REPORTAJE
Héctor Pizano respalda la postura del gobernador sobre el pacto fiscal: Analistas y Morena ven intensión político-electoral de Alfaro
Por Mario Ávila //
Mientras las voces de politólogos y críticos a nivel estatal y nacional, reprochan la actitud de los gobernadores del norte del país y de Jalisco, que han lanzado un llamado de urgencia para revisar el pacto fiscal, a fin de que cambien los criterios de distribución del dinero federal, argumentando poca solidaridad de los estados ricos, con los pobres, sobre todo en tiempos del azote de la pandemia del COVID-19; el diputado local del Partido Movimiento Ciudadano, Héctor Pizano, respalda la postura del gobernador Enrique Alfaro y advierte -aunque sin aportar pruebas- que Jalisco hoy recibe en el mejor de los casos, .40 centavos por cada peso que aporta a la Federación y que en lugar de los 120 mil millones de pesos anuales que ejerce de presupuesto en el 2020, podría estar recibiendo hasta 210 mil millones de pesos con un reparto justo.
Incluso se ha llegado al extremo de considerar el llamado concreto que ha hecho el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, como una “traición a la patria” y para frenarlo se ha presentado ya un punto de acuerdo para exhortar desde la LXIV Legislatura Federal al gobernador, Enrique Alfaro, a que respete la estructura orgánica de la República y el pacto fiscal.
Nadie niega que la revisión del pacto fiscal es necesaria, que hay serias dudas sobre el correcto ejercicio del dinero de todos y que sería conveniente que 40 años después de firmado el pacto fiscal y 16 años después de que se reunió por última vez la Convención Nacional Hacendaria, es indispensable que se actualicen los términos del reparto del dinero de todos.
Sin embargo una coincidencia radica en el hecho de que el llamado a hacer esta revisión, en este momento del azote de la pandemia del COPVID-19, es abiertamente inoportuno, ya que lo que se requiere es de dar muestras de unidad en todos los niveles del gobierno y no de enfrentamientos y discrepancias.
De hecho el politólogo y analista político, David Gómez Álvarez, asegura que en el caso de la convocatoria que se ha lanzado desde Jalisco, es con evidentes motivos político electorales, “con el ánimo de posicionar al gobernador Enrique Alfaro en el escenario nacional y en su estrategia de golpeteo al gobierno federal y particularmente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.
De esto habló también el abogado constitucionalista, académico, investigador y presidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado, quien advierte que Jalisco está en su derecho de salirse del pacto fiscal, con una simple decisión del Congreso del Estado, así como se hizo cuando se suscribió, “nadie se lo puede impedir, pero lo que seguramente ocurriría después de ello, es que Jalisco se va a morir de hambre, porque el Estado no tiene facultades para cobrar impuestos”.
Vale la pena recordar que Alfaro Ramírez se manifestó en favor de convocar a una reunión de la Convención Nacional Hacendaria, para revisar el pacto, como un respaldo al pronunciamiento del sector productivo en la entidad, es decir la idea nació en una reunión de los líderes del sector empresarial y productivo del estado, con dirigentes sindicales de la localidad.
Los empresarios están planteando –dijo Alfaro-, una ruta concreta que compartimos y sobre el pacto fiscal en específico, lo que puedo adelantar es que somos ya muchos los estados que ya nos cansamos de los abusos de la federación.
“Y si no se revisa –abundó-, se generará una realidad en la que los estados que más aportan, tendrán que tomar una definición en ese sentido y reitero que por ello es importante revisarlo, no romperlo. Yo espero que eso no tenga que suceder, yo estoy a favor de que se revise el pacto fiscal, pero si no hay voluntad de la Federación, pues ya estuvo bueno del maltrato que se nos da a los estados que estamos produciendo, generando riqueza, empleo y oportunidades para la gente”.
TRATO INEQUITATIVO
En defensa de la postura del mandatario jalisciense, se ha expresado el diputado local de la fracción de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura local, Héctor Pizano Ramos, quien precisó que lo que ha hecho Jalisco, es que “ha planteado es la necesidad de que se abra un diálogo para revisar los criterios, los coeficientes, las fórmulas, de como el día de hoy se vienen manejando los recursos que se generan en todo el país, es decir lo que aportamos todos los mexicanos en los 32 estados junto con la federación”.
