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OPINIÓN

¿Qué pasa en México con los residuos? Bioética y contaminación del agua con fármacos

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Bioética, por Omar Becerra Partida //

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, los productos farmacéuticos son sustancias químicas sintéticas o naturales que se pueden encontrar en medicamentos recetados, de venta libre y veterinarios. Estos productos contienen ingredientes activos diseñados para provocar efectos farmacológicos y beneficiar significativamente a la sociedad.

También menciona, que los fármacos se pueden introducir en las fuentes de agua a través de aguas residuales que transportan excretas de personas y pacientes que los hayan utilizado; por eliminación inapropiada de medicamentos (por ejemplo, arrojándolos por el inodoro); y por medio de residuos líquidos agrícolas, incluido el estiércol del ganado. Estos productos se han convertido en una cuestión de creciente preocupación para el público, debido a que podrían llegar a las fuentes de agua potable.

Entonces el agua que consumimos todos los días puede no ser tan pura como uno piensa; un estudio que se realizó en Estados Unidos se encontró que el agua que consumen aproximadamente unos cuarenta millones de estadounidenses tiene residuos de medicinas, lo que significa que para la salud de la población estadounidense los restos de antibióticos, antidepresivos, y otras medicinas para el corazón y hormonas están apareciendo en el agua.

Un estudio de la Agencia Prensa Asociada encontró que el agua de 24 áreas metropolitanas de Estados Unidos está contaminada con medicamentos.

Mencionan los autores de las investigaciones que los efectos para la salud a largo plazo a estos contaminantes podrían alterar la salud de la población en general.

Según los expertos, cuando alguna persona toma una pastilla el cuerpo no absorbe toda la sustancia activa, la parte que no se absorbe es eliminada por el organismo y va directo al sistema de aguas negras. Pero no desaparece durante el proceso de tratamiento del agua, sino que fluye después a los lagos, ríos y mares.

Tampoco desaparece durante la fase de purificación que la convierten nuevamente en agua potable.

La industria farmacéutica enfatiza que los restos de medicamentos encontrados en el agua son extremadamente pequeños, pero la agencia federal de protección al medio ambiente dice estar preocupada en Estados Unidos.

¿Pero qué pasa en Mexico?

Nos dimos a la tarea de buscar a la experta en el tema, la Maestra Ana Luisa Ramos Lira, ella estudió, Medicina, Derecho y tiene la Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental y Catedrática e investigadora en temas de Salud Ambiental.

Según la experta:

La población en la República Mexicana no desconoce que alrededor del 70 – 80% de los ríos, lagos, acuíferos y otros cuerpos de agua se encuentran contaminados por coliformes fecales, metales pesados, herbicidas, insecticidas en cantidades alarmantes sin que existan hasta el momento estrategias importantes para dar solución a este problema. Lo que pocas personas saben es que desde hace años existe otro contaminante, al que no se le ha puesto atención y estos son los fármacos.

Los fármacos son compuestos complejos utilizados para prevenir y combatir las enfermedades, cientos de ellos salen al mercado cada año que pudieran estar reemplazando a los obsoletos, existe un exagerado consumos de medicamentos en el mundo con una muy mala disposición de ellos que ha llevado a que las investigaciones en otros países los encuentren en todos los cuerpos de agua y lodos de aguas residuales.

En 1976 en Kansas City E.U. se realizó un estudio sobre la contaminación de fármacos en una planta de tratamiento de aguas residuales encontrando algunos de ellos, pero no trascendió.

En 1992 investigadores alemanes buscando herbicidas encontraron ácido clofíbrico (medicamento utilizado para disminuir los triglicéridos en sangre) así como las investigaciones de 7 países más que se encuentran en las colindancias del Mar del Norte, mostrando en los últimos 20 años de estudios que los fármacos son un contaminante más del medio ambiente.

