REPORTAJE
Héctor Pizano respalda la postura del gobernador sobre el pacto fiscal: Analistas y Morena ven intensión político-electoral de Alfaro
Por Mario Ávila //
Mientras las voces de politólogos y críticos a nivel estatal y nacional, reprochan la actitud de los gobernadores del norte del país y de Jalisco, que han lanzado un llamado de urgencia para revisar el pacto fiscal, a fin de que cambien los criterios de distribución del dinero federal, argumentando poca solidaridad de los estados ricos, con los pobres, sobre todo en tiempos del azote de la pandemia del COVID-19; el diputado local del Partido Movimiento Ciudadano, Héctor Pizano, respalda la postura del gobernador Enrique Alfaro y advierte -aunque sin aportar pruebas- que Jalisco hoy recibe en el mejor de los casos, .40 centavos por cada peso que aporta a la Federación y que en lugar de los 120 mil millones de pesos anuales que ejerce de presupuesto en el 2020, podría estar recibiendo hasta 210 mil millones de pesos con un reparto justo.
Incluso se ha llegado al extremo de considerar el llamado concreto que ha hecho el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, como una “traición a la patria” y para frenarlo se ha presentado ya un punto de acuerdo para exhortar desde la LXIV Legislatura Federal al gobernador, Enrique Alfaro, a que respete la estructura orgánica de la República y el pacto fiscal.
Nadie niega que la revisión del pacto fiscal es necesaria, que hay serias dudas sobre el correcto ejercicio del dinero de todos y que sería conveniente que 40 años después de firmado el pacto fiscal y 16 años después de que se reunió por última vez la Convención Nacional Hacendaria, es indispensable que se actualicen los términos del reparto del dinero de todos.
Sin embargo una coincidencia radica en el hecho de que el llamado a hacer esta revisión, en este momento del azote de la pandemia del COPVID-19, es abiertamente inoportuno, ya que lo que se requiere es de dar muestras de unidad en todos los niveles del gobierno y no de enfrentamientos y discrepancias.
De hecho el politólogo y analista político, David Gómez Álvarez, asegura que en el caso de la convocatoria que se ha lanzado desde Jalisco, es con evidentes motivos político electorales, “con el ánimo de posicionar al gobernador Enrique Alfaro en el escenario nacional y en su estrategia de golpeteo al gobierno federal y particularmente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.
De esto habló también el abogado constitucionalista, académico, investigador y presidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado, quien advierte que Jalisco está en su derecho de salirse del pacto fiscal, con una simple decisión del Congreso del Estado, así como se hizo cuando se suscribió, “nadie se lo puede impedir, pero lo que seguramente ocurriría después de ello, es que Jalisco se va a morir de hambre, porque el Estado no tiene facultades para cobrar impuestos”.
Vale la pena recordar que Alfaro Ramírez se manifestó en favor de convocar a una reunión de la Convención Nacional Hacendaria, para revisar el pacto, como un respaldo al pronunciamiento del sector productivo en la entidad, es decir la idea nació en una reunión de los líderes del sector empresarial y productivo del estado, con dirigentes sindicales de la localidad.
Los empresarios están planteando –dijo Alfaro-, una ruta concreta que compartimos y sobre el pacto fiscal en específico, lo que puedo adelantar es que somos ya muchos los estados que ya nos cansamos de los abusos de la federación.
“Y si no se revisa –abundó-, se generará una realidad en la que los estados que más aportan, tendrán que tomar una definición en ese sentido y reitero que por ello es importante revisarlo, no romperlo. Yo espero que eso no tenga que suceder, yo estoy a favor de que se revise el pacto fiscal, pero si no hay voluntad de la Federación, pues ya estuvo bueno del maltrato que se nos da a los estados que estamos produciendo, generando riqueza, empleo y oportunidades para la gente”.
TRATO INEQUITATIVO
En defensa de la postura del mandatario jalisciense, se ha expresado el diputado local de la fracción de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura local, Héctor Pizano Ramos, quien precisó que lo que ha hecho Jalisco, es que “ha planteado es la necesidad de que se abra un diálogo para revisar los criterios, los coeficientes, las fórmulas, de como el día de hoy se vienen manejando los recursos que se generan en todo el país, es decir lo que aportamos todos los mexicanos en los 32 estados junto con la federación”.
