OPINIÓN
Una apuesta para un futuro sustentable: Agricultura de precisión y salario de transición

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
¿Alguna vez te has preguntado cómo la tecnología puede revolucionar el mundo de la agricultura? ¿Y qué sucede con aquellos que han dedicado décadas de su vida a un trabajo específico y de repente se enfrentan a un mercado laboral en constante cambio? Estos dos temas aparentemente dispares, la agricultura de precisión y los salarios de transición, convergen en una fascinante intersección donde la innovación y la equidad se unen.
Imagina un campo agrícola donde drones y sensores de última generación trabajan en armonía con los agricultores, permitiendo una gestión más eficiente y precisa de los recursos. Este enfoque de agricultura de precisión va más allá de las tradicionales prácticas agrícolas, ofreciendo beneficios ambientales, económicos y de sustentabilidad a largo plazo.
Ahora bien, por más fascinante que esto resulte no podemos olvidar a aquellos que han sido pilares de nuestra agricultura durante décadas: los trabajadores de nuestros campos que han dedicado su vida a la tierra, y con quienes tenemos no solo una deuda histórica, sino también una social.
En ese sentido, ante la rápida evolución del mercado laboral, surge la necesidad de brindarles la oportunidad de una transición suave hacia nuevas oportunidades, y es aquí donde los salarios de transición se presentan como una solución vital para apoyar a estos trabajadores, brindándoles el soporte económico y las herramientas necesarias para reinventarse y abrazar nuevos desafíos, tales como la agricultura de precisión.
En un mundo en constante evolución, la agricultura de precisión se presenta como un faro de esperanza para el futuro de la producción agrícola, ya que esta innovadora práctica combina tecnología avanzada, como drones, sensores y sistemas de información geográfica, con la gestión inteligente de recursos para optimizar el rendimiento de los cultivos, reducir el impacto ambiental y también, para prepararnos de cara a la serie de crisis alimenticias que el cambio climático pueda desatar.
Dicho esto, regresemos a la imaginación: visualiza un dron sobrevolando un campo agrícola, recopilando datos precisos sobre el estado de los cultivos, posteriormente, estos datos se combinan con información sobre el suelo, las condiciones climáticas y otros factores relevantes, creando un mapa detallado que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre el riego, la aplicación de fertilizantes y pesticidas, e incluso la planificación de la cosecha, de esta manera, la agricultura de precisión permite una gestión más eficiente y precisa de los recursos, lo que se traduce en un uso más eficiente del agua, una reducción de los insumos químicos y una disminución de los costos para los agricultores.
Pero más allá de los beneficios económicos y de eficiencia, la agricultura de precisión tiene un impacto positivo en el medio ambiente, ya que con esta técnica se puede reducir el uso de pesticidas y fertilizantes, por ende, se disminuye la contaminación del suelo y del agua, así como los efectos nocivos para la salud humana y la biodiversidad, permitiendo también la optimización de los recursos hídricos y permitiendo la conservación de este recurso vital en un contexto de cambio climático y escasez de agua.
Sin embargo, para aprovechar al máximo los beneficios de la agricultura de precisión, es necesario abordar los desafíos que surgen en relación con la mano de obra del campo, esto debido a que tal y como se ha abordado en trabajos anteriores, la implementación de tecnologías avanzadas puede implicar una reducción en la necesidad de mano de obra manual en ciertas tareas agrícolas, lo cual plantea preocupaciones legítimas sobre el impacto en los trabajadores rurales, muchos de los cuales dependen de la agricultura como fuente de empleo y sustento.
Ante ello, es fundamental reconocer que el impacto en la mano de obra del campo varía según la región y las características específicas de cada sector agrícola, y en el caso de México, por ejemplo, aproximadamente unos tres millones de personas se desempeñan como jornaleros y jornaleras en el campo, por lo tanto, es crucial abordar este desafío con un enfoque integral y sensible a las necesidades de los trabajadores.
Ante esto, la implementación de políticas públicas que fomenten la reinvención y reconversión laboral juegan un papel fundamental, ya que a través de esto se pueden proporcionar programas de capacitación y apoyo económico a los trabajadores rurales que se enfrenten a la disminución de la demanda de mano de obra en la agricultura tradicional.
