REPORTAJE
Emilio González intentó imponerlas: Hace 7 años la Suprema Corte declaró inválidas las pruebas de control de confianza

Por Cayetano Frías Frías //
Emilio González Márquez, como gobernador de Jalisco, ya había intentado hace siete años, imponer las pruebas de control de confianza a los servidores públicos del Poder Judicial y fracasó, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró como inconstitucional a la Ley de Control y Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, y declaró inválidos sus efectos en ese tema.
Si el actual gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, insiste en la reforma para obligar a los servidores públicos del Poder Judicial a someterse a estos exámenes, seguramente sufrirá un revés similar.
Esta sentencia fue acordada por el voto unánime de los once ministros durante la sesión de pleno de la SCJN del 31 de marzo de 2014, en la cual se asienta que el Gobierno de Jalisco incurría en la transgresión de los Artículos 16, 17, 21, 73 fracción XXIII, 116 fracción III, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, se declaró la invalidez de los Artículos 1º, 11, 12, 17 y Transitorio Tercero, en los contenidos que aluden al Poder Judicial, quedando sin efecto lo que se consideró una intromisión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en detrimento de la independencia del Poder Judicial.
Este antecedente aprobado por el más alto tribunal del país, o es ignorado por Enrique Alfaro Ramírez y sus asesores, o pretende imponer con su iniciativa de reforma a la Ley de Control y Confianza, un mecanismo de evaluación que ya ha sido desnudado como violatorio de algunos preceptos de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.
ANTECEDENTES
El 21 de julio de 2012 se publicó en el Periódico Oficial «El Estado de Jalisco», la Ley de Control y Confianza en base al Decreto 24035/LIX/12 aprobado por el Congreso del Estado, la cual en su Artículo 1º ordenaba someter a los servidores públicos de la administración de justicia, a los exámenes de control y confianza.
El Poder Judicial de Jalisco promovió una controversia constitucional (86/2012) ante la Suprema Corte de Justicia por lo que consideró intromisión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, al pretender imponer exámenes que se aplicarían a sus empleados por otro poder.
El Poder Judicial de Jalisco alegó que la norma general cuya invalidez demandaba, resultaba transgresora de los artículos 16, 17, 21, 73 fracción XXIII, 116, fracción III, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En lo esencial, el Poder Judicial de Jalisco precisa que la reforma al Artículo 21 de la Constitución, especifica que los exámenes de control y confianza incluyen a las instituciones de seguridad pública, pero no contemplan a los servidores encargados de la impartición de justicia; por lo tanto el Artículo 1º de la Ley de Control y Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios es contraria a la Ley Rectora.
Entre los agravios, señalan que la citada Ley pretendía obligar al Poder Judicial a crear su Unidad de Control y Confianza, la cual estaría supeditada al Centro Estatal y al Centro Nacional, ambos de Evaluación y Control de Confianza, lo cual es atentatorio del principio de la división de poderes plasmada en la Constitución General.
En las conclusiones se establece que los servidores públicos del Poder Judicial local ya cuentan con un esquema legal que regula su ingreso, permanencia, promoción y separación del cargo, por lo que de observar lo consignado en la Ley de Control y Confianza promovida por el gobernador Emilio González, se cambiarán las condiciones laborales que imperaban al acceder al cargo, además de romper con los principios de autonomía e independencia.
El documento también incluye la opinión de la Procuraduría General de la República, que precisa:
«En consecuencia, al incluir a los servidores públicos del Poder Judicial en los procesos de evaluación de control de confianza se vulneran los principios o garantías establecidos en el numeral 116, fracción III, de la Constitución Federal.
«Esto se estima así, porque la norma impugnada, nace a la luz de los principios de la seguridad pública y los poderes judiciales locales están previstos en el artículo 116, párrafo III, de la Constitución Federal, lo cual es de naturaleza distinta».
En consecuencia, los ministros de la SCJN declararon la invalidez de los preceptos de la Ley de Control de Confianza y ordenan tachar en el Artículo 1º, la referencia al Poder Judicial, para quedar de la forma siguiente:
«Artículo 1.
-
Esta ley tiene por objeto establecer los procesos de evaluación de control de confianza aplicables a los mandos operativos y sus elementos de las instituciones de seguridad pública y a los servidores públicos de la administración de justicia y defensores de oficio».
Esta sentencia fue publicada el 18 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación y al día siguiente, se hizo lo mismo en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, aunque sus efectos ya estaban vigentes desde que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de Jalisco recibieron la notificación oficial.
