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OPINIÓN

Metástasis: Metástasis en Ipejal

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Por Flavio Mendoza ///

Hasta ahora parece que se pone atención a lo que pasa en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), porque sólo voces un tanto aisladas, con muy poco eco en algunos medios de comunicación como éste, que desde la década pasada han puesto el ojo en los negocios que más parecen personales que institucionales.

Y es que la reforma que se aprobó en una accidentada sesión del Congreso de Jalisco en noviembre de 2009, en la que se expide la nueva ley del Ipejal, vendió la salud financiera por 50 años al fondo solidario de los afiliados a cambio de dejar la puerta abierta para los negocios personales del Gobierno en turno, el de ese entonces los panistas, quienes ya tenían jugosos negocios al amparo del dinero de los mas de 150 mil afiliados del Instituto.

Entre los diversos temas y ejes de análisis, con tintes de corrupción, están las inversiones, convenios y contratos como el que se hizo con Transportes Marítimos de México; $1,600 millones de pesos invertidos en muelles y operación de barcos en una empresa que fracasó económicamente; Chalacatepec con 89 millones de dólares para un desarrollo turístico del que hay muchas dudas desde la compra del terreno con la especulación mediante la tía de un funcionario involucrada hasta el desarrollo del proyecto, pero que el actual gobierno parece interesado en revivir, las Villas Panamericanas con 340 millones de pesos que siguen en la infraestructura inútil sin regresar un centavo a Ipejal, sin dejar de lado el impacto ambiental. La administración pasada priista utilizó el fondo de pensiones para realizar una inversión en bonos con la empresa española Abengoa, fueron 603 millones de pesos de los que después de la quiebra de la misma se recuperó la grandiosa cantidad de $3.80 pesos.

 

Cabe mencionar que el actual director del Ipejal fue promotor de la reforma del 2009 como legislador panista y el actual gobernador no la votó en contra, sino que decidió abandonar la sesión del Congreso ese día. Y la lista de asuntos sigue, urge revisar con lupa los contratos de arrendamiento, las inversiones inmobiliarias, la compra y venta de terrenos, adeudos de los organismos incorporados, servicios médicos particulares de los trabajadores del Ipejal y otros fideicomisos que conforman el patrimonio del Instituto.

Sobre las pensiones doradas, que en los últimos tiempos se dan con mayor frecuencia y que privilegia a los políticos, hay mucho que decir, porque si se cree que ahora son pocos y es mínimo el impacto al fondo de pensiones, a futuro puede ser un grave problema al ritmo que va, pues al día de hoy se conocen mas de 60 casos que reciben mas de 100 mil pesos al mes, entre el menor de éstos con $104 mil y el que más gana con $176,976.20, el promedio serían aproximadamente un poco más de $140 mil pesos, con este cálculo, el costo anual de estos pensionados vip asciende a la cantidad de 109 millones 580 mil pesos al año, lo que significa que en la pirámide del sistema de pensiones, requieres a miles de trabajadores en activo para sostener a éstos.

Se utilizan las reglas de la ley para promediar la base de cotización de los últimos 12 meses de trabajo o aportación voluntaria, haciendo uso de la no retroactividad y aplicando la ley abrogada, en un puesto de elección pueden triplicar lo que en años de trabajo aportaron y recibir estas híper pensiones.

Más allá de los nombres, lo principal es revisar lo que está pasando, pondré ejemplo concretos, un docente que dejó la sub-dirección de doble turno con un sueldo mensual de 40,184.37 pesos, según la nómina del portal de transparencia de la Secretaría de Educación Jalisco, para ser director de área en el Ayuntamiento de Zapopan, con un sueldo mensual de $37,964.3 durante 21 meses, hasta que se incorpora como regidor en el mismo gobierno municipal con un sueldo mensual de $104,505.72 durante 14 meses, lo que quiere decir que, con base a la ley vigente de pensiones, su promedio de cotización debió dar aproximadamente una pensión de $63,849.37, considerando que solo se tomó en cuanta un mes de su plaza base en educación y que ésta no tiene registro a partir de la función en el ayuntamiento, lo que supone que solicitó licencia sin goce de sueldo o renuncia por pasar a otro empleo, hasta solicitar su jubilación en diciembre de 2013, sin embargo en transparencia del Ipejal, en ese mes la jubilación del político fue por $108,425.60 mensuales y actualmente recibe $129,804.74, por aplicar el principio de ley de no retroactividad.

