OPINIÓN
La nueva transparencia municipal

Opinión, por Salvador Romero Espinosa //
Mucho se ha dicho y especulado sobre las consecuencias que tendrá la extinción del INAI y de los institutos de transparencia locales, así como sobre las adecuaciones que deberán realizarse en las leyes secundarias y, posteriormente, en las leyes estatales, para redistribuir las decenas de funciones de dichos institutos entre las autoridades y demás sujetos obligados, existiendo muchas inquietudes al respecto.
En primer lugar, vale la pena señalar que no hay duda que deberán ser las contralorías de cada autoridad estatal y municipal a quienes les corresponderá absorber dichas funciones, toda vez que, en los términos que clara y expresamente mandata el artículo 116 fracción VIII de la Constitución Federal, cualquier otra alternativa sería inconstitucional, pues por muy anti-federalista y regresiva que haya sido la reforma, así se dispuso en un precepto cuya literalidad no admite interpretación al respecto.
Por otro lado, muy poco se ha hablado sobre las adecuaciones que también serán necesarias en los reglamentos de todos los municipios del país, por lo que es evidente que las leyes estatales deberán de prever – necesariamente- periodos de transitoriedad suficientes para que los ayuntamientos de cada entidad federativa tengan a su vez oportunidad de prepararse -reglamentaria y presupuestalmente- para afrontar sus nuevas obligaciones y empezar a resolver los recursos, lo cual sería imposible al día siguiente de la entrada en vigor de las nuevas leyes estatales, por lo que es evidente que los institutos locales deberían de seguir funcionando por algún tiempo, más allá del 21 de junio.
Esto es muy importante de considerar, dado que los ayuntamientos son los gobiernos más próximos a las personas y las familias y, además, abarcan a la mayoría de los sujetos obligados en materia de transparencia del país, sin que la reforma constitucional haya previsto ningún tipo de apoyo presupuestal para que puedan absorber todas las funciones que actualmente realizan los institutos estatales de transparencia.
En otras palabras, la reforma dejó a los municipios abandonados presupuestalmente para su costosa implementación, pero también los dejó libres de cualquier tipo de supervisión administrativa externa a nivel estatal, respecto de la debida tutela y protección de estos derechos fundamentales, ya que cualquier autoridad del Ejecutivo que pretendiera supervisarlos violentaría -también- la autonomía municipal prevista en el 115 constitucional.
Por consecuencia, es constitucionalmente inevitable que cada ayuntamiento del país deba de contar en sus contralorías con un área especializada en la resolución de impugnaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, así como en la supervisión de sus portales de transparencia; con el enorme problema de que las contralorías de la gran mayoría de los municipios rara vez suelen contar con más de dos personas laborando en ellas.
Vale la pena recordar que más del 90% de los municipios en México tienen menos de 70,000 habitantes y, por esa razón, en la Ley General de Transparencia del año 2015 se estableció que los institutos de transparencia locales coadyuvarían con dichos municipios para facilitarles la tutela de estos dos derechos, sin embargo, en esta nueva configuración constitucional todos los municipios del país han quedado completamente abandonados a su suerte.
Esto tendrá como resultado, necesariamente, implicaciones negativas para todas las partes involucradas en el ejercicio y tutela de estos derechos, empezando, desde luego, por las personas que busquen ejercerlos; siguiendo por las contralorías que tendrán que absorber todas las funciones de los institutos de transparencia; y, por supuesto, para las personas titulares de los sujetos obligados (presidentas y presidentes municipales, entre ellas) que se verán inmersas en el nuevo diseño constitucional del que difícilmente saldrán bien librados jurídica y políticamente.
Aunque es cierta la crítica de que las autoridades se volverán “juez y parte” en la resolución de las inconformidades ciudadanas (particularmente cuando se niegue entregar información en posesión de las contralorías), no menos cierto es que si las autoridades toman a la ligera esta responsabilidad y confirman clasificaciones ilegales de manera automática; ello les conllevará requerimientos de autoridades judiciales, con consecuencias más graves de las que actualmente prevén las leyes de transparencia locales, sin descartar la posibilidad de que las personas solicitantes incluso decidan omitir el recurso de revisión y acudan directamente al juicio de amparo.
