OPINIÓN
Se reúnen jefes militares de Rusia y Pentágono: Por interés propio EEUU le abre la llave a Cuba y Venezuela
Economía Global, por Alberto Gómez-R. //
No cabe duda que es una época de grandes cambios en todos los ámbitos, y esto genera paralelamente una incertidumbre generalizada, probablemente no vivida desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se movieron las piezas del tablero geopolítico y económico global y marcaron el dinámico ascenso de la hegemonía anglosajona.
Ahora el peso de los acontecimientos –algunos generados con específicos propósitos de dominación, y otros como reacción a estos- apuntan a regionalizaciones geopolíticas, fraccionándose de manera multipolar lo que fue la globalización, que se encuentra agónica ante los nulos resultados en cuanto a equidad de desarrollo y riqueza se refiere; la igualdad de oportunidades entre naciones y sociedades fue la bandera con que la idea globalizadora se vendió alrededor del mundo pero que, al final del camino, los resultados son absolutamente lo opuesto: los ricos son ahora más ricos y el número de pobres creció como nunca antes en la historia de la humanidad.
Las sanciones (bloqueos) económicos –y políticos- impuestos por Estados Unidos a quienes no se alinean a sus intereses imperialistas, han hecho un grave daño a países como: Venezuela, Cuba, Irán, Corea del Norte, Irak, Zimbabue, Bielorrusia, Siria, República Democrática del Congo, Sudán, Somalia, Libia, Costa de Marfil, Líbano, Yemen, y ahora Rusia –entre otras-; no obstante de ello, han logrado salir adelante e incluso provocando daños colaterales al propio EE.UU. que van desde el descrédito y desconfianza internacionales, hasta el socavo de su enorme economía.
Las más recientes sanciones impuestas a la Federación Rusa a raíz de la intervención armada en Ucrania, han puesto de rodillas a los países europeos y de otras regiones occidentales dependientes de las importaciones de materias primas rusas, incluidos los hidrocarburos, gas natural, granos (trigo, maíz) y fosfatos para fertilizantes agrícolas, que han provocado un alarmante aumento de precios de productos y servicios, y el incremento de la inflación.
El mismo EE.UU. ha tenido que recular en su discurso, por propio interés. Buscando incluso el acercamiento con las naciones a las que ha calificado reiteradamente como “enemigas de la democracia”.
Los jefes del Estado Mayor de Estados Unidos y Rusia hablaron este jueves (19/05/2022) por teléfono, en su primera conversación directa desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, anunció el Pentágono. Poco después, un escueto comunicado del Ministerio de Defensa ruso confirmó la conversación, donde «abordaron temas de interés mutuo, incluida la situación en Ucrania».
Mark Milley y Valeri Guerasimov, generales en jefe de Estados Unidos y Rusia, respectivamente, «hablaron sobre varios temas preocupantes en materia de seguridad», precisó el portavoz del Estado Mayor Conjunto norteamericano, coronel Dave Butler. Ambas partes acordaron no divulgar mayores detalles del contenido de su conversación.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, sostuvieron sus primeras conversaciones desde que comenzó la guerra el pasado 13 de mayo, y en la ocasión el representante del presidente demócrata Joe Biden instó a Moscú a implementar un «alto el fuego inmediato».
A pesar de este aparente acercamiento, un portavoz del Pentágono señaló más tarde que la llamada «no resolvió específicamente ningún problema grave ni condujo a un cambio directo en lo que los rusos están haciendo o diciendo» en torno al conflicto con Ucrania. La conversación se produce en momentos que Washington está intensificando su apoyo a Ucrania con fondos y armamento bélico. (AFP, EFE)
La aprobación de la solicitud del presidente estadounidense Joe Biden al Congreso, por $40 mil millones de dólares más para Ucrania, marcará los resultados electorales de las próximas elecciones intermedias, así como probablemente las presidenciales, en las que los republicanos recuperarán fácilmente el terreno perdido ya que el estadounidense promedio no está de acuerdo en regalar más dinero a los rebeldes ucranianos, con la situación socioeconómica interna a punto de implosionar.
El incremento en la producción de petróleo y refinados de Estados Unidos para suplir las importaciones rusas, tanto para consumo interno como para exportar a los países europeos, debilitará su posición como poseedor de reservas del hidrocarburo, en el contexto actual en el que se enfatiza la importancia estratégica de los energéticos ya que, lo admitan o no los ambientalistas, los combustibles fósiles seguirán marcando la pauta energética por un buen número de años aún. Las evidencias están a la vista.
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que relajará algunas de las sanciones impuestas contra los gobernantes e instituciones estatales de Venezuela.
El gobierno de Joe Biden autorizará a la compañía petrolera estadounidense Chevron iniciar negociaciones con la estatal venezolana PDVSA, informó en una llamada con periodistas un alto funcionario de EE.UU. que pidió el anonimato.
«El Tesoro, con la ayuda del Departamento de Estado, emitió una licencia limitada que autoriza a Chevron negociar los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela. No permite la celebración de ningún acuerdo con PDVSA ni ninguna otra actividad que involucre a PDVSA o al sector petrolero de Venezuela», dijo el funcionario.
Chevron es la única petrolera de EE.UU. que mantiene presencia en Venezuela, país con las mayores reservas de crudo del mundo.
«Venezuela aspira a que estas decisiones de los Estados Unidos de América inicien el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro pueblo», escribió en Twitter la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
EE.UU. necesita del petróleo venezolano para su consumo interno en primer lugar, además de los grandes volúmenes de petrolíferos refinados que exporta a otras partes del mundo.
Al tiempo que suaviza ese embargo –al menos en lo que a hidrocarburos se refiere- también lo hace con Cuba.
Estados Unidos autorizó por primera vez en seis décadas una inversión en un negocio privado en Cuba, emprendida por John Kavulich, quien contó a la agencia Efe que lleva casi un año en contacto con «funcionarios de la Administración de Joe Biden», congresistas y senadores que supuestamente han ayudado a llevar a buen término esta operación.
Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, no da muchos detalles sobre la inversión «de hasta 25.000 dólares», ni tampoco da el nombre del negocio cubano, pues prefiere esperar a que Cuba dé el visto bueno. Solo adelantó que ese negocio no está relacionado con el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, que tiene más de 5 años en el sector servicios y que presenta un crecimiento continuo.
El empresario no quiere dar nombres de quiénes han sido sus interlocutores en la administración Biden: «(Fueron) funcionarios de la administración de Biden-Harris, incluidos el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio, el Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia en todos los ámbitos, así como con las dos cámaras del Congreso», cuenta Kavulich.
Hasta ahora, el embargo de Estados Unidos a Cuba, vigente desde 1960, impedía este tipo de inversiones y, según Kavulich, es la primera vez que se aprueba este tipo de licencias desde que entró en vigor el boicot. (swissinfo.ch)
A partir de estas acciones del gobierno de Biden, es altamente probable que otros países sigan la línea de no continuar con las sanciones impuestas a Rusia a sabiendas que su expuesta dependencia energética y alimentaria tiene mucho más peso que la obediencia a quien otrora fuera la potencia hegemónica mundial.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
Realizan Sexto Congreso de Cultura de Paz, reúne voces por la justicia y la igualdad en Jalisco
Mensaje a comunidad de la UdeG: Dentro del marco legal se respetará la libre expresión y se atenderán necesidades, Karla Planter
Juan Huerta Péres, secretario general de la FTJ/CTM Jalisco, presidió la sesión de la Comisión de Vigilancia del Infonavit
La Reserva Federal de Estados Unidos baja la tasa de interés: impacto directo en México
