Opinión invitada, por Arnau Muriá //

A Don Manuel Gutiérrez de Velazco in memoriam

Visto lo mucho que se ha dicho al respecto de la Reforma Judicial que, de manera un tanto atropellada, está llevando a cabo la 4T, buscamos, aunque esta reforma presenta aspectos que nos parecen indefendibles como las “tómbolas” para elegir juzgadores, encontrar razones por las que pudiera funcionar.

Quizá el ejemplo más claro fue Francia tras su Revolución cuando, durante la transición del Ancien Régime, se codificaron las leyes y se estableció el positivismo jurídico, se barrió con una judicatura aristocrática y de criterios secretos y veleidosos, por una judicatura nueva, seguramente inexperta en un principio, obligada a aplicar a rajatabla la Ley, al punto que los profesores de la época p.e. Poithier decía que él no enseñaba Derecho sino Código de Napoleón. A esto se le llamó positivismo jurídico.

La tensión entre Ley como voluntad popular y la judicatura con criterios más o menos abstractos, no es nueva. Jueces que legislan desde el banquillo y hasta sientan precedentes obiter dictum, sobre cosas que ni siquiera forman parte de la litis, son comunes.

Durante años, el positivismo jurídico y los márgenes de interpretación judicial muy estrechos rigieron la actividad judicial en México. Sin embargo, se vinieron dando una serie de procesos en los que en la misma medida en la que las cúpulas del priismo se distanciaban de la base política del nacionalismo revolucionario, el sistema jurídico mexicano iba distanciándose de voluntad popular y fortaleciendo a la judicatura haciéndola más proactiva.

Este proceso se hizo particularmente evidente cuando Zedillo, al dar un golpe de timón Judicial equivalente al actual, posteriormente los aristocratizó salarialmente y comenzó un proceso en el que los criterios (muchas veces correctos pero muchas veces tecnicistas y hasta arcanos) comenzaron a pesar cada vez más que la Ley (teóricamente votada por todos), así comenzaba la novena época de la jurisprudencia mexicana.

Un primer síntoma, casi inofensivo en 1994, fue cuando se realizó la compilación de toda la jurisprudencia existente en unos discos conformando lo que se llamó el IUS y el disco fue presentado, por lo menos para Jalisco, en la Universidad Panamericana. Eso, que se tomó como una mera anécdota, unido a los demás nos demuestra el comienzo de la neoaristrocratización judicial. Hasta hace bien poco, la alianza se vería más que clara, con el acercamiento geográfico de los juzgados a las universidades de élite y los pactos académicos abiertos y cerrados entre Consejos, magistrados y Universidad Panamericana.

Ahora bien, nótese que fue un evento importante, tan es así que, hoy por hoy, casi siempre antes de dar una respuesta los abogados preferimos consultar el IUS que la propia Ley. Dándole así un mayor peso a los precedentes, por lo que para nada fue un momento anodino.

Posteriormente, cuando el Presidente Calderón, justo antes de dejar el cargo, impulsó una reforma Constitucional que establecía un bloque de constitucionalidad en el que todos los tratados de Derechos Humanos firmados por México pasaban a formar parte de la Constitución y además se establecía el control difuso de la constitucionalidad dando la capacidad de descalificar al legislativo (voto popular según nos dicen) no sólo a la Suprema Corte de Justicia a cualquier juzgador. Lo cual abre la puerta un nivel de activismo judicial sin precedentes en nuestro sistema y es ya un abierto derrumbe de nuestro sistema jurídico continental para que nuestro país pase a funcionar bajo una suerte de Common Law en el que el activismo judicial, creación y no interpretación jurídica y abierto soslayamiento de las leyes campean en el sistema jurídico.

Casi simultáneamente, en concordancia con una abierta intervención del Gobierno de Estados Unidos, a través de la Universidad de San Diego, que obtuvo su contraparte mexicana en el CIDE, para oralizar primero los procedimientos penales y después todos los demás procesos en América Latina, se estableció el Código Federal de Procedimientos Penales primero, se realizaron reformas para dar paso a la oralidad en los procedimientos mercantiles y así se ha seguido. Recuérdese que el tema comenzó por poner de moda la oralidad mediante la película Presunto Culpable, auspiciada por el CIDE.