Así el gobernador Emilio González Márquez ordenó que se publicara una fe de erratas, la cual aparece en el documento oficial de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, advirtiendo que el subrayado en el Artículo 1º invalida la obligación para someter a los exámenes «a los servidores públicos de la administración de justicia».
La iniciativa de Alfaro
Con las advertencias de que no tiene intención de imponer magistrados ni jueces y tampoco de intervenir en el Poder Judicial, el gobernador Enrique Alfaro lanza la amenaza:
«…tengo la firme determinación de que vamos a limpiar los poderes públicos del estado cueste lo que cueste. No vamos a permitir que siga permaneciendo esta red de complicidades que ha generado profundos daños a la vida de nuestro estado¨.
Con esa convicción, Alfaro Ramírez señala que en su iniciativa enviada al Congreso del Estado, va a insistir en aplicar exámenes de control y confianza a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como a jueces, quienes de no aprobarlos en un plazo de seis meses, serán retirados del cargo.
Otras modificaciones que propone, son eliminar el pago por «haber de retiro», cambiar el periodo de los nombramientos de magistrados por diez años sin posibilidad de reelección y someter a los aspirantes a exámenes de control y confianza durante los procesos de elección.
En los procesos de selección propone involucrar a representantes de universidades públicas y privadas para las evaluaciones técnicas, las cuales serían turnadas al Comité de Participación Social de donde se enviarán fichas de los mejores perfiles al Congreso del Estado, para que se elija de entre los tres mejor evaluados en un plazo máximo de 30 días.
En adelante, la selección de magistrados se haría en base a la equidad de género, en tanto que los jueces seguirán siendo electos por el Consejo de la Judicatura, pero serían sometidos a los exámenes de control y confianza como aspirantes y cuando busquen la reelección.
Por lo que toca a la aplicación de exámenes de control de confianza en el Poder Judicial, la iniciativa de Enrique Alfaro no parece tener viabilidad, dado el antecedente de la sentencia emitida por la SCJN, ya que primero tendría que modificarse la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; el mismo resultado sería para cancelar el «haber de retiro».
De aprobarse como la envió el Ejecutivo, lo más probable es que se repita el camino de la controversia constitucional.
LA SENTENCIA DE LA CORTE Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional. «SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 3o., fracción II, 7o., 8o. y transitorio cuarto de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial «El Estado de Jalisco» el día veintiuno de julio de dos mil doce, así como de los preceptos de la referida ley que a continuación se indican, en las porciones normativas siguientes: 1o., «servidores públicos de la administración de justicia y«; 11, numeral 1, fracción II, «integrantes del Poder Judicial y«; 12, numeral 1, párrafo segundo, «servidores públicos de la administración de justicia y»; 17, numeral 1, fracción XI, «al Poder Judicial,», y transitorio tercero, «el Poder Judicial». La declaración de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Jalisco». |
JALISCO
Sexto informe del rector Ricardo Villanueva: El último y nos vamos…al gabinete de Sheinbaum

Por Mario Ávila //
Había quien lo dudaba, pero el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, llegó al sexto y último informe de actividades y una vez que declaró su ‘misión cumplida’, esta semana se integra al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, en particular en la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, en donde ya fue presentado oficialmente en el cargo desde el pasado 14 de febrero.
Este marte 1 de abril asumirá el cargo de rectora general de la UdeG, Karla Planter y con ello Villanueva Lomelí habrá de abocarse libremente a todas las actividades que el servicio público le deparen en el futuro, con excepción de la candidatura a gobernador para el año 2030, ya que en días pasado prometió a los jaliscienses que nunca buscaría esa chamba.
Ricardo Villanueva cumplió así, en la presentación de su 6ª y último informe de actividades, con el momento histórico que le deparó el destino convirtiéndose en la punta de lanza de la transición política al interior de la Universidad de Guadalajara, ya que fue el quien encabezó el relevo generacional en el cargo de mayor relevancia en la máxima casa de estudios de Jalisco.
Sin embargo, también le correspondió estar al frente de la institución educativa, cuando se cerró con la muerte de Raúl Padilla López, una de las etapas más trascendentes de la UdeG, pasando obligadamente de una universidad con un liderazgo unipersonal, a una estructura de mando en la que un grupo de líderes morales se tienen que poner de acuerdo para la toma de decisiones.
Pero extrañamente, cuando uno pensaría que el último informe de actividades, estaría salpicado de menciones de la vida y obra del líder absoluto de la UdeG en la era moderna, Ricardo Villanueva solo le dedicó medio minuto de un informe que se extendió a más de dos horas.
