JALISCO
Abusos millonarios en Ipejal: Esfuerzos vanos por sanear las compras de medicamentos

Por Mario Ávila //
De poco sirven las buenas intenciones de la nueva administración del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) y de los miembros de la Comisión de Adquisiciones, cuando no se actúa con rigor y se sanciona con determinación a los laboratorios y las empresas comercializadoras que se coluden para imponer los precios y condiciones en cada proceso de licitación.
Es decir, las fallas y la tibieza de la Contraloría interna del Ipejal, de la Contraloría del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción, queda en evidencia cuando no hay sanciones severas en contra de los proveedores de medicamentos que se unen en un evidente acto de colusión o contubernio, para compartir contratos de compra de medicamentos.
O lo que podría ser peor, ni siquiera hay un seguimiento serio a las empresas sancionadas o investigadas, para determinar si los nexos que saltan a la vista en los términos administrativos, van más allá y podría darse el caso de que existiera una liga que los una, al extremo de que podría haber ciertas sociedades o incluso una sola bolsa final a la que va a parar el dinero de varias a empresas que aparentan ser competencia leal en el padrón de proveedores del Ipejal.
Por ejemplo, hay evidencias que ligan a la empresa Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V., que perjudicó con fraudes millonarios al Instituto de Pensiones del Estado, en contubernio con ex empleados del organismo público descentralizado, con empresas que hoy siguen vigentes en el Padrón de Proveedores del Ipejal y realizando negocios, como Fármacos Aguilar S.A. de C.V. y farmacias de Jalisco, S.A. de C.V.
Esto significa que muy probablemente Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V. sigue beneficiándose de las compras del Instituto de Pensiones del Estado, a través de otras empresas con las que tienen nexos que para algunos miembros de la Comisión de Adquisiciones han resultado evidentes y las han descalificado de algunos concursos de compras, pero no ha habido mayor sanción para ellos y se mantienen con su actividad intacta en calidad de proveedores de Ipejal.
ZEUS CON NEGRO HISTORIAL
Para la Contraloría del Estado es un hecho que desde el 2016 Zeus, propiedad de Jaime Becerra, tiene un negro historial como proveedor de Pensiones del Estado y pese a los antecedentes en el 2018 se le adjudicaron compras por más de 80 millones de pesos, de las cuales casi 60 millones de pesos se le asignaron de manera directa y sin licitación, pero de manera fraccionada para no incurrir en ilegalidades.
No conformes con ello se detectaron compras por casi 30 millones de pesos, en las que solo aparecieron finalmente los pagos y la mercancía nunca entró a las bodegas de la dependencia pública y no se encontró ninguna huella de su paradero, de lo que dio constancia la hoy diputada Mirza Flores, de acuerdo a la denuncia que en su momento había presentado la contralora del Estado, María Teresa Brito Serrano desde el 27 de febrero de 2018 por el presunto delito de daño patrimonial.
El Diario NTR por ejemplo do cuenta en su edición del 7 de marzo del 2017 que el entonces diputado local Hugo Rodríguez, hoy presidente de Morena en Jalisco, denunció la colusión de la ex Directora Administrativa, Adriana Gabriela Ceja Palacios, para formalizar compras a Zeus por 81 millones de pesos.
En las investigaciones de la Contraloría del Estado, se detectó que las anomalías en las que está involucrada Zeus, datan del ejercicio 2016, cuando también se le adjudicaron compras fraccionadas de manera directa hasta por 14.5 millones de pesos.
PROVEEDORES VIGENTES, CON NEGROS ANTECEDENTES
Pero lo malo del caso y la prueba de que el dueño de Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V podría seguir operando como proveedor del Ipejal, es que hay al menos un par de empresas con las que se ha comprobado los actos de colusión, que siguen teniendo su registro vigente como proveedores, y siguen participando y ganado algunas de las licitaciones para la compra de medicamentos.
Una de ellas es la que aparece vigente en el Padrón de Proveedores del Ipejal con el siguiente registro: PRO 3412, empresa: Fármacos Aguilar, S.A. de C.V.; giro: farmacéuticos; domicilio: Juan Tablada 1278 CP 44270 teléfono 3315935720.