Finalmente, y como guinda de este pastel, la Suprema Corte de Justicia en 1921 abre la 11ª época de jurisprudencia en la que, la totalidad de las sentencias generan precedente, inclusive sus obiter dictum y en la que la presentación de la jurisprudencia mediante rubros y ratio decidendi cedió el paso la presentación al modo de case brief anglosajón de facts, holding and reasoning, llamándolos hechos, criterio jurídico y justificación. Es decir, otro paso hacia la anglificación de nuestro sistema jurídico continental.

Es por eso, que creo, que lo que está haciendo la 4T es revertir los efectos, a veces pernicios a veces no, de la anglificación sufrida por nuestro sistema jurídico durante los años de un excesivo servilismo jurídico. Si ahora se hace tabola rasa con el sistema y se crea una nueva judicatura, me parece que ésta será menos activista judicial y respetará más lo que nos dicen que es la voluntad popular mediante el legislativo.

Que a Francia le haya salido bien tras la revolución francesa- al punto que le permitió crear toda una tradición jurídica – nos hace pensar que pudiera no ir del todo mal-. Por lo que hace a lo atropellado de la reforma, entendemos que el Señor Presidente quiere, asumir el costo político de resolver este problema y dejarle un escollo menos a la Presidenta entrante.

Ciertamente, la reforma da vértigo, sin embargo, puede contribuir a una recuperación del derecho mexicano hacia su modo natural, sí tiene raisón d’être y sí puede (espero cruzando mis dedos) funcionar.

Opinión, por Alejandro Verduzco Mendoza //

El 2024 ha sido un año de muchos acontecimientos en nuestro país y a nivel global, pero si hablamos de política y de campañas electorales podemos comentar lo acontecido en el proceso electoral del 2 de junio en México, donde los electores en su mayoría eligieron a la primera presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Consumando un hecho histórico, donde gobernará una mujer la silla de Palacio Nacional, con más de 35 millones de votos, lo cual representa el 59 % de la votación, y que en días pasados ratificó dicho triunfo la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal por el periodo del 2024 al 2030.

En dicho proceso pudimos apreciar que la campaña de Morena estuvo integrada por mensajes estratégicos a través de discursos, eslóganes de campaña, propaganda política, debates, en mítines y medios de comunicación en general, que fueron utilizados y lanzados como petardos a los electores para persuadir y mantener su posicionamiento de marca, como lo consiguió el presidente López Obrador en su campaña y gobierno, para seguir posicionando su ideología política: “No puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”; “No le vamos a fallar al pueblo de México”; “No más corrupción en la construcción del país”; “Vamos bien, vamos avanzando”; “Por el bien de todos, primero los pobres”; y “Somos el gobierno más transparente de la historia”, entre otros.

Así mismo, en la elección de gobernador en el estado de Jalisco, que se celebró simultáneamente con las elecciones federales, el partido Morena logró posiciones significativas en alcaldías, diputaciones locales y federales, además de dos curules en el Senado por el estado. Sin embargo, el virtual ganador de la gubernatura fue Jesús Pablo Lemus Navarro, candidato del partido Movimiento Ciudadano.

Durante el proceso nos percatamos como los distintos cuartos de guerra de los candidatos (war room o sala situacional) desarrollaban diversas estrategias al calor de la contienda, donde el gobernador vencedor, según el órgano electoral de Jalisco, Pablo Lemus, se describía en campaña como un jalisciense que disfruta su trabajo, con su eslogan “Porque de buenas es mejor”; destacando que así lo hizo en el municipio de Zapopan y en Guadalajara cuando fue presidente municipal, con buenos resultados y buenos gobiernos, comprometiéndose en campaña que en su gobierno van a trabajar de cerquita con la gente, escuchando, resolviendo los problemas sociales, y que, integrará los mejores perfiles para su administración, anteponiendo un gobierno transparente, con rendición de cuentas y con una ética pública.

Durante la campaña en Jalisco y en todas las entidades, la bandera de la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción; pareciera que era un eslogan de campaña, una mención en los mensajes estratégicos de trámite, más que de una verdadera política pública.

Es importante señalar que la elección a gobernador en Jalisco fue impugnada por el partido Morena y su coalición, por supuestas irregularidades en el proceso, y fue el 12 de agosto que el Tribunal Electoral de Jalisco ratificó el triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Jesús Pablo Lemus Navarro, quien obtuvo una votación a favor de un millón 626 mil 789 votos, lo que representa el 44.25 % del total; seguido de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco con un millón 440 mil 024, el 39.17 %. La diferencia entre uno y otro candidato fue de 186 mil 765 votos, lo que representó el 5.08 %. Esta diferencia porcentual fue el argumento por el cual el tribunal determinó la imposibilidad de ordenar la repetición de la elección en Jalisco.