Villanueva Lomelí, así se refirió a Raúl Padilla en la recta final de la presentación de su informe: “Desde aquí, quiero decir gracias al licenciado Raúl Padilla, donde quiera que esté, estoy seguro que debe estar muy contento y orgulloso de ver que la mente colectiva que convocó, sigue unida, activa y vibrante. Y sí, licenciado, aquí estamos todos reunidos en el aula más grande de esta universidad y yo creo que de todo el país, aquí estamos en su querido auditorio Telmex”.
Luego de lo cual, coronó la finalización del informe con una promesa: “Quiero hacerles una promesa, no importa dónde me encuentre, en cualquier lugar, yo seguiré soñando, yo seguiré pensando, yo seguiré trabajando toda la vida para esta universidad. Gracias querida ‘manada’ hasta pronto y hasta siempre”.
SE QUITÓ LA CORBATA Y SE PUSO LAS BOTAS
En una de las partes relevantes de su informe, el Ricardo Villanueva se refirió a los momentos más importantes que guardará en su memoria de su paso por la Rectoría, dijo llevarse todos, incluso los más difíciles, “porque en ellos se sabe con quién cuentas”, planteó.
El sexto y último informe del rector, se plasmó a través de una historia que fue contada a través de 10 capítulos y fue testificada por casi 7 mil asistentes al auditorio Telmex, entre ellos, ante autoridades universitarias, estatales, municipales y miembros de la comunidad universitaria.
Dijo que durante estos seis años “hubo de todo”, momentos emocionantes y difíciles como la amenaza de la pandemia y los cientos de marchas realizadas en defensa de la autonomía universitaria.
“Pienso cuando nos amenazó una pandemia, y esta mente colectiva puso toda su inteligencia y sus recursos para cuidar a los jaliscienses; pienso en los cientos de marchas en que esta comunidad se vio obligada a salir a las calles con toda su fuerza para defender su autonomía”, expuso.
Dijo también que su mayor interés, desde el primer día, fue escuchar a la comunidad, por eso, incluso antes de arrancar la administración, organizamos una gira por toda la Red Universitaria para hacer un diagnóstico que nos permitiera conocer, de viva voz, las necesidades más urgentes. “Para eso, me quité la corbata y me puse las botas y pude realizar esas giras para apreciar oportunidades de mejora en la infraestructura de la red, por lo que impulsamos la construcción de 2 mil 535 obras en las escuelas, 508 aulas y la conclusión de 178 muros perimetrales; todo ello, gracias al Consejo de Rectoras y Rectoras; además de la apertura de seis nuevas preparatorias y cuatro nuevos centros universitarios, así como nuevas licenciaturas en centros renovados, como el Centro Universitario de Guadalajara”.
Recordó que hace 30 años nació la Red Universitaria con el objeto de llegar a todos los rincones de la entidad y acercar la educación a quienes más lo necesitan. “Esa misma filosofía fue la que aplicamos durante esta administración; así pasamos de 287 mil a 339 mil estudiantes en sólo seis años, crecimos la matrícula en 51 mil 748 nuevos espacios. Y somos la universidad que más aportó para el crecimiento de la matrícula en México”, subrayó.
PREPARATORIA DE 7 SEMESTRES
La atención relevante que dentro de la UdeG tiene el sistema de educación media superior, hizo necesaria la creación del surgimiento del “Semestre base”, según lo planteó Villanueva Lomelí, en aras de continuar con el compromiso con el alumnado en todas las preparatorias y reforzar sus conocimientos.
Este semestre base, sirve para la regularización de los alumnos que saliendo de la secundaria quedan registrado en el calendario A del año posterior a su solicitud de admisión.
Asimismo, habló de la apertura de seis nuevas preparatorias que convirtieron a la UdeG en la primera universidad en el país en lograr admitir a 100 por ciento de sus aspirantes a preparatoria; además, de la “labor titánica” de abrir cuatro nuevos centros universitarios.
Presumió también que durante su administración, se duplicó la cantidad de investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), al pasar de mil 291 en el año 2018, a 2 mil 136 en 2025, lo que representa un crecimiento de 65 por ciento.
Dijo además que la labor social y el compromiso de la casa de estudios con la comunidad, pudo ser retribuido por medio de diferentes actividades, algunas durante la pandemia del COVID-19 y programas tales como “Nos late servir”, que se trata de brigadas que llevan servicios de salud y de diversa índole a lo largo y ancho del estado.
