Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

La importancia de darle continuidad a la transparencia en Jalisco será relevante para determinar el mejor modelo de quien sustituirá al órgano garante en el Estado. Habrá que establecer, entre lo pasado y lo presente del derecho al acceso a la información pública, qué se puede construir que no interfiera con la legislación, pero que definitivamente permita de manera certera que el ciudadano tenga acceso a la información pública y se garantice el derecho a saber.

Un reto sin duda importante en nuestra entidad federativa, pero que debe marcar la pauta en materia de transparencia gubernamental.

A menos de un mes para que sucumba el antiguo modelo de órganos garantes y transitemos a la transformación de la transparencia en México, Jalisco deberá aprovechar todo su bagaje histórico de más de dos décadas en los temas de transparencia para consolidar un nuevo modelo que permita el acceso y la garantía de acceso a la información pública.

Tendrá también que demostrar a sus ciudadanos que es un asunto de suma importancia para los poderes Legislativo y Ejecutivo participar propositivamente en mantener la transparencia accesible a todo ciudadano, cuidando de todas las formas posibles que en Jalisco se tenga acceso a la información gubernamental para cotejar las acciones de gobierno con la realidad de los discursos politiqueros.

En este sentido, cabe ser conscientes de que, ante la oportunidad de consolidar un modelo adecuado para abonar a la continuidad del acceso a la información pública, generando las condiciones que reúnan sin falta la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, se conserven y, mediante capacidades institucionales de responsabilidad gubernamental, la transparencia en Jalisco no disminuya los estándares de acceso a la información pública con los que durante dos décadas se ha cimentado.

La nueva reforma que nos deja un modelo distinto deberá marcar la diferencia entre las entidades federativas, como lo ha hecho Jalisco, en calidad de puntero en el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Es importante resaltar que esta construcción de un nuevo modelo estatal que garantice la transparencia debe ir de la mano de la participación ciudadana. Jalisco cuenta con una considerable cantidad de sociedad civil, instituciones y organizaciones de expertos transparentólogos que, sin duda, son parte importantísima de casi más de veinte años de aportar y construir la transparencia jalisciense, de los que se puede percibir la preocupación que generó el nuevo modelo de la federación en materia de transparencia, y que tiende a la opacidad y debilitó un sistema construido bajo el derecho humano a la información. Sin embargo, toca a todos en Jalisco ser proactivos en este corto espacio para generar el nuevo modelo de transparencia en Jalisco.

En este contexto y ante la oportunidad que tenemos en Jalisco, ahora que se discute la Nueva Ley de Transparencia del estado, se vuelve fundamental dar continuidad a la transparencia. Esta es la obligación de las autoridades y organismos públicos de poner a disposición de los ciudadanos la información relativa a sus acciones, decisiones, el uso de recursos públicos y cualquier otra actividad que realicen. Es un derecho esencial para la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la democracia.

Jalisco deberá tener la capacidad de enfrentar la regresión que implica el nuevo modelo de transparencia de esta administración federal y buscar las oportunidades para conseguir que se dé a la transparencia en nuestra entidad federativa un enfoque de absoluta garantía al acceso a la información pública, accesible y sobre todo útil.

Esperemos que el nuevo modelo de transparencia en Jalisco sea un acierto, producto de la unidad para abonar a la democracia y mantener las garantías constitucionales; dejando la política de lado para ver por la sociedad y la transparencia.

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Por definición, el gobierno es el conjunto de órganos e instituciones que controlan y administran el poder del Estado, pero en México debiéramos preguntarnos si aún quedan instituciones después de la labor destructiva del sexenio anterior.

El Poder Legislativo cooptado, el Poder Judicial en proceso dudoso de reconstrucción, y ¿el Poder Ejecutivo?, ¿Tenemos gobierno o simplemente una persona que manda, rehén de una clase política sectaria y revanchista, victima complaciente de los caprichos y ocurrencias del pasado reciente y obligada ejecutora de mandatos foráneos?

Esa es una pregunta pertinente tras ocho meses transcurridos de una administración con situación financiera deficitaria, obligada a mantener un discurso de suficiencia y nacionalismo para conservar popularidad.