Otro caso, de una diputada de la pasada legislatura que durante años trabajó en el Ayuntamiento de Guadalajara con un sueldo promedio de 30 mil pesos al mes y que como legisladora se jubiló con $109,069.00, no sólo debemos reclamar la baja productividad en el Congreso sino que utilizó el puesto para triplicar el monto de cotización para ser parte de la élite de pensionados, sin duda esto representará un problema a futuro, cada uno de estos casos y quizá, algunos de menos de 100 mil pesos, de todos colores y gremios, tendrían que ser explicados, porque no se encuentra lógica con lo que la propia ley de pensiones establece para la jubilación; parece existir alevosía y ventaja entre la clase política y los consejos del instituto en los diferentes periodos, algo que debe aclararse y deslindar responsabilidades, pero hay casos de diputados que se fueron jubilados con más percepción de la que recibían como legisladores, incluso aprovechando el régimen de aportación voluntaria, lo que no es congruente ni con la anterior ni con la nueva ley del Ipejal.

Sin duda esto representará un problema a futuro, cada uno de estos casos y quizá algunos de menos de 100 mil pesos, de todos colores y gremios, tendrían que ser explicados porque no se encuentra lógica con lo que la propia ley de pensiones establece para la jubilación, parece existir alevosía y ventaja, corrupción pues, entre la clase política y los consejos del instituto en los diferentes periodos, algo que debe aclararse y deslindar responsabilidades.

Ante la eventual denuncia, sobre dos ejes de los aquí mencionados, por parte de la nueva administración, se cocina una nueva Reforma a Pensiones utilizando esta justificación, sin embargo, antes debe haber claridad y respuesta a todos estos temas para trazar las rutas de la reforma que acoten a los Consejos amañados desde el Gobierno, las responsabilidades de estos y el Comité de Inversión, la incorporación de un Comité de Vigilancia y de Riegos de Inversión, los candados para que los funcionarios por elección popular y/o de confianza de primer nivel del ejecutivo, legislativo y OPD´s no puedan utilizar el sueldo de dicho cargo para el promedio de su jubilación, el Ipejal debe acusar penalmente por peculado al anterior o anteriores Consejos, la corrupción en pensiones comienza hacer metástasis en el Instituto, en la Cuarta Transformación y la Refundación subyace la urgente necesidad de darle eticidad a la acción en políticas públicas, evitando que este cáncer lo consuma todo.

Twitter: @FlavioMendoza_

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3 Comments

3 Comments

  1. Raúl Llamas Chávez

    6 de marzo de 2019 at 11:52

    Excelente investigación mtro Flavio, está debe y puede ser utilizada para la que hace el director del instituto. Felicidades.

  2. Pedro

    8 de marzo de 2019 at 19:10

    Que situación tan delicada para nuestro dinero qué por años aportamos al instituto de pensiones y que unos pocos se sirvan con la cuchara grande, no es justo. Y quienes son los que asesoran para hacer las inversiones? Se supone que son expertos en hacer transacciones, pero tal parece que se convierten en magos y los millones que invirtieron se convirtieron en pesos; deberían de regresar ese dinero quienes invirtieron.

  3. Ernesto leon

    8 de marzo de 2019 at 20:20

    Se requiere de urgencia se promueva un tope alas pensiones opino hasta
    de 50000.00 segun sea el caso

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JALISCO

Elección del Poder Judicial: Democracia o fachada

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Tras meses de polarización, el 1 de junio de 2025 México elegirá, por primera vez, 881 cargos judiciales, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte, mediante seis boletas y sin campañas mediáticas intensas. La participación ciudadana, limitada por la complejidad del proceso y el desconocimiento general, difícilmente superará el 20 % del padrón electoral.

