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OPINIÓN

Seguridad y justicia

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan en la caridad”

KHALIL GIBRÁN.

Conviene revisar algunas citas, como la que antecede, porque reflejan situaciones de actualidad aunque hayan sido expresadas muchos años atrás. Esta primera viene a colación por la escalada de homicidios, feminicidios, infanticidios, que en este país ya llegan a nivel de escándalo.

Los primeros, porque en 2019 y lo que lleva este año, ya se acercan a 40 mil cometidos con una total impunidad; los segundos, porque asusta la frecuencia y la saña cada vez mayor con la que se sacrifica a mujeres ante la pasividad y hasta indiferencia de la autoridad, que solo atina a expresar declaraciones superfluas en casos de escándalo, sin poder siquiera esbozar una estrategia o acciones concretas para atender la seguridad de las mujeres; los terceros, porque se ha hecho frecuente que los niños se conviertan en mercancía de cambio en secuestros que muchas veces terminan en muerte. Sin embargo, hay un común denominador, una línea que los une a todos y es la falta de castigo, la falta de justicia para las víctimas.

Ante los reclamos de la sociedad, los encargados de ejercer el poder del estado para garantizar la seguridad nos hablan de una estrategia que atenderá a las causas que “obligan” a delinquir y, derrama caridad a través de programas sociales que reparten indiscriminadamente a la población, esperando que alguno de los beneficiados sea un delincuente que acepte redimirse por 3 mil quinientos pesos mensuales. Se dilapidan recursos para abrir cien universidades “patito” con la esperanza de que a algún joven delincuente se le antoje estudiar carreras sin reconocimiento y de dudosa preparación, en vez de asaltar o enlistarse como sicario.

Creo que una vez más, estamos ante un diagnóstico equivocado. La pobreza no genera delincuencia homicida y tampoco es el neoliberalismo, tan recurrente en el vocabulario del actual gobierno. Países con gobiernos neoliberales como Francia, Suecia, Chile, por mencionar algunos, no tienen los niveles de violencia que tiene México. Se debe afrontar la realidad, el homicida mata porque quiere y puede, porque sabe que no tendrá castigo y en muchos casos, ni siquiera será perseguido.

El actual gobierno parece desconocer que la principal obligación del estado es brindar seguridad y justicia a los gobernados, esenciales para la convivencia social y el desarrollo armónico de la sociedad. Es cierto que la desigualdad económica es lacerante y que la tan añorada justicia social, traducida en brindar mejores condiciones de vida y bienestar, merece atención particular, pero de nada servirá que el obrero gane más si el delincuente lo matará para quitarle sus bienes. Cada crimen, cada homicidio no solo afecta al individuo, destroza, lacera a toda una familia y cuando estas familias son muchas, como ahora, es toda la sociedad mexicana la agraviada.

Además, el agravio a la sociedad es mayor cuando a la inseguridad se le suma la falta de justicia. Francisco de Quevedo dijo: menos mal hacen los delincuentes que un mal juez” y en las escrituras del Talmud se expresa: “Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados.”

Es de reconocerse que el poder judicial ha dado un paso importante con la iniciativa de reformas presentada recientemente, el mensaje que manda es el de combate a la corrupción, a la perversión de un poder judicial señalado, no de ahora sino de tiempo atrás, de sucumbir al poder del dinero, sin embargo, es notoriamente insuficiente. La reforma al poder judicial es incompleta si no se ataca la incapacidad, la venalidad, la indolencia, el burocratismo y la falta de recursos suficientes que privan en las instituciones de procuración de justicia.

Es una lástima que los recursos que se destinan a las cien universidades, no se destinen a preparar, capacitar y hacer más eficientes a los ministerios públicos, para que no sea su improvisación y desconocimiento los que abran las puertas a la impunidad. También es una lástima, que los recursos destinados a difundir una cartilla moral, no sean destinados a humanizar a los ministerios públicos a dignificar sus instalaciones, para que sean verdaderos representantes de la sociedad con empatía para las víctimas y menos amor por el dinero. Hay estudios que concluyen que el 90 por ciento de los procesados y presos por algún delito atribuyen su estancia en la cárcel a que no tuvieron el dinero para darle al MP o al juez.

No son las caridades verticales que impulsa el actual gobierno, las que habrán de traer seguridad y justicia. La principal preocupación de la sociedad no habrá de resolverse creando comisiones de atención a víctimas que, por cierto, a un año de distancia no han arrojado ningún resultado tangible.