Creo que ésta es una interrogante para la cual el gobierno de la señora presidente Claudia Sheinbaum no tiene por ahora una respuesta clara. Hasta hoy, la única propuesta, propia, para el desarrollo futuro se condensa en el Plan México, cuyos horizontes son muy limitados y sus planteamientos muy condicionados a factores externos. Dependiente en su mayoría de la inversión privada, la perspectiva inmediata arroja poca probabilidad de éxito.

Las garantías de libre competencia se encuentran disminuidas por la desaparición de los organismos autónomos e independientes del gobierno y las garantías de legalidad en la incertidumbre por un poder judicial en reconstrucción con marcados riesgos de parcialidad por la penetración de factores reales de poder, legales e ilegales. Añádase la incertidumbre por la veleidosa política comercial de los EUA y su amenaza arancelaria y tenemos un ambiente poco favorable para que la inversión fluya.

Por otra parte, la fragilidad de las finanzas públicas nacionales, agobiadas por la abultada deuda y el pago del servicio de la misma, la presión creciente del cumplimiento de los programas sociales y pensiones, la insolvencia de Pemex y la escasa posibilidad de la CFE de incrementar la producción de energía y la ampliación de las redes de transmisión, más el costo de las onerosas obras señeras del sexenio anterior limitan el margen para el crecimiento.

La herencia económica es negativa por donde se vea y la herencia política tiene sus claroscuros. Por un lado, heredó una estructura legal que le permite ejercer el poder omnímodamente: un Poder Legislativo con mayoría de su partido, un Poder Judicial desvalorizado cuyas resoluciones son letra muerta ante el desacato contumaz, una oposición inexistente, carente de propuesta y credibilidad, mayoría de gubernaturas en el país, fuerzas militares mediatizadas con mandos dedicados a labores distintas a su función primordial y medios de comunicación sujetos al favor gubernamental. En síntesis, todo el poder; sin embargo, en cada enclave, las posiciones de decisión son cubiertas por personajes alineados u obligados con el antecesor.

La continuidad de un proyecto explica que la administración sea una mixtura de lo anterior con lo nuevo, sin embargo, en política es una máxima que el poder no se comparte, mucho menos cuando de conducir una nación se trata. El menguado poder político de la institución presidencial solo le alcanza para hacer recomendaciones a su partido que son como llamados a misa, las cumple el que quiere.

Claudia Sheinbaum llegó al poder carente de capital político propio y no ha podido consolidarlo. Quienes se dicen los duros del movimiento mantienen un reto constante sobre las decisiones presidenciales, las cabezas visibles se muestran ambiguas o indiferentes, y los gobernadores en la ortodoxia acomodaticia.

No se puede hablar de un proyecto propio ni en lo político ni en lo económico. Las políticas sobre seguridad pública y combate al crimen organizado obedecen a las presiones estadounidenses; la política económica se subordina con la de nuestros vecinos; las reformas legales y nombramientos administrativos se le regatean; los antes aliados como la CNTE y los partidos Verde, PT han abierto nuevos frentes de negociación y su partido o movimiento tiende a ser rehén de los cacicazgos regionales incorporados por conveniencia y hoy, aparentemente, en desacato.

La estructura administrativa, debilitada presupuestalmente, es inoperante y los secretarios de despacho ausentes, mientras los frentes en lo agropecuario, medioambiental, educación, salud, se problematizan. Es impredecible que pasará después de la elección de ministros, magistrados y jueces. El aparato oficial tratará de legitimar el proceso, pero no hay garantías de que la administración de justicia vaya a mejorar, sino al contrario.

Difícil panorama para una presidente que, ya sea por convicción, por lealtad, o por impotencia, se niega a deshacerse de la sombra que se cierne no solo sobre ella, sino sobre el país. Por su formación, la presidente sabe lo que tiene que corregir, lo que no sabemos es si quiere hacerlo o simplemente no puede. En estas condiciones no se puede ver para dónde va el país, o si tiene un rumbo. Lo que se percibe es una inercia negativa, como la deriva del buque Cuauhtémoc.

Opinión, por Iván Arrazola //

En México, revisar las noticias del día se ha convertido en un ejercicio de resistencia emocional. Día tras día, los titulares parecen repetirse: joven desaparecido, estudiante no localizado, funcionario ejecutado, hombre asesinado a plena luz del día.