“Para ello ha planteado que se llame a la Convención Nacional Hacendaria, que por cierto no se reúne desde hace 16 años, el tema particular de si es el momento o no, primero hay que entender la coyuntura en la que se dio este pronunciamiento y fue cuando el sector económico y social de Jalisco reunido en representación de las cúpulas empresariales y los liderazgos de los sindicatos de trabajadores del Estado, en conjunto hicieron un llamado al gobierno federal para pedir que se generara una propuesta de promoción de apoyos para mantener la planta productiva, en donde no pedían la condonación ni la reducción de los impuestos, lo que pedían era que se pudieran prorrogar las fechas para enterar las declaraciones y que se detuvieran las auditorías, en fin una serie de peticiones muy concretas para efecto de generar lo que ellos decían, oxígeno, un respiro a la economía del estado a fin de que la liquidez que tenían las empresas se pudiera dirigir a los salarios de los trabajadores y el mantenimiento de las fuentes de trabajo.
“Se decía cierra, no trabajes y págale a los trabajadores y los empresarios decían, estamos de acuerdo, solo ayúdame con prorrogar estos plazos de entrega, porque se dio la temporalidad en marzo y abril que son fechas de compromisos y obligaciones fiscales, para utilizar la liquidez a hacer frente a la contingencia y en su momento posteriormente se pudieran poner a mano.
“Pero la federación lejos de atender, lejos de llamar, lejos de siquiera abrir un espacio al diálogo, técnicamente los ignoró o los rechazó y a partir de ese momento, ese grupo de representantes de empresarios y trabajadores hicieron el primer planteamiento de que se convocara a esta Convención Nacional Hacendaria y se pudiera revisar cuáles son los recursos que le llegan y le deberían llegar a Jalisco, el gobernador secundó la propuesta y nosotros desde el congreso hicimos lo mismo.
“Creemos que es oportuno, porque nació a raíz de la falta de un proyecto de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de parte del gobierno federal, solo existe el programa local, es decir los cerca de 2 mil millones de pesos que se destinaron a programas de autoempleo, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y habría entonces que revisar si Jalisco tiene que ver por sí solo con lo que pueda hacer frente a una crisis económica, como la que se está dando y se va a dar de manera más prolongada en los próximos meses, entonces habría que ver con qué recursos se cuenta.
“Pero jamás se ha planteado el rompimiento del Pacto Fiscal, mucho menos el Federal, lo que se ha planteado es la necesidad de que haya un diálogo, hoy hay quien dice que esto es impertinente, no es el tiempo porque se divide y se quiere fracturar al país, no, es todo lo contrario, es a tiempo porque en este momento vamos a tener que tomar medidas pensando en cómo vamos a sostener nuestra planta productiva y no se está planteando otra cosa más que nos digan cómo se está distribuyendo el dinero que generamos todos los mexicanos.
“Por otro lado, decirlo con todas sus letras, no solo es el dinero que llega a los estados, sino que mucho de este dinero que nos regresan y que en el caso de Jalisco, en el mejor de los casos ha llegado a ser de 40%, o sea 40 centavos de cada peso, vienen etiquetados los recursos con un destino concreto, decidido desde la federación, sin participación, acuerdo o consenso del estado, en decir en políticas públicas que desde el centro consideran que pudiera ser adecuadas, apoyo a tal o cual problema social, son concurrentes con el estado, pero el estado no interviene y puede que no esté ni siquiera alineado a su política de desarrollo social, mucho menos de desarrollo económico.
“Por eso el planteamiento es, ábrase la mesa de diálogo, que insisto lleva 16 años sin convocarse para que podamos todos revisar con criterios de transparencia, de oportunidad y sobre todo con la necesidad de acordar como partes que somos, que nos de trato de un convenio, porque pareciera hoy que la Federación es dueña de todo el recurso y nos da lo que quiere y eso está muy lejos de la realidad, el dinero se genera en cada uno de los estados.
“También se dijo que con esto se está rompiendo el sentido de solidaridad, jamás, reconocemos, entendemos y estamos comprometidos en que hay que apoyar a las demás entidades de nuestro país que no tienen las mismas condiciones o las mismas oportunidades, o bien que no han podido desarrollarse de una manera que pueda evitar la desigualdad; pero también hay que reconocer que llevamos más de 40 años en esta circunstancia y hay muchos estados que no han hecho ningún esfuerzo por mejorar su circunstancia, su situación, ni usando mejor sus recursos y como recibe mucho más de lo que le aporta a la Federación, están hasta en una situación hasta cómoda, dicen yo te aporto 10 pesos a la federación y me mandan 140, porqué tendría que preocuparme y cambiar mi circunstancia actual, si a final de cuentas tengo hasta más de los recursos que yo mismo genero”, expuso el legislador naranja.
Que queda claro –sentenció-, que tratándose de un convenio al que Jalisco se adhirió en 1979 se establece la ruta de salida en caso de que alguna entidad no quiera seguir participando, es un tema de voluntad, este no es el pacto federal, el pacto fiscal es un acuerdo para el manejo de los impuestos y el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal lo señala.
