OPINIÓN
Mayra Flores, la primera nativa mexicana en ser electa al Congreso de EEUU, gana distrito en Texas
Política Global, por Jorge López Portillo Basave //
En un país en el que no existen las diputaciones plurinominales la nacida en Tamaulipas, México, hace historia y es electa por el pueblo texano como su representante al Congreso Federal de Estados Unidos de Norteamérica.
¿Por qué es importante esta elección? Desde el punto de vista histórico es un hecho muy trascendente, ya que es la primera vez en la que una persona de nacionalidad mexicana es electa a ser parte del Congreso del país más poderoso del mundo.
Recordemos que Texas era parte de nuestro país hace poco más de 150 años y desde que ese territorio pasó a ser parte de EEUU el partido que ganó dicho distrito fue el Demócrata.
Debemos recordar que el presidente James Polk de EEUU declaró la guerra a México que culminó con el Tratado de Guadalupe, Hidalgo, firmado por el presidente mexicano Manuel de la Peña y Peña por el que México entregó prácticamente la mitad de su territorio. Polk era militante del Partido Demócrata y simpatizante de la causa sureña Confederada que enfrentó a Abraham Lincoln.
La elección de Mayra tiene en verdad un significado histórico digno de registrar y de no olvidar. Flores es militante del Partido Republicano, que nunca había ganado las elecciones del distrito 34 ubicado en la parte sureste de Texas, colindante con Tamaulipas y con el Golfo de México.
Su distrito está constituido por 85% de latinos y como se ha dicho esa demarcación nunca había sido ganado por una mujer nacida en México, ni tampoco por una persona de otro partido que no fuese el Demócrata. Ella se enfrentó a un candidato varón que milita en el Partido Demócrata y que era el representante en funciones de dicho distrito. Ganó con más del 57% de apoyo popular lo que es muy significativo en una zona históricamente demócrata.
El MENSAJE LATINO PARA WASHINGTON
Desde el punto de vista político contemporáneo el mensaje de los electores latinos fue claro. Ella ganó ampliamente una elección extemporánea con un mensaje Pro familia, pro EEUU, Pro estado de derecho. Es esposa de un agente de la policía fronteriza y entre sus mensajes dijo sin repujo que la frontera entre México y EEUU está controlada por los grupos del narcotráfico.
“El Partido Demócrata nos ha abandonado, se ha ido mucho a la izquierda y ya no representa los valores de nuestra comunidad”, aseveró la texana emigrada por sus padres al vecino país cuando México enfrentó la crisis económica de los 90s. Una crisis económica llevó a Mayra a ser ciudadana de los EEUU y ahora una crisis económica la lleva a romper un muro electoral que parecía no tener fin.
En los últimos años la preferencia electoral de los hispanos de todos los orígenes ya sea Caribe, Centro o Suramérica ha ido cambiando pasando de un sólido 60% a favor de los demócratas a un preocupante 20% en las más recientes encuestas de intención de voto.
La ahora legisladora federal contó con el voto de uno de los residentes prominentes de la zona. Elon Musk quien como sabemos vive en una micro casa en la zona hispana de TX anunció que él había votado por la Sra. Flores siendo el primer voto de Musk por un republicano en su vida.
Las elecciones intermedias para renovar el congreso de EEUU se darán en un periodo en el que la inflación de ese país es una de las más altas de los países desarrollados y cuatro veces por arriba de la inflación de China quien es su competidor más fuerte. Las encuestas muestran que el índice de aprobación del presidente Biden entre los latinos está por debajo del 20% lo que es una catástrofe para su partido que históricamente ha contado con la mayoría de ese voto.
Las encuestas más recientes muestran que un 44% de los electores votarían por Donald Trump en el 2024 en contra de un 42% a favor de reelegir a Biden. Encuestas de aprobación indican que un 57% de los electores desaprueban el trabajo del actual mandatario, lo que representa una pérdida de popularidad del 17% en menos de 18 meses, siendo este su peor número en dos años y uno de los peores en la historia reciente de los EEUU.
LA PRIMERA QUE ES PRIMERA QUE NO ES NOTICIA
Mayra Flores, es hispana, es mujer, es inmigrante y ganó un distrito que nunca en la historia había sido ganado por una conservadora, pero eso no es suficiente para lograr ser noticia porque sus puntos de vista no son los que los principales medios de comunicación promueven como los válidos para las minorías.
Su ideología y sus intereses están alineados con los de una creciente mayoría hispana que se preocupa por los resultados y no por las apariencias, por ser juzgados por el contenido de su mente y no por el pigmento de su piel, como lo habría dicho Martin Luther King. Pero como decían en la era de Clinton “…is the economy stupid…”. Cuando la gente padece inseguridad y baja en el poder adquisitivo los electores demandan gobernantes que se enfoquen en resolver los problemas y no en culpar a los anteriores.
¿Por qué no es noticia de primera plana en varios diarios de Estados Unidos o de México? Porque su postura política es contraria a la de la actual Casa Blanca y por ende los medios de izquierda que apoyaron a Biden como CNN, MSNBC, NYT y otros han preferido no dar mucho eco a esa elección efectuada la semana pasada ocasionando que la nota no llegase a nuestros medios nacionales.
Las preferencias electorales y de consumo están siendo puestas a prueba y de hecho el nuevo presidente de CNN ha indicado que su canal estará modificando sus contenidos y hasta renovando a sus conductores para tratar de ser menos partidista y regresar a ser un medio objetivo.
Felicidades a Mayra Flores y mucho éxito en su encomienda, después de todo millones de mexicanos en nuestro país son beneficiarios de las condiciones económicas de EEUU, ya sea por los parientes migrantes o por las exportaciones y el turismo. Como hemos dicho ésta fue una elección extraordinaria por lo que ella ganó un espacio que deberá refrendar en octubre próximo cuando se realizan las elecciones federales intermedias de EEUU.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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