Es necesario sacudir la estructura de administración y procuración de justicia desde abajo y hasta la cima, sin politiquerías ni ansias de poder y dominio.

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1 Comment

1 Comments

  1. LILY

    27 de febrero de 2020 at 12:21

    TOTALMENTE DE ACUERDO, LO MALO ES QUE NUESTRO SR.PRESIDENTE NO ESCUCHA Y TODAVIA HAY GENTE
    QUE SIGUE CREYENDO SIN VER LO QUE REALMENTE PASA EN SU COMUNIDAD

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JALISCO

La compra de votos

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Opinión, por Javier Medina Loera //

Por mucho que ahora nos sorprenda, la compra de votos en tiempo de elecciones nunca ha sido una novedad en México. A través de la Historia, los distintos gobiernos siempre han tenido recursos y formas sutiles (a veces no tanto) para asegurarse de la lealtad incondicional de amplios sectores de la población.

En tiempos del PRI, por los años 80 del siglo pasado, el periodista Gabriel Ibarra Bourjac documentó una reunión de lealtad de los priistas en la que el líder campesino jalisciense de aquel entonces, Chema Sotelo, llegó a decir que “los campesinos votaremos por el que nos pongan, así sea un olote”.

Y sucede que hoy día, muchos miles de morenistas, si no es que millones, están dispuestos a votar en las próximas elecciones por sus candidatos, así sean “puros olotes”, es decir, entonces como ahora no se analizan cualidades o defectos de los aspirantes a cargos públicos, sino únicamente su ideología política.

Es evidente que el pensamiento libre nos abre los ojos, pero la ideología los cierra, y esto es precisamente lo que le conviene a cualquier gobierno.

Por eso es que los políticos, cuyo objetivo es conquistar y mantener el poder, utilizan siempre todos los recursos a su alcance para asegurarse la lealtad de los ciudadanos en tiempos electorales.

Cuando en México había mucha tierra por repartir y estaban de moda las reformas agrarias en el mundo, gobiernos como los de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas no dudaron en expropiar latifundios para repartirlos entre los campesinos pobres a cambio de su lealtad.

Por eso no extraña aquel pronunciamiento de Chema Sotelo, de que los campesinos estaban dispuestos a votar hasta “por un olote”.

Pasaron los años y los siguientes gobiernos revolucionarios siguieron explotando el reparto agrario como recurso político para la compra de votos, pero llegó un momento en que la tierra por repartir se acabó, porque ésta no crece (al contrario, se pulveriza), y entonces fue cuando los políticos tuvieron que buscar nuevas formas de control de los votantes,

Y es así como los nuevos gobiernos dieron impulso a los programas sociales con fuertes inyecciones económicas del Estado. En otras palabras, no tuvieron más remedio que meterle mano al erario público. Este es el caso concreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que utiliza indiscriminadamente los recursos del Estado para ganarse la voluntad ciudadana a través de pensiones del bienestar, subsidios, becas, etcétera.

Y hoy como ayer mucha gente cree que los apoyos que reciben, así sean tierras o dinero en efectivo, provienen del gobierno en turno, y no de la Nación, como es correcto.

En conclusión, la compra de votos sigue y seguramente seguirá por los siglos de los siglos.

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NACIONALES

La quimera del bienestar: La promesa del fondo de pensiones

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

El tablero político de México, ese ajedrez implacable donde los peones y alfiles tejen estrategias de cara a elecciones y futuras jubilaciones, se encuentra nuevamente al centro de un huracán político y financiero: la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, promovido por Morena bajo la batuta del siempre carismático presidente Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta, envuelta en la seda de la solidaridad y el bien común, promete un paraíso pensionario a trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE, dos gigantes que resuenan en el imaginario de la seguridad social en México.

Sin embargo, la realidad, como un diablo en los detalles, sugiere una narrativa menos optimista. Los fondos prometidos, esa garantía de 40 mil millones de pesos provenientes de cuentas inactivas de trabajadores de avanzada edad, palidecen ante la necesidad colosal de 1.5 billones de pesos anuales requeridos para cubrir las pensiones prometidas a unos 25 millones de empleados. ¿No es acaso esta una promesa tan frágil como las hojas de otoño?

En un gesto que rozaría lo desesperado, diversas fuentes de financiamiento han sido sugeridas: desde las ganancias de proyectos faraónicos como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, hasta los remanentes de entidades paraestatales y adeudos públicos. ¿Pero qué certeza existe de que estos fondos estén disponibles cuando las hojas del calendario caigan en el momento de pagar las pensiones?

