OPINIÓN
Las paradojas: La censura y la libertad de expresión
Opinión no pedida, por Armando Morquecho Camacho //
La redes sociales han cambiado demasiado nuestra vida, un claro ejemplo de ello es que probablemente una gran mayoría de los temas polémicos que discutimos, ya sean políticos o de la farándula y el mundo del entretenimiento, tengan su fuente en alguna publicación de Facebook, un hilo de Twitter, o bien, una historia en Instagram.
Es así, que probablemente uno de los temas que ha causado mayor polémica en redes sociales tiene que ver con la censura y la libertad de expresión, así como la relación que este derecho guarda con el desarrollo cibernético que tenemos los usuarios de las redes sociales.
Este debate inició gracias a Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos a quien Twitter le suspendió su cuenta debido a que sus publicaciones, según las autoridades cibernéticas de la red social, incitaban al odio, y además fueron las causantes de la toma al Capitolio hace unas semanas.
El conflicto entre el ex presidente y los medios de comunicación tradicionales, así como los medios de comunicación digitales, ha sido bastante complejo y ciertamente, el fondo de este debate alberga una paradoja tan interesante, como compleja.
Existe un sector que afirma que el hecho de que redes sociales y otras plataformas tengan la capacidad de bloquear a sus usuarios, es el primer paso para entrar a una verdadera ‘’dictadura’’ cibernética controlada por los dueños de las empresas que conforman una ‘’oligarquía’’ de la información; por otro lado, hay un quienes defienden que las acciones de Twitter, de Fox News y de otros medios de comunicación de censurar a Donald Trump, fue la mejor decisión, ya que la sociedad no debe tolerar a los intolerantes.
De esta manera, inicio un debate verdaderamente interesante en redes sociales, y el pilar de esto fue la paradoja de la tolerancia descrita por el filósofo austríaco Karl Popper en 1945, la cual a grandes rasgos postula que si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los intolerantes.
Tal y como lo señalé en mi columna de la semana pasada, los errores lingüísticos en los discursos o en las narrativas son mortales, a tal grado que pueden originar deformaciones ideológicas verdaderamente peligrosas para nuestra democracia y para nuestro sistema político.
En este caso, la paradoja de la tolerancia de Karl Popper no fue la excepción, y al ser, desde mi punto de vista, una teoría abierta que se presta para muchas interpretaciones, fue posible observar cómo varios usuarios que desarrollaban argumentos de tal manera, que justificaran o acreditaran la interpretación que ellos mismos le daban a esta teoría.
Por un lado, un sector aseguraba que esta teoría de Karl Popper, postula que la tolerancia ilimitada puede llevar a la desaparición de la misma, y que cuando extendemos ésta a quellos que son abiertamente intolerantes, los tolerantes terminan siendo destruidos y la tolerancia con ellos; por ello, cualquier movimiento que predique la intolerancia y la persecución, debe estar fuera de la ley, por lo tanto, defender la tolerancia exige no tolerar lo intolerante.
Por el otro lado, otro sector argumentaba que en realidad, Popper defendía que la sociedad, a través de sus instituciones, debía prohibir a los intolerantes, y que este último no es aquel que usa la razón y argumentos, sino que es quien usa como argumento la violencia. Por esta razón, aseguraban que el actuar de Twitter era digno de una dictadura, ya que la capacidad tanto de limitar la intolerancia, como la facultad de establecer las reglas para hacerlo, era única y exclusivamente del Estado y sus instituciones, no de una empresa.
Estas dos ópticas implican una simplificación peligrosa de las ideas de Popper, y como ya lo mencioné anteriormente, cometen uno de los errores más recurrentes en las redes sociales: toman solo la parte que justifica su pensamiento, y ciertamente, cometemos un grave error si creemos que Karl Popper está invitándonos a censurar un libro, un acto político o a algun medio de comunicación cuando se les considera intolerante, de hecho, esta actitud, también es caracteristica de las sociedades opresoras, por ello resulta peligroso afirmar y sostener que esta teoría implica que no deberíamos tolerar ninguna manifestación de la intolerancia.
Pero insisto, es un debate intenso. Así que para tratar de darnos algo de luz, primero debemos leer de manera íntegra lo que esto autor postula:
‘’ La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y, junto con ellos, de la tolerancia. Con este planteamiento no queremos significa, por ejemplo, que siempre debemos impedir la expresión de concepciones filosoficas intolerantes; mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública, su prohibición sería poco prudente. Deberemos reclamar entonces, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes.’’
Las redes sociales y los medios de comunicación digital son increíbles, con ellos, tenemos la oportunidad tanto de construir nuevos vínculos sociales, como de fortalecer los vínculos que por muchos años, por cuestiones de distancia, dejamos en el pasado; asimismo, tenemos acceso a un mundo entero de información y conocimiento que han facilitado la vida de toda una generación.
Sin embargo, pese a todo esto, la cultura de la desinfirmación con fines políticos, el odio y la intolerancia ideológica se han ido apoderado de las redes poco a poco y han comenzado un proceso de polarización tan complejo y peligroso que absolutamente nadie está exento de ser víctima.
Hablar de censura y libertad de expresión en la era digital será probablemente uno de los retos más importantes de la década, y por ello debemos tener la capacidad, como generación y de manera responsable, de replantear el derecho a la libertad de expresión en el contexto de la era digital, toda vez que resulta necesario entender que es imposible extrapolar a las redes sociales los marcos regulatorios y los principios que rigen la libre expresión en los medios de comunicación tradicionales como lo son la tele, el radio y el periódico.
He de confesarles que hace unas semanas creía que cuando Donald Trump se fuera de la Casa Blanca ni Estados Unidos ni el mundo, tendría algo que agradecerle a su administración, pero estaba equivocado, tenemos que agradecerle a Donald Trump que gracias a su visceralidad, hemos puesto los ojos sobre uno de los retos del milenio y hemos iniciado la discusión sobre un mal que estaba creciendo en silencio.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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