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OPINIÓN

Una propuesta para el IPEJAL, del experto Pedro Villegas: Excluir a funcionarios y dividir cuentas de burócratas y maestros

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Por Mario Ávila //

Un modelo de pensiones que se rija por los principios de universalidad, de solidaridad y que sea intergeneracional, como el que opera en el IPEJAL, es el correcto en opinión del abogado laboralista Pedro Sebaste Villegas Rojas, director del Centro Nacional de Promoción Social (CENPROS), quien a la vez planteó que para sacarlo de la crisis, se debe excluir a los funcionarios públicos que se jubilan con altos sueldos, es decir, en su opinión debería operar solo para los trabajadores de los servicios públicos, o bien estipular un tope máximo no mayor a 10 salarios mínimos. 

Detalló que los funcionarios de mandos medios y la alta burocracia, como jueces, diputados, regidores o integrantes del gabinete, tendrían la posibilidad de contratar otro tipo de instrumentos financieros para velar por su futuro, dados los altos sueldos que perciben, para no sangrar las arcas del Instituto de Pensiones del Estado y con ello se puedan sanear sus finanzas y garantizar las pensiones actuales y futuras de los trabajadores de los servicios públicos. 

Pedro Villegas, abogado, capacitador y experto en formación sindical, sin conocer a detalle el contenido de los estudios actuariales que le conceden vida útil al IPEJAL solo hasta el 2027, pero conocedor de la problemática nacional que ha permeado en la materia en las últimas décadas, se aventuró a comentar que una solución estaría también, en el hecho de dividir las cuentas con las que se pensionan los trabajadores en general y los maestros de la sección 47 del SNTE. 

Explicó que este problema lo vivió de cerca en el caso de Nayarit, en donde los servidores públicos pidieron que se manejaran los recursos por separado y lo que está ocurriendo es que el dinero de la partida de los maestros está prácticamente agotada y se avecina un dilema grave, a causa de que los maestros no tenían tope en sus pensiones y además por costumbre, a cada maestro a punto de jubilarse se le beneficiaba aumentándole un nivel para que obtuviera una pensión mayor a lo que había aportado en su vida laboral. 

El tema lo abordó para los lectores del semanario Conciencia Pública, el licenciado Pedro Sebaste Villegas Rojas, asesor de la Federación de Sindicatos de trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatales Municipales e Instituciones Descentralizadas de los Estados Unidos Mexicanos (FESTEM), dado su amplio conocimiento en la materia y su amplia visión de lo que ocurre con el gremio en todo el territorio nacional. 

Recordar que los poderes Ejecutivo y Legislativo han convocado a los trabajadores, a ser ellos los que tomen la decisión de dar su opinión para enmendar la ley del Instituto de Pensiones del Estado, ya que según los estudios actuariales, la expectativa de muerte del IPEJAL ocurriría en el 2027 o bien en el 2033 si funcionan las estrategias que se han implementado a raíz de la reformas a la ley, en el año anterior, con lo que se incrementaría en casi 40 mil nuevos trabajadores afiliados y se bajan las pensiones a un topo máximo de 105 mil pesos. 

Sin embargo, esta invitación a reformar la ley del IPEJAL, se da en tiempos convulsos en los que después de un año como representante mayoritario de los trabajadores en el Consejo de Administración, destituyen a Juan José Hernández, secretario general del sindicato de los Hospitales Civiles y líder de la FESIJAL y le conceden el asiento a José Miguel Leonardo Cisneros, dirigente de la SAFE, tras de afiliar a 16 mil trabajadores del sistema de salud federal, que trabajan en Jalisco, pero son pagados con recursos federales y no cotizan en el IPEJAL. 

Además, la propuesta de reforma se da también en el momento más álgido en la disputa que sostienen el líder moral de la UdeG, Raúl Padilla López y el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, a raíz de que en el presupuesto 2021 se reorientaron 140 millones de pesos que estaban etiquetados para el Museo de Ciencias Ambientales y se reasignaron a la construcción del Hospital Civil de Oriente, en Tonalá.   