Entre los países que han realizado estudios al respecto se encuentran: Alemania, Francia, Inglaterra, Dinamarca, España, Canadá, Estados Unidos, Japón, Rusia entre otros.

Los medicamentos encontrados son: analgésicos, antimicrobianos, hormonas, tranquilizantes, antiinflamatorios no esteroideos, antidepresivos entre otros.

La característica del medicamento es que se encuentran diseñados para persistir y pueden durar en el agua por el tiempo que marca su caducidad y una vez que entran al agua entran a la cadena alimentaria.

Han demostrado las investigaciones la feminización de los peces y las aves por la presencia de hormonas en el agua y que hipotéticamente pudiera pasar en el hombre.

Los antimicrobianos pueden inducir al desarrollo de resistencia antibacteriana en las personas ya que la encontramos en el agua potable. Estados Unidos ha reportado más de 4 medicamentos en el agua del grifo.

Las fuentes de contaminación son las industrias farmacéuticas, los hospitales y los medicamentos de uso doméstico.

Los conocimientos actuales son insuficientes para conocer los efectos a largo plazo en la salud humana, además México cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales convencionales incapaces de eliminar contaminantes como los metales pesados y los fármacos encontrándose en el agua potable de uso cotidiano incluyendo el agua de garrafón.

Aproximadamente un 15% de la población mundial no tiene fácil acceso al agua potable y un 40% no dispone de un sistema adecuado de saneamiento para eliminar sus residuos. Estos dos factores combinados son una de las principales causas de mortalidad y morbilidad. Por ello, ambos temas fueron incluidos entre los objetivos del milenio de las Naciones Unidas en 2000.

Los expertos en gestión del agua tienen una cosa muy clara: no hay una solución universal para todos los países, ya que los factores sociales, culturales y políticos suelen ser tan importantes como los que se refieren a las características climáticas, hidrológicas y ecológicas.

Interesante lo que nos menciona la experta.

Según la OMS, en la actualidad, el análisis de los datos disponibles indica que existe un margen de seguridad considerable entre las bajísimas concentraciones de productos farmacéuticos que se consumirían con el agua potable y las dosis terapéuticas mínimas, lo que sugiere un riesgo exiguo para la salud humana.

Pero ahora con la pandemia del COVID 19 muchos países han cuestionado a la OMS, a grandes rasgos en Mexico no existe una legislación sobre el tema.

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NACIONALES

Que no son lo que son

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

En el oficialismo, que incluye en este caso al gobierno, Poder Legislativo y partido, se han empeñado en no reconocer y negar lo que es evidente: la construcción de un Estado policial y la oficialización de la censura gubernamental atacando la libertad de expresión. La conversación se ha seguido en los medios públicos y privados con las voces del régimen negando y la oposición acusando la coartación de las libertades civiles.

Dos son los argumentos oficiales destacados; el primero es la necesidad que tiene el estado de combatir con mayor eficacia al crimen organizado y el segundo es que la oposición exagera para beneficiarse electoralmente y que en realidad ya todo está en la legislación y solo se adecua.

Se puede coincidir en que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, así como también en que el Estado requiere mejores instrumentos para combatirla; y que bueno que así se piense, pues eso implica que el Estado retome su potestad del uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la observancia de la ley.

En lo que no se puede estar de acuerdo es en que para hacerlo tenga que convertir a toda la población en potenciales delincuentes, sospechosos solo por poseer teléfonos celulares o participar en redes sociales. Poco importa que digan que se requerirá una disposición judicial para escudriñar las vidas de particulares, cuando el nuevo poder judicial está poblado por incondicionales del régimen.

Aceptemos que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, pero también que las competencias de las policías municipales y de los estados está severamente limitada por falta de recursos que la federación ha preferido destinar a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas, y que la expansión de los grupos delincuentes fue posible por la desidia y la indiferencia de las fuerzas federales dedicadas por seis años a solo hacer presencia y dar abrazos y no balazos, sin descontar la posible connivencia o complicidad de políticos, policías y gobernantes, tolerada con conveniente disimulo.

