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OPINIÓN

«No entienden que no entienden»: La moratoria constitucional, un suicidio para la oposición

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A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

Circula por las redes sociales de muchos priistas una foto de Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido por sus entrañables amigos como «Alito», en la cual el texto de la foto corresponde a una frase del polémico campechano que dice:

«Quien critica y no propone, quien está en contra de todo y a favor de nada, no quiere que le vaya bien a México». Al leer esta frase les puedo confesar que por primera vez en tres años estoy de acuerdo con el Presidente del PRI y diputado federal, Alejandro Moreno.

La democracia exige de todos nosotros apertura al diálogo y voluntad política de parte de todos los involucrados en el debate, para así poner sobre la mesa propuestas o rutas alternas que permitan, ya sea alimentar las políticas públicas en curso, o bien, complementar las que están por diseñarse.

En virtud de estas exigencias es que no podemos permitir que lleguen al poder aquellas personas que ven en los espacios de representación, un micrófono de gran alcance para difundir discursos y/o mensajes de división o rencor, o bien, una llave con acceso a un cuarto que guarda una ilimitada cantidad de mecanismos coercitivos para obligar, mediante el uso del poder, al resto de los actores se alineen a un proyecto político en concreto, ya sea del partido en el gobierno, o de los partidos de la oposición.

Por esta y otras razones, yo me pregunto muy seriamente: si aquellos que están en contra de todo y favor de nada no quieren que le vaya bien a México ¿por qué la oposición recurre a una moratoria constitucional para rechazar de manera automática todas las reformas constitucionales que plantee el Presidente de la República?

La moratoria constitucional anunciada por la oposición no abona en nada a los principios democráticos que dan forma y sentido a nuestras instituciones y a nuestra tradición política, las cuales, hoy más que nunca, estamos obligados a proteger, preservar y sobre todo, fortalecer mediante la evolución y la implementación en la práctica de nuevas ideas que dan vida a esta década.

En este sentido, que la oposición plantee un ‘’no’’ rotundo a toda propuesta constitucional que emane del Ejecutivo Federal no solo me parece un despropósito democrático, sino también un contrasentido por parte de la oposición que al parecer, se olvida una vez más que su papel en nuestro sistema político no solamente es antagónico, sino que también debe de jugar un papel crítico, objetivo y propositivo de tal manera que todas y cada una de sus acciones busquen alcanzar un nivel de utilidad social que le permitan, a largo plazo, volver a ser una opción para el electorado.

Pero a diferencia de las posturas y comportamientos erráticos y desesperados que ha emprendido una alianza opositora que parece estar cada vez más cerca de ver exactamente cuál es el lastre que no les permite avanzar, esta columna, más que criticar, tiene el objetivo de reflexionar sobre esta decisión tan polémica que ha provocado que hasta los ex presidentes del Partido Revolucionario Institucional, y otros miembros distinguidos de dicha institución invitaran a Alejandro Moreno a reflexionar sobre el futuro del partido (spoiler alert: no reflexionó).

En esta ocasión, la moratoria constitucional inaugura de manera anticipada un nuevo episodio de esta película llamada: “No han entendido, que no han entendido”; película que aunque al principio era entretenida, tal y como las películas de Depredador, ahora ya parece muy forzada.

Una vez más, la oposición se cierra al diálogo olvidando que en este episodio de la vida política de México, que es dominado por un partido que pese a todos sus tropiezos, cuenta con un enorme talento para comunicar y construir narrativas, el contrarrestar ideas públicamente para generar un contenido discursivo capaz de penetrar en la sociedad, es muchísimo más importante que cualquier toma de protesta o repartición de reconocimientos a la militancia en el territorio. Al final del día, si la oposición no le explica a la ciudadanía, de manera clara y concreta, con un lenguaje simple, porqué el Gobierno en turno y sus propuestas son erróneas, entonces ¿quién lo hará?

Si bien es cierto que este sexenio la “fortaleza” de MORENA, radica en gran medida en todos los programas sociales que el gobierno ha diseñado y ha estado entregando en muchos hogares mexicanos, también lo es que su influencia en el territorio mexicano no radica únicamente en esto, ya que los programas sociales son herramientas con los que todos los gobiernos, de todos los colores han contado durante toda la historia política de México, por lo tanto, esto no es un factor distintivo de la estructura electoral en turno.

Lo que sí ha sido un factor aún más determinante y distintivo de esta etapa, es que a diferencia de otros sexenios, el gobierno en turno no cuenta con una sola expresión política en todo el territorio nacional con la capacidad de construir una narrativa congruente y una agenda ciudadana que puedan, tanto contrarrestar discursivamente, de una en una las ideas de este Gobierno, como exponer de manera fría y práctica, el impacto negativo de las decisiones de esta administración.