CRECER LA COTIZACIÓN Y AUMENTAR LA EDAD, ES LA CONSTANTE EN EL PAÍS 

No solamente el estado de Jalisco está en problemas para pagar las pensiones, hay otros estados que si bien han visto problemas, no han dejado de cumplir con esa obligación, expuso abogado Pedro Villegas, quien además planteó: “Yo me atrevería a decir que en todos los estados que han tenido problemas su sistema de pensiones, ha prevalecido el concepto de la corrupción, en todos y ese ha sido el motivo por el cual todos los sistemas han estado reformándose y todos en el mismo sentido, intentan modificar aumentando un porcentaje mayor de cotización e incrementar la edad para adquirir el derecho a la jubilación”. 

Muy pocos estados -dijo-, han hecho reformas que han ayudado a que a los trabajadores no le vaya tan mal, uno de ellos Veracruz que se reformó, pero no con el estándar de las modificaciones que todo mundo quiere hacer en los diferentes estados, la edad y las aportaciones. Incluso el tema común, que las administren los bancos, a través de las famosas afores. En Veracruz hasta donde yo tengo información la cosa fue diferente, se refirma la ley, pero no en ese mismo esquema, por eso se convirtió en una situación inusual, saliéndose del esquema de las reformas tradicionales, tomando en cuenta el sentir de las organizaciones sindicalistas, al grado de que encontraron un modelo distinto en donde hay aportaciones, pero no sangran la economía y los salarios de los trabajadores. 

Esa ha sido la constante en todos lados -abundó-, ahora habría que decirte que hay estados que aportan por sus trabajadores, es decir no le piden ni un peso a los trabajadores, no hay ningún descuento en su salario, sino que el estado se encarga de soportar la erogación. Y por cierto esos son también las entidades en donde se ha estado queriendo reformar el tema de las pensiones, para que ahora los trabajadores aporten. Yo recuerdo entre ellos al estado de Morelos y Querétaro. Todos se están reformando en ese mismo sentido, por eso el rechazo a esas reformas de las organizaciones de los trabajadores. 

LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS CUENTAS

Sobre la posibilidad de emigrar hacia la individualización de las cuentas, Villegas Rojas planteó drásticamente que esta situación sería  negativa, “primero, no hay garantía de que un banco, que eso son las administradoras de los fondos para el retiro, te administre adecuadamente tus fondos; hay que recordar que ese esquema es el que se adoptó en Chile, donde se dieron cuenta que al final era un procedimiento que iba en detrimento de los trabajadores, porque la banca no garantiza que vayas a recibir una buena pensión, en virtud de que lo que la banca hace es especular con tu dinero, lo invierte, la banca no tiene dinero en el colchón, la banca lo circula, lo invierte en capital de riesgo. 

LA AUSENCIA DE “CANDADOS” PROPICIA ABUSOS Y CRISIS 

El modelo solidario del Ipejal, en el que todos aportan para la pensión de todos, es el correcto, en opinión de Pedro Villegas, quien plantea que debe haber un principio de universalidad, de solidaridad e intergeneracional, “ese espíritu lo tenían la Ley del IMSS y la Ley del ISSSTE, todavía antes del 2007; el problema es que en la mayoría de las leyes de pensiones en los estados, no hay ‘candados’, precisamente para establecer hasta qué rangos de salarios son los que se aportan. 

“Por ejemplo, el ISSSTE está topando las cotizaciones hasta los 10 salarios, ahora 10 unidades de medida y actualización, hoy difícilmente los trabajadores ganan más de 10 veces el salario mínimo, es decir más de 27 mil pesos mensuales, los que ganan más que eso son funcionarios, son mandos medios y a ellos los topan con esa cantidad. Ese es el problema que yo observo en las leyes de los estados en materia de pensiones, hay una indiscriminación, a eso se le llama ‘pensiones doradas’ y efectivamente ingresa un funcionario y cotiza un año y salen con pensiones enormes. Yo creo que ahí es donde sí se necesita una verdadera reforma, en donde se impongan candados y se establezcan límites, no pensando en el común de los trabajadores, sino en funcionarios de otro nivel. 