Por lo tanto, es crucial abordar las barreras adicionales que pueden dificultar la adaptación de los trabajadores mayores a estas nuevas oportunidades, esto de forma tal que se puedan emprender acciones congruentes para disminuir la brecha digital, el acceso limitado a la educación y la discriminación por edad, los cuales, al día de hoy son un reto significativo para muchos sectores de la población.
Es comprensible que algunos puedan ver estos cambios como amenazas a sus empleos o como una invasión de tecnología en un ámbito tradicional. Por lo tanto, es esencial comunicar de manera efectiva los beneficios y oportunidades que ofrece la agricultura de precisión, así como los programas de apoyo a los trabajadores afectados.
En ese contexto, la comunicación debe ser transparente y clara, presentando casos de éxito y ejemplos concretos de cómo la adopción de tecnologías avanzadas ha mejorado la vida de los agricultores y ha generado nuevas oportunidades laborales, aunado a esto, es importante precisar la importancia de la participación de diferentes actores, como organizaciones agrícolas, sindicatos, instituciones académicas y grupos comunitarios, esto para promover el diálogo y la colaboración en la implementación de políticas y programas que representan un ganar ganar para la sociedad en el corto, mediano y largo plazo.
La agricultura de precisión y los salarios de transición representan dos aspectos cruciales en el camino hacia una agricultura más eficiente, sostenible e inclusiva, no obstante, se necesita puntualizar que, la adopción de tecnologías avanzadas no busca reemplazar a los trabajadores, sino mejorar sus condiciones laborales y abrir nuevas oportunidades.
Sí, la innovación es una fundamental para el desarrollo de las sociedades modernas, para toda innovación requiere de la compañía de legisladores a la altura de las circunstancias que sean capaces de atender los nuevos paradigmas de tal forma que se pueda facilitar la integración de un importante número de personas de este sector a una nueva alternativa para garantizar un futuro sustentable.
JALISCO
Los retos de Verónica Delgadillo y el futuro de Guadalajara

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El pasado viernes, en un encuentro sin precedentes con directivos de medios y líderes de opinión, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, ofreció un vistazo crudo a los desafíos que enfrenta su administración, particularmente la crisis hídrica y la precariedad financiera municipal.
Este tercer diálogo abierto en ocho meses de gestión—un ejercicio de transparencia ausente en otros alcaldes tapatíos—permitió abordar temas clave con franqueza. En mi intervención le recordé su compromiso de campaña, destacado en el primer debate de Quiero TV en mayo del 2024, de renovar el 20% de los 2,500 kilómetros de tuberías de Guadalajara de manera gradual, minimizando afectaciones, ante la grave escasez de agua en la Zona Metropolitana. Su respuesta, aunque esperanzadora, revela las limitaciones estructurales que obstaculizan su cumplimiento.
Delgadillo reconoció la urgencia de reemplazar redes de agua de 80 a 100 años, algunas con asbesto y otras reducidas a canaletas obsoletas, un desafío que exige 76,000 millones de pesos para una renovación integral o 13,000 millones para un mantenimiento básico.
Con un presupuesto de 12,500 millones, la alcaldesa recurrió a la metáfora de Oye Bartola de Chava Flores—“ahí te dejo esos dos pesos para la renta, el teléfono y la luz”—para ilustrar cómo los recursos apenas cubren servicios básicos, salarios de 12,000 empleados y emergencias, dejando poco para infraestructura crítica. “No hay lana para todo”, admitió, apostando por una colaboración multidecenal con el Gobierno del Estado, que prometió 8,000 millones, y citando los 12,500 millones invertidos por la administración anterior, cuya efectividad se cuestiona al no percibir resultados visibles.
Esta dependencia externa pone en duda la viabilidad de su plan. La promesa de renovación hídrica, aunque ambiciosa, choca con la realidad fiscal heredada y la falta de autonomía municipal. Delgadillo denunció una injusticia redistributiva: Guadalajara atiende a tres millones de personas—1.385 millones registrados y una población flotante—con solo 48,000 hogares pagando impuestos, logrando un 95% de recaudación, superior a Zapopan (78%) y Tlaquepaque (45%).
Sin embargo, la eliminación del Ramo 33 y Fortaseg por el gobierno federal de López Obrador ha agravado la situación, forzándola a buscar apoyo vía la Asociación de Ciudades Capitales. Su llamado a “lana extra” para recibir visitantes nacionales e internacionales (Como los que generará el Mundial de Futbol) resalta la necesidad de un cambio sistémico, pero su estrategia depende excesivamente de voluntades externas.