“Para ello ha planteado que se llame a la Convención Nacional Hacendaria, que por cierto no se reúne desde hace 16 años, el tema particular de si es el momento o no, primero hay que entender la coyuntura en la que se dio este pronunciamiento y fue cuando el sector económico y social de Jalisco reunido en representación de las cúpulas empresariales y los liderazgos de los sindicatos de trabajadores del Estado, en conjunto hicieron un llamado al gobierno federal para pedir que se generara una propuesta de promoción de apoyos para mantener la planta productiva, en donde no pedían la condonación ni la reducción de los impuestos, lo que pedían era que se pudieran prorrogar las fechas para enterar las declaraciones y que se detuvieran las auditorías, en fin una serie de peticiones muy concretas para efecto de generar lo que ellos decían, oxígeno, un respiro a la economía del estado a fin de que la liquidez que tenían las empresas se pudiera dirigir a los salarios de los trabajadores y el mantenimiento de las fuentes de trabajo.
“Se decía cierra, no trabajes y págale a los trabajadores y los empresarios decían, estamos de acuerdo, solo ayúdame con prorrogar estos plazos de entrega, porque se dio la temporalidad en marzo y abril que son fechas de compromisos y obligaciones fiscales, para utilizar la liquidez a hacer frente a la contingencia y en su momento posteriormente se pudieran poner a mano.
“Pero la federación lejos de atender, lejos de llamar, lejos de siquiera abrir un espacio al diálogo, técnicamente los ignoró o los rechazó y a partir de ese momento, ese grupo de representantes de empresarios y trabajadores hicieron el primer planteamiento de que se convocara a esta Convención Nacional Hacendaria y se pudiera revisar cuáles son los recursos que le llegan y le deberían llegar a Jalisco, el gobernador secundó la propuesta y nosotros desde el congreso hicimos lo mismo.
“Creemos que es oportuno, porque nació a raíz de la falta de un proyecto de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de parte del gobierno federal, solo existe el programa local, es decir los cerca de 2 mil millones de pesos que se destinaron a programas de autoempleo, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y habría entonces que revisar si Jalisco tiene que ver por sí solo con lo que pueda hacer frente a una crisis económica, como la que se está dando y se va a dar de manera más prolongada en los próximos meses, entonces habría que ver con qué recursos se cuenta.
“Pero jamás se ha planteado el rompimiento del Pacto Fiscal, mucho menos el Federal, lo que se ha planteado es la necesidad de que haya un diálogo, hoy hay quien dice que esto es impertinente, no es el tiempo porque se divide y se quiere fracturar al país, no, es todo lo contrario, es a tiempo porque en este momento vamos a tener que tomar medidas pensando en cómo vamos a sostener nuestra planta productiva y no se está planteando otra cosa más que nos digan cómo se está distribuyendo el dinero que generamos todos los mexicanos.
“Por otro lado, decirlo con todas sus letras, no solo es el dinero que llega a los estados, sino que mucho de este dinero que nos regresan y que en el caso de Jalisco, en el mejor de los casos ha llegado a ser de 40%, o sea 40 centavos de cada peso, vienen etiquetados los recursos con un destino concreto, decidido desde la federación, sin participación, acuerdo o consenso del estado, en decir en políticas públicas que desde el centro consideran que pudiera ser adecuadas, apoyo a tal o cual problema social, son concurrentes con el estado, pero el estado no interviene y puede que no esté ni siquiera alineado a su política de desarrollo social, mucho menos de desarrollo económico.
“Por eso el planteamiento es, ábrase la mesa de diálogo, que insisto lleva 16 años sin convocarse para que podamos todos revisar con criterios de transparencia, de oportunidad y sobre todo con la necesidad de acordar como partes que somos, que nos de trato de un convenio, porque pareciera hoy que la Federación es dueña de todo el recurso y nos da lo que quiere y eso está muy lejos de la realidad, el dinero se genera en cada uno de los estados.