“Por ejemplo, yo recuerdo en el estado de Morelos hace unos cinco años, se empezó a discutir ese esquema y los primeros que se opusieron fueron los diputados, obvio, no les convenía eso. En síntesis, lo justo sería que el Instituto de Pensiones sea solo para los trabajadores o bien para los funcionarios que quieran aportar, a sabiendas que al momento de retirarse no pueden rebasar determinada cantidad. La idea es establecer un tope máximo en las pensiones, así es, porque estamos hablando de pensiones para los trabajadores. 

“Con este esquema incluso hablándote de la experiencia del ISSTE, los que salen afectados son los científicos, los médicos, los investigadores, ya que en la mañana hacen investigadores y en la tarde son docentes y si juntan los dos salarios ganan arriba de 50 mil pesos y los compañeros salen afectados porque el tope máximo de las pensiones son de 27 mil pesos, ya no los 50 que aportaron, es un descontento con los compañeros, pero son los menos, el grueso de la clase trabajadora gana menos de 27 mil pesos”, aseguró el experto en sindicalismo.  

EL DINERO DE LOS TRABAJADORES SE LO SIGUE LLEVANDO EL DIABLO 

“El dinero se lo llevó el diablo”. Con esa frase, el abogado laboralista, Pedro Villegas, recuerda al líder de la CTM, Fidel Velázquez, en el caso del dinero ahorrado por los trabajadores, en particular para la subcuenta de vivienda que se depositaba en el Infonavit “y fue lo que dijo cuando se le preguntó de las aportaciones al Infonavit de los trabajadores que no tenían necesidad de adquirir un crédito, eso se acumulaba y eso al final de tu vida laboral, cuando tú te retirabas, te lo tenían que regresar. 

“Cuando se le preguntó que pasa con esas aportaciones dijo que ese dinero se lo había llevado el diablo; ahora hay una disposición legal para regresarlas, antes había mucha discrecionalidad para cumplir o no con esa obligación, si querían te la regresaban y si no, tenías que pelearla a través de un juicio. Y entonces cuando le preguntaron qué pasaba con ese dinero que estaba acumulado, fue cuando dijo que se lo llevó al diablo, fue prácticamente como decir: Yo no lo sé, eso se despareció. Él se lavó las manos, porque eran parte los sindicatos de esa conformación tripartita del Infonavit. Y a raíz de esa situación, se implementó el famoso sistema de ahorro para el retiro”, según recuerda Pedro Villegas. 

Y el dinero de los trabajadores se lo sigue llevando el diablo. Villegas Rojas asegura que un elemento fundamental para evitar la quiebra de los sistemas de pensiones, es ponerle fin a la corrupción, “eso es vital, porque este tema ha acabado no solamente con las finanzas de los órganos de pensiones, sino con muchas otras cosas en detrimento de los trabajadores, como los institutos de seguridad social, de vivienda, de salud, con fideicomisos y con cualquier cosa ha acabado el tema de la corrupción; el problema es que no se castiga a quien incurre en ese tipo de anomalías. Y por desgracia mientras haya ahí el colchón y esté disponible la cuenta, todos los funcionarios se imaginan cosas con ese dinero, agarran de ahí y el problema es que cuando ya no hay, los culpables son los trabajadores y a ellos son a los que debemos ajustarle el salario, ajustarle las aportaciones y extenderle el tiempo para que se jubilen, para que el dinero rinda”.  

DE NADA SIRVE EL TOPE DE LOS 105 MIL PESOS 

Cuestionado si sirve de algo a la salud financiera del IPEJAL el acabado con las pensiones VIP y haber impuesto un tope máximo de 105 mil pesos, Pedro Sebaste Villegas Rojas, director del Centro Nacional de Promoción Social (CENPROS), expuso que en su opinión, “esa cifra es abismal, no hay un trabajador que gane 105 mil pesos, se ganan entre 5 y 6 salarios mínimos, no se rebasa los 10 en el caso del trabajador de a pie, el que hace la talacha, esa es una realidad; ya los funcionarios medios y altos se llevan lo que se les da la gana. 

