OPINIÓN
Los crímenes de odio en Jalisco: El PIN y el PAN
Opinión, por Armando Morquecho Camacho //
La semana pasada, la bancada del PAN, presentó una iniciativa para reformar la Constitución Estatal e incluir en ella el controversial «PIN Parental». Esta herramienta, lo que busca es que los padres o tutores, puedan censurar el contenido planteado en los programas educativos oficiales para así decidir la instrucción que reciben sus hijos en materias como educación sexual o diversidad sexual.
Lo que los legisladores no contemplaron a la hora de proponer el PIN, es que en Jalisco cada año, 21 mil 251 adolescentes de 15 a 19 años son madres, mientras que el número en niñas menores de 15 años, es de 483. Es decir, al año, 21,734 adolescentes se convierten en madres, representando así el 16.71% del total de nacimientos.
Aunado a esto, según cifras del INEGI, el 31.9% de los adolescentes conoce los métodos anticonceptivos pero no los utiliza, mientras que el 57.5% de los adolescentes que tuvieron relaciones sexuales por primera vez no hizo de ningún método anticonceptivo.
Por otro lado, los datos del Consejo Nacional de Población y el IIEG evidenciaron que en el grupo de mujeres en edad fértil y que son sexualmente activas, hay un 24.2% de ellas que no utilizan ningún método anticonceptivo a pesar de manifestar su deseo de no querer tener hijos.
Pero esto de las cifras no termina aquí, ya que los números de Jalisco indican que en los últimos 10 años 16 mil 813 niñas y adolescentes, entre los 10 y 19 años de edad, padecieron complicaciones en su embarazo que terminaron en aborto. Tan solo en el 2018, se registraron ingresos hospitalarios por aborto en 1,243 niñas; 53 tenían entre 10 y 14 años.
Pero hablar de la educación sexual va más allá de evitar embarazos o conocer de métodos anticonceptivos, la educación sexual implica también un proceso formativo a través del cual, niños y niñas, serán capaces de conocer su cuerpo en todos los sentidos, los que los ayudará a desarrollar una conciencia acerca de qué permitir y qué no permitir, para que así, puedan ser capaces de comunicar, de manera asertiva y sin miedo, cuando se sientan vulnerables o están frente a una situación de abuso.
Victoria Hernández Haddad, psicóloga especialista en educación sexual, explica que muchas de las problemáticas que tenemos en México, primer lugar de abuso sexual infantil de acuerdo a la OCDE, tienen que ver con la falta de salud sexual derivada de la escasez de programas de educación sexual clara y oportuna.
En un país en el que el 30% de los agresores sexuales de menores son familiares directos y un 13% adicional son parientes indirectos, la necesidad una alfabetización en materia de educación sexual es imprescindible. Esta es la primera línea de defensa para hacerle frente a estas problemáticas.
Lo anterior fue en cuanto a educación sexual, ahora vamos con las otras cifras que los legisladores tampoco contemplaron: las de crímenes de odio por orientación sexual. De este rubro, lo primero que tenemos que señalar es que México ocupa el segundo lugar mundial en crímenes de odio hacía las poblaciones LGBT+ y Jalisco se ubica en el cuarto sitio a nivel nacional.
Asimismo, del 2007 al 2019, se tienen documentados 100 crímenes de odio en el Estado, es decir, que los han asesinado y violentado por su orientación sexual.
Por otro lado, el acoso escolar con base en la homofobia, es un serio problema a nivel mundial y en México no nos quedamos atrás, ya que el 61% de los estudiantes LGBT+ reportan haber sido víctimas de acoso escolar en sus escuelas.
Con todo esto ¿creen que sea prudente alejar a las futuras generaciones aún más de la educación sexual? ¿Será prudente alejar aún más a las futuras generaciones de una educación incluyente y plural?
Ahora, si usted, mientras lee esto, piensa que 100 crímenes de odio en un lapso de 12 años es casi ‘’nada’’ ya que el crimen organizado quita más vidas, déjeme decirle, con todo el respeto que me merece, que está muy equivocado.
Es cierto, el número de mexicanos asesinados a diario por el crimen organizado es alarmante y constituye, junto a la corrupción, un mal endémico que tiene sometido a nuestro país desde hace muchos años y es un problema que debe ser atendido con urgencia. Sin embargo, el hecho de que se perpetren asesinatos por cuestiones de raza, religión y en este caso, por cuestiones de orientación sexual, es alarmante, ya que evidencia la tan preocupante ruptura de nuestro tejido social.
Nuestra Constitución, en su artículo 3°, determina que la educación se debe basar en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva y tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, entre otras cosas.
Por otro lado, los tratados internacionales y los diversos pactos internacionales de los que México forma parte, determinan, en cuanto a el interés superior de los niños, que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo.
El crecimiento de las sociedades depende en gran medida de la capacidad de desarrollar a las generaciones que representan el futuro de México y del mundo. Este proceso no puede someterse de la bondad de la sociedad adulta o de los sistemas de gobierno, ya que constituye un elemento básico para el mejoramiento de nuestra sociedad.
Por esto y más, cuando tu promueves un ‘’PIN Parental’’ que permita a los padres de familia decidir sobre el contenido de la educación, en especial, en temas de educación sexual y diversidad, no solo estás rompiendo con el principio de garantizar una educación con una perspectiva de igualdad sustantiva y con el principio de garantizar una educación con un enfoque de derechos humanos, también estás fomentando la formación de una generación intolerante que no será capaz de asimilar que en un mundo global y plural, inevitablemente, habrá personas con diferentes creencias religiosas, diferentes inclinaciones políticas y diferentes preferencias sexuales.
Por lo anterior es que este tipo de iniciativas y proyectos dentro de los espacios legislativos me hacen creer que más que un PIN Parental, lo que necesitamos, es un PIN de facultad Legislativa.
Es cierto que los temas de educación sexual e inclusión, empiezan en el hogar, pero lo que también es muy cierto es que mientras más informados estén los jóvenes, los procesos formativos en estos temas serán menos complejos. La educación sexual básica, y la inclusiva son una responsabilidad compartida entre familias e instituciones educativas, así como un derecho natural de los niños y adolescentes, pero para entender esto, es necesario que nuestros legisladores asimilen que el mundo y que las verdades que nos rodean, cambian con el paso de los años.
Y por último, cuando les digan que el populismo es un fenómeno exclusivo de la izquierda, no les crean, la extrema derecha también sabe usarlo muy bien.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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