Para abundar sobre los recursos etiquetados, el diputado Héctor Pizano recordó que en el 2019 y en el 2020 Jalisco puso en la mesa proyectos de infraestructura importantes, no solo para Jalisco sino para la región y la nación, “y temas que son de total competencia federal como el saneamiento de las aguas, que no han atendido durante muchos años, no es un tema nuevo, y hay que decirlo, no es un tema que se esté dando con la administración de López Obrador, es un tema que se viene dando desde hace muchos años en los cuales la federación determina sin tomar en cuenta a los estados.
“Y sobre todo aquí, quienes hacen un gran esfuerzo para contribuir con la renta nacional como es el caso de Jalisco, que es uno de los cuatro estados que más contribuye, tiene toda la justificación de levantar la voz y más cuando lo hace el gobierno a partir de una solicitud propia de la planta productiva, es decir viniendo de los trabajadores y los empresarios.
“Yo creo que nadie se debe asustar que el Gobierno de Jalisco quiera revisar qué se está haciendo con los recursos que generamos y también no habría que adelantar vísperas, yo también creo que no habrá cerrazón de la Federación cuando ya van cuatro estados que se pronuncian y cuando el propio dirigente interino de Morena, la semana pasada decía que efectivamente habría que convocar en un plazo a esto”, dijo.
Incluso Pizano Ramos puntualizó en el hecho de que Jalisco recibe apenas 40 centavos de cada peso que aporta a la Federación “en el mejor de los escenarios, de hecho el diputado Ricardo Rodríguez había hecho hace unos días alguna revisión y decía que en un caso de interpretación de los famosos recursos, en vez de que nuestro presupuesto fuera de 120 mil millones de pesos anuales, como es en el 2020, podría ser de 210 mil millones de pesos anuales, en un caso dado.
“El tema es no desproteger a los estados que por su circunstancia requieren apoyo de la Federación de la que somos parte, pero sí también que quede claro, cuáles son los criterios y establecer las bases con claridad y en ese acuerdo, porque somos parte de un convenio y debemos tener un trato de esa naturaleza, no somos subordinados, somos contratantes”, planteó.
Finalmente a la pregunta de si con esta misma euforia se buscará beneficiar también en la misma proporción a los gobiernos municipales, el diputado Héctor Pizano, dijo: “En la Convención participa también los municipios y los congresos locales, por eso es importante todos somos parte de esa gran convención porque el dinero es de todos, hoy solamente los municipios se manejan sobre el 20%, el 80% se queda en las entidades, entonces claro que es importante también ver el esquema de desarrollo porque por ejemplo tenemos municipios como Puerto Vallarta que le da ingresos y le genera riqueza a todo el país, no nada más a Jalisco y a final de cuentas a veces no tiene el retorno debido”, finalizó.
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JALISCO
Reforma Judicial en Jalisco, alertan de riesgo con proceso acelerado: Plantea Pablo Lemus un parlamento público
– Por Francisco Junco
La reciente sesión extraordinaria del Congreso del Estado para abordar la Reforma Judicial en Jalisco ha puesto bajo la lupa a los legisladores, donde universidades, organismos académicos y actores sociales y los propios representantes legislativos coinciden en la necesidad de un debate abierto, transparente y técnicamente sólido.
Académicos, periodistas e instituciones coinciden en que cualquier cambio al Poder Judicial en Jalisco debe construirse con participación amplia y con respeto al pluralismo que define al estado.
Las universidades han subrayado que la reforma judicial no puede limitarse a una maniobra legislativa, por ejemplo la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) expresó su preocupación por la falta de un debate público y amplio, y exhortó a que los legisladores escuchen a la sociedad civil y a expertos académicos antes de aprobar cambios transcendentes.
Por su parte, académicos de la Universidad Panamericana (UP) señalaron que varias recomendaciones técnicas quedaron fuera del dictamen, y enfatizaron que los procesos de selección de jueces deben incluir criterios de transparencia, profesionalización y participación ciudadana.
Para profundizar en estas apreciaciones, el periodista y académico Gabriel Torres aseguró que lo ocurrido en el Congreso del Estado, no es sólo un episodio legislativo, sino un reflejo de un modo de gobernar que ha renunciado a la política como arte de la negociación.
Desde su visión, el Ejecutivo ha asumido que “el Congreso es un accesorio irrelevante, un espacio al que basta con convocar para solamente levantar la mano y convalidar lo ya decidido”.
Gabriel Torres subrayó que la reforma “retrata la ausencia de interlocutores políticos capaces de leer el contexto de pluralismo expresado en las pasadas elecciones, y construir los puentes de diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso”.