Cabe recordar que el incumplimiento de las ejecutorias de amparo (artículo 198) puede acarrear la separación del cargo y la puesta a disposición de un juez federal de aquellas autoridades que se nieguen a entregar la información que les sea requerida por juzgados y tribunales federales; por lo que la inevitable judicialización de la transparencia, si bien hará más lento y costoso el acceso a información pública, ante los miles de amparos que se vendrán, implicará también que penda permanentemente una “Espada de Damocles” sobre las cabezas de las personas titulares de las autoridades del país y de sus contralorías.
JALISCO
Morena en Jalisco: El fracaso de la reforma judicial y el rechazo ciudadano

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La participación del 7.5% en las elecciones judiciales del pasado domingo en Jalisco, la más baja del país, es un mensaje contundente de la ciudadanía: un rechazo claro a la reforma judicial impulsada por Morena y una señal de desconfianza hacia las instituciones. Este resultado no solo expone las fracturas internas del partido en el estado, sino que también pone en duda la legitimidad del proceso y plantea serios desafíos para el futuro político de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum en una región clave.
Un abstencionismo que habla
El 7.5% de participación –equivalente a un 92.5% de abstención– no puede interpretarse de otra manera que como un fracaso estrepitoso de los operadores y liderazgos de Morena en Jalisco. Figuras como Carlos Lomelí, Claudia Delgadillo, Chema Martínez y Laura Imelda Pérez, así como la Universidad de Guadalajara, mostraron una incapacidad evidente para movilizar al electorado.
¿Dónde quedó el morenismo que prometía transformar el estado? El abstencionismo no solo refleja la falta de articulación del partido, sino también un rechazo público a lo que muchos perciben como un intento de Morena por controlar el Poder Judicial y socavar su independencia.
En mi columna del lunes, titulada “¿Democratización o control político?”, planteé si este proceso realmente democratiza la justicia o si es un mecanismo para consolidar el poder de Morena. Los números de Jalisco responden con claridad: los ciudadanos ven más allá de la narrativa oficial de “democratización” y perciben la reforma como una toma de poder, especialmente en un contexto donde Morena domina el Congreso de la Unión.
Líderes sociales como el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, han criticado el proceso como un ejercicio que favorece la agenda de Morena en lugar de mejorar el sistema judicial. Su descripción de un proceso “planchado” resuena con un electorado jalisciense históricamente receloso del control centralizado, lo que explica su decisión de abstenerse.
Fragmentación y divisionismo en Morena
Otro factor detrás de esta baja participación es la fragmentación interna de Morena en Jalisco. El partido carece de unidad y de una visión compartida; en su lugar, prevalece una lucha de intereses por el control y el poder. Los liderazgos locales, más preocupados por sus agendas individuales que por un proyecto colectivo, se comportan como “perros y gatos en disputa”, cada uno aferrado a su hueso. Desde la Ciudad de México, figuras como Leonel Cota Montaño y Alfonso Ramírez Cuéllar intentaron, sin éxito, alinear a los grupos locales. A pesar de sus declaraciones públicas de unidad y de promesas de duplicar la participación, el morenismo jalisciense quedó en evidencia.
La Universidad de Guadalajara, que se involucró en el proceso, tampoco logró movilizar al electorado. Su incapacidad para mantener el registro del partido Hagamos en elecciones pasadas ya había mostrado sus limitaciones, y esta elección judicial lo confirmó. Morena le falló a la presidenta Sheinbaum al no conectar con los jaliscienses, un estado donde el partido ha enfrentado dificultades históricas para consolidarse. Si en la elección federal de 2024 Morena obtuvo resultados en Jalisco, el mérito fue del liderazgo de Sheinbaum, no de las figuras locales, marcadas por el divisionismo, el egocentrismo y el individualismo.
Desconfianza institucional y desencanto ciudadano
El 92.5% de abstención no solo es un rechazo a la reforma judicial, sino también un reflejo del desencanto con el sistema político en general. La percepción de que estas elecciones carecen de legitimidad o de un impacto real en la justicia ha exacerbado la crisis de confianza en las instituciones. Los ciudadanos jaliscienses, conocidos por su tradición de autonomía y resistencia al poder central, ven en esta reforma un intento de Morena por imponer su agenda, más que una solución genuina a los problemas del Poder Judicial, como la corrupción, el nepotismo y la falta de acceso a la justicia.