Si algo ha quedado claro en estos seis años –aseguró-, es que cuando Jalisco necesita a su universidad, la UdeG siempre está ahí. ¡Somos la manada más solidaria del mundo!”, destacó.
LAS PENSIONES ESTÁN GARANTIZADAS POR 180 AÑOS
En su informe abordó también el tema de las pensiones, un tema crítico en la mayoría de las universidades mexicanas y en el mundo. En ese rubro, destacó que se reformó el Sistema de Pensiones de la universidad con el fin de garantizar dicho fondo para los próximos 180 años, es decir, hasta el año 2205.
Los jaliscienses –dijo-, pagan la universidad con sus impuestos y ésta es sólo una forma de regresarles todo lo que nos dan. Quiero agradecer a toda esta comunidad, a las trabajadoras y trabajadores, a las y los docentes, a los sindicatos, porque demostramos que cuando se tiene una visión de largo plazo se alcanzan logros históricos.
Aplaudió el trabajo de las y los colaboradores y directivos de la UdeG, por medio de la entrega de diversos reconocimientos: “Estos son los pilares de la universidad, los que nos hacen ser la gran Universidad de Guadalajara”, subrayó.
En temas de igualdad y perspectiva de género, dijo que durante esta administración, y después de casi 200 años, la UdeG emitió títulos con el género femenino para que licenciadas e ingenieras puedan ser nombradas de manera correcta: “Lo que no se nombra, no existe y por más de 200 años esta universidad les negó ese derecho a las mujeres al no nombrarlas. Hasta hace muy poco, en los títulos universitarios no existían las licenciadas o las ingenieras. Nos parecía muy ‘normal’ eso. Falta mucho, muchísimo por avanzar en esta agenda, pero hemos dado los primeros pasos en la dirección correcta”, mencionó.
EL ORGULLO POR LA LLEGADA DE LAS MUJERES
Uno de los 10 capítulos en los que subdividió el informe, se lo dedicó muy en lo particular al orgullo que siente por la llegada de las mujeres a los cargos que durante toda la vida les había estado vetado y había estado reservado para los hombres.
Y así se expresó: “No podría estar más orgulloso de saber, que durante mi administración, llegó la primera presidenta de la historia en la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), con Zoé García y el gran trabajo que está haciendo al frente de la organización. Y al mismo tiempo, el Consejo General Universitario eligió a la primera Rectora General de la historia de nuestra universidad, Karla Planter Pérez”.
Villanueva Lomelí agradeció a la comunidad universitaria por luchar a su lado para defender la autonomía universitaria y lograr conseguir, en 2024, el presupuesto constitucional: “Por cada paso en una marcha en la que defendimos juntos la autonomía. Fueron 194 marchas con la frente en alto. La autonomía la da la ley, pero se defiende todos los días”, agregó.
Puntualizó que “la Universidad de Guadalajara es una mente colectiva que hace más de 30 años comenzó el camino de su transformación, convocados por Raúl Padilla, una de las mentes más brillantes que han pasado por esta institución; el licenciado Padilla era un árbol, un árbol grande y fuerte. Cada árbol se conoce por sus frutos y Raúl Padilla dio muchos, muchísimos frutos para esta universidad”, recalcó.
LEMUS CALIFICA A VILLANUEVA COMO “UN RECTOR VALIENTE”
En su mensaje, el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, calificó a Ricardo Villanueva Lomelí, como un rector valiente, “que ha sabido defender a esta Casa de Estudio en momentos difíciles”.
Destacó tres momentos claves en los que el Gobierno de Jalisco y la universidad trabajaron en conjunto por el bien de las y los jaliscienses: 1.- El primero fue conseguir el presupuesto constitucional, que trabajamos en aquel entonces y que afortunadamente el poder Ejecutivo y la Universidad construyeron para que esta Casa de Estudio fuera la única en el país con este financiamiento; 2.- En los días de pandemia y encierro, la Universidad y el rector jugaron un rol importante en la toma de decisiones para proteger a nuestros ciudadanos y 3.- La muerte inesperada de un visionario y amigo como lo fue Raúl Padilla López, un jalisciense que dejó este y muchísimos otros legados.
