OPINIÓN
LOS HOMBRES DEL PODER /// El poder de Alfaro y Padilla
Por Gabriel Ibarra Bourjac ///
La política no cabe duda es el epicentro sobre la que gira una sociedad. Desde el 6 de diciembre del 2018 a punto de morir un año se cerró de nuevo el ciclo del PRI. El triunfo de Enrique Alfaro a la gubernatura del Estado vino a sacudir las estructuras del poder en Jalisco para su recomposición.
En los últimos 25 años se han registrado varios vuelcos, con los reacomodos que aquí se registran. Política, negocios y religión son espacios de poder e influencia cuyas líneas se cruzan. Así sucedió durante los 18 años de gobiernos panistas, principalmente durante las administraciones encabezadas por Alberto Cárdenas Jiménez y Emilio González Márquez, un gran aliado fue el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, quien durante cerca de dos décadas tuvo estrecha cercanía con los hombres del César. Hicieron equipo.
Aunque son muchos los problemas a resolver, algunas preguntas deberá responder el gobierno de Enrique Alfaro en el campo de los hechos: ¿Cambiará la realidad socio-económica y política de los jaliscienses? ¿La justicia dejará de ser anhelo? ¿La corrupción será desterrada de la administración pública? ¿ Habrá mayores y mejores oportunidades de estudio y empleo para nuestros jóvenes y profesionistas? ¿Disminuirá la pobreza? ¿Derrotará a la violencia y regresará a Jalisco la paz y la seguridad?.
LOS NUEVOS TIEMPOS
En estos tiempos en la que la dinámica del poder está determinada por las nuevas tecnologías de la información y comunicación, el ejercicio de gobernar se vuelve cada vez más difícil y los gobiernos duran menos tiempo.
Jalisco es el mejor ejemplo de los cambios que estamos viviendo. Después de que el PAN sacó al PRI del gobierno del Estado y sus principales ayuntamientos en 1995, sus administraciones por tres sexenios permanecieron al frente del Ejecutivo. Hoy tenemos a una sociedad mejor informada y más exigente. Las expectativas que la sociedad tenía sobre el regreso del PRI no se cumplieron y adiós.
Simplemente el PRI con el joven político Aristóteles Sandoval al frente del gobierno no fue capaz de cambiar la realidad o al menos esa fue la percepción ciudadana.
REFUNDAR JALISCO
Un nuevo ciclo político inicia en Jalisco con Enrique Alfaro Ramírez, quien en poco más de 20 años logró construir un proyecto político fresco con un discurso crítico hacia el sistema y los partidos políticos tradicionales, acompañado de un grupo de amigos que se articuló desde la preparatoria con hambre de trascender.
Ellos representan el cambio y la oportunidad de la renovación de liderazgos. Un nuevo ciclo inicia con un líder muy echado para adelante que rompe paradigmas con formas diferentes a las tradicionales para hacer política. Es un gobernante rebelde y contestatario que se enfrenta al Presidente de la República cuando se trata de defender los intereses de Jalisco, sin la sumisión de bajar el tono de la voz y aceptar las disposiciones del poder central como se ha acostumbrado.
En Jalisco hay un nuevo liderazgo político pragmático y paradójicamente aliado de otro poderoso liderazgo que encabeza al Grupo Universidad, como es el caso del licenciado Raúl Padilla López, que durante las últimas tres décadas tiene el control del gobierno de la institución educativa número dos en población estudiantil del país.
Enrique Alfaro y Raúl Padilla son los personajes de mayor poder político en Jalisco. La relación entre ambos no ha sido fácil, con encuentros y desencuentros, pero hoy las diferencias con el Presidente López Obrador los unen a ambos. ¿Cuánto tiempo permanecerá la alianza? El tiempo que a los dos les convenga.
¿QUIÉN ES MÁS PODEROSO?
Hace 13 años nos preguntábamos quién era más poderoso en Jalisco: ¿El representante del César o el representante de Dios? Y la conclusión fue que el representante de Dios con la influencia del cardenal Juan Sandoval. Pero ese tiempo ya pasó. El nuevo poder del César se llama Enrique Alfaro junto con otro poder muy cimentado como es el de Raúl Padilla que ha trascendido ya a 7 gobernadores, en tanto que el representante de Dios asume un papel más discreto.
¿Quién de los dos es más poderoso? Dicen que el poder no se comparte.
El joven gobernante es impetuoso y está obsesionado con cambiar la historia de Jalisco y que su nombre quede grabado para la posteridad. Sueña con la gloria y el poder. Habla de la “Refundación de Jalisco”, de convocar a un nuevo Constituyente que genere una nueva Constitución Política, cuyos antecedentes en México sus reformas están determinadas por circunstancias económicas, políticas y sociales muy singulares (Independencia, Reforma, Revolución).
Aunque son muchos los problemas a resolver, algunas preguntas deberá responder su gobierno: ¿Cambiará la realidad socio-económica y política de los jaliscienses? ¿La justicia dejará de ser anhelo? ¿La corrupción será desterrada de la administración pública? ¿Hará de Jalisco un estado de instituciones sólidas? ¿Habrá mayores y mejores oportunidades de estudio y empleo para nuestros jóvenes y profesionistas? ¿Mejorará la calidad de vida de la mayoría de los jaliscienses? ¿Disminuirá la pobreza? ¿Derrotará a la violencia?
Enrique Alfaro para hacer realidad sus sueños tiene primero que consolidarse como gobernador y para ello tiene que ofrecer resultados, más allá del discurso de cambiar la historia. El problema a enfrentar es que el tiempo es corto y los recursos limitados. Los ciudadanos de hoy exigen resultados y hechos, más rápido que en el pasado.
La respuesta nos la dará el tiempo.
Correo electrónico: gabriel.ibarrabourjac@gmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Muere el reconocido actor estadounidense Robert Redford
Rechaza ser deportado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
Tlajomulco celebrará el primer Festival de Biodiversidad Etnomicológica