Esta desconfianza se suma a la falta de información y a la complejidad del proceso electoral. Con miles de candidatos y cargos poco conocidos, muchos ciudadanos optaron por no participar, percibiendo el ejercicio como una farsa diseñada para favorecer a Morena. La baja participación en Jalisco, comparada con el promedio nacional del 13%, refleja un sentimiento anti-morenista que podría fortalecerse en el futuro, especialmente si el partido no ajusta su estrategia.
Implicaciones para el futuro político de Jalisco
El fracaso de Morena en movilizar a los ciudadanos en un proceso tan publicitado como las elecciones judiciales expone su vulnerabilidad en Jalisco, un estado donde ha luchado por consolidarse frente a fuerzas como Movimiento Ciudadano. Esta baja participación podría fortalecer a la oposición y al sentimiento anti-morenista, abriendo la puerta a que partidos locales capitalicen el descontento ciudadano. Además, el divisionismo interno de Morena podría llevar a una reconfiguración de sus liderazgos en el estado, un proceso que será crucial para su futuro político.
¿Quiénes podrían emerger como nuevos líderes? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta, pero lo que sí está claro es que Morena necesita un liderazgo más inclusivo y una comunicación efectiva para reconectar con los jaliscienses. Sin estos cambios, el partido seguirá enfrentando reveses en un estado estratégico para el panorama nacional. La presidenta Sheinbaum, quien ha apostado por esta reforma como un pilar de la 4T, también enfrenta un desafío: demostrar que puede unificar a su partido y ganar la confianza de regiones tradicionalmente reticentes al proyecto morenista.
Un mensaje claro para Morena
El 7.5% de participación en Jalisco es una combinación de factores: un rechazo a la reforma judicial, una profunda desconfianza en las instituciones, una división interna de Morena y un fortalecimiento del anti-morenismo local.
Este resultado plantea un reto significativo para el partido y para Sheinbaum, quien deberá replantear su estrategia en el estado si busca consolidar su proyecto político a nivel nacional. La ciudadanía jalisciense ha hablado con su abstención, y su mensaje es claro: no basta con discursos de democratización; se necesitan acciones que realmente.
NACIONALES
Elección judicial en México: ¿Democratización o control político?

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La elección para renovar el Poder Judicial Federal, celebrada este domingo 1 de junio de 2025, fue presentada por Morena y la 4T como un hito de democracia directa. Sin embargo, el proceso, justificado con el discurso de un Poder Judicial corrupto y elitista, ha generado más dudas que certezas.
La baja participación ciudadana y las múltiples irregularidades sugieren que el objetivo real podría ser el control político de una institución clave para el equilibrio de poderes en México.
BAJA PARTICIPACIÓN: DESCONFIANZA Y DESINFORMACIÓN
Las encuestas de Infobae y El Economista anticipaban una participación de entre el 8% y el 23%, y el INE confirmó un 12% (unos 12.06 millones de votantes de un padrón de 100 millones). Esta abstención histórica no respalda la narrativa de Morena de un apoyo popular, sino que refleja desconfianza y falta de legitimidad. Una encuesta de Enkoll mostró que el 77% de los mexicanos no conocía a ningún candidato, evidenciando una desinformación generalizada.
La complejidad de las boletas, con 3,400 candidatos para 881 cargos y 60 distritos electorales (según la Universidad Iberoamericana), dificultó el voto informado, especialmente en zonas rurales con acceso limitado a información.
El diseño del proceso también parece haber sido opaco. La ausencia de debates públicos y la distribución de «acordeones» –listas de candidatos oficialistas– sugieren manipulación para favorecer a Morena. Estas prácticas, denunciadas por analistas, minaron el voto libre y desincentivaron la participación. La abstención masiva no es apatía, sino una protesta silenciosa contra un sistema que no garantiza transparencia ni equidad.
IRREGULARIDADES: UN PROCESO VICIADO
La jornada electoral estuvo marcada por irregularidades que refuerzan la percepción de un proceso diseñado para beneficiar a Morena. Reportes de El Universal e Infobae documentaron acarreo de votantes, compra de votos y distribución de «acordeones» por los «servidores de la nación». Estas acciones, lejos de ser aisladas, parecen coordinadas para controlar el Poder Judicial.