El símil de Bartola no es solo humor; es una crítica implícita a un modelo donde Guadalajara, motor económico de occidente, queda desprotegida. La alcaldesa puede impulsar alianzas público-privadas con incentivos fiscales y cabildeo con el Estado y la Federación, pero sin una reforma fiscal local que amplíe la base tributaria o modernice el catastro, estas medidas podrían quedar en promesas. La inversión previa en redes hidráulicas de 12,500 millones de pesos, parece haber “pasado de noche”, sugiriendo ineficiencias o mala planeación que Delgadillo debe aclarar.
Su enfoque en transparencia ofrece esperanza. Anunció un plan anticorrupción para meses próximos, con digitalización de licencias, controles y la destitución de un funcionario por irregularidades, además de multas de 2,200 pesos desde agosto para la basura, con opción a servicio comunitario. “No es recaudatorio, queremos una ciudad limpia”, enfatizó, alineando sanciones con educación cívica.
Sin embargo, estas iniciativas, aunque valiosas, palidecen ante la magnitud del reto financiero. Sin recursos frescos, el riesgo es que proyectos como la red hídrica sigan “durmiendo el sueño de los justos”.
Comparativamente, la gestión de Delgadillo enfrenta un dilema clásico: gobernar requiere más que promesas de campaña. Mientras candidatos como ella pintan escenarios optimistas, la realidad administrativa revela un rompecabezas de prioridades y limitaciones. La canción de Bartola refleja esta tensión: con “dos pesos” simbólicos, ¿cómo equilibrar nómina, servicios y obra pública?
Su apuesta por el Estado y la Federación es lógica, pero insuficiente sin presión sostenida. La Asociación de Ciudades Capitales podría ser un aliado clave, exigiendo un esquema redistributivo justo, mientras la atracción de inversión privada—por ejemplo, para redes hidráulicas—podría aliviar la carga, aunque requiere incentivos claros.
El diagnóstico de Delgadillo es acertado: Guadalajara merece más recursos por su rol nodal. Sin embargo, su justificación depende demasiado de apoyos externos, dejando en segundo plano la necesidad de autonomía fiscal. Una modernización tributaria, combinada con auditorías rigurosas y proyectos autofinanciables como el “webping Guadalajara” para recargos, podría empoderar al municipio. De lo contrario, la ciudad quedará atrapada en un ciclo de insuficiencia, donde la visión de Delgadillo—honesta pero limitada—se diluirá ante la falta de “lana”. Este análisis invita a reflexionar: ¿es suficiente culpar al sistema, o debe la alcaldesa liderar una transformación interna para desbloquear el potencial de Guadalajara?
En conclusión, la alcaldesa enfrenta un desafío monumental que trasciende su gestión. Su compromiso con la transparencia y la colaboración estatal es un paso adelante, pero la solución exige un replanteamiento nacional. Sin autonomía financiera y recursos adecuados, los rezagos hídricos y urbanos persistirán, y la metáfora de Bartola seguirá resonando como un eco de promesas incumplidas. La pelota está en su cancha y en la de los gobiernos superiores: o se actúa con estrategia, o Guadalajara seguirá siendo un gigante económico con pies de barro.
JALISCO
Pereza cívica y hartazgo político: Jalisco, el silencio como voto

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
Por más que se adornen los discursos, la Reforma Judicial en Jalisco no fue derrotada por la oposición, ni por la lucidez crítica del electorado. Fue derrotada por el silencio, por la pereza cívica y el hartazgo político. Lo que hubo este 2 de junio fue un mensaje con letras grandes y mayúsculas: el pueblo no se molestó ni en votar.
Siete de cada cien jaliscienses acudieron a las urnas. El resto decidió que valía más la pena el pozole del domingo -el de “Las Titas” en Santa Anita es espectacular- que participar en una elección que desde el inicio olía a simulacro. Así, Jalisco no solo quedó debajo de la media nacional, sino que se coronó como campeón del abstencionismo, un récord que ningún partido quiere presumir. En otros tiempos, al menos se fingía entusiasmo. Hoy ni eso.