Morena domina el proceso, respaldando a candidatos afines, especialmente para ministros, así como para el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral, prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, jueces y magistrados buscan alianzas con sindicatos y organizaciones civiles, en un proceso que despierta dudas sobre su verdadera independencia.

La elección del 1 de junio promete democratizar el Poder Judicial, pero se tambalea en un laberinto de confusión. Elegir entre 2,682 y 881 cargos mediante seis boletas por votante es una hazaña titánica. Sin financiamiento público ni respaldo partidista, las campañas son prácticamente invisibles: los y las aspirantes son poco conocidos.

El desconocimiento del rol del Poder Judicial, sumado a una educación cívica prácticamente inexistente, augura apatía. ¿Democracia o fachada? Morena apuesta por controlar la justicia, mientras los ciudadanos, desorientados, podrían quedarse al margen.

La falta de financiamiento público para campañas y la prohibición de que los partidos promuevan candidatos limitan la difusión de plataformas, lo que podría generar aún más confusión o desinterés entre los votantes.

La legitimidad del nuevo Poder Judicial Federal dependerá de la participación ciudadana en la elección del 1 de junio de 2025.

Estimaciones generales de participación

A diferencia de elecciones previas, en esta ocasión no existen encuestas específicas de opinión pública que detallen con precisión el porcentaje de participación esperado. Sin embargo, diversas fuentes ofrecen estimaciones.

Se espera una participación de entre el 8 % y el 24 % del padrón electoral (95-98 millones de votantes), según proyecciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de analistas independientes.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, estimó una participación de entre 8 % y 15 %, considerando la reducción en el número de casillas (85,000 frente a 170,000 en 2024) y la ausencia de conteo de votos en las mismas, lo que podría desincentivar a los votantes.

Pronósticos optimistas

Morena y sus aliados proyectan hasta 20 millones de votos, equivalente al 20-21 % del padrón. Operadores políticos del partido promueven en todo el país lo que han llamado una “elección ejemplar”, aprovechando su supermayoría en la Cámara de Diputados y la popularidad de Claudia Sheinbaum (80 % de aprobación, Pew Research, febrero-marzo de 2025).

La movilización de bases, sindicatos y organizaciones afines podría acercar la participación al 20-25 %, aunque sin alcanzar los niveles de la elección presidencial de 2024 (61.05 %, es decir, 60 millones de votantes).

La consultora Poder y Estrategia, citada en redes, estima una participación del 20 %, reflejo de un escenario en el que el entusiasmo por la “democratización” judicial y el respaldo a Morena impulsen a sus votantes leales, pese a la complejidad del proceso.

Pronósticos pesimistas

Analistas independientes sugieren que la participación podría caer al 10-15 % si únicamente votan los ciudadanos más informados o movilizados, dadas el desconocimiento sobre el Poder Judicial y la falta de campañas visibles.

Algunos escenarios extremos mencionan estimaciones aún más bajas por estado (Mass Behavior Research) o incluso un 9 %, si se cumple el pronóstico de abstención del 91 % elaborado por Appting Corp. Estos reflejan un escepticismo profundo, alimentado por la desconfianza en el voto tras eventos políticos recientes y la complejidad logística del proceso.

INE y WOLA: La estimación más baja del INE (8 %) coincide con las advertencias de la Washington Office on Latin America (WOLA), que alerta sobre la confusión entre funciones judiciales y persecutorias, lo cual refuerza un escenario pesimista donde la apatía y la falta de educación cívica podrían limitar la participación a un mínimo histórico.

Según WOLA, la participación en esta elección podría situarse entre el 8 % y el 15 %, de acuerdo con su análisis del 12 de mayo de 2025. La organización destaca la complejidad de las boletas, la falta de campañas financiadas, la exclusión de personas en prisión preventiva y la ausencia de conteo en casillas como factores clave que reducirán la afluencia.