El giro de timón que ha tenido la estrategia gubernamental, persiguiendo y apresando delincuentes, no sabemos si obedece a una real voluntad de acabar con el problema o solo ha administrarlo en tanto baja la presión del gobierno estadounidense que ha exigido un combate a fondo de los grupos criminales y su asociación con los poderes del Estado. En todo caso, a pesar de los resultados estadísticos favorables, los carteles avanzan y controlan amplias franjas del territorio nacional y no se entiende cómo la censura y el uso faccioso y político de los datos personales puedan coadyuvar a detenerlos.

Se dice también que la nueva CURP con datos biométricos coadyuvará en la búsqueda de personas desaparecidas, así como unificar datos de la población para trámites y servicios. Esto implica un peligro adicional para la ciudadanía, porque conocemos la ineptitud del gobierno para manejar este volumen de información con seguridad y secrecía, y no sería remoto, dada la penetración del crimen en las estructuras gubernamentales, que los datos personales cayeran en malas manos.

Sin embargo, podríamos dar el beneficio de la duda y abonar las buenas intenciones del gobierno, si no fuera por la estructura totalitaria que se está construyendo alrededor.

El ogro filantrópico se ha venido construyendo sistemáticamente. Las bases se sentaron el sexenio anterior y no mintieron al decir que seguiría un segundo piso. Hoy el Estado subsidia y anestesia la pobreza, censura y cohesiona a medios y comentaristas, hizo ficción a la división de poderes, eliminó los órganos e instituciones autónomas e independientes y desnaturalizó a las fuerzas armadas garantes hoy de la seguridad pública.

Lo que queda por hacer es dominar, controlar y sujetar las libertades individuales para hacer imposible la disidencia.

En ese objetivo es donde encuadran todas estas reformas que presentan como útiles para recobrar la seguridad y hacer más efectiva la actuación de las fuerzas armadas utilizando las herramientas de la inteligencia y equipos cibernéticos. No existe en las leyes que han propuesto límite alguno para que el Estado utilice los datos personales para los fines que juzgue convenientes, sean en efecto para perseguir delincuentes o para presionar e intimidar a opositores o a simples ciudadanos.

Ejemplos recientes nos muestran el uso selectivo de la justicia, al menos en el Tribunal electoral en casos de violencia de género y no hay garantía de que esa conducta no se vuelva rutinaria en el régimen en configuración, especialmente cuando desde la tribuna presidencial se trata a los críticos como adversarios y a los opositores como traidores. El uso y abuso faccioso del poder es propio de tiranos, aunque digan que no lo son. La democracia es a partir de ahora, escenografía.

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NACIONALES

Nombramientos sin mérito

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Opinión, por Iván Arrazola //

La discusión sobre si los cargos públicos deben asignarse con base en el mérito o la lealtad es tan antigua como la política misma. Se trata de una tensión permanente entre dos principios fundamentales: por un lado, el mérito, entendido como la selección de personas con competencias técnicas, experiencia comprobada y formación adecuada para desempeñar sus funciones con eficacia; y por el otro, la lealtad, asociada a la necesidad de los gobernantes de rodearse de personas de su confianza ideológica o personal para garantizar cohesión, control y ejecución política.

Si bien ambos criterios pueden coexistir en ciertas circunstancias, en la práctica se suele imponer uno sobre el otro, con consecuencias directas en la calidad del gobierno y en la percepción pública sobre la legitimidad de los nombramientos. En este sentido, vale la pena analizar dos casos recientes que han generado amplia polémica en México.

El reciente nombramiento de Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha generado una fuerte polémica. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, defendió su decisión señalando: “Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y creo que va a desempeñar un buen papel en la Organización Mundial de la Salud”. Sin embargo, no profundizó en los criterios específicos que motivaron su designación. Frente a las críticas, la presidenta ha atribuido los cuestionamientos a motivaciones políticas.