Y que nadie se engañe: esto no es una victoria para nadie. Ni para los promotores de la Reforma, ni para sus opositores. Pero, si hay un perdedor claro, ese es Morena. La Cuarta Transformación ha sido, desde el inicio, recibida en Jalisco con frialdad glacial. Y ahora ni con toda la artillería institucional lograron calentar el ánimo. De poco sirvió la promoción desde Palacio o las arengas de los diputados. La gente, simplemente, no les creyó.
Hubo distritos —el 9 y el 11 en Guadalajara— donde la votación fue “menos vergonzosa”. Se movieron operadores, sí. La diputada Merilyn Gómez Pozos, el ex emecista Salvador Caro y el omnipresente grupo de La Luz del Mundo intentaron mostrar el poderío de sus huestes. Pero la realidad fue otra: los líderes jalaban cada uno por su lado y los votos no jalaban con nadie. Los resultados fueron tan escasos que ni siquiera alcanzaron para presumir estructura.
¿Y los que debieron jalar y no lo hicieron? Ahí están los nombres: Claudia Delgadillo, Eduardo Almaguer y dicen que, en este combo también entró el cada vez más desdibujado Alberto Lamas. Todos ausentes, ineficaces o ambas cosas. Políticos con credenciales de operadores del sexenio de Aristóteles Sandoval, autoproclamados liderazgos morenistas que a la hora buena ni operan ni aparecen. A algunos ya no los buscan ni los suyos.
Baste como ejemplo un claro intento fallido: Fernando Delgadillo González, hermano de la excandidata morenista Claudia Delgadillo. Con todo y que su nombre fue agregado en los acordeones de operadores, quedó fuera de las magistraturas laborales. Ni el apellido ni la hermana le alcanzaron. Y con ello, se confirma: en Jalisco, Morena ni gana en los tribunales ni en las urnas. Pierde con apellido, con estructura o sin ella. La derrota ya no es noticia, es costumbre.
Paradójicamente, uno que no vive en Jalisco sí logró su cometido: Ricardo Monreal, quien ya va perfilando a su incondicional Sergio Arturo Guerrero Olvera como próximo magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral federal. La maniobra es discreta, pero contundente. No es poca cosa: en esa sala se deciden elecciones de medio país, incluyendo esta tierra brava.
Si alguna figura quedó retratada en esta elección judicial, fue Verónica Ucaranza. La jalisciense terminó en el último lugar de 32 candidatas para ministra de la Corte. La anécdota sería chusca si no hablara tan claro del tipo de política judicial que se intenta construir.
Dicen que dejó su campaña en manos de su esposo, que la UdeG le dio la espalda por decir lo menos, pues por parte de los Leones Negros no hubo músculo, ni red, ni estrategia, ni responsable que diera la cara por el fracaso universitario… Solo el nombre puesto en la lista, esperando que el milagro llegara solo. Y los milagros, en estos tiempos, no los hacen ni los obispos caídos.
Entre los que celebraron discretamente están los miembros de La Luz del Mundo, cuyo respaldo a ciertos candidatos rindió frutos: Madián Sinaí Menchaca Sierra será jueza administrativa y Eluzai Rafael Aguilar, juez penal. Pero la celebración vino acompañada del escándalo. Madián es hija del obispo Nicolás Menchaca, heredero del trono tras la caída de Naasón Joaquín. Tiene en su expediente un accidente vial en 2024 y sobre su familia pesan denuncias por corrupción y encubrimiento… Que hoy ocupe un asiento en el Poder Judicial es una señal inequívoca del país que se está construyendo.
Y mientras sus detractores impugnan su nombramiento en redes y ante el INE, el resto del país parece resignado. O peor: ni siquiera se entera. En la política judicial mexicana, lo que no se ve, no indigna. Y así, el aparato avanza.
La elección judicial en Jalisco no mostró músculo político, ni estrategia institucional, ni siquiera simulación efectiva. Mostró lo que ya sabíamos: el voto no siempre decide el poder. A veces lo decide la inercia, otras la abstención.
Y en ocasiones, como esta, lo deciden los cabildeos de alcoba, las órdenes desde el centro y los pactos inconfesables. Jalisco votó en silencio, pero los jueces ya tienen nombre. Los grupos ya cobraron su cuota. Y el sistema se sigue reformando, pero para los mismos de siempre.
En X @DEPACHECOS
NACIONALES
La integración del nuevo Poder Juidcial

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
Desde siempre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en México es el único país con esa denominación; en el resto del mundo es la Corte Suprema) ha sido un blanco político, aunado a su innegable vocación jurídica. Los ires y venires jurídico-políticos del Poder Judicial en México van desde antes de declarar la independencia del país hasta nuestros días.