Fármacos Aguilar salió a relucir en una licitación del 7 de agosto del 2018, en la que tomó parte Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V. y que fue descalificada como licitante, porque entre la documentación oficial presentó copia de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la clave de registro RFC DMZ120508FJA con número de folio 18NB3932651 de fecha 07 de agosto del 2018, mediante la cual se emite una opinión positiva a nombre de Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V..
Sin embargo se observó que la opinión de cumplimiento de obligaciones presentada, se verificó acorde al QR plasmado en el documento, sin embargo este no coincide, ya que la opinión que arroja la verificación refiere clave RFC FAG1604221L7, número de folio 18NB3932331 de fecha 9 de agosto del 2018 mediante la cual se emite una opinión en sentido positivo, pero da la causalidad de que la clave de RFC FAG1604221L7 corresponde a otro licitante, es decir a la empresa Fármacos Aguilar, S.A. de C.V. De ahí que se decretó la descalificación de ambos licitantes.
En otro proceso paralelo de licitación, de acuerdo a la observación hecha por Bricio Rivera Orozco, en su calidad de representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, “se señala la probable colusión entre el licitante Fármacos Aguilar S.A. de C.V. y el licitante Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V., en virtud de que la documentación de la propuesta técnica del licitante, Fármacos Aguilar, S.A. de C.V. se encuentra que la carta de apoyo expedida por el licenciado Edgar Oswaldo Puebla Flores, de fecha 10 de agosto del 2018, refiere a Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V., que es otro de los licitantes en el mismo proceso.
El segundo caso es el de la empresa Almedic Distribuidora Médica, S.A. de C.V. que también fue descalificada en un proceso de licitación en agosto del 2018, ya que presentó copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el SAT a la clave de RFC ADM170227A53 con número de folio 18 NB3918255 de fecha 8 de agosto del 2018, mediante la cual se emite una opinión positiva a nombre de Almedic Distribuidora Médica, S.A. de C.V.
Sin embargo dentro de las observaciones destaca que la opinión de cumplimiento de obligaciones presentada, se verificó acorde al código QR plasmado en el documento, sin embargo éste no coincide, ya que la opinión que arroja la verificación refiere a la clave RFC DMZ120508FJA, número de folio 17NA5725061, de fecha 12 de abril del 2017 mediante la cual se emite una opinión en sentido negativo y la clave corresponde al licitante Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V., situación que afecta la solvencia de la propuesta y da certidumbre a la convocante al descalificar a los licitantes.
Una tercera empresa que ha incurrido en anomalías y que aparece hoy con registro de proveedor vigente en Ipejal es: PRO 1499; nombre: Farmacias de Jalisco, S.A. de C.V.; producto: medicamentos; domicilio: Pedro Espinoza 1401 CP 44220 teléfono 38248686.
Farmacias de Jalisco, S.A. de C.V. también participó en una licitación el 15 de septiembre del 2018 y fue descalificada ya que no acreditó la personalidad de su representante legal conforme a lo que establece la norma en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, “situación que afecta la solvencia de la propuesta y da incertidumbre a la convocante”, según se expresa en la conclusión.
HOY LOS PROCESOS DE LICITACIÓN EN IPEJAL SON EJEMPLARES, DICEN
Y pese a que está probada la colusión ilegal de algunas empresas en procesos de compra el año pasado, pero que siguen participando en este 2019, desde el seno del propio Ipejal se dice que hoy los procesos de licitación son ejemplares.
Un funcionario de Instituto de Pensiones del Estado que manifestó a este semanario, su inconformidad por el contenido de la nota publicada la semana pasada que se titulaba “En IPEJAL, laboratorios y distribuidores mandan”, también pidió el anonimato para externar su defensa al método en el que hoy día se efectúa el proceso de compra de medicamentos.
Hoy, de 26 empresas que concursaron -dijo-, a 19 se les asignó la compra de algún medicamento, estamos hablando de un 70% que resultaron favorecidos, pero no sé porque esas cosas no se escriben, o no te lo dijeron a ti, o quien te lo dijo tiene una tendencia, no sé, mil cosas pueden suceder ahí. Pero sí es de llamar la atención y puntualizar, de 26, 19 es el 70% y eso no se había visto”.