JALISCO
Echan a Caabsa de Tonalá, le niegan extender concesión por 20 años; deja grave daño ambiental

Por Mario Ávila //
Tal como ocurrió en Guadalajara, ahora el cabildo de Tonalá de manera unánime rechaza la solicitud de la empresa Caabsa Eagle, para renovar el contrato de recolección de basura que vence el próximo domingo 6 de abril del 2025 y con ello la empresa que reinó en la Zona Metropolitana por tres décadas, se va, pero al mismo tiempo en el caso del municipio tonalteca, deja un grave daño ambiental causado en los tiraderos de Los Laureles y Matatlán.
La remediación de los daños ambientales, a juicio del presidente municipal, de Tonalá, Sergio Armando Chávez Dávalos, necesita de una inversión de más de los 200 millones de pesos, toda vez que poco se ha hecho en el caso de Los Laureles, en donde después de fenecer el contrato con Guadalajara solo se dieron a la tarea de sepultar con tierra la basura, pero sin implementar un sistema de drenajes y pivotes para evitar que los lixiviados sigan contaminando el Rio Santiago.
De ahí que el munícipe tonalteca haga un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR), para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), llame a cuentas a los dueños de la empresa Caabsa Eagle, para que responsan por las afectaciones que impactan en la salud de los habitantes, no solo de Tonalá sino de toda el área conurbada.
Advierte que los riesgos en este momento, radican en el hecho de que se puedan generar incendios en los predios en los que por más de 30 años se convirtieron en el basurero de la ZMG y en un par de meses más, el riesgo será en el temporal de lluvias, que las filtraciones se lleven los lixiviados al subsuelo, contaminando los mantos freáticos e incluso llevándolos hasta el cauce del Rio Santiago.
Sobre el tema, el propio alcalde apuntó: “Yo desconozco por qué no han avanzado las denuncias en el área de la FGR a través de la Profepa, pero se habla de que la remediación costará por arriba de los 200 millones de pesos, que es en lo que está tasado”.
Explicó también que en Los Laureles, “tiene tiempo que la empresa hace el monitoreo y la remediación, pero si ustedes van a ese predio, ya no lo hizo a partir de que lo sacaron de Guadalajara, ya la empresa no tiene dinero y ahí está abandonado el trabajo; ahorita no se escurre mucho lixiviado porque no es temporal de lluvias, pero ya tuvimos otra vez, ayer incluso, tuvimos la posibilidad de que nuevamente se incendiara el tiradero de Los laureles”.
Y reclamó: “El gobierno federal tiene que apretar y llevar ante un juzgado a los dueños de la empresa; no queremos ver al gerente, o a personas que no son los responsables, hay dueños, no son empresarios del estado de Jalisco, pero ellos son los que deben de responder y esa es otra etapa en la que yo estaré sin quitar el dedo del renglón y hasta las últimas consecuencias”.
GENERAN EN TONALÁ 500 TONELADAS DE BASURA
Tras la determinación del Cabildo de Tonalá, en el sentido de negar a Caabsa la ampliación de la concesión por 20 años, como era su propuesta, será a partir del próximo domingo 6 de abril cuando por cuenta propia, el servicio de recolección de basura vuelva a considerarse como un servicio público, prestado directamente por trabajadores del municipio.
Luego de los escarceos entre el gobierno de Tonalá y Caabsa, y más concretamente entre el munícipe Sergio Chávez en contra de la empresa, el gobierno municipal ya se hacía cargo de la recolección de los residuos sólidos en la mitad de las 65 rutas y para ello se adquirieron 40 unidades, con el fin de hacerse cargo de todo el sistema municipal de recolección de basura, arrancando en la madrugada del próximo 6 de abril.
Una parte de las unidades son compradas desde la pasada administración, entre ellas algunas fueron donadas por el Gobierno del Estado; otras (22) son arrendadas. Con ello, se estaría prestando el servicio con una eficiencia por arriba del 97%, sin embargo, hay planes para que en el segundo semestre del año, se puedan adquirir 5 unidades más, para poder ajustes a las 65 rutas que está heredando la empresa Caabsa, en el entendido de que el municipio sigue creciendo con mucha rapidez.
Lo cierto es que la reingeniería en el manejo de la basura le costará al Ayuntamiento mensualmente, no más de 10 millones de pesos, que es el monto que se le pagaba a Caabsa, particularmente porque en el presupuesto de egresos del gobierno municipal, la partida de que se dispone para brindar este servicio es de 130 millones de pesos como tope máximo.