El periodista observó que, paradójicamente, la falta de operación política del oficialismo propició la convergencia de rivales históricos. “Cuando al fin voltearon a buscar a la oposición, descubrieron que no llegaba… porque ya estaba ahí, hecho bloque, aguardando en silencio su turno en la reforma”, señaló, describiendo la estrategia pasiva de la oposición como respuesta al desdén del partido en el poder.
Para él, la torpeza en la operación política fue “el pegamento de esa alianza inédita” entre PAN, PRI y Morena, además sostuvo que el resultado de la sesión fue contrario a lo esperado por el oficialismo.
“Frente a la imposición, la oposición decidió ejercer lo que la Constitución les confiere, retomar su condición de legisladores de Jalisco, su función de contrapeso constitucional del poder”.
En su análisis, la reforma judicial no solo es un asunto técnico, sino una prueba de la salud de la democracia local y de la capacidad de diálogo entre poderes.
Y es que el pasado 7 de octubre los legisladores fueron convocados para la sesión extraordinaria, convocada para la primera lectura del dictamen previamente aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales.
El Pleno recibió las siete iniciativas relacionadas con la reforma, entre ellas la presentada por el gobernador, los grupos parlamentarios y el propio Poder Judicial. La sesión permitió que todos los legisladores conocieran el contenido del dictamen y remitieran sus comentarios a la Comisión de Seguridad y Justicia.
Durante la sesión, Movimiento Ciudadano denunció un “madruguete”, cuestionando la rapidez del trámite y la supuesta falta de parlamento abierto.
Por su parte, las fracciones de Morena, PAN, PRI, PT, Hagamos y Futuro defendieron que el procedimiento cumplía con la normativa interna, y destacaron que Jalisco llevaba un retraso significativo en la armonización de su reforma judicial respecto a otras entidades federativas.
El bloque opositor hizo notar la importancia de la negociación y la construcción de consensos, recordando que la mayoría relativa no garantiza hegemonía política.
Las fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de fortalecer el Poder Judicial, pero marcaron distancia respecto al modo en que se había gestionado la convocatoria y el debate.
Un elemento destacado fue el documento conjunto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dirigido al gobernador Pablo Lemus Navarro, donde los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias, subrayaron la necesidad de diálogo directo y respetuoso con todas las fuerzas políticas.
En el texto, se precisa que los presidentes de los Grupos Parlamentarios suscribientes “manifestamos nuestra plena coincidencia con la necesidad de que Jalisco cuente con un Poder Judicial que dé respuesta a las legítimas demandas sociales de justicia y aplicación del Estado de derecho”.
El documento recuerda que el Congreso recibió siete iniciativas y que el dictamen se encuentra en la etapa final del proceso legislativo, por lo que cualquier discusión sobre su contenido debe canalizarse entre la primera y segunda lectura, respetando la división de poderes y el conducto formal de la Jucopo.
Durante los días posteriores, los partidos mantuvieron posiciones diferenciadas. Movimiento Ciudadano insistió en que la reforma no podía aprobarse sin un parlamento abierto y sin consultas técnicas adicionales. PAN, PRI, PT, Morena, Hagamos y Futuro defendieron que el dictamen es resultado de consensos previos en comisiones y que el procedimiento cumple con los plazos legales, aunque admitieron que la discusión pública sigue siendo relevante para legitimar el proceso.
Las universidades continuaron con sus llamados. La UP enfatizó que ciertos mecanismos como la “3 de 3” para jueces no estaban contemplados, mientras que la UNIVA reiteró la importancia de foros académicos que permitan debatir las reformas en términos de transparencia y participación ciudadana.
La UdeG aportó análisis comparativos con buenas prácticas nacionales e internacionales, insistiendo en la profesionalización y evaluación de quienes imparten justicia.
Por su parte, el gobernador Pablo Lemus respondió formalmente a los coordinadores de Jucopo, señalando que el Congreso es el conducto del diálogo y que cualquier propuesta será analizada entre la primera y segunda lectura.
En su comunicación, subrayó que Jalisco debe contar con un Poder Judicial que atienda demandas sociales y refuerce el Estado de derecho, y se muestra dispuesto a acudir al Palacio Legislativo para continuar las conversaciones.
“Quiero lanzar un mensaje muy claro a todas las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado. Abrir una mesa de diálogo con su servidor…e iniciar una especie de parlamento público de discusión en torno al Poder Judicial…que no solamente estén incluidos el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo, sino también la sociedad en general, las universidades y los colegios de abogados”, señaló el mandatario.
Y agregó que una de sus propuestas es que “las universidades públicas y privadas de nuestro estado puedan evaluar y aplicar el examen a las y los candidatos, y que obtengan una calificación mínima de ocho”.