Ambos pronósticos coinciden en señalar una participación limitada, influida por la falta de educación cívica, la logística reducida y la percepción de politización del proceso. No obstante, Morena espera alcanzar un 20-25 % con su estrategia de movilización.


Reflexión final

Este 1 de junio, México enfrenta un dilema: ¿puede una elección judicial, envuelta en confusión y dominada por Morena, ser el faro de la democracia que promete? Con proyecciones de apenas 8-24 % de participación, según el INE y WOLA, el riesgo es claro: un Poder Judicial legitimado por pocos podría convertirse en un apéndice del poder político. La apatía ciudadana, alimentada por boletas laberínticas y campañas invisibles, amenaza con ceder la justicia a los designios del partido en el poder.

La historia nos juzgará por lo que hagamos —o dejemos de hacer— este domingo. Si los ciudadanos, desorientados, optan por el silencio, Morena tendrá vía libre para moldear la Suprema Corte y los tribunales a su imagen. Pero si despertamos, si exigimos claridad y participación, aún podemos rescatar la independencia judicial. El voto, aunque titánico, es nuestra última trinchera.

¿Democratización o sumisión? La respuesta está en nuestras manos.

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Beisbol

Brilla Alejandro Osuna en su debut con Rangers y semana de oro para Muñoz y Paredes

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Deporte Rey, por Gabriel Ibarra Bourjac //

En el diamante de las Grandes Ligas, donde los sueños se forjan a golpe de recta y batazo, dos mexicanos han izado la bandera tricolor con una semana para la historia. Del 19 al 25 de mayo de 2025, Andrés Muñoz e Isaac Paredes no solo brillaron; incendiaron el escenario con actuaciones que resuenan desde Seattle hasta Los Mochis y Hermosillo.

Pero, ¿es este fulgor un destello aislado o el amanecer de una nueva era para el béisbol azteca?

Andrés Muñoz, el sinaloense de 26 años, se ha convertido en el guardián implacable de los Marineros de Seattle. Esta semana, sumó su 17º salvamento de la temporada, consolidándose como líder de la MLB en rescates. Con una efectividad de 0.00 en 22.2 entradas y 28 ponches, su recta de 100 millas y slider quirúrgico son un martirio para los bateadores. Contra los Angels el 22 de mayo, cerró la novena con tres outs fulminantes, asegurando una victoria 3-2.

Por su parte, Isaac Paredes, el orgullo del barrio de La Mosca en Hermosillo, de 26 años, desató una tempestad ofensiva con los Astros de Houston. En una semana de ensueño, conectó cuatro jonrones, elevando su total a 11 en la temporada. Con un promedio de .285, 7 dobles, 1 triple y 31 impulsadas, Paredes es el corazón de la alineación texana. Su versatilidad en la tercera base y su ojo clínico para el pitcheo lo confirman como un All-Star en potencia.

El clímax llegó el 24 de mayo, cuando Muñoz y Paredes se enfrentaron en un duelo épico en el T-Mobile Park. Con los Marineros liderando 4-3 en la novena, Paredes enfrentó a Muñoz. Tras una recta de 98 millas, Isaac conectó una línea que Randy Arozarena atrapó, sellando el salvamento de Muñoz. Este choque, con 25,000 gargantas conteniendo el aliento, fue más que un turno al bat; fue un himno al talento mexicano, con Arozarena como testigo de un tridente azteca en el escenario mayor.

Pero no todo es euforia. Mientras Muñoz y Paredes brillan, el béisbol mexicano enfrenta sombras. La Liga Mexicana carece de reflectores, y talentos como Alejandro Kirk, con un jonrón esta semana para los Blue Jays, apenas se mencionan. ¿Por qué celebramos a unos y olvidamos a otros? La falta de apoyo estructural y la dependencia de la MLB para visibilizar a nuestros peloteros son grietas que no podemos ignorar. Muñoz y Paredes, que jugaron juntos en un mundial infantil en 2009, son excepciones forjadas en el sacrificio, no productos de un sistema.

