OPINIÓN
Ser dueña de mi destino: El empoderamiento de la mujer desde la educación liberadora
Educación, por Isabel Venegas //
Un hermoso día de lluvia es el escenario para escribir un artículo encaminado a introducir una serie de notas para las siguientes semanas: Se trata de un ejercicio que traerá a la mesa los casos de éxito de mujeres que se han ido abriendo camino en espacios mayoritariamente ocupados por los hombres; mujeres que han sabido destacar por su talento en la ciencia, en la tecnología o en la política, colaborando con la sociedad a través de la demostración de sus capacidades a los que las agendas de género se refieren en términos de justicia y por lo tanto, con la obligación de asegurar el acceso para todas.
La epistemología feminista, es decir, el acto de entender las formas del conocimiento desde posibilidades emancipadoras, reconoce a las mujeres como un colectivo reflexivo y analítico, que mantiene el interés de armonizar el diálogo interno y externo como la base de una sociedad que se piensa a sí misma a partir de la desigualdad en el sentido positivo, a la vez que restrictivo.
La desigualdad aporta, enriquece y se puede asumir como una perspectiva de diversidad, en donde la diferencia entre las capacidades y cualidades es la que permite a una comunidad tener un cuadro complejo con una composición de talentos y habilidades en los cuales caben tanto mujeres, como hombres, jóvenes como adultos mayores, personas con y sin discapacidad (del tipo que sea). La desigualdad también puede verse desde una concepción de demanda en la que se procura a la educación como una herramienta liberadora, opuesta a la formación en masa, repetitiva de los mismos procedimientos, controladora de las conductas y restrictiva del desarrollo de habilidades; de ahí que se vuelve necesario promover la subjetividad orientada a la innovación y creatividad.
Las mujeres en aras de seguir conquistando espacios y asumiendo el reto desde la acepción de “lucha”, viven para dentro del mismo movimiento un cisma que cuestiona si es justamente la confrontación la que las llevaría a donde quieren llegar, al tiempo que se cuestiona si el modo de enfrentar a los hombres como parte del patriarcado es la vía más eficiente. El status quo componente vinculado con el hecho de restringir el avance de las mujeres en la ciencia también incluye al mismo movimiento que busca repensar la ideología de género desde la reconciliación como forma en sí misma manumisora y de poderío.
Para muchas mujeres ahora el empoderamiento no se entiende como una lucha de poderes, no se trata de restar capacidades o valor a los hombres para poder ocupar espacios, así como tampoco se puede seguir romantizando la presencia de la mujer en la esfera pública de la política, la ciencia, la empresa o la tecnología, por cualidades mitificadas o fantasiosas.
Pensar en la mujer empoderada, es pensar a la mujer libre de tomar decisiones sobre su propia vida para ser empresaria o ama de casa, para salir al campo ejecutivo o a la labor altruista del servicio comunitario, para buscar respuestas desde la ciencia o entregarse al servicio religioso en alguna comunidad.
Una profunda reflexión se exige a las nuevas generaciones, quienes deben encontrar modos de vida más conciliatorios en los que la visualización y el reconocimiento de todo el trabajo logrado durante muchas décadas, no resta los compromisos con los objetivos faltantes: la brecha salarial, la violencia en todos los ámbitos, la falta de accesos a la educación de calidad, sin lo cual no se puede asumir la auto-reflexión que posibilita una toma de decisiones basadas en la conciencia y en la proyección de la realización personal.
Visibilizar los logros de mujeres que han desatacado en la esfera social, abre ventanas de oportunidad para la reflexión de las nuevas generaciones que habrán de librar batallas diferentes: la reactivación económica tras una pandemia que no acaba de terminar, que amenaza con la mutación de nuevas cepas y que afectó de forma determinante a los procesos de educación en todos los niveles. ¿Cómo habremos de recomponer los lazos afectivos en nuestros niños y niñas, de manera que puedan volver a compartir los espacios de manera sana? Graves afectaciones a su formación académica, pero también a su desarrollo intercultural y emocional se deberán atender de manera contundente y rápida para no perder lo ganado de las agendas de equidad y convivencia.
Los retos de nuestros días no son ni más graves, ni menos difíciles que los que les tocó vivir a las generaciones pasadas, son simplemente diferentes y ante eso debemos aprender de los procesos ya vividos, de las lecciones que nos comparten nuestros antepasados para reconocer que somos los mismos seres humanos en proceso de construcción y mejora. Recomponer las estrategias con las que se había venido ayudando a las mujeres en el espacio de realización laboral como por ejemplo, la organización de estancias infantiles y guarderías, apoyos para la profesionalización, y actualización en los sistemas de seguridad, son mecanismos básicos que se deben asegurar en todo el territorio nacional.
El empoderamiento de la mujer significa asumirse dueña de su destino siendo consciente de la necesidad de transformar la propia realidad a partir de sus recursos y posibilidades, es decir, la lucha entonces está consigo misma y una vez teniendo esa reflexión, se podrá revisar el conflicto entre quien se encuentra enfrente o a un lado. Esto ya no se puede seguir leyendo solamente como la oposición de géneros, o como el posicionamiento de unas cuantas mujeres en lugares icónicos de la sociedad. Se trata más bien de hacernos cargo de nuestra historia, de tomar decisiones y actuar en consecuencia como individuos, al mismo tiempo que -como sociedad- las políticas públicas deben trabajar en promover la aplicación de herramientas sociales como la educación en todos los niveles, la elaboración de protocolos para la industria y las empresas, así como la evaluación de los comportamientos en la agenda pública.
Una mujer empoderada debe ser sinónimo de realización y plenitud, de virtudes que apuntan a la felicidad por saberse en el camino del éxito personal, de la superación de sus propios retos y demandas. Busquemos esas historias, escuchemos la narrativa de quienes han ido tras sus sueños y logrado el anhelo de saber que los talentos que le fueron concedidos, se aprovecharon en bien de ellas y de los que las rodean.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