“También se dijo que con esto se está rompiendo el sentido de solidaridad, jamás, reconocemos, entendemos y estamos comprometidos en que hay que apoyar a las demás entidades de nuestro país que no tienen las mismas condiciones o las mismas oportunidades, o bien que no han podido desarrollarse de una manera que pueda evitar la desigualdad; pero también hay que reconocer que llevamos más de 40 años en esta circunstancia y hay muchos estados que no han hecho ningún esfuerzo por mejorar su circunstancia, su situación, ni usando mejor sus recursos y como recibe mucho más de lo que le aporta a la Federación, están hasta en una situación hasta cómoda, dicen yo te aporto 10 pesos a la federación y me mandan 140, porqué tendría que preocuparme y cambiar mi circunstancia actual, si a final de cuentas tengo hasta más de los recursos que yo mismo genero”, expuso el legislador naranja.
Que queda claro –sentenció-, que tratándose de un convenio al que Jalisco se adhirió en 1979 se establece la ruta de salida en caso de que alguna entidad no quiera seguir participando, es un tema de voluntad, este no es el pacto federal, el pacto fiscal es un acuerdo para el manejo de los impuestos y el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal lo señala.
Para abundar sobre los recursos etiquetados, el diputado Héctor Pizano recordó que en el 2019 y en el 2020 Jalisco puso en la mesa proyectos de infraestructura importantes, no solo para Jalisco sino para la región y la nación, “y temas que son de total competencia federal como el saneamiento de las aguas, que no han atendido durante muchos años, no es un tema nuevo, y hay que decirlo, no es un tema que se esté dando con la administración de López Obrador, es un tema que se viene dando desde hace muchos años en los cuales la federación determina sin tomar en cuenta a los estados.
“Y sobre todo aquí, quienes hacen un gran esfuerzo para contribuir con la renta nacional como es el caso de Jalisco, que es uno de los cuatro estados que más contribuye, tiene toda la justificación de levantar la voz y más cuando lo hace el gobierno a partir de una solicitud propia de la planta productiva, es decir viniendo de los trabajadores y los empresarios.
“Yo creo que nadie se debe asustar que el Gobierno de Jalisco quiera revisar qué se está haciendo con los recursos que generamos y también no habría que adelantar vísperas, yo también creo que no habrá cerrazón de la Federación cuando ya van cuatro estados que se pronuncian y cuando el propio dirigente interino de Morena, la semana pasada decía que efectivamente habría que convocar en un plazo a esto”, dijo.
Incluso Pizano Ramos puntualizó en el hecho de que Jalisco recibe apenas 40 centavos de cada peso que aporta a la Federación “en el mejor de los escenarios, de hecho el diputado Ricardo Rodríguez había hecho hace unos días alguna revisión y decía que en un caso de interpretación de los famosos recursos, en vez de que nuestro presupuesto fuera de 120 mil millones de pesos anuales, como es en el 2020, podría ser de 210 mil millones de pesos anuales, en un caso dado.
“El tema es no desproteger a los estados que por su circunstancia requieren apoyo de la Federación de la que somos parte, pero sí también que quede claro, cuáles son los criterios y establecer las bases con claridad y en ese acuerdo, porque somos parte de un convenio y debemos tener un trato de esa naturaleza, no somos subordinados, somos contratantes”, planteó.
Finalmente a la pregunta de si con esta misma euforia se buscará beneficiar también en la misma proporción a los gobiernos municipales, el diputado Héctor Pizano, dijo: “En la Convención participa también los municipios y los congresos locales, por eso es importante todos somos parte de esa gran convención porque el dinero es de todos, hoy solamente los municipios se manejan sobre el 20%, el 80% se queda en las entidades, entonces claro que es importante también ver el esquema de desarrollo porque por ejemplo tenemos municipios como Puerto Vallarta que le da ingresos y le genera riqueza a todo el país, no nada más a Jalisco y a final de cuentas a veces no tiene el retorno debido”, finalizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.
JALISCO
Mensaje del gobernador en el Informe de Quirino: «Tlajomulco es un ejemplo de coordinación y visión de futuro»
– Por Redacción Conciencia Pública
Mensaje del Gobernador Pablo Lemus en el Informe del Presidente Municipal de Tlajomulco, Quirino Velázquez.