Esta semana, México vibró con sus hazañas. Muñoz, el cerrojo indomable; Paredes, el cañonero incansable. Son más que atletas: son espejos de un país que sueña grande. Pero su brillo nos interpela: ¿cuándo construiremos un béisbol propio que no dependa de las luces de la MLB? Por ahora, celebremos. El diamante es suyo, y el orgullo, nuestro.

EL DEBUT DE ALEJANDRO OSUNA

El pasado domingo 25 de mayo de 2025, Alejandro Osuna, jardinero mexicano de 22 años, debutó en la MLB con los Texas Rangers, venciendo 5-4 a los Chicago White Sox en el Guaranteed Rate Field.

Osuna, prospecto número 7 de los Rangers, fue convocado desde Triple-A Round Rock tras la fractura de Joc Pederson el 24 de mayo. Nacido en Ahome, Sinaloa, y hermano de Roberto Osuna, firmó en 2020 por $125,000. En 2024, fue Jugador del Año de Ligas Menores de los Rangers, bateando .292 con 18 jonrones. En 2025, bateó .283 en Double-A Frisco y .259 en Triple-A, con 9 bases por bolas en 8 juegos.

En su primer turno al bat, Osuna negoció una base por bolas tras un conteo completo de 8 o 9 lanzamientos, demostrando gran disciplina en el plato, luego fue sorprendido intentando robar segunda base. En turnos posteriores, no conectó hit, pero su enfoque en el plato fue destacado como prometedor.

A la defensiva: Osuna brilló con una atrapada espectacular en el jardín izquierdo, calificada como “joya defensiva” por @Liga_Arco y “tremenda” por @MLB_Mexico. Videos compartidos en X mostraron su habilidad para cubrir terreno y hacer jugadas clave, consolidándolo como un defensor versátil.

El debut entusiasmó a México, con Excélsior celebrándolo. Comparado con Alex Verdugo por su contacto y velocidad (34 robos en 2024), Osuna es un “table-setter” para los Rangers (25-28 en la División Oeste). Su rol es incierto, posiblemente alternando en los jardines, pero podría descansar contra zurdos (.594 OPS en 2024). Scouts lo ven como futuro jardinero central si mejora su consistencia.

Junto a Andrés Muñoz (17 salvamentos) e Isaac Paredes (11 jonrones), Osuna resalta el auge mexicano en la MLB.

 

 

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JALISCO

Ecos de un viejo conflicto: Entre banquetas y autonomía, el presupuesto como arma política

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En Jalisco, el conflicto por el presupuesto universitario no es nuevo. Lo que sí ha cambiado es la escena, los personajes y, acaso, el tono. La guerra fría entre Casa Jalisco y la Universidad de Guadalajara vuelve a calentar motores, esta vez bajo la batuta del gobernador Pablo Lemus Navarro y la recién llegada rectora general Karla Planter Pérez, la primera mujer que asume el timón de la máxima casa de estudios jalisciense.

La historia, aunque adornada de discursos de buena voluntad, tiene más fondo que forma. Durante la ceremonia de toma de protesta de Planter, Lemus se desvivió en promesas de respeto, trabajo conjunto y coordinación institucional. Pero como bien sabemos quiénes hemos narrado los entretelones del poder: las palabras del político valen lo que el siguiente boletín.

Apenas semanas después de aquel acto solemne, Lemus propone —como quien sugiere pintar la fachada ajena— que parte del presupuesto de la Universidad se destine a iluminar banquetas, podar árboles, poner señalética y mejorar calles. ¿La razón? Blindar los “Senderos Seguros” para los estudiantes. Una propuesta tan cándida como impertinente. Porque más allá del ropaje técnico, lo que se plantea en el fondo es simple: que la Universidad financie tareas que le corresponden al Estado. Y eso, señoras y señores, tiene nombre y apellido: intervención indebida.

