OPINIÓN
Metástasis: Metástasis en Ipejal
Por Flavio Mendoza ///
Hasta ahora parece que se pone atención a lo que pasa en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), porque sólo voces un tanto aisladas, con muy poco eco en algunos medios de comunicación como éste, que desde la década pasada han puesto el ojo en los negocios que más parecen personales que institucionales.
Y es que la reforma que se aprobó en una accidentada sesión del Congreso de Jalisco en noviembre de 2009, en la que se expide la nueva ley del Ipejal, vendió la salud financiera por 50 años al fondo solidario de los afiliados a cambio de dejar la puerta abierta para los negocios personales del Gobierno en turno, el de ese entonces los panistas, quienes ya tenían jugosos negocios al amparo del dinero de los mas de 150 mil afiliados del Instituto.
| Entre los diversos temas y ejes de análisis, con tintes de corrupción, están las inversiones, convenios y contratos como el que se hizo con Transportes Marítimos de México; $1,600 millones de pesos invertidos en muelles y operación de barcos en una empresa que fracasó económicamente; Chalacatepec con 89 millones de dólares para un desarrollo turístico del que hay muchas dudas desde la compra del terreno con la especulación mediante la tía de un funcionario involucrada hasta el desarrollo del proyecto, pero que el actual gobierno parece interesado en revivir, las Villas Panamericanas con 340 millones de pesos que siguen en la infraestructura inútil sin regresar un centavo a Ipejal, sin dejar de lado el impacto ambiental. La administración pasada priista utilizó el fondo de pensiones para realizar una inversión en bonos con la empresa española Abengoa, fueron 603 millones de pesos de los que después de la quiebra de la misma se recuperó la grandiosa cantidad de $3.80 pesos. |
Cabe mencionar que el actual director del Ipejal fue promotor de la reforma del 2009 como legislador panista y el actual gobernador no la votó en contra, sino que decidió abandonar la sesión del Congreso ese día. Y la lista de asuntos sigue, urge revisar con lupa los contratos de arrendamiento, las inversiones inmobiliarias, la compra y venta de terrenos, adeudos de los organismos incorporados, servicios médicos particulares de los trabajadores del Ipejal y otros fideicomisos que conforman el patrimonio del Instituto.
Sobre las pensiones doradas, que en los últimos tiempos se dan con mayor frecuencia y que privilegia a los políticos, hay mucho que decir, porque si se cree que ahora son pocos y es mínimo el impacto al fondo de pensiones, a futuro puede ser un grave problema al ritmo que va, pues al día de hoy se conocen mas de 60 casos que reciben mas de 100 mil pesos al mes, entre el menor de éstos con $104 mil y el que más gana con $176,976.20, el promedio serían aproximadamente un poco más de $140 mil pesos, con este cálculo, el costo anual de estos pensionados vip asciende a la cantidad de 109 millones 580 mil pesos al año, lo que significa que en la pirámide del sistema de pensiones, requieres a miles de trabajadores en activo para sostener a éstos.
Se utilizan las reglas de la ley para promediar la base de cotización de los últimos 12 meses de trabajo o aportación voluntaria, haciendo uso de la no retroactividad y aplicando la ley abrogada, en un puesto de elección pueden triplicar lo que en años de trabajo aportaron y recibir estas híper pensiones.
Más allá de los nombres, lo principal es revisar lo que está pasando, pondré ejemplo concretos, un docente que dejó la sub-dirección de doble turno con un sueldo mensual de 40,184.37 pesos, según la nómina del portal de transparencia de la Secretaría de Educación Jalisco, para ser director de área en el Ayuntamiento de Zapopan, con un sueldo mensual de $37,964.3 durante 21 meses, hasta que se incorpora como regidor en el mismo gobierno municipal con un sueldo mensual de $104,505.72 durante 14 meses, lo que quiere decir que, con base a la ley vigente de pensiones, su promedio de cotización debió dar aproximadamente una pensión de $63,849.37, considerando que solo se tomó en cuanta un mes de su plaza base en educación y que ésta no tiene registro a partir de la función en el ayuntamiento, lo que supone que solicitó licencia sin goce de sueldo o renuncia por pasar a otro empleo, hasta solicitar su jubilación en diciembre de 2013, sin embargo en transparencia del Ipejal, en ese mes la jubilación del político fue por $108,425.60 mensuales y actualmente recibe $129,804.74, por aplicar el principio de ley de no retroactividad.
