayoritario. El SIAPA es, hoy, un monstruo que factura más de 5 mil millones de pesos al año, que contrata asesores sin perfil, y que cada vez da menos agua.

Las más de 15 iniciativas presentadas para su reforma duermen en el congelador legislativo. Y así, los “diálogos” se dan en lo oscurito, entre cenas discretas y acuerdos inconfesables.

MUNICIPIOS DIVIDIDOS Y CIUDADANÍA HARTA

Guadalajara y Zapopan justifican con tibieza el alza tarifaria prometiendo eficiencia, mientras Tlaquepaque y Tonalá alertan. Laura Imelda Pérez, alcaldesa de Tlaquepaque, impulsa condonar cobros a quienes carecen de agua buena, destacando 80 millones gastados por el Ayuntamiento en tareas del SIAPA.

El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, fue todavía más contundente: “Es un SIAPA saqueado”, dijo. Denunció contrataciones sin perfil, falta de inversión y abandono institucional. Que lo diga alguien que ha conocido tanto del sistema sólo hace más grave la declaración.

La propuesta de Tlaquepaque de condonar pagos a quienes no reciben servicio no es una ocurrencia: es una exigencia mínima. El recibo llega, aunque no haya agua. La injusticia también.

En simulaciones, el agua es metáfora: transparente pero invisible, vital pero ausente, promesa electoral sin gestión. El SIAPA, manejado como botín político, encarna un gobierno enquistado en Jalisco, castigando a ciudadanos, premiando leales, exhibiendo cifras millonarias mientras ignoran expertos.

Y así, entre tarifazos, pipas y asesores musicales, el agua en Jalisco se ha vuelto tan sucia como el sistema que la administra.

Porque, como decía un viejo maestro del periodismo: “lo que daña al país no es la política, sino los políticos que no saben servirla”.

En X @DEPACHECOS

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Tendencias

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