Los próximos años serán fundamentales para las definiciones que habrá en el 2024 en la elección que la oposición denomina como: “La madre de todas las batallas” y en este proceso definitorio, la reforma electoral y la reforma que planteará cambios operativos en lo que respecta a las funciones de la Guardia Nacional en la seguridad pública de nuestro país, serán fundamentales política y discursivamente.

De entrada, aunque estos temas aún no se ponen sobre la mesa, ya sabemos que serán rechazados y que no van a prosperar, pero ante esta realidad inminente, esperemos que la oposición, en el entendido de que quien está en contra de todo y a favor de nada no quiere que le vaya bien a México, pueda desarrollar una capacidad discursiva que les permita no solo explicar a la sociedad el porqué de su decisión, sino también, que ofrezca una alternativa viable, congruente y clara, que ponga a la ciudadanía en un escenario político en el que realmiente tiene una opción B, escenario que no existe en el terreno político desde el 2018.

Para cerrar esta columna, me gustaría pedirle a la oposición que recuerde, que entre la traición a la patria, y la moratoria constitucional, la traición siempre será más atractiva discursivamente, por ende, el silencio y el no rotundo, no son una opción.

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JALISCO

Mis dudas razonables sobre el futuro de la transparencia en Jalisco 

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Representa la propuesta del gobernador Pablo Lemus un retroceso en la autonomía y participación ciudadana del Subsistema de Transparencia y su Consejo Consultivo?

Lemus promete un “organismo completamente ciudadano”, integrado por rectores, empresarios y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, el proceso de designación del titular y los consejeros del órgano desconcentrado dependerá de ternas propuestas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Consejo Consultivo, pero la decisión final recaerá en el gobernador.

Esto genera suspicacias: ¿cómo puede ser un organismo ciudadano si el Ejecutivo tiene la última palabra?
De entrada, la transferencia de las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, un organismo subordinado al Ejecutivo, plantea serias dudas. Este modelo, inspirado en el federal (“Transparencia para el Pueblo”), ha sido criticado por su falta de independencia, y en Jalisco parece repetirse el mismo error.

La falta de autonomía podría convertir al órgano desconcentrado en una extensión del gobierno estatal, incapaz de sancionar la opacidad o exigir rendición de cuentas de manera imparcial, como advirtió Olga Navarro, titular del ITEI, al señalar que las autoridades serán “juez y parte”.

Por un lado, el gobernador exalta la participación ciudadana en 15 foros con más de 3,000 asistentes; por otro, académicos critican que las propuestas de la iniciativa “Compromiso Jalisco por el Derecho de Acceso a la Información” fueron ignoradas por el Congreso del Estado.

Esta iniciativa pedía un Sistema Estatal de Transparencia robusto y un Consejo Consultivo verdaderamente ciudadano, pero los legisladores de la alianza Movimiento Ciudadano-Morena optaron por un modelo que centraliza el poder en la Contraloría.

La exclusión de estas propuestas debilita la legitimidad del nuevo sistema y refuerza la percepción de que la reforma busca cumplir con la desaparición del INAI e ITEI sin innovar ni proteger los avances de Jalisco, pionero en transparencia.

La centralización en la Contraloría podría generar conflictos de interés, especialmente en casos que involucren información sensible, como contratos, licitaciones o el ejercicio del gasto público.

Otro punto débil es la falta de claridad en temas como datos abiertos y rendición de cuentas. Aunque la iniciativa menciona transitar hacia datos abiertos y mantener la publicación de sueldos, agendas y obras públicas, la vaguedad de estas promesas las deja sin fuerza.

LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES

La iniciativa del gobernador contempla legislar la obligatoriedad de transparencia en los 125 municipios de Jalisco, un aspecto que la reforma federal omite. Sin embargo, esta propuesta choca con la realidad, el problema es que la gran mayoría de los municipios del estado carecen de la fortaleza económica de los ayuntamientos de la zona metropolitana.

Es positivo que se piense en los municipios, pero sin un plan robusto para capacitar y financiar sus contralorías, la transparencia municipal será una quimera. Muchos ayuntamientos ya incumplen con sus obligaciones actuales; ¿cómo esperamos que manejen un sistema más complejo?»

La carga adicional a las contralorías municipales podría generar desigualdades en el acceso a la información entre municipios urbanos (como Guadalajara) y rurales, perpetuando la opacidad en regiones marginadas.
Sin un marco claro, ¿qué garantiza que este modelo no se quede en buenas intenciones?