“En esa lógica, el IPEJAL tendría que ser el órgano de pensiones solo para los trabajadores de los servicios públicos, no para los funcionarios, ahí está la clave; además, habrá que dividir las cuentas, porque Jalisco debe de tomar en cuenta lo qué pasó en el estado de Nayarit, los burócratas y los maestros estaban juntos, por excelencia, aunque la mayoría de los maestros tienen salarios buenos, por arriba de la media y lo que ocurrió fue que la organización de los trabajadores de los servicios públicos propició que se hicieran dos cuentas, una para pensionar a los trabajadores y otra para los maestros. Y el fondo de los maestros se acabó, los maestros ahorita ya tienen muchas dificultades, se lo acabaron ellos, porque cuando se iban no solamente les promediaban el salario que percibían en el último año, sino que ellos por costumbre se aumentaban un nivel más y entonces se iban con un salario mayor que no percibían y sobre el que no habían cotizado. Y ellos mismo se acabaron el recurso”, planteó el entrevistado. 

Finalmente, a la pregunta de cuál sería el modelo óptimo de pensiones, que beneficie a los trabajadores y no a quienes administran los fondos, Pedro Sebaste Villegas Rojas, expuso: “Yo me quedaría con el esquema de un modelo cuyo principio se basa en la universalidad, todos tenemos derecho a la pensión jubilatoria; la solidaridad, que lo que se aporte sea para la jubilación del otro compañero y el principio intergeneracional, que los que en el futuro ingresen sean los que financien la pensión de los actuales trabajadores. Es decir, un modelo intergeneracional y solidario es el que debe de prevalecer.

“Lamentablemente se ha roto con eso porque todo lo que se hubiese logrado en base a las aportaciones de los trabajadores, todo lo que vinieron acumulando desde hace mucho tiempo, alguien lo agarró y entonces ya en lugar de financiar a los futuros trabajadores, dicen que son pérdidas, porque ese dinero ya no se encuentra. Un ejemplo de ello ustedes lo tienen ahí en Jalisco, las inversiones que se hicieron, fueron inversiones que no cuajaron, ese dinero se perdió, ese era dinero de los trabajadores. Entonces uno no puede pensar que ese dinero servirá para amortizar a la próxima generación, porque ya no hay. Ese es el verdadero problema de las pensiones, la corrupción y la impunidad”. 

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NACIONALES

Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.

Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.

Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?

El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.

Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.

La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.

Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.

Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.

Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.

A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.

La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.

En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.

Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.

 

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JALISCO

Uribe y su circunstancia

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.

En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.

Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.

Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.

En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.

Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.

Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:

  • Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.

  • Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.

  • Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.

Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.

Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.

Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.

Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.

Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

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JALISCO

El agua sucia del poder: Megacortes, tarifas infladas y la red clientelar del SIAPA

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En Jalisco, el agua no solo escasea: se pudre. Apesta a burocracia, a negocios entre compadres, a ineptitud maquillada de eficiencia y a un modelo de saqueo que, bajo el nombre del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ha convertido “el vital líquido” en un bien de lujo, controlado por burócratas de alto sueldo y baja moral.

Apenas 72 horas tras el Congreso, dominado por MC, Verde, PAN y HAGAMOS, aprobar un 9.65% de alza al agua para 2025, SIAPA anunció un megacorte de cuatro días a 113 colonias por reparaciones. Con cortes, fugas y baja presión en zonas pobres, el servicio flaquea.

Entre las afectadas están comunidades de Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque: nombres que, para los operadores del SIAPA, parecen no existir más que como renglones en una lista de cobros. Porque eso sí: la factura llega puntual, aunque el agua no.

TARIFAZO CON PREMIO DE IMPUNIDAD

Con 21 votos a favor y 16 en contra, el Congreso del Estado avaló el tarifazo. Aumentaron las tarifas y, de paso, aprobaron que las siguientes subidas se actualicen automáticamente conforme al índice inflacionario. Como si el ciudadano de a pie tuviera una inflación personal controlada, o un ingreso garantizado. El pretexto fue la “viabilidad financiera” del organismo, aunque el mismo SIAPA admitió que el alza no resolverá la crisis del servicio.

Eso no impidió, claro, que el gobernador Pablo Lemus les diera un espaldarazo: “Se acabaron los pretextos, ahora deben mejorar el servicio”. Palabras que, como muchas en Casa Jalisco, no se traducen en acciones.