“Y no es tanto así que lo hubieran comprado por Mercado Libre -expuso-, porque para todo hay reglas y una de las reglas es que deben de tener certificaciones las empresas que te vendan. Certificaciones que sean del gobierno como Secretaría de Salud, Cofepris, etcétera. Son una serie de lineamientos. Es muy vago que tú compares con Mercado Libre, porque ahí también se venden cosas chinas, cosas robadas, cosas caducas. Comprar en Mercado Libre medicinas es como ir a comprar al barrio de El Santuario, es la misma cosa, es exactamente igual”.
El funcionario que demandó desde el anonimato el derecho de réplica, planteó. “Por ejemplo, es la primera vez que se hace un proceso medicamento por medicamento, no fue en una sola partida, sino que fueron más de 500 medicamentos licitados de uno por uno, en el mismo proceso, pero en donde las empresas podían participar medicamento por medicamento, no era necesario cotizar todos”.
“Creo que ahí hace falta complementar la información, no todo es así como te lo dan. Por ejemplo, se hacen estudios de mercado y en base a esos estudios de mercado es como se compran las cosas, cómo anda en el mercado y cómo vamos a comprar que no exceda en un porcentaje. Nos tardamos cuatro meses en hacer un proceso de esos, para que salgan y diga ‘pues compren en Mercado Libre y te sale más barato’, pues no, las empresas licitantes necesitan desde una licencia municipal de operación, necesitan estar dados de alta en Hacienda, estar al corriente con el pago de sus impuestos en Hacienda, estar al corriente con sus contribuciones al Seguro Social, estar con certificaciones de Cofepris, Secretaría de Salud, avisos de funcionamientos, son muchísimas cosas que van alrededor del tema de los medicamentos. De hecho, ya vamos a sacar el proceso de compra del 2020 y lo vamos a sacar de la misma forma, el proceso más limpio y transparente que ha habido en el Estado de Jalisco en muchos años”, expuso.
Y a la pregunta de cómo se explica que Mercado Libre venda de menudeo un medicamento mucho más barato que un laboratorio vendiendo de mayoreo, el inconforme planteó: “No es lo mismo, pero te pongo un ejemplo, se compra un carro en Jalisco y se lo llevan a Tamaulipas y allá lo van a ofertar en 50 mil pesos cuando el carro valía 150 mil pesos, pero no tiene papeles o los papeles que tiene no son los originales o los legales”.
Sobre el método que había resultado tradicional en el Ipejal en el sentido de privilegiar a una sola empresa con contratos millonarios, el quejoso afirmó que en el 2019 los montos de compra fueron muy repartidos y aclaró: “Si lo que están buscando, porque me imagino que eso es lo que están buscando, que se beneficie a alguna empresa grandota como fue Lomedic o algunas otras, eso no sucedió, porque precisamente eso fue lo que cuidamos”.
“Te puedo decir que PISA es uno grandote y se le asignaron compras de 12 millones de pesos, de los 350 millones de pesos que se adquirieron. Tú dime si hicimos mal las cosas, yo creo que las hicimos muy bien. El techo presupuestal de este año fue de 350 millones de pesos”, reveló.
Sobre la compra desmedida de la Betametazona, haciendo un pedido por 16 mil unidades cuando al año se gastan cuando mucho 3 mil unidades, el representante del Ipejal respondió: “El problema es quién dice, hay que checar quién lo dice, no sé si se ocupan o no, lo que sí sé es que cada unidad médico familiar te manda un requerimiento porque es lo que ellos necesitan, y no pueden comprarlo justo porque luego nos quedamos en un desabasto y se viene peor el asunto.
“Por eso debemos de tener un stock, quién te lo dice, si el asunto es de un chisme, es de un tema sindical donde hay otro tipo de interés o ese tipo de situaciones se vuelve complicado, donde el asunto es formal y es serio como el que yo te estoy diciendo, nosotros en el comité revisamos de pies a cabeza cada tema, lo revisamos como no tienes una idea… y tú lo puedes constatar si te vas a los medios, ni Mural, ni NTR, ni Milenio, ni El Informador sacó una nota negativa en la compra de medicamentos en Pensiones cuando nosotros fuimos los primeros en hacerlo exponencial, nosotros grabamos todos los comités en vivo, todos”, sentenció.