Además, hubo cargos «sin competencia», con candidaturas únicas en 51 posiciones federales, como en Durango (49 candidaturas para 49 cargos, según Integralia), lo que reduce la elección a una formalidad y cuestiona su pluralidad.
La complejidad del conteo, con casillas atendiendo hasta 2,250 electores (el triple que en elecciones ordinarias), generó dudas sobre la integridad del proceso. El INE enfrentó un desafío logístico sin precedentes, y la tardanza en los resultados —estimaciones para el 3 de junio en el caso de la Suprema Corte y el 5 de junio para el Tribunal Electoral— alimentan especulaciones sobre posibles manipulaciones.
EL DISCURSO DE LA CORRUPCIÓN
Morena justificó la elección señalando corrupción y nepotismo en el Poder Judicial, un discurso que resuena con una ciudadanía harta de la impunidad. Sin embargo, el análisis no resiste un escrutinio crítico. El Índice Global de Impunidad 2025 coloca a México en el último lugar de 69 países, y problemas como la falta de juzgados, la sobrecarga de casos (un juez mercantil en Monterrey maneja 15 mil casos, según Rubén Moreira) y la necesidad de capacitación persisten. Pero la solución propuesta no ataca estas raíces, sino que politiza el Poder Judicial. La presencia de candidatos alineados con la 4T, según El País, sugiere una captura institucional disfrazada de participación popular, más que una verdadera democratización.
IMPACTO EN LA DEMOCRACIA MEXICANA
La baja participación y las irregularidades tienen graves implicaciones. La abstención masiva refuerza la percepción de que las elecciones no son confiables para el cambio institucional. La manipulación del proceso amenaza la independencia judicial, pilar del equilibrio de poderes.
Si el Poder Judicial queda subordinado al Ejecutivo y Legislativo, ambos dominados por Morena, México podría deslizarse hacia un sistema de partido hegemónico, similar al viejo PRI, como advirtió PortalGuanajuato.mx.
La polarización también se ha profundizado. Mientras Claudia Sheinbaum defiende la elección como un hito democrático, críticos como Enrique Krauze y Javier Laynez Potisek la califican de «farsa» y «golpe de Estado». Esta división debilita la confianza en las instituciones y dificulta los consensos necesarios para abordar los problemas reales del sistema judicial.
UN EXPERIMENTO FALLIDO CON COSTOS ALTOS
La elección judicial del 1 de junio de 2025 no democratizó el Poder Judicial ni combatió la corrupción. Se convirtió en un ejercicio de control político que deja al sistema judicial más vulnerable. La baja participación y las irregularidades no son fallas accidentales, sino síntomas de un proceso diseñado para favorecer a Morena sobre los principios democráticos.
México necesita una reforma judicial que fortalezca la independencia, la capacitación y los recursos, no que lo someta al poder político. La factura será alta: un Poder Judicial debilitado, una democracia erosionada y una ciudadanía desencantada. La pregunta es si la sociedad mexicana exigirá una transformación real o si este episodio marcará un retroceso autoritario más profundo.
JALISCO
Morena en Jalisco: El reto de convertir victorias en triunfos completos

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
La elección del Poder Judicial era, para Morena Jalisco, la oportunidad de ensayar lo que jamás ha podido articular con éxito: una estructura cohesionada, una movilización real, y un mensaje político claro. Pero como si de una tragicomedia se tratara, el guion ya estaba escrito. Porque en Morena Jalisco, ganar sigue siendo un accidente, no un plan. Y perder, una costumbre refinada a fuerza de simulación.
Desde la Ciudad de México llegó, otra vez, la señal. La dirigencia nacional apuntó a un nombre muy conocido en Jalisco Leonel Cota Montaño a quien lo volvieron a instalar como operador político.
Y junto a él, el incombustible Alfonso Ramírez Cuéllar. Correcaminos de la 4T, devorador de kilómetros, coleccionista de reuniones. Uno que parece estar siempre en campaña y nunca en territorio. Ambos, encargados de orquestar una elección interna con aroma de encuesta nacional, pero con la organización de una kermés sin comité.
La tropa local, esa que presume liderazgo y acarreo, se diluyó como siempre. Chema Martínez, cuya fama de gran operador quedó reducida a un murmullo; Alejandro Peña, diputado que no destacó por su estructura; y los de siempre, Carlos Lomelí y Claudia Delgadillo, que otra vez jugaron al solitario. Morena Jalisco, como en cada proceso, se convirtió en un archipiélago de egos.