Organismos como Coparmex Jalisco y Jalisco Cómo Vamos han insistido en que el debate debe ser transparente, técnico y participativo. Han señalado que la reforma debe fortalecer la independencia judicial y la profesionalización, evitando tintes políticos que puedan minar la confianza ciudadana.
Lo cierto es que la reforma judicial en Jalisco enfrenta una encrucijada, avanzar con rapidez en un escenario político plural, o retrasar el trámite para garantizar la legitimidad y la participación de todos los actores. La convergencia inédita de partidos históricos refleja que la política de oposición puede emerger como contrapeso cuando la operación política oficial falla.
La soberbia del partido en el gobierno, señaló Gabriel Torres, de los operadores que no le ayudan en absoluto al gobernador, “terminó por revitalizar a sus adversarios. Y que, al final, un Congreso tratado como accesorio decidió, saludablemente, recordarle al Ejecutivo que sigue siendo un poder constitucional independiente y con la facultad de resolver, sin tutelas externas, una reforma que ya acusa atraso importante en Jalisco”.
Las universidades, los organismos civiles y los partidos esperan que la discusión no se limite a maniobras políticas, sino que sea un ejercicio de construcción colectiva de justicia.
MUNDO
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez
– Por Raúl Cantú
Oaxaca, Oaxaca. Octubre 12. En el marco del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial Hacia Ciudades más Seguras, Alma Chávez Guth, presidenta de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI) y de Víctimas de Violencia Vial AC, lanzó un emotivo llamado a la acción contra lo que describió como una «pandemia» silenciosa que azota a miles de familias en México y la región.
Fundadora de varias organizaciones clave en movilidad segura, Chávez Guth enfatizó el costo humano de los siniestros viales, recordando que detrás de las cifras hay vidas irreparables y un dolor que une a víctimas de todo el continente.
Alma Chávez Guth, quien asumió la presidencia de FICVI en mayo de 2023, es una figura central en el activismo vial mexicano. Miembro fundador de los Observatorios Ciudadanos de Movilidad y Transporte de Jalisco, presidenta de Reacción por la Vida y parte de la Coalición Movilidad Segura –que impulsó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial–, ha dedicado su labor a visibilizar a las víctimas.
«La violencia vial representa un escalofriante drama que sufren cada año miles de familias en nuestro país y en este estado. Es una pandemia que todavía no ha encontrado la solidaridad y el apoyo de las instituciones», afirmó ante autoridades, especialistas y familias afectadas reunidas en Oaxaca.
Fundada en Medellín, Colombia, en febrero de 2010, FICVI agrupa a organizaciones de toda Iberoamérica unidas por el dolor compartido. Chávez Guth destacó la presencia virtual y presencial de aliados como PIDO Urgente (Brasil), Fundación de Miles (Chile), A Convivir (Costa Rica), ESTOS Accidentes (España), Pacífico Guatemala, Fundación Mónica Nicola y Reconocer (Panamá), RED de Unión (Uruguay), Mano Vive (Perú), Gabi Bici Blanca (Oaxaca), Víctimas de Violencia Vial (Jalisco), y nuevas incorporaciones como Gabi (Paraguay), Ángel Río (Colombia), Karina Winfield y Alejandro (Argentina), entre otros.
«En distancia estamos unidos, pero estos eventos son importantísimos», expresó, rindiendo homenaje a Jean Picard, fundadora española que, tras perder a su hijo Santiago, «quiso abrazarnos hace 15 años y formarnos esa guía de esperanza: si bien nuestros seres queridos no regresan, sí podemos evitar el sufrimiento en otras familias».
El impacto de los siniestros viales es devastador, según datos citados por la presidenta: más de 110,000 muertes anuales en América Latina y el Caribe, cinco millones de lesionados –muchos con discapacidades permanentes–, primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años y segunda en jóvenes adultos. En México, representa el 2.6% del PIB.
«Cada número en la estadística representa una vida, una historia, un ser humano querido. Detrás de la cifra están las personas, nuestra memoria. Las familias quedan rotas y con los brazos vacíos; no podemos abrazar más a nuestros hijos, padres o hermanos», lamentó, reconociendo la labor de colaboradores como Héctor de Agostina (consultor y padre víctima) y su equipo técnico.
«En medio de la adversidad hay una fuerza inquebrantable que nos impulsa a buscar soluciones y luchar por un cambio real», concluyó Chávez Guth, invitando a convivir en el dolor y el amor colectivo. «Nadie sufre en paz lo que hemos vivido.
Los abrazamos desde el FICVI del corazón». Su mensaje resuena como un urgente recordatorio para instituciones y gobiernos: la movilidad segura no es opcional, sino un derecho humano que exige solidaridad inmediata para prevenir más tragedias.