Hoy, el trámite que le da Tonalá a sus residuos sólidos es llevarlos a la planta de transferencia recién creada en donde no duran más de 24 horas y después son depositados en dos vertederos privados, uno en el municipio de Zapotlanejo y otro en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Ahí depositamos con todas las de la ley –dijo-, pagamos nosotros y puntualmente están siendo monitoreados por los municipios, por las autoridades y son vertederos que se están cuidando; pero insisto, son vertederos en donde nos está costando muchísimo y nos va a seguir cortando muchísimo y quién es el que paga, la obra pública, porque tomamos dinero de la obra pública para poder estarle pagando a los rellenos, tenemos que estar con una política de separación, de concientización a cada uno de los que vivimos en este municipio.
APREMIA DECIDIR SOBRE CREAR EL VERTEDERO METROPOLITANO
Cuestionado sobre la posibilidad de que esta decisión acelere la creación del vertedero metropolitano, el munícipe morenista, Sergio Chávez, planteó que en días pasados había escuchado decir al alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, que ya se está llenando una de las celdas del vertedero de Picachos y que se necesitan invertir 70 millones de pesos para construir otra celda, porque en ocho meses podría colapsar Picachos.
Por eso –dijo-, yo sigo insistiendo en crear este Sistema Metropolitano de Residuos Sólidos Urbanos, conocido como el ‘Siapa de la Basura’, que por cierto ya está aprobado a medias, porque ya forma parte del Imeplan y ante las dificultades de Picachos, necesitamos centrarnos los nuevo alcaldes metropolitanos, para ver a dónde vamos a lanzar la basura de los siguientes años, cómo podemos entrar con un proceso de separación verdadero, con una visión metropolitana, por ello la petición respetuosa a mis compañeros alcaldes metropolitanos, es que nos sentemos y fijemos la postura muy clara sobre quién le va a entrar y quién no, a este tema intermunicipal.
La decisión clara de todos y cada uno –abundó-, parece ser estar interesados, pero yo me quedo con los seis de mayor urgencia, porque Juanacatlán, Ixtlahuacán y Zapotlanejo, tienen sus vertederos privados en sus municipios y no tienen tanta generación de desechos; pero desde El Salto hasta Guadalajara, pasando por Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, tenemos que meternos a esa parte, yo lo he platicado con el gobernador y estoy seguro que lo va a apoyar, porque él también ya lo sufrió en dos municipios y tiene esa visión, de cuidar cuánto cuesta, a dónde llevar el vertedero, eso que lo digan los técnicos, que lo digan los estudiosos, no los políticos, porque luego se abren los debates como ya vieron lo que sucedió con aquel proyecto fallido en el municipio de Tala, se politizó, no lo manejaron bien, pues en el estado y en el país hay gente capacitada que nos digan cómo, dónde y cuánto nos va a costar, pero que la decisión ya debe ser clara para darle certeza a los habitantes.
Consideró además Sergio Chávez, que después de las decisiones de los gobiernos de Guadalajara y Tonalá, “en El Salto el servicio de la recolección de basura por parte de las empresas de Caabsa ya no tiene el pies ni cabeza y en septiembre del siguiente año se van de Tlajomulco, aunque yo considero que se deberían adelantar y en este mismo año deberían poner fin a la concesión de Caabsa”.
TONALÁ ENFRENTA DEMANDAS DE CAABSA
Al mismo tiempo, el munícipe tonalteca reconoció que el gobierno enfrenta denuncias de Caabsa por más de 200 millones de pesos, debido a que en anteriores administraciones se dejaron de realizar pagos por el servicio y los intereses han crecido alarmantemente la deuda.
Así se refirió el alcalde a este problema que enfrenta su administración: “A Caabsa debemos de tratarlo como parte de la delincuencia organizada, ya que hay infinidad de juicios de otros años, demandando más de 200 y tantos millones de pesos, pero ya no van a tener dinero para llevar a un juzgador a un café, a ofrecerle algo a cambio de que nos apriete; yo tengo fe que entiendan los jueces, los magistrados que le siguieron el juego muchos años a Caabsa para poder traernos hincados, que eso ya se terminó y que cuando ya no van a traer dinero, ya no seguirán apretando”.
Esos cobros son injustificados –expuso-, están demandando facturas que nunca se pagaron desde hace 15 años y ahí las tenían guardadas, empezamos a apretar hace 3 años y volvieron a revivir estas facturas que nunca se pagaron, desgraciadamente es un tema difícil de comprobar ante los jueces, porque simple y sencillamente cada mes se usaba que mandaban una factura a la Tesorería municipal, validado el cobro por no sé quién de la dirección de Ecología del municipio, en donde aceptaba que habían entrado x cantidad de basura o habían recolectado tantas toneladas y lo iban dejando como ‘adefas’, por lo tanto no se puede auditar, no se puede rastrear ese es el tema y ahí es donde ellos están aprovechando.