Antaño, debates entre «conservadores» y «liberales» definieron poderes y alcances de legislativos, ejecutivos y jurídicos, marcando responsabilidades y límites.
Actualmente, se ha revelado al abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz como presunto presidente del Supremo Tribunal de Justicia al obtener la mayor cantidad de votos para su designación como magistrado en la elección del 1º de junio de este año.
Antaño, cuando el entonces presidente de la república, Juan Álvarez nombró a Benito Pablo Juárez García como ministro de justicia (1855) se llevó al cabo dicha designación como lo ordenaba la Constitución: el presidente de la república tenía esa facultad.
Es hasta el 15 de junio de 1861 que don Benito asume la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia que, entonces, significaba ser vicepresidente de la república.
Comonfort, presidente que fue destituido y que había encarcelado a Juárez por no “comulgar” con sus ideas conservadoras, dio paso a la primera presidencia de Benito Pablo Juárez García, pues ocupaba la presidencia del STJN. Surgen entonces las Leyes de Reforma y la guerra intestina que trajo a Maximiliano de Habsburgo como emperador.
A los 12, Juárez dejó Guelatao por Oaxaca, sin hablar español, pero su inteligencia brilló en el seminario de Santa Cruz, aprendiendo filosofía y latín. Estudió abogacía, se casó con Margarita Maza, tuvieron 12 hijos, la mayoría fallecidos.
Juárez fue regidor, diputado local, diputado federal y gobernador de Oaxaca. Santa Anna lo desterró a New Orleans; al caer Santa Anna, regresó para ocupar una magistratura en la SCJN.
La biografía de Juárez da para escribir una enciclopedia, pero esta parte sirve para entender que don Benito no era un ingenuo juez o magistrado. Aprendió a nadar entre tiburones de la política decimonónica que era feroz e implacable hacia los cambios, sobre todo los relativos a los fueros, posesiones e injerencias sociales de la Iglesia.
Como jurista fue parte de la creación de las Leyes de Reforma (independencia del Estado respecto a la Iglesia, ley sobre matrimonio civil, del Registro Civil, de Panteones y Cementerios y el paso de los bienes eclesiásticos a la nación); también promulgó la llamada Ley Juárez, que atendía a situaciones administrativas.
Las presidencias de Juárez son otros capítulos de su historia personal y de México.
¿Cómo entonces comparar la trayectoria de Benito Pablo Juárez García con la del flamante electo presidente del nuevo Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, el mixteco Hugo Aguilar Ortiz?
Por cierto, “polvos de aquellos lodos”, Juárez no “masticaba” a Porfirio Díaz no sólo por ser enemigos políticos, sino por pertenecer a etnias oaxaqueñas diferentes: la zapoteca y la mixteca, respectivamente. Igual correspondía Porfirio Díaz Mori a su rival, al que intentó destituir mediante un golpe militar.
Según se ha dicho, la mayoría de los votos (cuatro millones 883 mil 3897) se dieron para Aguilar Ortiz por lo que será presidente de la SCJN dos años y será ministro 12 años. La presidencia será rotativa y, según los votos obtenidos la irán ocupando. los nuevos magistrados durarán en el cargo entre ocho y 12 años.
Los otros ministros serán: Lenia Batres; Yasmin Esquivel; Loretta Ortiz; Sara Irene Herrerías; María Estela Ríos González; Giovanni Figueroa Mejía; Arístides Guerrero e Irving Espinoza Betanza.
Como es lógico, los dimes y diretes en torno a la integración de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, han circulado profusamente. Se ha acusado a Aguilar Ortiz de ser un incondicional del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, por consecuencia de la 4T.
Sobre la mayoría de los magistrados y magistradas pesa también la sombra de estar bajo la batuta del partido Morena, o lo que es lo mismo, del gobierno que encabeza la presidente Sheinbaum y que se extiende a las cámaras legislativas.
Los mexicanos (que votaron o no lo hicieron) estaremos a la expectativa para observar si en verdad se cumplen las expectativas en las que basaron la integración del nuevo Poder Judicial. Por lo pronto, será determinante la posición personal de cada uno de los ministros, en especial de quien habrá de presidir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la muy importante tarea que tendrán a su cargo desde sus magistraturas.
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