JALISCO
Encuestas y reelección: Los casos de Guadalajara y Tlajomulco

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //
Morena tiene la mirada puesta en Guadalajara y Tlajomulco.
Zapopan, al ser un municipio en extremo complicado para el movimiento guinda, se procesará de modo distinto.
De acuerdo a fuentes muy bien enteradas, los trabajos para arrebatar los precitados bastiones emecistas, pasan por varias reflexiones iniciales.
A continuación, comparto algunas de ellas:
Verónica Delgadillo está dando muestras de suficiencia y eficiencia, algo que en el morenismo no tenían contemplado. Creyeron que el asunto de la basura marcaría negativamente su gestión, sin embargo ha sido todo lo contrario, la alcaldesa ha sorteado con éxito el desafío y supo sacar provecho de la contingencia. Más aún, todo apunta hacia la consolidación de una administración municipal efectiva, con metas y objetivos cuyo propósito es mejorar la percepción de los tapatíos en todos los ámbitos.
Y si bien resulta prematuro saber si en los próximos dos años Verónica tendrá condiciones para buscar la reelección, lo cierto es que su inicio es prometedor.
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Gerardo Quirino arrancó a toda velocidad y a un ritmo que no cede. Obligado a superar con creces lo hecho por sus antecesores, y como actual responsable de la cuna del alfarismo, el alcalde de Tlajomulco tiene prisa por plasmar su huella y escribir su legado. Además, a favor tiene que la oposición es poco menos que una vacilada. Al igual que Delgadillo García, Quirino avanza con paso firme hacia una segunda postulación.
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Lo anterior nos lleva a una cuestión importante: ¿entonces en qué se basa el optimismo de Morena? La respuesta, me dicen, se aloja en que las encuestas que se procesan en Palacio Nacional indican que la marca partidista continúa creciendo en ambos territorios. Esto lo saben Verónica y Gerardo, pues también tienen a la mano estudios de opinión recientes que confirman eso.
Así pues, los siguientes meses no definirán el futuro de ambos personajes, pero sí darán luz sobre lo que sucederá con sus carreras políticas.
Mientras tanto, en la trinchera tapatía ya se trabaja en un plan para llevar a la presidenta a la gubernatura, en tanto que algunos quirinistas están tendiendo puentes de comunicación con el Movimiento de Regeneración Nacional, en especial con Claudia Sheinbaum, para dar el brinco en caso de ser necesario.
Y es que el barco naranja comienza a naufragar porque no hay quien controle el timón.
@DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, escritor y analista
político.
JALISCO
Un impuesto que pesa más que la propiedad: El predial y la trampa de la modernización

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
“Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada”, dijo alguna vez el juez Oliver Wendell Holmes. Sin embargo, en Jalisco, ese precio parece haber dejado de reflejar los beneficios de la civilización para convertirse en una carga desproporcionada que amenaza la estabilidad de las familias.
El reciente aumento del impuesto predial en municipios como Guadalajara, Zapopan y Tonalá no solo ha encendido la indignación ciudadana, sino que también revela una problemática más profunda: una política fiscal que está desvinculada de la realidad económica de la población.
En Guadalajara, el incremento del predial ha alcanzado hasta un 45% en algunas colonias, tras eliminarse el tope que limitaba el aumento anual al 10%. Zapopan aplicó un alza del 5% de forma uniforme, mientras que en Tonalá los predios rústicos enfrentan incrementos de hasta el 36%. Estas cifras no son solo números en una tabla de Excel; representan decisiones que afectan directamente el bolsillo de miles de familias, muchas de las cuales ya están luchando por mantener su estabilidad financiera en un contexto de inflación y estancamiento salarial.
El argumento oficial suele girar en torno a la necesidad de actualizar los valores catastrales y mejorar la recaudación para financiar servicios públicos. Pero ¿qué pasa cuando el incremento de los ingresos municipales se da a costa de la calidad de vida de los contribuyentes? La modernización fiscal no puede convertirse en una trampa que justifique incrementos desproporcionados sin un análisis profundo de sus efectos socioeconómicos.