Por otro lado, en un contexto similar, pero en otra región de América Latina, tenemos los recientes acontecimientos relacionados con la elección presidencial en Venezuela. El 28 de julio, el presidente Nicolás Maduro se proclamó ganador, lo que significaría un tercer mandato, avalado por las autoridades electorales venezolanas.

Por su parte, el líder de la oposición, Edmundo González, y María Corina Machado publicaron en Internet que, según los datos recopilados por el frente opositor, con 24,532 actas computadas (equivalentes al 81.7 % del total), ellos tendrían la victoria con un amplio margen: el 67 % de los votos a favor, frente al 30 % obtenido por Nicolás Maduro. Esta cifra contrastó ampliamente con la información oficial del Consejo Nacional Electoral.

Cabe resaltar que en Venezuela se vivió una jornada electoral marcada por la incertidumbre, la represión y las amenazas, además de una notable falta de transparencia en los cómputos y en los resultados presentados públicamente, tanto por el órgano electoral como por el presidente Maduro. Este proceso, carente de claridad, ha creado un descontento generalizado en el país y ha provocado reacciones a nivel internacional, con pronunciamientos de líderes de otros países y de la propia Organización de los Estados Americanos (OEA).

Asimismo, este año, el 4 de noviembre, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una contienda caracterizada por numerosos incidentes en la carrera hacia la Casa Blanca, como es bien sabido, el presidente Biden inició su campaña como candidato del Partido Demócrata con la firme intención de asegurar un segundo mandato, enfrentándose al candidato republicano, el expresidente Trump.

Sin embargo, todo cambió cuando la campaña de Biden comenzó a enfrentar dificultades. El 13 de julio, durante un mitin en Butler, Pensilvania, el candidato Trump sufrió un atentado, en el que murieron dos personas, incluido el presunto agresor, y varias más resultaron heridas. Este ataque desató el pánico y reavivó los temores de asesinatos y atentados en Estados Unidos.

Por irónico que parezca, la bala que iba dirigida a Trump le pegó a Biden, pues el candidato republicano no solamente salió con vida, sino que además resultó empoderado y mejoró su posicionamiento entre los electores. Este hecho dejó al candidato demócrata navegando a la deriva durante las horas y días siguientes, hasta que, una semana después del incidente en Pensilvania, anunció que se bajaba de la candidatura, y propuso a la vicepresidenta Kamala Harris como su sucesora, misma que fue elegida en la Convención Nacional Demócrata para disputar la elección contra Donald Trump; contienda, en la que dicho sea de paso, no está nada decidido.

Los 3 candidatos, Biden, Trump y Kamala, en su momento, han realizado ataques y señalamientos, utilizando como bandera la “transparencia”, dado el impacto global que esta tiene en el discurso actual. Desde luego, los candidatos han hablado de fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

En este contexto, considero necesario citar la definición de “política pública” de Luis Aguilar Villanueva, un referente en materia de gobernanza y administración pública, como el: “Proceso que incluye la identificación del problema, la formulación de soluciones, la implementación de estrategias y la evaluación de resultados”. En el entendido de que el concepto de la transparencia más que un eslogan de campaña electoral, debería ser una verdadera política pública.

“Las políticas públicas deben ser comprendidas dentro de un marco amplio que considera la participación de diversos actores, como el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Estos actores interactúan en un espacio de deliberación donde se establecen los objetivos de las políticas, se diseñan estrategias, se discuten posibles soluciones y se toman decisiones que buscan beneficiar a la sociedad en su conjunto”, tal como lo señala el Dr. Guillermo Muñoz Franco en su obra «La Transparencia como una Forma de Vida». Reitero, pues, que el concepto de “transparencia” va más allá del uso mercadológico en las campañas políticas, del discurso de un candidato o de una bandera gubernamental; pienso que este debería convertirse en un hábito esencial, integrando tanto el «ser», en términos de ética y moral, como el «deber ser» en relación con las normas que guían la corrección de nuestras acciones como miembros activos de una sociedad.