Es un ciclo que no cesa y que, lejos de conmocionar, corre el riesgo de volverse rutina. La violencia se ha instalado como telón de fondo de la vida pública, mientras el discurso oficial insiste en minimizar su gravedad o en reducirla a estadísticas y casos aislados.

El reciente asesinato de dos personas en la Zona Real de Guadalajara volvió a evidenciar la dolorosa normalización de la violencia. El primer caso fue el de Luis Armando Córdova, secretario de Alianzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue ejecutado en una cafetería a plena luz del día, sin que nadie pudiera intervenir para evitarlo. Horas más tarde, el homicidio de la joven influencer Valeria Márquez, perpetrado dentro de su propio establecimiento, conmocionó aún más a la opinión pública.

El hecho, captado en video, muestra con crudeza los momentos de angustia e incertidumbre que vivió Valeria antes de ser asesinada. La secuencia de ambos crímenes, lejos de parecer fortuita, deja entrever una inquietante sensación de fatalidad.

Ambos crímenes detonaron una ola de críticas y señalamientos hacia las autoridades locales. Uno de los puntos más cuestionados fue la ineficacia del sistema de videovigilancia C5, cuya utilidad vuelve a ponerse en entredicho cada vez que un asesinato de alto perfil ocurre sin que las cámaras sirvan para identificar o detener a los agresores en tiempo real. ¿Qué tan funcional es este sistema? ¿Qué tan útil resulta cuando los crímenes suceden en lugares vigilados, a plena luz del día y, aun así, los responsables logran huir sin mayor problema?

La respuesta oficial no hizo más que agravar la indignación. El secretario general de Gobierno de Jalisco admitió: «Desafortunadamente no hubo la capacidad de velocidad, de reacción para poder aprehender a los responsables, pero hay que trabajar en eso». Por su parte, el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón, señaló: «Dentro del margen de sus posibilidades, las unidades respondieron». Más que respuestas, estas declaraciones revelan la falta de coordinación, la debilidad de los protocolos de emergencia y la resignación institucional frente a una violencia que claramente los sobrepasa.

Las explicaciones técnicas ofrecidas por Alarcón —como la ventaja que otorgan las motocicletas a los criminales para escapar entre el tráfico— no hacen sino subrayar la incapacidad del Estado para adaptar sus métodos de respuesta a nuevas formas de operación del crimen. La falta de previsión y de capacidades tácticas, sumadas a una pobre inversión en inteligencia, terminan dejando a la población a merced de grupos criminales cada vez más audaces.

Este patrón no es exclusivo de Jalisco. En la Ciudad de México, el asesinato de dos funcionarios públicos a manos de un sicario en plena vía pública mostró una planificación criminal detallada, ejecutada sin obstáculos. Aunque en este caso las autoridades han logrado reconstruir parte de la operación, el hecho de que no se previniera evidencia nuevamente la fragilidad de los sistemas de inteligencia y protección, incluso para funcionarios públicos.

La violencia en México no discrimina, y la justicia pronta parece inalcanzable. La narrativa gubernamental que minimiza los crímenes, como los asesinatos en Zona Real de Guadalajara, profundiza la desconfianza ciudadana. Cada caso impune refuerza la percepción de un Estado incapaz o renuente a garantizar seguridad.

Surgen entonces preguntas urgentes: ¿están las autoridades realmente comprometidas a mejorar las capacidades de respuesta y prevención? ¿Funciona el C5 como debería o es solo una herramienta decorativa? ¿Están los gobiernos dispuestos a revisar sus protocolos de respuesta y a incrementar los recursos destinados a seguridad?

En el caso de la Ciudad de México, mientras los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación se resguardan bajo la narrativa de la “austeridad republicana”, resulta válido cuestionar si comprenden que invertir en inteligencia y seguridad no es un lujo, sino una necesidad. Los servicios de inteligencia no solo sirven para espiar a políticos—como ha sostenido su líder moral—, sino que pueden y deben desempeñar un papel clave en la prevención de delitos de alto impacto.

De no corregirse esta ruta, los crímenes seguirán ocurriendo, la impunidad se perpetuará y el discurso oficial continuará desdibujándose ante una realidad que lo contradice todos los días. Porque si algo queda después de cada asesinato, además del dolor, es una verdad incontestable: el Estado sigue fallando.