“Incluso yo sufrí, le batallé la primera vez que yo fui alcalde del 2015 al 2018, esa parte de cómo nos metíamos a revisar, cómo cuadraban las cosas y era un desorden, y si revisamos Guadalajara también fue un desorden, exprimieron a Guadalajara, exprimieron también las finanzas de Tonalá y floreció la irregularidad y los problemas ambientales en la metrópoli”, sentenció Chávez Dávalos.
CAABSA SUBSIDIABA CAMPAÑAS
A la pregunta de cuál fue el la razón de fondo para que se viniera a menos la prestación del servicio por parte de Caabsa, el presidente Sergio Chávez expuso: “Pues eso, les gustaba más estar dando dádivas campañeras, ellos quisieran que cada año hubiera elecciones para poder tener alineados a los gobernantes, insisto no es de un partido, ya pasaron cuatro partidos políticos en los últimos 20 años en esta metrópoli y es lo mismo, ese fue su pecado, irse por el lado político de dádivas y no la ruta de ponerse a trabajar y dar un resultado como decía el contrato colectivo”.
– Entonces, ¿Dejaron de recibir dádivas para las campañas y por eso les quitaron la concesión?
– No no no no no… yo las campaña la del 2015, la del 2021 y la del 2024 las que he jugado, por supuesto ni los busqué, ni me buscaron, no soy de esa parte y vean, si vamos con resultados electorales con Caabsa o sin Caabsa, con dinero o sin dinero, ganamos la de la del 21 y ganamos la del 24 y la ganamos bien, el tiempo se terminó para Caabsa y se debería irse de una manera adelantada también de Tlajomulco, lo digo con todo respeto al alcalde, pero debería de irse para empezar parejos todo y podernos ayudar entre los municipios.
JALISCO
Atora «tómbola» avance de la reforma judicial en Jalisco: No se ponen de acuerdo sobre el método de elección

Por Francisco Junco //
La reforma al Poder Judicial se encuentra estancada en el Congreso de Jalisco, por la falta de consensos entre las diferentes bancadas. El punto de mayor conflicto, de acuerdo con un sondeo que realizó Conciencia Pública, entre algunos legisladores de las diferentes bancadas, es el método de elección de candidatos a jueces, magistrados y ministros.
Para Morena y sus aliados, con claridad y sin margen de negociación, la elección debe ser mediante un procedimiento de selección de probabilidad o en términos más simples por medio de tómbola, como ya lo hizo la federación, sin embargo, la oposición, que tampoco cede en su postura, asegura que la elección de jueces no puede dejarse al azar, ni en un sorteo, y proponen que los aspirantes sean seleccionados con base en su trayectoria y la obtención de un mínimo de firmas ciudadanas.
Y es que, la fecha para que la propuesta, este a disposición del Pleno, para su aprobación o rechazo, venció el pasado 15 de marzo, de acuerdo al mandato constitucional, pero debido a diferentes desacuerdos de los grupos parlamentarios, dicha reforma no ha podido ver la luz en Jalisco.
Otro factor de retraso, a decir del grupo parlamentario de Morena, fue el análisis y estudio de siete propuestas que llegaron al Congreso para realizar la Reforma Judicial. Las fracciones de Morena y aliados; el Partido Acción Nacional; Movimiento Ciudadano y Hagamos, respectivamente, presentaron sus propuestas, además de la que anunció el gobernador del estado, Pablo Lemus; otra del Colectivo de Abogacía del estado de Jalisco y una más del mismo Poder Judicial.
La diputada Norma López Ramírez, de Morena, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, donde se encuentra el dictamen, confirmó que este ya está realizado; lo único que están esperando es que los presidentes de las distintas fuerzas parlamentarias que integran la JUCOPO, lleguen a un acuerdo para determinar si se realiza la insaculación.
“En este momento, mi dictamen se encuentra con insaculación y seguiré insistiendo con ello. Pero si hay causas extraordinarias en las cuales se me requiera, porque ya llegaron al consenso para obtener la mayoría calificada que se requiere, que son los 26 votos de los integrantes del Congreso, pues tendría que cambiarle. Sin embargo, dudo mucho que cambie el pensar de la bancada de Morena. Lo que queremos es que la reforma estatal esté empatada con la reforma federal”, resaltó la morenista.