Y es que no solo no se pusieron de acuerdo. Peor: se pisaron entre ellos.
En plena efervescencia del voto judicial, apareció el nombre de Fernando Delgadillo González, hermano de la excandidata Claudia Delgadillo. Compite por la magistratura laboral en el Distrito Judicial 1, y su candidatura aparece —curiosamente— en los acordeones que circulan en los chats morenistas. La conexión no es casual: fuentes internas afirman que Claudia es la operadora en los distritos 1 y 4, junto a Eduardo Almaguer, su abogado de campaña y estratega jurídico.
Pero los acordeones son la metáfora perfecta del desorden. Porque ni siquiera entre los grupos de Morena se pusieron de acuerdo en quiénes son «los buenos». El acordeón del grupo Delgadillo excluye a Yasmín Esquivel, ministra aún en funciones de la 4T, con quien Claudia tuvo un desencuentro en su última visita a Guadalajara. También desaparecieron a Sara Herrerías y armaron su lista con nombres que nadie reconoce como oficiales.
Lomelí, por su parte, solo incluye a las tres ministras actuales —Batres, Ortiz y Esquivel— y completa con perfiles propios. De los hombres, igual: cada quien tiene su santa lista. En resumen, Morena Jalisco produjo no una sola línea de voto, sino varias versiones piratas, como si cada grupo tuviera su propio Poder Judicial en mente.
Ni los diputados locales ni los federales hicieron gran cosa, más allá de asistir a los eventos que organizó la dupla Cota-Cuéllar. Los presidentes municipales guardaron silencio, quizás porque no entendieron, quizás porque no quisieron participar. Y la Universidad de Guadalajara —ese socio necesario en cualquier intento de estructura electoral— falló como pocas veces.
Carlos Trejo, el operador universitario, no solo entregó tarde los nombres de los candidatos, sino que no logró movilizar a nadie. La universidad está casi de vacaciones, los centros universitarios en manos de funcionarios nuevos sin control territorial, y con un desinterés tal que, siendo viernes previo a la elección, la mayoría de los diferentes equipos universitarios no habían recibido las indicaciones claras para operar el voto.
De los sindicatos, solo el del IMSS parece haber cumplido con el guion. Su candidata aparece en casi todos los acordeones. Pero fuera de eso, ni la Sección 47 del SNTE que fiel al estilo de esta administración está desaparecida, ni otros gremios han tenido un papel relevante. Se suman a la lista nacional como quien firma asistencia, pero no participan, no inciden, no mueven.
Así, la elección del Poder Judicial —que en otros estados se convirtió en una muestra de músculo político— en Jalisco se volvió otra escena patética de Morena perdiendo la oportunidad de ganar con contundencia.
Mientras tanto, el PAN ha aprovechado la coyuntura para aceitar su maquinaria. Sus liderazgos históricos —conservadores pero funcionales— han hecho lo que mejor saben: operar con disciplina. Movimiento Ciudadano, por su parte, sigue dividido. El pleito entre el grupo de Lemus y el de Alfaro no se ha curado, y en lugar de capitalizar la elección, se refugiaron en la crítica al proceso como pretexto de su inmovilidad.
Pero si Morena Jalisco es incapaz de articular algo tan básico como una línea común de votación, ¿qué se puede esperar para el 2027? ¿Otra vez la improvisación, otra vez los candidatos puestos desde la Ciudad de México, otra vez los liderazgos rotos?
En Jalisco, una vez más, Morena muestra su capacidad para perder ganando. Porque, aunque consiga algunas posiciones, lo hace sin rumbo, sin liderazgo real, sin estrategia. No hay plan, solo inercias.
Se dirán ganadores, pero, será por lo que a nivel nacional se estructuró, en lo regional se pulverizará el voto por no respetar acuerdos.
Quizás el verdadero problema de Morena Jalisco no es la derrota. Es la costumbre. Porque aquí, cada proceso es un simulacro. Cada liderazgo, un caudillo en miniatura. Y cada victoria, una oportunidad desperdiciada.
En política, como en la guerra, la estrategia lo es todo. Y Morena Jalisco sigue peleando sin mapa, sin brújula y lo peor: sin memoria.
En X @DEPACHECOS
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