Otro caso, de una diputada de la pasada legislatura que durante años trabajó en el Ayuntamiento de Guadalajara con un sueldo promedio de 30 mil pesos al mes y que como legisladora se jubiló con $109,069.00, no sólo debemos reclamar la baja productividad en el Congreso sino que utilizó el puesto para triplicar el monto de cotización para ser parte de la élite de pensionados, sin duda esto representará un problema a futuro, cada uno de estos casos y quizá, algunos de menos de 100 mil pesos, de todos colores y gremios, tendrían que ser explicados, porque no se encuentra lógica con lo que la propia ley de pensiones establece para la jubilación; parece existir alevosía y ventaja entre la clase política y los consejos del instituto en los diferentes periodos, algo que debe aclararse y deslindar responsabilidades, pero hay casos de diputados que se fueron jubilados con más percepción de la que recibían como legisladores, incluso aprovechando el régimen de aportación voluntaria, lo que no es congruente ni con la anterior ni con la nueva ley del Ipejal.
Sin duda esto representará un problema a futuro, cada uno de estos casos y quizá algunos de menos de 100 mil pesos, de todos colores y gremios, tendrían que ser explicados porque no se encuentra lógica con lo que la propia ley de pensiones establece para la jubilación, parece existir alevosía y ventaja, corrupción pues, entre la clase política y los consejos del instituto en los diferentes periodos, algo que debe aclararse y deslindar responsabilidades.
Ante la eventual denuncia, sobre dos ejes de los aquí mencionados, por parte de la nueva administración, se cocina una nueva Reforma a Pensiones utilizando esta justificación, sin embargo, antes debe haber claridad y respuesta a todos estos temas para trazar las rutas de la reforma que acoten a los Consejos amañados desde el Gobierno, las responsabilidades de estos y el Comité de Inversión, la incorporación de un Comité de Vigilancia y de Riegos de Inversión, los candados para que los funcionarios por elección popular y/o de confianza de primer nivel del ejecutivo, legislativo y OPD´s no puedan utilizar el sueldo de dicho cargo para el promedio de su jubilación, el Ipejal debe acusar penalmente por peculado al anterior o anteriores Consejos, la corrupción en pensiones comienza hacer metástasis en el Instituto, en la Cuarta Transformación y la Refundación subyace la urgente necesidad de darle eticidad a la acción en políticas públicas, evitando que este cáncer lo consuma todo.
Twitter: @FlavioMendoza_
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
Mensaje a comunidad de la UdeG: Dentro del marco legal se respetará la libre expresión y se atenderán necesidades, Karla Planter
Juan Huerta Péres, secretario general de la FTJ/CTM Jalisco, presidió la sesión de la Comisión de Vigilancia del Infonavit
La Reserva Federal de Estados Unidos baja la tasa de interés: impacto directo en México
Encapuchados, violencia y la Unión de la Juventud Revolucionaria de México: ¿Qué hay detrás del conflicto en la UdeG?
Raúl Llamas Chávez
6 de marzo de 2019 at 11:52
Excelente investigación mtro Flavio, está debe y puede ser utilizada para la que hace el director del instituto. Felicidades.
Pedro
8 de marzo de 2019 at 19:10
Que situación tan delicada para nuestro dinero qué por años aportamos al instituto de pensiones y que unos pocos se sirvan con la cuchara grande, no es justo. Y quienes son los que asesoran para hacer las inversiones? Se supone que son expertos en hacer transacciones, pero tal parece que se convierten en magos y los millones que invirtieron se convirtieron en pesos; deberían de regresar ese dinero quienes invirtieron.
Ernesto leon
8 de marzo de 2019 at 20:20
Se requiere de urgencia se promueva un tope alas pensiones opino hasta
de 50000.00 segun sea el caso