El ITEI, con sus limitaciones, tenía mecanismos para obligar a las autoridades a transparentar información; el nuevo sistema, en cambio, podría permitir que se eluda la publicación de datos clave, debilitando 20 años de cultura de transparencia en Jalisco.

La iniciativa de Pablo Lemus, aunque bien intencionada, resulta insuficiente al priorizar la armonización federal sobre los avances históricos de Jalisco en transparencia. El estado, que fue referente nacional, corre el riesgo de dar un paso atrás si este modelo no se fortalece con verdadera independencia y participación ciudadana. La transparencia no se decreta; se construye con hechos.

 

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JALISCO

Transparencia en Jalisco: El costo político de extinguir el ITEI

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El 10 de junio de 2025, el Congreso de Jalisco aprobó con 27 votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Hagamos, Futuro, PT y Verde, y 8 en contra de PAN y PRI, la desaparición del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), cuyas funciones fueron transferidas a la Contraloría del Estado.

Esta decisión, que armoniza la legislación local con la reforma constitucional federal de 2024 impulsada por Morena para eliminar organismos autónomos como el INAI, ha desatado un debate crucial: ¿fortalece o debilita la transparencia en Jalisco? La medida, aunque obligada por la federación, revela tensiones políticas, contradicciones ideológicas y un pragmatismo que podría costarle caro al gobierno de Pablo Lemus.

¿Cómo lo va a tomar el elector local? ¿Qué tanto le va a afectar a Movimiento Ciudadano ir con Morena en esta decisión de desaparecer al ITEI? Pablo sacrifica parte de la autonomía regional que demandó en campaña contra el centralismo chilango -así le llamó- para evitar conflicto con la presidenta Claudia Sheinbaum

La reforma federal, respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, extinguió el INAI y reasignó sus tareas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del Ejecutivo.

En Jalisco, el Congreso tuvo hasta el 18 de junio de 2025 para alinear su marco legal, optando por disolver el ITEI y crear un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría. Aunque Lemus no inició esta reforma, su decisión de alinearse con Morena en el Congreso local contrasta con la postura combativa de su antecesor, Enrique Alfaro, quien desafió al gobierno federal en defensa de la autonomía estatal. Este pragmatismo sugiere que Lemus prioriza la gobernabilidad y una relación tersa con Sheinbaum, pero a un costo político que aún está por definirse.

Movimiento Ciudadano enfrenta una contradicción evidente. En el Senado, su coordinador, Clemente Castañeda, defendió con vehemencia la autonomía del INAI durante las discusiones de 2024, calificando su eliminación como un retroceso democrático que socavaría la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

En el foro “Diálogos Abiertos por la Transparencia” de noviembre de 2024, Castañeda respaldó a expertos que alertaron sobre los riesgos de centralizar funciones en el Ejecutivo, como la pérdida de la Plataforma Nacional de Transparencia y la falta de independencia en la gestión de información pública.

Sin embargo, en Jalisco, los legisladores de MC votaron junto a Morena para extinguir el ITEI, exponiendo una dualidad discursiva que podría confundir a su base electoral, especialmente en un estado donde MC ha construido su identidad en torno a la autonomía regional y la crítica al centralismo.

El ITEI, hay que reconocerlo, no era un bastión de imparcialidad. Durante el sexenio de Alfaro, expertos en transparencia acusaron al organismo de ser cooptado por el Ejecutivo, funcionando más como una extensión del poder estatal que como un contrapeso al servicio de la sociedad. Gabriel Torres Espinoza, académico y analista, cuestiona la utilidad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), describiéndolos como “burocracias politizadas, independientes solo en el papel”. En su opinión, muchos OCA, incluido el ITEI, se convirtieron en espacios para colocar aliados en la nómina o tejer redes de influencia con fines de lucro, desviándose de su propósito original. “Deben ser contrapesos reales, no simulaciones ni monumentos vacíos”, sentencia Torres, reflejando un escepticismo compartido por sectores críticos que ven en la extinción del ITEI una oportunidad para replantear la transparencia, siempre que se garantice su efectividad.

Consciente de las críticas, Lemus propuso un nuevo modelo dentro de la Contraloría, con participación de universidades, sociedad civil y actores independientes, para preservar la transparencia y el acceso a la información. Sin embargo, PAN y PRI han acusado al gobierno de convertirse en “juez y parte” al subordinar estas funciones a un organismo dependiente del Ejecutivo, lo que podría comprometer la imparcialidad.

