OPINIÓN
Rumbo al segundo tercio
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
El próximo martes inicia el segundo tercio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, dejando atrás dos años caracterizados por la polarización de la discusión pública y el transcurrir de la vida política nacional al ritmo y tono que se marca en cada conferencia matutina.
No se puede hablar de meses infructuosos; el dominio que el Presidente ejerce sobre la mayoría legislativa construida por su partido le ha permitido crear y modificar leyes, desaparecer fideicomisos, conquistar organismos autónomos e independientes, modificar la estructura burocrática y están por consolidarse reformas en materia de justicia laboral, de libertad sindical, de incrementos al salario y el régimen de austeridad gubernamental más radical que haya sufrido el gobierno.
En estos dos años, la recaudación fiscal se incrementó, a fuerza de exprimir a los grandes contribuyentes que litigan y escabullen el cumplimiento de obligaciones a través de complejos esquemas de ingeniería fiscal. Loable el esfuerzo de transformación, aun cuando sea infructuoso y un tanto cosmético, pues al énfasis presidencial no le corresponden avances en materia del bienestar, emblema sexenal. Se advierte en ésta dinámica presidencial un caótico ejercicio del poder, un voluntarismo autocrático que sustituye a la planeación, y a la lógica de un futuro cercano diferente a la concepción personal del gobernante.
Han sido dos años de gobierno en los que, en quijotesco afán, se emprendieron lances que se entienden más como justificación de una acción que como propósito y se han convertido en pírricas victorias. Tal vez por el empeño puesto en semejantes batallas contra el pasado, y la resistencia, débil y titubeante del presente, se han generado condiciones adversas para obtener mejores resultados en los dos problemas que más preocupan a la población; la inseguridad y la economía, que hasta ahora van por delante de la pandemia, la cual consideran que habrá de pasar algún día, mientras los otros perduran.
Rumbo al segundo tercio de su administración, el verdadero reto será la recuperación del crecimiento de la economía, hoy con niveles negativos estimados en 9 puntos del PIB; en la contención y disminución de los asesinatos que hoy superan los 67 mil y en la recuperación de espacios ahora dominados por la delincuencia que impunemente secuestra, asesina, cobra derecho de piso y mantiene sojuzgados a productores agrícolas, mineros, pecuarios y empresas diversas. El reto a partir del primero de diciembre es la contención en términos reales de la epidemia y generar condiciones para una recuperación pronta de los sectores afectados por las medidas de control, que a la vista de los resultados son ineficaces e insuficientes. Economía y pandemia irán ligados en este segundo tercio del sexenio y ello obliga a una estrategia global porque a los sectores productivos, a las micro y pequeñas empresas, no los salvará la vacuna.
En este segundo bienio, no bastará con incrementar el salario mínimo para recuperar el poder adquisitivo y rescatar a la población que cayó en pobreza laboral durante la pandemia (8 millones estima CONEVAL), sino que habrá que luchar por 56 millones de mexicanos que se encuentran en esa situación, según la misma fuente.
A partir del 1 de diciembre tendrá que considerarse la conveniencia de seguir apostando por el rescate de PEMEX y la reconformación del monopolio energético del Estado. Los recursos fiscales que PEMEZ y CFE están consumiendo son más necesarios para reconstruir el sistema de salud y cumplir el compromiso de un servicio de calidad universal y gratuito.
El desafío del siguiente bienio exige del gobierno una visión periférica, de largo plazo y en concordancia con el resto de los países con los que se tienen compromisos y sobre todo interrelaciones comerciales estrechas, dejando de lado el pensamiento dogmático e ideologizado que ha guiado las decisiones gubernamentales durante los dos primeros años.
La cuarta transformación se ha equivocado de enemigo, el enemigo es la desigualdad en el acceso a la justicia, en el ingreso salarial, en oportunidades laborales, la pobreza, los malos servicios de salud y educación, la precariedad de la economía y la insultante incapacidad del estado para proporcionar un ambiente seguro para las familias mexicanas. Esos son los adversarios del gobierno no los imaginarios conservadores que buscan retener privilegios.
El gobierno no puede darse el lujo de desperdiciar otros dos años en enfrentamientos bizantinos. La actividad electoral del próximo año es la oportunidad para que el Presidente recupere el sentido de la alta política, que va más allá de las lides electorales. Él ya ganó, ya es gobierno y sus enemigos no están en los partidos sino en las duras condiciones en que se desenvuelven los mexicanos. Son dos años para recuperar la confianza de inversionistas y el empresariado, de transmitir confianza en los mercados extranjeros y sobre todo, de generar condiciones para que los propios mexicanos desarrollen su potencial. Usando las palabras presidenciales: a serenar los ánimos y a ponerse a trabajar, que dirigir un país es más que preocuparse por las críticas de los medios.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
