OPINIÓN
¿Privilegiar la economía o las vidas?
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Cada vez me convenzo mas del mejor manejo de los efectos de la pandemia entre dos municipios que nos afectan a muchos en la vida diaria, y me refiero a las adecuadas políticas que ha tomado Pablo Lemus Navarro en Zapopan contra las populares, pero nefastas, de Ismael del Toro en Guadalajara.
Nada menos el día viernes me tocó estar esperando la luz verde en un semáforo de la Avenida Hidalgo y coincidir con la gente que hacia fila para entrar a lo que ahora los chavos llaman un Antro sobre esa importante calle, al poniente de la ciudad, donde ningún protocolo al ingreso se estaba respetando, de los grupos de personas prácticamente ninguno portaba cubrebocas y al ingreso no se percibía que se les tomara la temperatura o al menos se les obligara a poner gel anti-bacterial en sus manos.
Por ello me trasladé a la zona Chapultepec y cual sería mi sorpresa al notar que en casi todos los bares los asistentes tampoco portaban el obligado cubrebocas y mucho menos se respetaba la supuesta sana distancia ni el 50% de las mesas sin comensales.
Con la curiosidad a cuestas decidí darme una vuelta por un Casino ubicado en ese municipio y como no lograba desde el exterior mirar lo que pasaba, ingresé a uno, ahí si debo reconocer que el protocolo de entrada era formal, se exigía la protección para ingresar, pero una vez dentro desde la fila para adquirir la tarjeta para depositar dinero y jugar y en todas las diferentes máquinas, las gentes estaban también sin cubrebocas y menos con sana distancia.
En cambio en Zapopan Pablo Lemus ha insistido en negar la apertura de bares, discotecas, casinos, espectáculos públicos e inclusive hasta gimnasios, y ha manifestado que no es posible que se permita operar este tipo de establecimientos y por otro lado ilógicamente no se permita la apertura de escuelas. Cuál decisión es mejor, ¿la sanitaria que busca evitar contagios masivos salvando con ello vidas? O la económica que solo busca privilegiar este tipo de establecimientos sin importar el riesgo de contagio.
Por simple lógica como ciudadano que vive y trabaja en esta zona metropolitana me inclino a pensar que es mucho mejor la adoptada por Pablo Lemus en Zapopan. Lamentablemente los dueños de Casinos y bares no están contentos con la medida y presionan fuertemente al ayuntamiento de Zapopan para que les permita abrir sus negocios, lo que conlleva directamente al contagio y la pérdida de vidas humanas.
Es tal la molestia de los que están atrás de los intereses económicos de este tipo de negocios que hasta el lider de la mayoría en el Congreso del Estado atacó a Lemus con la excusa de que éste hubiera manifestado interés en contender, de darse algunas condiciones y contando con el apoyo del partido político que lo postuló para la alcaldía de Zapopan, ahora para ese mismo cargo en Guadalajara.
Para la ciudad capital sería fabuloso contar con un presidente municipal que ha demostrado una gran capacidad de liderazgo y conocimiento de la realidad, no de su municipio sino de los problemas de la zona metropolitana completa, y ha logrado un manejo ejemplar desde las finanzas municipales hasta de vialidad, es cierto también que existen zonas con muchas carencias, que tienen que resolver en este último tramo de la administración o su sucesor.
Claro que sí el puede con un municipio tan complicado como Zapopan podría fácilmente con un municipio decadente por culpa de sus autoridades como lo es Guadalajara, y me refiero a los últimos presidentes municipales que no han logrado hacer renacer la vida en una ciudad que cada vez tiene menos habitantes, pero eso sí muchos mas problemas de inseguridad.
El mejor centro comercial que podríamos disfrutar debería ser el centro de la ciudad de Guadalajara, que cada día esta más abandonado a pesar de su última remodelación por las obras del tren ligero.
Urge que se apliquen políticas mas empresariales para rescatar la ciudad, la cual tiene agotado su crecimiento y su única solución es el desarrollo vertical. Es un gran reto, ya que como buena ciudad vieja, tiene colapsados sus sistemas de agua potable y alcantarillado, entre muchos servicios más y además está reprobada en seguridad pública. Una ciudad así requiere un presidente municipal que no llegue solo a aplicar programas electoreros repartiendo dádivas y apoyos a los necesitados, de eso ya se encarga, equivocadamente el gobierno de MALO. (Marca no registrada.)
EL MÉXICO DE AMLO
Ya que hablo de nuestro presidente me gustaría que alguien me dijera dónde queda ese país al que se refirió en su informe, un país con una economía boyante, que ya domó la pandemia y donde ya no hay tanto contagio y mucho menos muertes (en el que vivimos solo reportamos cientos de defunciones diarias), un país donde ya se sembraron 1,100 millones de árboles, con lo que cubrimos todo el territorio nacional incluyendo desiertos, un país donde se ataca frontalmente al narco y no se cuenta con gran popularidad con base en dádivas electoreras.
Un país donde se respeta la democracia y no se opera políticamente para evitar la creación de un partido político al que al esposo de su dirigente le tienen miedo y odio. Un país donde verdaderamente ya no hay corrupción ni del hermano del Presidente o de sus hijos, y el cual es seguro, existe seguridad jurídica para todos y un clima de negocios adecuado para invertir. Un país donde su Presidente dice ser el segundo mejor del mundo (modestia aparte). Por favor amigo lector, me puede ayudar a ubicar a que país se refería el señor López.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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