En el mismo evento, Esther Soto, vicepresidenta de FICVI y coordinadora del Colectivo Gabi Bici Blanca –víctima directa tras perder a su hermana Gabriela en 2020–, agradeció el apoyo de Fundación Mapfre, Semovi Oaxaca y la Fiscalía local, enfatizando la invisibilización histórica de las víctimas y el compromiso cívico para redesignar ciudades más humanas.
El foro, organizado por Gabi Bici Blanca, busca propuestas concretas hacia una «Visión Cero» en muertes viales, alineada con agendas globales de sostenibilidad.
PATRICIA MERCADO
En su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, recordó que en los últimos siete años le ha tocado trabajar con organizaciones de la sociedad civil por la movilidad segura, y como parte de ellas, con víctimas de siniestros viales.
“Con un modelo de diálogo permanente con autoridades, grupos parlamentarios, organismos expertos, logramos la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Ahora ese modelo ayuda a ir por nuevos objetivos, como quedó claro en el 8vo Foro iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial, realizado en Oaxaca”, publicó Patricia Mercado en sus redes.
UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN
En la apertura del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial hacia Ciudades mas Seguras y Humanas organizado por el colectivo Gabi Bici Blanca, miembro de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, se abrió el foro internacional con un llamado a reflexionar sobre seguridad vial, movilidad sostenible y justicia para víctimas de siniestros.
Autoridades, especialistas y familias se reunieron para proponer acciones que salven vidas y humanicen las calles.
EL COMPROMISO DE FUNDACIÓN MAPFRE EN MÉXICO
La moderadora presentó a Mónica Aguirre, representante de Fundación Mapfre en México –licenciada en administración de empresas, con 13 años en la institución y experta en iniciativas sociales– quien enfatizó el compromiso compartido.
En su mensaje destacado, Mónica Aguirre expresó: «Es un honor representar a Fundación Mapfre, donde compartimos el objetivo de una movilidad más segura, justa y sostenible. Hemos trabajado con firme compromiso social para prevenir siniestros viales mediante programas educativos, campañas de concienciación y herramientas innovadoras”.
“Nuestro labor se centra en formación, comunicación, cooperación e innovación. Creemos que la educación vial debe iniciar en la infancia con propuestas didácticas sencillas que simulen situaciones reales, formando ciudadanos seguros y responsables desde temprana edad. Gracias por incluirnos en este foro.»
LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD EN OAXACA
Jesenia Nolasco Ramírez, titular de Semovi Oaxaca, saludó en el foro a aliados como Patricia Mercado y Fundación Gabi Bici Blanca, agradeciendo la invitación y reconociendo el espacio para reflexionar sobre movilidad sustentable y ciudades seguras.
Desde el gobierno de Salomón Jara Cruz, enfatizó la movilidad multimodal como sistema integrador (peatonal, ciclista, público y motorizado) seguro y accesible. En Oaxaca, impulsan el Sistema Integrado de Transporte BinniBus (7 rutas operativas de 35, beneficiando 24,000 usuarios, culminando en enero); Senderos de Paz (manual para 570 municipios); Oaxaca Camina (calles peatonales en centro histórico); y Calles para la Paz, fomentando vialidades humanas.
«Que este encuentro promueva diálogo iberoamericano y provecho para todos; disfruten Oaxaca», puntualizó.
MENSAJE DE ESTHER SOTO: “LA VIOLENCIA VIAL ES EVITABLE, NO ES UN ACCIDENTE”
Esther Soto, creadora del Colectivo Gabi Bici Blanca, presentó un mensaje muy emotivo al iniciar los trabajos del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial Hacia Ciudades más Seguras.
“En la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial y en Gabi Bici Blanca, trabajamos desde la experiencia más dura: la pérdida. Yo estoy segura que cada persona que hoy nos acompaña de alguna manera ha conocido de cerca el dolor de ver una vida apagada en segundos, y sé también de la lucha diaria para que esa historia no se repita.
Hoy estamos aquí porque compartimos una certeza: la violencia vial es evitable. No es un “accidente”, no es una casualidad. Es el resultado de decisiones —o de la falta de ellas— que se toman cada día en nuestros gobiernos, en nuestros congresos, en las oficinas donde se diseñan las calles… y también en nuestras manos, como sociedad.
Este foro nace inspirado en la 8ª Semana Mundial de la Seguridad Vial de la ONU, que este año se celebró del 12 al 18 de mayo de 2025 bajo el lema «#CaminaSeguramente #CiclismoSeguro», centrándose en la creación de calles seguras para peatones y ciclistas.
Hoy damos continuidad a esa semana, no solo con un nombre, sino con un compromiso: que nuestras calles sean más seguras, más justas y más humanas.
