OPINIÓN
La supremacía anglosajona se ve sacudida: Poco efectiva diatriba de Estados Unidos ante realidad económica
Economía Global, por Alberto Gómez-R. //
Luego de la pandemia del Covid-19 -un evento nunca antes vivido por la humanidad- y un conflicto bélico en Eurasia que implica la permanencia, aunque efímera, del supremacismo anglosajón (EE.UU. y el Reino Unido) o bien, la consolidación de la multipolaridad del poder mundial encabezada por Rusia y China con sus aliados, lo que al parecer acontecerá; como Roma, el imperio anglosajón está derrumbándose debido a su propia decadencia.
La dupla anglosajona, a través de su brazo armado en Europa, la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), intenta hacer valer su poderío ya en picada, obligando a sus 30 países miembros y a quienes pretenden adherirse a esa organización, a aceptar las condiciones que más favorezcan a EE.UU. y al Reino Unido en términos políticos, militares y económicos.
Sin embargo, aunque la más reciente reunión del Consejo General de la OTAN, celebrado en Madrid los días 29 y 30 de mayo, fue anunciada con bombo y platillo, cuya intención fue hacer ver al mundo el liderazgo estadounidense en Occidente y la fortaleza de la unión de los miembros de tal organismo, en realidad fue toda una farsa.
Los intentos de la administración Biden por revivir las glorias pasadas de la OTAN que dejó imborrables cicatrices en millones de personas por las guerras en las que intervino dicha organización (Kosovo, Serbia y Montenegro, Libia, Afganistán, Irak, Turquía…), generaron a sus promotores enormes ganancias económicas, además de importantes posicionamientos geoestratégicos; pero la visión que tiene de este organismo el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una organización “obsoleta”, es la que ahora se evidencia.
A pesar de la gran bocanada de aire que la guerra ruso-ucraniana ha significado para la desahuciada OTAN, el efecto durará poco, ya que ninguno de los países miembros de la Organización, está en condiciones de seguir aportando al organismo al menos el 2% de su PIB (Producto Interno Bruto) -como lo especifican los compromisos de quienes la conforman- dada la frágil situación económica por la que atraviesa Occidente, en especial EE.UU. y Europa.
La guerra en Ucrania empeoró las perspectivas económicas mundiales. La inflación está marcando récords en la UE y el resto de países del mundo, sobre todo en cuanto a alimentos y precios de la energía. El panorama económico empeora al añadirse las consecuencias de las sanciones impuestas a Rusia y el incremento en los tipos de interés tanto en EE. UU., como del Banco Central Europeo, entre otros problemas económicos que provocan incertidumbre entre los inversores ante el temor de una recesión.
La directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, admitió un escenario sombrío en los próximos meses y no descarta una recesión, algo que tampoco hace la OCDE. Sin embargo, las instituciones y ministros de finanzas europeos se muestran confiados en que se pueda evitar, siempre y cuando Rusia no corte por completo el suministro de gas a los ciudadanos europeos. (france24.com)
El Banco Central Europeo (BCE) ha subido los tipos de interés por primera vez en 11 años. Se une a varios otros bancos centrales para priorizar las preocupaciones sobre la inflación desbocada, impulsada, entre otros factores, por la invasión rusa de Ucrania, sobre los temores de sofocar el crecimiento.
El BCE elevó su tasa de depósito de referencia en 50 puntos básicos al 0 por ciento el jueves, a pesar de que durante semanas los mercados indicaron que esperaban un aumento de 25 puntos básicos. El banco, que engloba a los 19 países que usan el euro, también aumentó su principal tasa de refinanciamiento al 0,50 por ciento y prometió posibles aumentos de tasas adicionales tan pronto como en su próxima reunión el 8 de septiembre.
El aumento se produce cuando las predicciones de recesión en la eurozona han aumentado para finales de este año y el próximo, ya que las facturas de electricidad, combustible y gas han debilitado el poder adquisitivo de las empresas y las personas. Las economías de los países de la eurozona han estado particularmente expuestas a la guerra en Ucrania dada su amplia dependencia del petróleo y el gas natural rusos.
Las preocupaciones han ayudado a empujar al euro a un mínimo de 20 años frente al dólar estadounidense. Tras el movimiento del jueves, el euro ganó más de un 0,6 por ciento frente al dólar, superando los 1,02 dólares. (aljazeera.com)
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha declarado el sábado (23 de julio) que los tipos de interés subirán tanto como sea necesario para que la inflación vuelva al 2%.
«Estamos enviando un mensaje claro a las empresas, los empleados y los inversionistas: la inflación volverá a nuestro valor objetivo del 2 % en el medio plazo», ha hecho saber en un artículo de opinión para el conglomerado alemán Funke Mediengruppe.
Las medidas adoptadas hasta ahora, según Lagarde, «ya están teniendo un impacto en los tipos de interés en toda la zona del euro».
Lo cierto es que la población europea se siente acorralada, ya que los precios de los bienes no cesan de subir, el poder adquisitivo encogiéndose, y las deudas, soberanas e individuales, aumentando.
Al filo de una recesión económica en ciernes, los líderes adversarios de ambas partes (Occidente y Eurasia), Joe Biden y Vladimir Putin, están afanados en la búsqueda de apoyo para consolidar alianzas y con ello su peso en el juego del poder global.
En la primera gira del presidente Joe Biden a Medio Oriente, ha buscado reavivar alianzas estratégicas con países de la región, así como sumar fuerzas contra Rusia y China –aunque no lo manifieste abiertamente- e intentando incrementar los volúmenes de petróleo disponibles en el mercado internacional, y para ello, el ocupante de la Casa Blanca se ha tenido que tragar sus palabras, y verse obligado a agachar la cabeza.
Bastaron menos de 24 horas en Arabia Saudita para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, empañara su imagen de férreo defensor de los derechos humanos que ha intentado labrarse durante mucho tiempo.
La vida de cualquier político está salpicada de promesas de campaña que acaba incumpliendo, y para Biden esa lista incluye ahora la hecha en 2019 de tratar a Arabia Saudita como «paria» por su historial en materia de derechos humanos.
El presidente estadounidense publicó una columna en el Post en la que explicaba sus motivos para realizar el viaje, diciendo que quería «reforzar una asociación estratégica», e insistió en que «las libertades fundamentales siempre están en la agenda cuando viajo al extranjero». (Reuters)
Sin embargo, Biden fue duramente criticado por la prensa internacional al reunirse con el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán, a quien los servicios de inteligencia de Estados Unidos señalan como el responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Más allá de los derechos humanos, Biden justificó que su viaje estaba destinado a «promover los intereses de Estados Unidos», una probable alusión a la necesidad de impulsar una mayor producción de petróleo del mayor exportador de petróleo del mundo, ya que el aumento de los precios de la gasolina está perjudicando las perspectivas de su partido antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, cuyo resultado definirá, al menos en teoría, el direccionamiento de las acciones de Washington en el actual contexto, si retirarse de una batalla poco factible de ganar, o bien adaptarse a los nuevos cambios globales y poner la casa en orden. Lo segundo es muy poco probable que suceda.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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