Desde una lógica institucional, este nombramiento resulta difícil de justificar bajo criterios de mérito. La gestión de López-Gatell durante la pandemia de COVID-19 fue severamente criticada por múltiples sectores sociales y médicos: desde la negativa inicial para recomendar el uso generalizado del cubrebocas, la falta de aplicación masiva de pruebas rápidas, la centralización opaca de la estrategia de vacunación, hasta su retórica polarizadora, como cuando llamó “golpeadores” a los padres de niños con cáncer que protestaban por el desabasto de medicamentos.

A pesar de que Sheinbaum defendió el nombramiento señalando su formación académica (es egresado de Johns Hopkins), lo cierto es que la percepción social de su desempeño es negativa. Informes independientes estiman que el número real de fallecimientos por la pandemia superó los 800 mil, muy por encima de las cifras oficiales que hablan de 300 mil muertes.

En este contexto, el nombramiento de López-Gatell no parece responder a una evaluación técnica o a un reconocimiento por resultados, sino más bien a un acto de lealtad política. Se premia a un aliado, se protege a una figura del obradorismo, aunque su desempeño haya sido profundamente cuestionado.

El segundo caso ilustra otra faceta del problema: el uso patrimonialista de los recursos públicos. Se trata de la comunicadora Eli Castro, quien recientemente fue exhibida por ocupar una plaza como asesora técnica en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en Jalisco, con un salario de más de 73 mil pesos mensuales. La polémica surgió a partir de una transmisión en vivo, en la que un ciudadano cuestionó sus capacidades técnicas para desempeñar el cargo.

En lugar de presentar credenciales técnicas, Castro se limitó a presumir su trayectoria en el gobierno, señalando que ha trabajado con diversas administraciones y que ha ocupado cargos en cada una de ellas, incluyendo el Consejo Estatal de Trasplantes, las Fiestas de Octubre y la entonces Secretaría de Vialidad. Concluyó su intervención afirmando con orgullo: “por eso estoy donde estoy”. En la misma transmisión, reconoció que estaba comisionada y no realizaba funciones técnicas, lo que agravó la controversia. El SIAPA, en respuesta, emitió un comunicado para deslindarse, afirmando que el contrato era temporal y que no se renovaría. El propio director del organismo señaló que las tareas de comunicación que Castro debía realizar ya las ejecutaba él mismo.

Este caso no solo revela una designación sin méritos técnicos, sino además una falta total de control institucional: la autoridad estatal no tenía conocimiento del nombramiento, y las explicaciones posteriores resultaron insatisfactorias. En un contexto de crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con colonias que enfrentan desabasto, agua sucia y aumentos en las tarifas, el caso profundiza la desconfianza ciudadana hacia las autoridades responsables del servicio.

Ambos casos ejemplifican la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y el debilitamiento del principio del mérito como criterio de selección. En el caso de López-Gatell, se premia a un funcionario sin rendición de cuentas por decisiones que costaron miles de vidas. En el caso de Eli Castro, se revela un uso discrecional de la nómina pública como si fuera propiedad privada del funcionario en turno.

Lo más preocupante es que, en ambos casos, el daño no se limita al escándalo mediático, sino que impacta directamente en la calidad de los bienes públicos: la salud y el acceso al agua, derechos fundamentales que hoy están en entredicho.

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JALISCO

Los excesos, ¿son garantía?

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Opinión, por Gerardo Rico //

Con una agenda 2030 el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) informó el pasado 30 de junio sobre los “Lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados, en la postulación en la de candidaturas a diputaciones y munícipes en el Proceso Electoral Local Concurrente 2026-2027”

Consejeras electorales de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación precisaron que: La paridad de género no fue una concesión del poder, sino el resultado de una lucha histórica impulsada por mujeres, activistas y feministas que denunciaron la exclusión estructural de las mujeres en la vida pública. Aunque se han logrado avances significativos, persisten barreras institucionales y socioculturales que impiden una participación plena, no solo de las mujeres, sino también de otros grupos históricamente excluidos, por lo que estos nuevos lineamientos buscan corregir esas desigualdades.