En esta publicación me gustaría compartir con ustedes, estimados lectores, que en el año 2015 tuve la oportunidad de colaborar en la política pública de comunicación en materia de transparencia del Gobierno del estado de Jalisco, durante esa administración hubo grandes retos y logros, en ese año la Secretaría de la Función Pública (SFP) en coordinación con la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (C.P.C.E.F.), convocó al Primer Concurso de Ensayo en «Transparencia y Rendición de Cuentas» en México, un concurso a nivel nacional con la finalidad de impulsar y promover la generación de una nueva cultura organizacional en la materia. Para ello, un servidor participó con el ensayo “El marketing en la transparencia y el acceso a la información pública en México”, obteniendo el segundo lugar a nivel nacional, este abordó la creación de un modelo enfocado en la difusión y promoción de la cultura de la transparencia, acceso a la información pública y la rendición de cuentas, considerando las distintas herramientas promocionales que permite la interdisciplinariedad del marketing, basado en Philip Kotler, mismo que hoy utilizo para escribir este texto.

En mi trayectoria de contribuir a una nueva cultura de transparencia en el ejercicio público, fui testigo del nacimiento de la primera Ley Federal de Transparencia en México, que entró en vigor en 2002. Esta ley dio origen en 2003 al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el cual se estableció como el órgano garante en la materia en México. Posteriormente, en 2014, este organismo cambió su nombre a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, convirtiéndose en un organismo público autónomo.

Para concluir, me pregunto: ¿estamos ante la posible extinción de la transparencia y su relegación a la historia? ya que como sabemos el pasado 24 de agosto, las Comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron una propuesta de reforma constitucional que amenaza los derechos fundamentales de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Esta reforma propone extinguir al INAI y su Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), lo que representaría un grave retroceso, eliminando décadas de esfuerzos, participación social, inversión e investigación. Dicho marco constitucional fue producto de la lucha de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales contra la opacidad de las instituciones públicas y la falta de rendición de cuentas que caracterizó a muchos gobiernos en el pasado.

La reforma plantea, entre otras cosas, la desaparición de los 32 institutos de transparencia locales como el ITEI en Jalisco y el INAI a nivel nacional, además extinguir otros 6 organismos autónomos importantes para la democracia y desarrollo de nuestro país como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). ¿Realmente estas decisiones garantizarán el estado de derecho y el bienestar social de los mexicanos?, que el tiempo, los hechos y la historia lo juzguen.

Felices fiestas patronales y que #VivaMéxico…

Por: Mtro. Alejandro Verduzco Mendoza

Mercadólogo y analista político

@averduzcom

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En la Cámara de Diputados, la sobrerrepresentación operó con una precisión milimétrica, permitiendo que la minuta de la reforma judicial navegara sin contratiempos hacia el Senado. Pero en este escenario, el Senado, no es el simple trámite que el oficialismo quisiera.

Los 83 senadores con los que cuenta Morena y sus aliados no alcanzan los 86 necesarios para aprobarla, lo que deja al país en un suspenso incómodo. Un solo voto. Un escaño que no solo representa una decisión legislativa, sino el peso de la historia.

La reforma judicial que está en juego no es cualquier cambio técnico a las leyes, es el corazón del futuro político del país, de la independencia de sus instituciones y del equilibrio de poderes. Manuel Velasco, uno de los operadores más astutos del oficialismo, lo sabe bien. Sabe que la presión por ese voto es monumental. Los dos senadores del PRD, un partido que se desmorona entre la apatía y el olvido, han decidido sumar sus nombres a la lista de quienes entregan su lealtad a cambio de beneficios inmediatos. Los ciudadanos de Michoacán y Tabasco, quienes los llevaron al Senado, quizás nunca reciban una explicación honesta por este movimiento que huele más a traición que a convicción. ¿Fue codicia, miedo o simple resignación? Nadie lo sabrá. Lo único claro es que, por su acto, presidirán dos comisiones.

Con los 85 senadores que ahora suma el oficialismo, la cuestión es angustiante: falta uno. Solo un voto más y el gobierno obtendría la mayoría calificada. El país entero aguarda el desenlace en una Cámara Alta que se ha convertido en un campo de batalla simbólico.

Mientras tanto, en la bancada opositora, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, conscientes de la magnitud del reto, cierran filas. El anuncio de los senadores del PRI, acordando un voto en bloque en contra de la minuta, no deja margen para dudas. Incluso Miguel Riquelme, exgobernador de Coahuila, desde su cama de hospital, tras someterse a un cateterismo, asegura que, de no poder asistir personalmente, pedirá licencia para que su suplente vote en contra. Este nivel de compromiso no es habitual en la política mexicana, donde la traición y los intereses personales suelen dictar el rumbo de las decisiones.