Aseguró que, más allá de controversias, tanto la bancada de Morena, la Comisión de Puntos Constitucionales y ella, están dando lo mejor, para tener una Reforma constitucional, “para que realmente haya una administración de justicia correcta, como debe ser en Jalisco, como lo merecen los jaliscienses”.
La propuesta de insaculación de Morena, es que sea el legislativo, quien se encargue de hacer esta metodología, pero aún no se ha definido el cómo, si es a través de tómbola o rifa, pero lo que sí tienen claro es que tendrá que ser con la dinámica de insaculación y la probabilidad, después de una verdadera selección de aspirantes a ser candidatos, y “sin problema, estarán los mejores, porque habrá una selección previa y luego la insaculación”.
Pero para Morena, la mayor apuesta, es que exista transparencia y que el pueblo pueda elegir a los mejores perfiles en donde no intervengan los partidos políticos para imposiciones, “de esa manera, sean las mejores personas las que nos administren justicia, y por fin tengamos una justicia adecuada en el Estado de Jalisco”.
Para el diputado Julio César Hurtado Luna, vocero de la bancada del PAN para el tema de la Reforma Judicial, ésta se encuentra entrampada, también, en el desencuentro que marca la forma en la que quieren ser decididas las candidaturas.
“Morena insiste en que sea a través de un mecanismo de tómbola y nosotros hemos sostenido, en el PAN, que la justicia no puede quedar al margen de una tómbola o de una rifa, porque no es lo que nos merecemos los jaliscienses. Ya vimos el espectáculo a nivel nacional. en donde, se les caían las pelotitas, además fue un fraude, porque gente que salió sorteada, en esa famosa tómbola, finalmente no llegó a la boleta o viceversa, el que no había salido en la tómbola, mágicamente aparecieron en la boleta, lo que claramente resultó todo un fraude”, destacó el legislador de la bancada panista.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina, quien coadyuva en la Comisión de Puntos Constitucionales, reveló que en principio eran 19 puntos, en los que no se encontraba coincidencia, pero con diálogo y consenso se ha “logrado avanzar” y aseguró que al final son tres los puntos principales que están atorando la propuesta legislativa.
Uno de ellos, señaló, es el Instituto de Justicia Alternativa, “que algunas bancadas lo quieren integrar en el tema de la reforma judicial, algunas otras no. También el Tribunal Administrativo ha sido un tema de conflicto”, señaló la emecista y aclaró que Morena los quiere someter a estos dos organismos, para que los miembros que los conformen sean por elección popular. Pero que sin duda, apuntó Adriana Medina, el punto de inflexión es el método para elegir a los candidatos que aspiren a los cargos de elección, que se realizara hasta el 2027.
Los diputados consultados, incluyendo los de Morena, aseguran que lo que se busca es tener una Reforma Judicial que sea ejemplo a nivel nacional, que cambien para bien el sistema judicial, que se acabe con la corrupción, que los que lleguen sean los mejores, los mejores preparados académica y profesionalmente.
Para la diputada de MC, Adriana Medina, lo que se quiere evitar es repetir los errores cometidos en el proceso federal, por ejemplo, dijo, “si tú te inscribes o se inscriben en la materia que tú eres conocedor, laboral o penal, etcétera, en el sorteo, que Morena están promoviendo como se hizo en lo federal, como es al azar, te puede tocar en otra materia de la cual no tienes experiencia”.
Para Movimiento Ciudadano es importante que los aspirantes busquen firmas ciudadanas, un porcentaje mínimo, pero necesario, “que salgan a pedir las firmas, para que los avalen ciudadanos, porque a fin de cuentas, les van a pedir el voto, en un mínimo de firmas, pero que si se salgan a la calle a decir ‘quiero ser este candidato’ a magistrado, o candidato a juez, y es completamente válido”, explicó.
El diputado, Leonardo Almaguer, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, coincidió que el desacuerdo, esta en la forma de insaculación y aseguró que la propuesta que están poniendo en la mesa los grupos parlamentarios de la coalición, Morena, PT, Futuro, incluso Hagamos, va en el sentido de primero exponer la capacidad de los aspirantes a magistrados, jueces y ministros, para conocer realmente quiénes son, y con eso garantizar que “pueden hacer un buen papel”.
Acusó que “la derecha” está haciendo foros, para avalar la propuesta que presentó el gobernador del estado, por lo que se pregunta “¿de veras, en el estado de Jalisco, el gobierno del estado puede hablar de justicia? Porque vemos lo que está pasando. Hay una percepción de que en Jalisco no hay justicia”.
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