Se informó, además, que los lineamientos aprobados resultaron de un diagnóstico cuantitativo con información y datos del proceso electoral 2024 y luego de un amplio procedimiento incluyente y técnicamente sustentado, atendiendo principios de progresividad, paridad sustantiva y acceso igualitario a los derechos político-electorales.

En lo personal, estoy de acuerdo en el avance significativo que se ha tenido en los últimos años en los derechos de las mujeres y de grupos vulnerables en la sociedad que históricamente han sido discriminados en diferentes ámbitos, sobre todo en la actividad política. Aparte de la discriminación, han sido atacados de diferentes formas, impidiendo su desarrollo pleno en lo profesional y social, y esto sin duda se ha modificado en los últimos años a su favor.

Pero las acciones aprobadas por el IEPC Jalisco son un exceso de facultades que se atribuye el organismo y que pueden afectar la paridad y organización de los comicios intermedios del 2027. Mientras por un lado “resuelven” la participación femenina y de grupos discriminados, por el otro vulneran y limitan la participación política y las aspiraciones de quienes legítimamente aspirarán a algún cargo de elección popular y que por aras del destino son hombres.

Se trata de buscar un equilibrio en la representación y participación de ambos géneros en diversos ámbitos, incluyendo el político y el laboral.

La discusión puede enfocarse en cómo la paridad beneficia a toda la sociedad, incluyendo a los hombres, y cómo se pueden crear condiciones más equitativas para todos, sin perder de vista los retos específicos que enfrentan las mujeres y los grupos vulnerables.

De acuerdo a las disposiciones del organismo electoral en Jalisco, el total de candidaturas a diputados locales por mayoría relativa se integrará de manera paritaria entre ambos géneros, pero la postulación de personas no binarias y todas las identidades de género distintas al binario, se contabilizarán al género masculino.

Para los candidatos a diputados de representación proporcional, cada partido deberá presentar una lista de 18 personas alternadas por género (mujer-hombre-mujer), incluyendo al menos 9 candidaturas femeninas, y se permite que la lista pueda ser encabezada indistintamente por una mujer o un hombre, desde mi punto de vista, una situación más equilibrada.

Aunque establece en otra parte de su comunicado que en los primeros ocho lugares de la lista de representación proporcional se incluirá a algún miembro de los siguientes grupos: personas indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual (LGBTTIQ+) jóvenes y personas residentes en el extranjero. En caso de no incluir a alguien de dichos grupos en las listas de representación propocinal, el partido político deberá postular a las personas de estos grupos para diputaciones por mayoría relativa, en cualquiera de sus cinco distritos electorales más competitivos.

Pero luego viene el asunto de los municipios, aquí las candidaturas a la presidencia municipal en ocho demarcaciones deberán ser exclusivamente femeninas. Estos son: Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán.

Lo anterior se definió luego de identificar municipios en donde nunca ha sido electa una mujer para presidir el cabildo. De esos 49 se revisó donde no hay posibilidad de reelección al cargo; esto es en 16 demarcaciones y se ordenaron del más al menos poblado y eligieron la mitad: los ocho municipios con mayor población dentro del listado y de acuerdo al censo 2020 del INEGI.

Ante todas estas maromas cuantitativas y cualitativas y en las que reitero, desde mi punto de vista, quienes dirigen el IEPC Jalisco se han excedido en sus atribuciones, todas estas propuestas: ¿nos garantizarán mejores gobernantes?, ¿una clase política más preparada que realmente responda a las expectativas de quienes la eligen?

El 50% de mujeres y el 50% de hombres, así como la inclusión de grupos vulnerables en puestos de elección popular, ¿son garantía de mejores gobiernos?

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