Agradezco la oportunidad de estar aquí en Tlajomulco, un municipio que ha vivido una transformación notable gracias al trabajo de varias administraciones.
Quiero reconocer especialmente al presidente municipal, Quirino Velázquez, por su compromiso, capacidad de coordinación y respeto hacia lo que se ha construido en el pasado, proyectándolo hacia el futuro. Esto me llena de orgullo.
APOYO ANTE CONTINGENCIAS
Ayer enfrentamos fuertes lluvias en la región, similares a las que afectaron previamente a Tlajomulco. Gracias al trabajo preventivo de Protección Civil estatal y municipal, así como de las fuerzas de seguridad, logramos mitigar los daños.
Hasta esta mañana, se reportan 50 viviendas afectadas. He instruido al secretario general de gobierno, Salvador Zamora, un conocido y querido tlajomulquense, para que, a través del fondo estatal, se atienda a las familias afectadas con el apoyo necesario para superar esta inundación. No están solas.
Seguridad y coordinación intermunicipal
Hoy viajaré a la Ciudad de México para reunirme con la presidenta, el secretario de Defensa y el secretario de Seguridad Pública. Invitaremos a Tlajomulco y Zapopan a participar en la mesa de seguridad nacional, junto con otros municipios clave como San Pedro Tlaquepaque y Tonalá. Esta coordinación nos permitirá seguir mejorando los índices de seguridad en Jalisco.
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
En materia de infraestructura, destaco los siguientes proyectos:
- Educación y universidad: Me entusiasma la propuesta de la Universidad de la Ciénega, presentada por la rectora. Este proyecto, ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en Tlajomulco, será una universidad técnica especializada. El terreno será donado por el ejido de El Zapote, y trabajaremos de la mano con la universidad para hacerlo realidad. Este es un compromiso claro para fortalecer la educación en el municipio.
- Transporte público y conectividad: Estamos avanzando en un sistema de transporte público intermunicipal. La carretera a Chapala se integrará al sistema de transporte masivo con un puente elevado que conectará con el Macrobús y permitirá llegar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, al centro histórico de la ciudad y a otros puntos clave. Este sistema incluirá 12 líneas de transporte público continuo, con estaciones estratégicas para facilitar la movilidad. Iniciaremos pruebas en agosto de 2026, con recursos federales de aproximadamente 3 mil millones de pesos, para conectar desde el aeropuerto hasta El Salto y otros municipios.
- Línea 4 del Tren Ligero: La construcción de la Línea 4, que conectará Tlajomulco con Guadalajara, está en marcha. Aunque hubo retrasos por la aportación federal y la renegociación de la concesión de la carretera, trabajamos con el Instituto Nacional de Movilidad para que esté operativa entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Inicialmente, funcionará con bandereros para regular el tráfico, pero estará al 100% de su capacidad para septiembre de 2026. Este es un compromiso firme.
- Carretera a Chapala y Camino Real a Colima: Estamos rehabilitando la carretera a Chapala con tres carriles por sentido, banquetas, ciclovías, luminarias y arbolado, para convertirla en una vía de primer mundo. De igual forma, el Camino Real a Colima recibirá una inversión de 200 millones de pesos para mejorar banquetas, alumbrado y vegetación, descongestionando el tráfico y mejorando la calidad de vida.
- Acceso al nuevo hospital del IMSS: Facilitaremos la conectividad al nuevo hospital regional del IMSS en Tlajomulco, con accesos viales y transporte público desde la Línea 4, para que los pacientes de cinco estados puedan llegar cómodamente.
- Aeropuerto Internacional de Guadalajara: Estamos trabajando con el presidente municipal de Guadalajara y el Aeropuerto Internacional para crear un nuevo ingreso desde Arroyo Seco hasta Las Pintas, mejorando la conectividad y reduciendo la saturación en la carretera a Chapala.
COMPROMISO CON TLAJOMULCO
Quirino, reconozco tu trabajo y el de tu equipo. Tlajomulco es un ejemplo de coordinación y visión de futuro. Agradezco también a tu familia y a la comunidad por su apoyo. Seguiremos trabajando juntos para que Tlajomulco siga creciendo con infraestructura, seguridad y oportunidades para todos.
Muchas gracias.