El aumento del impuesto predial en Jalisco ha generado un debate intenso sobre su impacto en la economía de las familias y la gestión pública. Para entender mejor este fenómeno, podemos recurrir a una analogía histórica: el impuesto al té que provocó el Motín del Té en Boston en 1773. Aquel gravamen, aunque modesto en términos económicos, fue percibido como un símbolo de abuso e imposición sin representación adecuada, lo que encendió la chispa de un movimiento más amplio por la justicia fiscal.
En Jalisco, el incremento del predial no es solo una cuestión de cifras. Representa una carga adicional para los propietarios, quienes ven cómo el costo de mantener su patrimonio crece sin una correspondencia clara en mejoras tangibles de los servicios públicos. La falta de una comunicación efectiva por parte de las autoridades sobre el destino de estos recursos alimenta el descontento y la desconfianza.
Este aumento del predial también refleja una desconexión preocupante entre las autoridades y la realidad cotidiana de la ciudadanía. No se trata de rechazar la necesidad de impuestos, sino de exigir que estos sean justos, proporcionales y coherentes con el contexto económico. El principio de progresividad fiscal, que establece que quienes tienen más deben contribuir más, parece haberse diluido en un enfoque recaudatorio que no distingue entre diferentes capacidades de pago.
Si observamos modelos internacionales, ciudades como Viena o Berlín han implementado políticas fiscales que buscan equilibrar la recaudación con la protección del derecho a la vivienda. En estos lugares, los incrementos de impuestos sobre la propiedad están vinculados a mejoras tangibles en los servicios públicos y a políticas de vivienda asequible. En contraste, en Jalisco, el aumento del predial parece desconectado de cualquier mejora visible, lo que alimenta la percepción de que se trata simplemente de un mecanismo para llenar las arcas municipales sin un verdadero compromiso con el bienestar ciudadano.
Por otro lado, el impacto del aumento del predial también tiene un componente psicológico y simbólico. La propiedad de una vivienda representa, para muchas familias, el fruto de años de esfuerzo y estabilidad. Cuando el Estado transforma ese logro en una carga cada vez más pesada, erosiona la confianza en las instituciones y en la promesa de progreso que se supone debería acompañar al desarrollo urbano.
No podemos ignorar, además, el problema de la opacidad en la gestión de los recursos recaudados. La falta de transparencia en el uso del dinero público alimenta la sospecha de que estos aumentos no están destinados a mejorar la calidad de vida de la población, sino a cubrir deficiencias administrativas o a financiar proyectos que no responden a las verdaderas necesidades de la sociedad.
En este contexto, es urgente replantear el debate sobre el impuesto predial en Jalisco. No se trata de eliminarlo ni de negar su importancia para la financiación de servicios públicos, sino de exigir una política fiscal más justa y equitativa, lo cual implica revisar los criterios para la actualización de valores catastrales, establecer topes razonables para los incrementos anuales y garantizar que cualquier aumento se traduzca en beneficios tangibles para la comunidad.
El descontento social que está generando este tema no es una simple reacción emocional ante el aumento de un impuesto. Es la expresión de un malestar más profundo relacionado con la percepción de injusticia fiscal y la falta de sensibilidad de las autoridades frente a las dificultades económicas de la población. Si las autoridades locales no escuchan este clamor, corren el riesgo de erosionar aún más la confianza en las instituciones y de alimentar un clima de descontento que puede tener consecuencias políticas a largo plazo.
En definitiva, el problema del predial en Jalisco es un síntoma de una enfermedad más amplia: la desconexión entre las políticas públicas y las realidades sociales. No se trata solo de cifras frías en un balance contable o de metas recaudatorias; es un reflejo de cómo las decisiones gubernamentales pueden alejarse de las necesidades cotidianas de la gente.
Para sanar esta herida, se necesita más que simples ajustes técnicos; se requiere una visión de justicia fiscal que ponga en el centro a las personas, no solo a los números. Esto implica un compromiso real con la equidad, la transparencia y la sensibilidad hacia los contextos económicos diversos de la población. De lo contrario, el precio que pagamos por vivir en sociedad podría terminar siendo demasiado alto, no solo en términos económicos, sino también en la confianza ciudadana y la cohesión social, pilares fundamentales para una convivencia democrática y justa.