Pero no todo es certeza en el panorama opositor. Los rumores se arremolinan en torno a Manlio Fabio Beltrones, un veterano de mil batallas que algunos ingenuos creyeron dispuesto a cruzar al bando oficialista. Su rotundo rechazo en redes sociales deja en claro que no será él quien incline la balanza. Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, también ha despejado cualquier duda sobre su postura. «Mi voto será totalmente en contra», ha dicho, en un gesto que algunos consideran valiente y otros lo vemos como mera estrategia política.

El ambiente en el Senado es denso. Los observadores ciudadanos no quitan los ojos de quienes tienen en sus manos el destino de la justicia mexicana. Un solo voto será el desenlace de esta intrincada trama política. ¿Quién lo entregará? ¿Quién será el senador que ceda ante las promesas o las presiones? Este episodio se va configurando como uno de los más oscuros y a la vez más reveladores de nuestro tiempo.

La reforma judicial que el presidente saliente impulsa con fuerza es una bomba de tiempo. Ha sido calificada por expertos económicos y financieros como una amenaza directa a la confianza de los inversionistas, nacionales y extranjeros. El mensaje es claro: con esta reforma, México deja de ser un lugar predecible y seguro para invertir. Las señales son ominosas: mercados inestables, incertidumbre jurídica y la amenaza de un retroceso en la independencia de los poderes. El sexenio de Sheinbaum, que aún no comienza formalmente, ya tiene un enemigo claro: una reforma judicial que, si se aprueba en sus actuales términos, condenará su mandato a ser un mero bienio de crisis, desgaste y descontento.

Adán Augusto López lo sabe. No es ingenuo. Sabe que el futuro de la presidencia de Sheinbaum depende de lo que ocurra en el Senado en las próximas semanas. Pero también sabe que el verdadero desafío no es la oposición, siempre lista para vender a alguno de sus senadores a cambio de beneficios inmediatos, sino su propio bloque. En Morena y sus aliados está la clave. Un par de ausencias estratégicas, quizás alguna licencia temporal, y la reforma se detiene. No es necesario un enfrentamiento frontal, basta con que dos o tres senadores del bloque gobernante no estén presentes al momento de la votación para que la maquinaria presidencial que deja López Obrador no imponga esta reforma.

En las entrañas del Senado mexicano se libra una batalla crucial, pero el centro de gravedad no está en la oposición, como muchos suponen, sino en el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. La decisión que tome en los próximos días definirá no solo el futuro inmediato de la nación, sino también el del sexenio que Claudia Sheinbaum está por comenzar. En sus manos está la posibilidad de evitar que su gobierno naufrague antes de zarpar.

¿Y el senador morenista Marcelo Ebrard? Él, ya presentó su licencia al Senado para que su nombre no aparezca entre quienes votaran a favor de la reforma al Poder Judicial, con miras a la elección de 2030, ese hombre que pudo haber sido presidente, se ha convertido en un espectador más del drama político nacional, en medio de este juego de lealtades y traiciones, Ebrard sigue ahí, observando, esperando, quizás ya resignado a que su gran oportunidad nunca llegará. La política mexicana tiene una forma cruel de desechar a aquellos que, a pesar de sus sacrificios, no logran ajustarse al perfil de la obediencia ciega. Y si hay algo que nos deja claro la historia de Ebrard, es que, en este juego de poder, la lealtad no siempre se paga como se espera.

La vieja casona de Xicoténcatl, sede alterna de esta sesión por las manifestaciones en contra de la reforma, se convertirá en el escenario de la traición o del heroísmo. Los nombres que ahí resuenen quedarán marcados en los libros de historia, como los que decidieron si México mantuviera su independencia judicial o la sacrificaría en el altar del poder presidencial.

La apuesta del presidente es clara: un bono político de fin de mandato que dejaría el camino despejado para el proyecto de continuidad de la 4T. La pregunta es: ¿a qué costo? Morena parece estar a las puertas de conseguir ese último voto, pero la oposición ha cerrado filas de una manera inesperada, firme, con estrategias que no habíamos visto en años recientes.

Los senadores de oposición han tomado medidas inusuales: suplentes preparados, compromisos públicos de votar en contra, e incluso amenazas implícitas de consecuencias políticas para quien se atreva a cambiar de bando. El escenario es incierto, y el reloj político no se detiene. ¿Habrá un último traidor? ¿O la oposición, resurgida de sus propias cenizas, será capaz de frenar el proyecto del presidente?

Hoy, el Senado es el campo de batalla, pero mañana lo será la nación entera.

En X @DEPACHECOS