Y antes de comenzar con la jornada de trabajo, quiero que nos detengamos un momento para recordar por qué estamos aquí: Estamos aquí por cada hijo, hija, hermana, madre, padre, amigo o amiga que salió de su casa y nunca regresó a causa de la violencia vial. Sus vidas importaron, y siguen importando. Su alegría, sus sueños, sus luchas, hoy son también nuestras.
Y porque la memoria no debe ser silencio, sino fuerza y energía, les invito a que honremos a todas las víctimas con lo que ellas mismas nos dieron en vida: alegría, amor y esperanza.
Les pido ponernos de pie y regalarles un fuerte aplauso, para que el eco de sus nombres siga vivo en este foro, y para que nunca olvidemos que su ausencia es nuestro mayor motivo de acción.
(— Minuto de aplausos —)
Gracias.
Comencemos la jornada de trabajo que nos convoca a todas y todos: víctimas, familiares, activistas, académicos, autoridades y ciudadanía. Aquí no hay jerarquías más importantes que la vida misma. Aquí, lo que nos une es una sola convicción: ninguna muerte vial es aceptable, ninguna familia debería pasar por este dolor. Por eso este foro es un llamado urgente a la acción. Queremos calles que no sean trampas mortales, queremos gobiernos que pongan la vida en el centro de cada decisión, queremos una sociedad que entienda que la movilidad no es un privilegio, sino un derecho humano.
Con esa fuerza, con esa esperanza y con esa memoria que se hace acción, queda inaugurado el 8º Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial.
NACIONALES
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto
– Por Raúl Cantú
Ciudad de México- La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para vehículos y la suspensión de licencias por conducir bajo los efectos del alcohol son medidas constitucionales, resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al fallar sobre la Acción de Inconstitucionalidad 1/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
Este fallo histórico fortalece los derechos de las víctimas de siniestros viales y marca un precedente para la seguridad vial en México.
La ministra Loretta Ortiz destacó durante la discusión que el seguro obligatorio, aunque no está directamente vinculado a la seguridad vial en un sentido estricto, garantiza la reparación del daño a quienes sufren accidentes de tránsito. “El seguro de responsabilidad civil asegura que las víctimas tengan acceso a una compensación justa por daños, lesiones o pérdidas, protegiendo sus derechos fundamentales”, afirmó Ortiz.
Este mecanismo, respaldado por el legislador local, reconoce a las víctimas como sujetos de derechos, no como daños colaterales.
El proyecto de sentencia, presentado por la ministra Lenia Batres y aprobado por mayoría, validó disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla. Entre ellas, la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y la suspensión de la licencia de conducir hasta por un año para quienes manejen en estado de ebriedad.
La resolución, discutida en presencia de familiares de víctimas y organizaciones de la Coalición Movilidad Segura, da luz verde a las entidades federativas para implementar estas medidas a nivel local, consolidando un marco de protección para conductores y víctimas.
UN RESPALDO A LA JUSTICIA SOCIAL
La Coalición Movilidad Segura, integrada por organizaciones de la sociedad civil, celebró la decisión de la SCJN. En noviembre de 2024, esta coalición presentó un amicus curiae ante la Corte, aportando argumentos jurídicos y técnicos que sustentaron la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
“Este fallo es un paso crucial para garantizar el derecho a la movilidad segura y para visibilizar a las víctimas de siniestros viales, que durante años han sido ignoradas”, señaló Alejandra Leal, codirectora de Céntrico e integrante de la coalición.
El impacto de esta resolución trasciende Puebla. Ramón Vara Pizzini, padre de Emmanuel Vara Zenteno, activista fallecido en un atropellamiento en 2018, expresó: “Este es un precedente positivo para el país. La lucha que comenzó en Puebla fortalecerá los derechos de todas las personas afectadas por siniestros viales”.
Su testimonio refleja el dolor de miles de familias que han perdido seres queridos o enfrentado las consecuencias de accidentes sin justicia ni reparación.
Elsa Guzmán, madre de Jacinto León, víctima mortal de un siniestro en Mérida, subrayó la importancia del seguro obligatorio: “Combate prácticas como la fuga de los responsables o la falta de aseguramiento, que dejan a las familias desprotegidas”.
En México, el bajo nivel de aseguramiento vehicular agrava la situación de las víctimas, quienes a menudo enfrentan gastos médicos, rehabilitación o pérdidas económicas sin apoyo.
UN CAMBIO DE PARADIGMA
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), base de estas disposiciones, representa un avance en justicia social al reconocer a las víctimas de siniestros como sujetos de derechos. “Ya no son un daño colateral, sino personas con derecho a una reparación integral”, afirmó Alejandra Leal.
El seguro obligatorio asegura una fuente confiable para cubrir gastos médicos, rehabilitación, daño moral e indemnizaciones, reduciendo la incertidumbre para las víctimas.