El esquema propuesto parece un mosaico de aspiraciones y fondos contingentes, donde la certeza financiera brilla por su ausencia. La diputada Ivonne Cisneros y el diputado Ignacio Mier, ambos estandartes de la propuesta, han hablado con la confianza de quienes ven tierras fértiles en el horizonte, pero los expertos y la crítica advierten que el terreno podría estar minado de desafíos insuperables.

España, un modelo a seguir en materia de pensiones, ofrece una tasa de reemplazo del 80% del salario, sustentado por contribuciones significativas tanto de empleadores como de trabajadores. En contraste, México aporta apenas un 9%, y los trabajadores, un mínimo del 1%. ¿Cómo se espera entonces alcanzar un ideal del 100% con aportaciones tan modestas?

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, -sí, aunque usted no lo crea hay quien cobra como secretario del trabajo en México- ha sugerido que recursos incautados y parte de las utilidades de empresas estatales podrían abonar al fondo. Aun así, las sombras de la duda se ciernen sobre la viabilidad de estas fuentes, con críticos como Rolando Silva Briceño, de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México y Carlos Ramírez, expresidente de la CONSAR, apuntando a las lagunas y los riesgos de depender de recursos que bien podrían no materializarse.

Este enfoque disperso y fragmentado hacia el financiamiento revela una estrategia más de emergencia que de planificación a largo plazo. La opacidad en el manejo y asignación de los fondos sólo añade incertidumbre a un sistema que debería caracterizarse por su previsibilidad y solidez.

A la sombra de esta propuesta se teje también una trama de urgencia electoral, percibida por observadores como un intento de ganar el favor popular sin un plan robusto que asegure la sustentabilidad financiera a mediano y largo plazo. Los trabajadores mexicanos, en su justa demanda de seguridad en la vejez, podrían encontrarse en un laberinto burocrático para reclamar derechos que, por ley, les corresponden.

El debate, enriquecido por contribuciones de instituciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), llama a una evaluación meticulosa y basada en evidencia. Se pide a los legisladores un diálogo abierto y constructivo, imperativo para garantizar que las decisiones tomadas hoy no se conviertan en las cadenas del mañana para las finanzas públicas y la dignidad de los trabajadores al final de su vida laboral.

En este escenario, lleno de promesas y sombras, el Fondo de Pensiones del Bienestar se perfila como una criatura mitológica: imponente en la narrativa, pero esquiva en la realidad tangible. La esperanza de jubilaciones dignas se entreteje con el temor de que la realidad no cumpla con las promesas hechas en tiempos de campaña.

Mientras tanto, la oposición y los expertos señalan que la propuesta podría estar más orientada a cosechar votos que a sembrar las bases de un sistema pensionario robusto y equitativo. La crítica no es menor: se alega que el plan puede llevar a un incremento de la presión fiscal sin resolver de manera fundamental las deficiencias estructurales del sistema de pensiones actual. La preocupación es palpable: ¿se está comprometiendo el futuro fiscal del país a cambio de un beneficio político inmediato?

La falta de claridad en la operatividad del fondo y la indefinición de los mecanismos para la devolución de recursos son talones de Aquiles que podrían desmotivar a los trabajadores a ejercer su derecho a reclamar los ahorros que, con esfuerzo, han acumulado durante años. La posible complicación administrativa, largos tiempos de espera y trámites excesivos podrían ser un calvario para aquellos que se aventuren a reclamar lo que es legítimamente suyo.

El análisis no termina en la crítica: el Instituto Mexicano para la Competitividad y otras voces autorizadas sugieren que la propuesta requiere un replanteamiento profundo. Se advierte sobre el riesgo de que los recursos del fondo sean insuficientes y de que las aportaciones gubernamentales adicionales necesarias distraigan fondos de áreas cruciales como educación, salud y seguridad.

La posible expropiación de cuentas inactivas, aunque negada oficialmente, sigue siendo una sombra que planea sobre la iniciativa, aumentando la desconfianza entre los trabajadores y sus beneficiarios. Las figuras prominentes en la defensa del fondo, como Carlos Ramírez y Abraham Vela, ex presidentes de la CONSAR, reiteran que, aunque la propuesta no constituye una expropiación directa, la manipulación de cuentas inactivas sin una estrategia clara es una maniobra arriesgada y potencialmente injusta.

En conclusión, el Fondo de Pensiones del Bienestar, aunque noble en su intento de proporcionar una jubilación más generosa para los trabajadores mexicanos, se enfrenta a un mar de incertidumbre y escepticismo. Requiere un debate transparente, amplio y fundamentado en análisis financieros sólidos de esos que no sabe, ni le gusta hacer a la 4T.