Pero la Universidad no se quedó callada, ni lo hará. No la de Guadalajara, con su vieja escuela forjada entre golpes presupuestales y roces ideológicos. La rectora Planter —con voz firme y pausada, pero con la precisión de quien ha leído la Ley Universitaria más de una vez— puso las cosas en su lugar: “La única instancia que decide y define el destino de los recursos de la Universidad de Guadalajara es el Consejo General Universitario, nadie más”. Punto.

A esa declaración se sumó un comunicado institucional -no sería la UdeG si sus liderazgos no desperdiciaran el presupuesto universitario en desplegados que nadie lee, pero que permiten a los abajo firmantes ver su nombre en el listado y sentirse destacados-, en el que se recuerda que la seguridad pública no es función de una casa de estudios.

Que no tiene facultades policiacas ni de mejoramiento urbano. Que su labor es publicar desplegados, educar, investigar y formar personas íntegras. Y que, aun así, ha invertido más de mil 089 millones de pesos en seguridad interna desde 2013, aunque no explican si eso incluye el pago de seguridad privada en instalaciones y eventos que, beneficia a un exfuncionario público.

En los hechos, lo que pretende Karla Planter es marcar límites, trazar una línea en la arena que dice: hasta aquí llega el Ejecutivo, y de aquí para adentro manda la autonomía universitaria. Y esa postura, tan necesaria para el grupo Universidad como incómoda para la rectora, parece haber irritado al gobernador, quien salió en medios a declarar que le “extraña” la molestia.

El desencuentro no es menor. Lo que se disputa no son solo luminarias o banquetas, sino el principio mismo de la autonomía universitaria frente al poder político. La historia nos ha mostrado —en Jalisco y fuera de él— que los gobernantes suelen querer rectores obedientes, no críticos; instituciones agradecidas, no independientes.

Pero los agravios se acumulan. En poco más de un mes de gestión, Planter ya ha enfrentado señalamientos sobre deudas con el SIAPA de las anteriores administraciones, tensiones por los nombramientos en los Hospitales Civiles por presentar candidatos inadecuados para los puestos y choques sobre la crisis de desapariciones, tema donde la Universidad ha sido más incisiva que el propio Ejecutivo, aunque la última manifestación frente al Palacio de Gobierno por parte de Zoé y la FEU hubiera sido una vacilada.

Hay que recordar que, con Enrique Alfaro, el pleito por el reetiquetado de recursos del Museo de Ciencias Ambientales fue el epítome de un sexenio de confrontación. Y aunque Lemus prometió no repetir esa historia, sus acciones recientes hacen pensar en lo contrario. Porque cuando un gobernador intenta dictar en qué debe gastar una universidad autónoma, está minando las bases de una convivencia democrática.

Ahora, no se trata de negar que las banquetas, luminarias o señalética sean necesarias. Pero pretender financiarlas con dinero destinado a publicar desplegados y la educación superior es torcer la ley.

El gobernador, por su parte, insiste en que no hay confrontación y que su propuesta fue malinterpretada. Invita al diálogo, mientras sus acciones indican otra cosa. Porque firmar convenios sin hablar, como ocurrió esta semana en Casa Jalisco, es el equivalente político a sonreír mientras se clava la daga.

¿Y qué sigue? A juzgar por los antecedentes, la tensión irá en aumento. Porque lo que está en juego no es sólo un presupuesto, sino un modelo de relación entre poderes. Y eso, en cualquier arena política, no puede resolverse con declaraciones suaves ni acuerdos firmados de prisa.

A los universitarios no les queda más que mantenerse firmes. Porque si algo ha demostrado la UdeG es que no se doblega fácil. Y al gobernador y sus asesores, les vendría bien recordar que la autonomía universitaria no es un favor, es un derecho. Uno que se ha ganado con décadas de lucha, no con oficios ni discursos.

Como decía el viejo refrán jurídico: “Lo que no está dentro de la ley, está fuera del presupuesto”. Y si el presupuesto universitario está en la ley, entonces su uso no debe estar en manos del capricho político.

En X @DEPACHECOS

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Tendencias

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