Armando Pliego Ishikawa, coordinador nacional de la Coalición Movilidad Segura, explicó: “El seguro de responsabilidad civil hace operable el estándar de justa reparación. Garantiza recursos oportunos para las víctimas y evita que queden desamparadas”.
Esta medida, combinada con la suspensión de licencias por conducir en estado de ebriedad, refuerza la prevención y la responsabilidad en las carreteras.
HACIA UN FUTURO MÁS SEGURO
La resolución de la SCJN no solo valida la constitucionalidad de estas medidas, sino que envía un mensaje claro: la seguridad vial y la protección de las víctimas son prioridades. Al permitir que las entidades federativas adopten el seguro obligatorio, se sientan las bases para un sistema más equitativo y humano.
Organizaciones como la Coalición Movilidad Segura instan a los gobiernos locales a implementar estas disposiciones con celeridad, asegurando que los derechos de las víctimas sean efectivos.
Este fallo histórico es un reconocimiento al esfuerzo de familias, activistas y organizaciones que han luchado por visibilizar el impacto de los siniestros viales.
Como expresó Vara Pizzini, “es un paso hacia un México donde la movilidad sea segura y las víctimas no queden en el olvido”.
La obligatoriedad del seguro y las sanciones a conductores irresponsables son herramientas clave para construir ese futuro.
MENSAJE DE LA RED REACCIONA POR LA VIDA: “HAY BUENAS NOTICIAS DE LA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”
La Suprema Corte resolvió a favor del proyecto de sentencia que valida los artículos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla sobre el seguro de responsabilidad civil obligatorio y la suspensión por un año de la licencia a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.
Por primera vez, en la SCJN se habló de seguridad vial y de víctimas desde la perspectiva por la que hemos trabajado: derechos de las víctimas, derecho a la movilidad, justicia y prevención de siniestros.
Gracias al invaluable e incansable el trabajo de las familias de víctimas de siniestros de tránsito.
A Ramón Vara y Luz del Carmen Zenteno (Manu Vive AC), quienes dieron seguimiento puntual al tema, a Elsa Guzmán (Familiares y Amigos de Jacinto León), Dinorah Alcaraz (J.A.I.M.E. Jamás Apoyaré ir Manejando Ebrio), Esther Soto (Colectivo Gabi Bici Blanca) y Alma Chávez (Víctimas de la Violencia Vial/Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial) por todos estos años de colaboración, por trabajar y darle voz a esta causa.
A las organizaciones sociales y personas que se sumaron también al amicus curiae: Andrea Ortiz de Manu Vive, Stephan Brodziak, Blanca Rodríguez, Norberto Sánchez. A Lizeth Mejorada de Manu Vive por el enlace con el equipo del ministro Arístides. A Ana Paula Muñoz y Olalla Ávila por el apoyo.
Gracias a GHAI y GRSP por su confianza y apoyo constante. Gracias a Patricia Sosa, Jake Palley, Valentina Ochoa, por creer e impulsar desde el inicio esta agenda de litigio estratégico. Gracias a Gianella Severini, Kate Konopka, Aura Guerrero, Corina Álvarez de GHAI por fortalecer la estrategia. A Álvaro Guzmán por el impulso constante.
Gracias a la Coalición Movilidad Segura, por seguir, difundir y llevar este mensaje a todo el país.
Gracias por la confianza que tuvieron en Céntrico para implementar esta estrategia
A Paola Lara, por diseñar y liderar la estrategia jurídica, siempre poniendo los derechos de las víctimas al centro, y coordinarla con el despacho Enosi, con quien elaboramos el amicus curiae.
A Alejandra Leal por coordinar la implementación de la estrategia.
A Armando Pliego, por dar seguimiento puntual y la coordinación con organizaciones de víctimas y la vinculación con la CDH Puebla.
A Xavier Treviño por elaborar el mejor sustento técnico para fundamentar los argumentos.
A Cecilia Yáñez, por su asesoría jurídica en esta etapa de discusión en el pleno.
A Agustín Martínez por su creatividad y corazón en los materiales de comunicación, a Areli por su apoyo en la difusión, y a Jorge Matalí por el desarrollo de mensajes. Junto con este equipo lanzamos la campaña #MovilidadSeguraEsMiDerecho
A Jenny Zapata por su edición y distribución de los boletines de prensa.
Este resultado muestre la fuerza de una estrategia colectiva que combina litigio, comunicación y trabajo con organizaciones, y también reafirma nuestro compromiso por seguir empujando la agenda y explorando oportunidades como el litigio estratégico para seguir avanzando en el objetivo de la garantía del derecho a la movilidad y protección de derechos de víctimas.
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