JALISCO
El Frankenstein de la transparencia

Opinión, por Salvador Romero Espinosa //
El nuevo modelo de transparencia presentado el pasado 31 de enero por Raquel Buenrostro, Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, me parece inconstitucional, dado que violenta la soberanía de las entidades federativas y la autonomía municipal, ambas previstas desde 1917 en la Constitución Federal como cimiento toral de nuestra República, e incluso va en contra de la reciente reforma al artículo 116, que establece que serán los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los sujetos obligados los responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
En ese contexto, al tratarse los gobiernos estatales y municipales de sujetos obligados, de acuerdo a dicho precepto constitucional, deben de ser sus propias contralorías quienes deberán de encargarse de resolver los recursos e impugnaciones en materia de transparencia, por lo que la propuesta de que el Poder Ejecutivo local de cada entidad federativa sea quien resuelva las impugnaciones contra las respuestas de los ayuntamientos es abiertamente inconstitucional, pues generaría una especie de instancia intermedia entre gobiernos estatales y municipales, las cuales se encuentran expresamente prohibidas en el artículo 115.
Para ponerlo en otras palabras, la referida propuesta implicaría que las gobernadoras y gobernadores del país, a través de sus contralorías, podrían sancionar a las alcaldesas y alcaldes de los municipios de sus estados, en caso de que no atendieran sus requerimientos en materia de acceso a información pública, lo cual, además de violentar la ya referida autonomía municipal, podría tener implicaciones políticas bastante delicadas y convertirse en un mecanismo de control por parte de los poderes ejecutivos estatales a los gobiernos municipales.
Cabe señalar que en palabras textuales de la Secretaria Raquel Buenrostro “…hay (institutos de transparencia locales) homólogos al INAI, que son los que revisaban a los municipios, ahora en la propuesta de ley nosotros proponemos que sean las autoridades del Ejecutivo local las que ayuden a los municipios, esto es conociendo y sabiendo que los municipios no tienen la infraestructura suficiente ni los recursos, también sean apoyados y arropados, no solo por el Estado, sino también a nivel federal…”.
Sin embargo, en las diapositivas que utilizó en su presentación no dice “apoyar”, sino textualmente dice “Autoridad del Ejecutivo Local revisa a municipios” y existe una gigantesca diferencia entre “apoyar” y “revisar”, razón por la cual todas las autoridades municipales del país deberán de prender sus alertas y focos rojos ante esta propuesta, dado que en lugar de que la propuesta fuera para dotarles de mayores recursos económicos para hacer frente a sus nuevas obligaciones constitucionales, lo que están proponiendo realmente es someter a los municipios a los gobiernos estatales y a la propia federación.
El nuevo modelo también afecta la soberanía de las entidades federativas, pues la Secretaria Buenrostro refirió que la nueva Plataforma Nacional de Transparencia seguirá siendo obligatoria para todas las autoridades del país, además de que señaló que su Secretaría podrá atraer y/o conocer de todas las impugnaciones de transparencia relacionadas con recursos federales, que son la gran mayoría de los recursos que se ejercen en los estados y municipios, por lo que en la práctica, con esta propuesta se desaparece la soberanía de las entidades federativas y la autonomía de los municipios de todo el país, ya que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá facultades para requerir y sancionar a gobernadoras y gobernadores, así como alcaldesas y alcaldes de todo el país, algo gravísimo en una República Federal.
Aunado a lo anterior, el nuevo modelo despedaza totalmente al actual Sistema Nacional de Transparencia, conformado por 33 institutos de transparencia, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI, y lo transforma en un Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública con 32 subsistemas estatales, que en lugar de las 36 instituciones actuales, estará integrado por casi 3,000 autoridades, que en teoría deberán coordinarse para homologar sus criterios en materia de transparencia, un verdadero modelo Frankenstein.
Finalmente, la Secretaria presentó como un gran logro del nuevo modelo el que se esté apostando a la judicialización de la transparencia y el derecho de acceso a la información, pues incluso señala que se crearán juzgados federales especiales en la materia, partiendo de la premisa falsa de que actualmente los juzgados en materia administrativa no resuelven cuestiones de fondo en los amparos contra resoluciones de los institutos de transparencia (por supuesto que lo hacen); cuando es un hecho que la judicialización será mucho más costosa, compleja y lenta que el modelo de tutela por medio de institutos de transparencia autónomos que recientemente destruyeron.
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