OPINIÓN
Regreso a clases, un riesgo
Metástasis, por Flavio Mendoza //
En educación hay una pregunta que ronda en todas las familias de estudiantes de todos los niveles educativos, ¿cuándo será el regreso a las aulas?, en medio del cierre del ciclo escolar 2019 – 2020, sin embargo, aunque hay fechas establecidas por las autoridades para la organización de las escuelas, no hay todavía calendario escolar oficial que determine el inicio del siguiente ciclo, ni un comunicado oficial de las circunstancias en las que éste comenzaría, es decir, si será en forma presencial, escalonada o a distancia. Mientras las estadísticas por Covid-19 se siguen manteniendo en los picos más altos desde que inicio el conteo oficial.
Sería un grave error regresar a los alumnos a las aulas en estas circunstancias, sin embargo, se debe tomar una decisión, estamos a mediados de julio y no se ve para cuando comiencen a descender las estadísticas, que ha mantenido un promedio de contagios y decesos alto y por un tiempo prolongado en nuestro país, entonces los expertos tendrán que pronunciarse a partir de los avances de la estrategia para la contención de la propagación del virus, así como de los pronósticos a futuro, para dar su punto de vista sobre la posibilidad de regresar a las escuelas o no.
Para el caso del Sistema Educativo Nacional, la experiencia de la educación a distancia no tiene referentes tangibles que puedan dar resultados sobre la efectividad de la estrategia, además de reconocer que no todos los alumnos pueden tener comunicación directa con los maestros a partir de las plataformas digitales, la inmensa mayoría no cuenta con las herramientas para ello, en tanto que a las plataformas en televisión y radio no tienen un seguimiento por el docente que permita confirmar los aprendizajes esperados.
En cambio, los riesgos que se asumirían son muchos con un eventual regreso a las escuelas, además de las condiciones complejas para garantizar un correcto funcionamiento del sistema con las medidas sanitarias pertinentes. Los alumnos son considerados de bajo riesgo en el desarrollo del virus, sin embargo, son un factor de alto contagio, los alumnos no solo estarán en aulas entre 40 y 50 alumnos, sino que a la vez estos tendrán el permanente contacto con sus familiares, muchos de ellos que ya se encuentran en labores, además del contacto con el maestro. Por lo que los riesgos de propagación del virus pese a no manifestar síntomas puede ser muy alto, además de considerar el hacinamiento en las aulas y otros espacios reducidos en escuelas públicas.
Otra condición es la infraestructura escolar en general para adaptar condiciones de seguridad sanitaria, algunas incluso con grandes deficiencias en servicios básicos como agua potable, condiciones reales que impera en un porcentaje considerable de escuelas en el país y que en medio de la pandemia se vuelve una necesidad primordial.
Las escuelas no cuentan con recursos económicos y hasta el momento son muy pocas las privilegiadas que tendrán recursos a partir del programa La Escuela es Nuestra, un programa como muchos que hemos visto nacer y anunciar con entusiasmo, pero que simplemente no hay recurso que los pueda sostener, menos en las condiciones presupuestales en las que se encuentra en este momento el país. Cada escuela debería contar con tapetes sanitizante, para accesos y cada aula de la escuela, además de los termómetros, que tendrían que ser digitales para agilizar los tiempos de acceso en los filtros que se aplicarían, además de contar con jabón para aseo de manos, alcohol, gel y cubre bocas.
Por otro lado, los docentes, quienes también se pondrán en riesgo, deberán no sólo ser responsables del proceso de enseñanza, sino de la aplicación de filtros y medidas de seguridad al interior de la escuela, que para los alumnos, que para los niveles de educación básica, la mayoría son niños que ni siquiera alcanzan a dimensionar lo que enfrentamos, pero que tendremos que mantenerlos con su sana distancia y hábitos de higiene y cuidados sanitarios personales, una tarea nada fácil. Además de las plantillas docentes, que primero tendrá que tener un filtro que impida a quienes tienen padecimientos o condiciones de salud que los pueda poner en riesgo, es decir que sean del factor vulnerable, ellos seguramente no estarían en condiciones de presentarse a la escuela, pero ¿cómo sustituir al docente? si en condiciones regulares las escuelas carecen de las plantillas de personal completas, entre otros aspectos que aun no tienen claridad de cómo resolverse.
La educación es una prioridad, sí, pero antes de este derecho está la integridad y vida de todos lo que se ponen en riesgo al no tener capacidad de un regreso seguro, que posiblemente no será en agosto. Las consecuencias de una pésima estrategia del gobierno y muy mala actitud ciudadana nos obligará seguramente a replantear el posible regreso a las aulas.
Twitter: @FlavioMendozaMx
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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