Los trabajadores de México merecen un sistema de pensiones que no solo sea generoso en su retórica, sino eficaz y justo en su implementación. La verdadera medida del éxito de esta iniciativa será si puede pasar de las palabras a los hechos sin sacrificar la estabilidad económica ni la equidad social. Hasta el momento, no se ve cómo.

En X @DEPACHECOS

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NACIONALES

Segunda llamada

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Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //

A inicios de este mes se llevó a cabo el primer debate presidencial, un ejercicio poco esperado y poco visto por los votantes mexicanos. Como suele suceder las candidatas punteras se enfrascaron en descalificaciones y señalamientos y mostraron poco de sus propuestas para mejorar la situación del país, por su parte, Jorge Álvarez Maynez, con una sonrisa un poco extraña, a diferencia de sus redes sociales mostró una imagen apagada.

Los debates que deberían tener la función de comparar ideas, mostrar planes, proyectos, conectar con las y los ciudadanos, se han convertido en un show donde los candidatos que se saben abajo suelen atacar al que va a la cabeza en las encuestas.

A pesar de que la mayoría de los mexicanos son ajenos a dedicar dos horas de su día, (generalmente domingo), a escuchar propuestas de personajes que no conocen ni desean conocer, los resúmenes informativos y los videos de Tik-Tok son seguidos y replicados por bastantes ciudadanos.

Lo que vimos en el debate del 7 de abril, fue a una Claudia Sheinbaum segura, preparada y tranquila de que a pesar de tener muchos señalamientos a su gestión y a la administración federal que promueve, sigue arriba en las encuestas y parece que sus seguidores continuarán fieles a su causa. Su principal contrincante no lo encuentra en los partidos o candidatos, sino en la posible alta participación ciudadana del próximo 2 de junio.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, mostró una imagen contrariada, parece que la sobreasesoría a sus gestos, imagen personal y lenguaje corporal pesaron más de lo que ayudaron, no fue ella misma y se notó. Los partidos de oposición se decantaron por Xóchitl porque es una persona fresca, sin señalamientos y eso venía a avivar la esperanza de poder refrescar la muy dañada imagen del PRI y del PAN, sin embargo, es claro que le cuesta desmarcarse de los partidos, se encajona cuando le preguntan por Marko Cortés y sobre todo, por “Alito”.

De Máynez, se puede comentar que si bien, presenta propuestas un poco más elaboradas, es notorio que aún no consigue la atención del electorado mayor de 29 años, del ciudadano que solo ve dos opciones para votar y que piensa que decantarse por una tercera vía podría ser equivalente a desperdiciar el voto.

Es de destacar el crecimiento en las redes sociales del zacatecano, desde la jingle de su campaña que ha sido un éxito en las listas de reproducción de México y algunos países más, hasta el click que ha tenido con los jóvenes en las universidades. Aunque Máynez se ve lejos del triunfo, la campaña despunta y podría conseguir una buena cantidad de sufragios con los jóvenes que votan por primera vez y que lo ven como una opción viable o una moda. En México hay 40 millones de posibles electores de 29 años o menos.

Este domingo 28 de abril se llevará a cabo el segundo debate, para Xóchitl, es de las últimas oportunidades para repuntar, es momento de romper cadenas y hacer lo que corresponde.

En sus mismas palabras, expresa que no le han gustado las imposiciones desde la casa de campaña:

En esta campaña he vivido cosas durísimas y quizá la más dura es la que pasó con mi hijo, tengo que decirlo. Y de repente he estado pensando ‘es que la gente no te quiere de huipil, porque una presidenta no puede traer huipil’. He hecho el esfuerzo de traer traje sastre que sí lo uso, pero me incomoda, y creo que en el debate nunca estuve cómoda, la verdad me sentía fingida”.

A pesar de que los debates no tienen la mayor audiencia, lo que se replica posterior a ellos sí influye en el electorado. La participación de las candidatas y el candidato es de las últimas oportunidades para demostrar que son mejores, o al menos dejar alguna frase o concepto contundente que haga pensar al elector que vale la pena tachar su nombre en la boleta.

Si Xóchitl no es contundente en el debate, si Claudia vuelve a tener un día de campo, si Máynez sigue con su tendencia en redes sociales, se ve muy difícil que el resultado pronosticado desde hace meses para la elección presidencial, pueda cambiar.

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