El organismo tiene, sin embargo, otros mecanismos de supervivencia. No importa si baja la eficiencia (de 81.9% de reportes atendidos en 2023 a 78% en 2024), si disminuye el volumen de agua distribuido o si los reportes ciudadanos crecen. El SIAPA no colapsa. Se alimenta, eso sí, de la paciencia del contribuyente y de las arcas públicas, blindado por una red de intereses que lo mantiene a flote como una balsa mal armada en un mar de negligencia.

PIPAS GRATIS, ASESORES CAROS

A la par del anuncio del megacorte, el SIAPA ofreció pipas gratuitas. Un gesto que parecería generoso si no fuera un parche a un sistema crónicamente averiado. Y mientras familias almacenan agua en cubetas, el organismo desembolsa más de 73 mil pesos mensuales a una exconductora de televisión, sin formación técnica, convertida en asesora de dirección.

Elizabeth Margarita Castro Cárdenas —Según el periódico NTR, con un historial ligado a un fraude financiero, nexos con narcotraficantes y una carrera más cercana al espectáculo que al agua potable— fue nombrada asesora técnica del SIAPA. Su presencia en la nómina, denunciada por trabajadores del organismo, es sólo una muestra más de cómo el SIAPA sirve a fines políticos antes que ciudadanos. Ahí están los sueldos, los estímulos, las asesorías infladas, y los contactos bien ubicados.

En lugar de eficiencia, el organismo se volvió una caja chica para repartir favores. Y si no lo creen, revisen el historial: la misma Castro Cárdenas fue antes funcionaria en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, con un sueldo prácticamente idéntico. La política jalisciense no bota a sus leales: los recicla.

LA RESISTENCIA CIUDADANA Y LOS GRITOS QUE NO SE OYEN

No todo el Congreso se rindió. La diputada Itzul Barrera, de Morena, denunció no sólo la falta de transparencia en el uso de los mil millones de pesos adicionales que se recaudarán por el aumento, sino el hecho inaudito de que el director del SIAPA admitiera que el alza no servirá para mejorar el servicio. Vaya sinceridad.

Denunció, también, que la sesión para aprobar el alza fue convocada con apenas una hora de anticipación y que los diputados debieron revisar más de 136 páginas de dictamen al vapor, lo que impidió una discusión real. Eso no impidió el voto mayoritario. El SIAPA es, hoy, un monstruo que factura más de 5 mil millones de pesos al año, que contrata asesores sin perfil, y que cada vez da menos agua.

Las más de 15 iniciativas presentadas para su reforma duermen en el congelador legislativo. Y así, los “diálogos” se dan en lo oscurito, entre cenas discretas y acuerdos inconfesables.

MUNICIPIOS DIVIDIDOS Y CIUDADANÍA HARTA

Guadalajara y Zapopan justifican con tibieza el alza tarifaria prometiendo eficiencia, mientras Tlaquepaque y Tonalá alertan. Laura Imelda Pérez, alcaldesa de Tlaquepaque, impulsa condonar cobros a quienes carecen de agua buena, destacando 80 millones gastados por el Ayuntamiento en tareas del SIAPA.

El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, fue todavía más contundente: “Es un SIAPA saqueado”, dijo. Denunció contrataciones sin perfil, falta de inversión y abandono institucional. Que lo diga alguien que ha conocido tanto del sistema sólo hace más grave la declaración.

La propuesta de Tlaquepaque de condonar pagos a quienes no reciben servicio no es una ocurrencia: es una exigencia mínima. El recibo llega, aunque no haya agua. La injusticia también.

En simulaciones, el agua es metáfora: transparente pero invisible, vital pero ausente, promesa electoral sin gestión. El SIAPA, manejado como botín político, encarna un gobierno enquistado en Jalisco, castigando a ciudadanos, premiando leales, exhibiendo cifras millonarias mientras ignoran expertos.

Y así, entre tarifazos, pipas y asesores musicales, el agua en Jalisco se ha vuelto tan sucia como el sistema que la administra.

Porque, como decía un viejo maestro del periodismo: “lo que daña al país no es la política, sino los políticos que no saben servirla”.

En X @DEPACHECOS

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Tendencias

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