La alianza de MC con Morena, su rival directo en las elecciones intermedias de 2027, añade una capa de complejidad. En campaña, Lemus prometió resistir el “centralismo chilango”, pero su voto conjunto con Morena podría alienar a votantes que valoran la autonomía regional, especialmente en un contexto donde la polarización política está en aumento.

El impacto electoral de esta decisión es incierto, pero significativo. MC ha dominado Jalisco en los últimos años, pero la percepción de que Lemus cede ante el gobierno federal podría erosionar su capital político, particularmente entre los sectores urbanos y jóvenes que apoyaron su discurso de independencia. Además, la transferencia de funciones a la Contraloría plantea desafíos operativos: ¿tendrá la capacidad técnica y la autonomía necesaria para manejar solicitudes de información y garantizar la protección de datos? La inclusión de la sociedad civil en el nuevo modelo es un intento de mitigar estas dudas, pero su éxito dependerá de la transparencia en su implementación y de la vigilancia ciudadana.

En última instancia, la extinción del ITEI refleja un dilema más amplio: cómo equilibrar la armonización con las reformas federales sin sacrificar los principios de autonomía y transparencia que Jalisco ha defendido. Lemus apuesta por un enfoque pragmático, pero el costo político y social de esta decisión podría manifestarse en las urnas y en la confianza ciudadana, especialmente si el nuevo modelo no logra desterrar las prácticas de control que marcaron al ITEI en el pasado.

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JALISCO

Un gobernador de redes sociales: La diplomacia según Lemus y el silencio que delata…

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Pablo Lemus quiso jugar a la diplomacia. Se colocó su traje de “estadista internacional”, abrió su cuenta de X y decidió pronunciarse —veinticuatro horas después— sobre un conflicto que ni le competía ni le concernía directamente, pero que olía a oportunidad política: una funcionaria menor de Morena, Melissa Cornejo, fue cancelada —en redes y en visa— por el exembajador Christopher Landau, actual vicecanciller estadounidense. Lemus, con más cálculo que convicción, tomó aire, y escribió: “Eso no es Jalisco”.

Pero, ¿qué es Jalisco para Lemus? ¿Es acaso ese estado ejemplar que presume ante los diplomáticos gringos mientras, al mismo tiempo, sufre una de las tasas más alarmantes de desapariciones en el país? ¿Es ese “pueblo hermano” que, según él, mantiene relaciones respetuosas con los Estados Unidos, mientras la impunidad se pasea libremente entre sus aliados políticos, como Enrique Alfaro en Madrid, sin rendir cuentas por los más de 17 mil desaparecidos?

En su intento por desmarcarse de Melissa Cornejo —una joven militante que se inmoló en un tuit rabioso contra el imperio migratorio estadounidense— Lemus no midió que estaba exponiendo su propia desnudez política. Porque es muy cómodo condenar un mensaje soez desde la altura del poder, pero es más difícil responder cuando la diputada Itzul Barrera le devuelve el golpe con los datos que Lemus no publica en sus redes: alcaldes de su partido presos por crimen organizado, crisis hídrica en medio estado, y una Mesa de Seguridad donde el gobernador prefiere scrollear a intervenir.

Lemus no defendió a Jalisco. Se defendió a sí mismo. Se posicionó como el “buen mexicano”, el que sabe hablar inglés, el que presume relaciones internacionales y que, como todo buen político tecnócrata, se sube a los trending topics con frases bien medidas para caerle bien a los de afuera.

Pero en casa, su voz suena hueca. ¿Dónde está el mismo Lemus para condenar las ejecuciones extrajudiciales que policías municipales han protagonizado en su administración? ¿Dónde está para exigir justicia para las madres buscadoras hostigadas o desaparecidas? ¿Dónde estaba cuando Itzul Barrera le respondió con datos y él no supo replicar más que con silencio?

Este es el verdadero problema: Lemus no ve el fondo, solo la forma. Mientras Melissa Cornejo borra sus redes, él limpia su imagen con trapos ajenos. Mientras el vicecanciller Landau pontifica sobre los “glorificadores de la violencia”, el gobernador guarda silencio sobre los desaparecidos del 5 de mayo, los cuerpos embolsados en el río Santiago o los feminicidios en la zona metropolitana.

Y todo, para quedar bien con Washington.

Como decía un viejo columnista —al que esta pluma sigue rindiendo tributo—, “los políticos no son lo que dicen, sino lo que callan”. Y Lemus, al callar frente a los escándalos reales que le competen, pero alzar la voz solo cuando hay reflector extranjero de por medio, se pinta de cuerpo entero: es un gobernador de redes, no de gobierno.

En X @DEPACHECOS

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