Por Raúl Cantú //

En la cancha de los diputados está el proyecto del Ejecutivo de Jalisco de imponer a los camiones de carga que ingresan a la ciudad entre 18 y 36 mil pesos, conforme ha trascendido, lo que ha generado el malestar de los transportistas y de comerciantes del Mercado de Abastos, que consideran que vendrá a impactar la cadena de suministros de alimentos y servicios, encareciendo los productos al consumidor.

Aunque el diputado Jonadab Martínez de Movimiento Ciudadano rechaza que exista una iniciativa en ese sentido, legisladores del Partido Acción Nacional, aceptan que tal propuesta viene con la instrucción de que es una decisión tomada por el titular del Poder Ejecutivo, lo que no está a discusión, sin embargo, los panistas han señalado que se opondrán a la medida que consideran recaudatoria.

El diputado Martínez García, en la postura que esgrimió en redes sociales, no le da importancia a la tarifa que los transportistas y comerciantes del Mercado de Abastos rechazan y que ven como una medida recaudatoria, ha señalado que él desconoce exista una propuesta sobre el costo del permiso en tal proporción. “No estaría de acuerdo con el costo que comentas -entre 18 y 36 mil pesos-, pero sí creo que es justo que contribuyan”, escribió.

Por su parte, el presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, Salvador Hernández, señala que están de acuerdo en revisar el horario de circulación de los camiones de carga, pero restringirlos, como se ha planteado y además establecer un cobro como el que pretenden, provocará el incremento de precios, afectando el suministro de alimentos, bienes y servicios, haciéndolos menos competitivos, porque buscarán otras centrales.

“No nos oponemos a revisar los horarios, no estamos de acuerdo en el cobro, ya que tanto en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México y Monterrey las medidas son restrictivas pero no recaudatorias”, enfatizó.

“Nos afectará a los comerciantes la imposición de este cobro, porque los transportistas van a preferir otros mercados que venir aquí, porque si en una ciudad les cobran por entrar, van a preferir ir a otras, eso no lo podemos aceptar”, subrayó.

Durante las mesas de trabajo para hacer la reforma, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo escucharon al sector alimenticio, ya que éstas fueron suspendidas en la cuarta reunión a rajatable, señalando el Secretario del Transporte, Diego Monraz de que si querían transitar el costo sería entre 18 y 36 mil pesos.

TENDRÍAN RECAUDACIÓN DE 954 MILLONES DE PESOS

Se estima que diariamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara circulan 53 mil camiones pesados y de estos 3,500 corresponden al movimiento de alimentos que se registra en el Mercado de Abastos, que representa el 6% del total y que tiene un fuerte impacto en la zona del Occidente del país, por ser, después de la Central de Abastos de la Ciudad de México, el de mayor importancia y de movimiento de alimentos del país.

Más que reordenar los horarios de circulación del transporte, los transportistas y comerciantes del Mercado de Abastos ven esta iniciativa como recaudatoria, ya que aceptando que el cobro fuera de 18 mil pesos por unidad, la Hacienda del Estado tendría un ingreso anual cercano a los mil millones de pesos, esto es, 954 millones de pesos. Sin embargo, el titular de la Hacienda del Estado, Juan Partida Morales, dio a conocer que proyectan ingresos por alrededor de 60 millones de pesos por este concepto. “La medida no es recaudatoria, toda vez que el dinero se irá al Fondo para la Infraestructura Vial Metropolitana, con el objetivo de invertirse en la mejora de banquetas o puentes peatonales”, indicó.

Dijo además que serán la Secretaría del Transporte (Setrtan) y el instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) quienes concretarán el tema. Hacienda únicamente incluirá el concepto en la Ley de Ingresos 2020 del Estado.

“EL DEBATE ESTÁ ABIERTO”

El diputado Jonadab Martínez García, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado, escribió en su página de Twitter que “el debate está abierto, y en #Jalisco, desde siempre, todos los vehículos (autos, grúas, motos, autobuses, etc.) que circulan en el Estado contribuyen, excepto el transporte de carga. Justo es que aporten a favor de la infraestructura y seguridad vial”,

Jonadab Martínez rechaza los argumentos de que la restricción de horarios, los camiones de carga no circulan entre 6 y 9 de la mañana, no afectará al Mercado de Abastos, ya que según “estudio de origen y destino de fuentes fidedignas, los productos del Mercado de Abastos entran a la AMG mucho antes de las 6 a.m, de hecho esa hora ya es tardísima para entrar”.

Sin embargo, el agricultor y comerciante Conrado Lomelí subraya la importancia que los productos del campo puedan llegar en tiempo y forma a la ciudad. “Para los comerciantes por un día que se tarde en llegar el producto puede significar pérdidas bastante significativas, más del 50% del costo del producto más gastos de venta (flete, manaiobras, etc.).

“Las restricciones a la carga pesada pueden ser fatales para los comerciantes de perecederos. Nosotros al momento de que una fruta o verdura es cosechada, estamos bajo reloj para que ésta llegue lo antes posible a su destino final, y si los clientes no pueden salir, las van a buscar”, advierte.

EL MALESTAR DE LOS TRANSPOTISTAS

Por su parte la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRIM), se manifestó contra la medida del Gobierno de Jalisco de pretender cobrar a los camiones de carga que ingresan a la AMG. “En la Ciudad de México no pagamos ningún permiso, no pagamos nada. Allá tenemos una restricción de horario única y exclusivamente por las mañanas”, expresó el delegado en Jalisco Diego Bolio en entrevista que publicó El Informador.

EN MONTERREY Y CIUDAD DE MÉXICO NO ES RECAUDAORIA

“En la Ciudad de México no hay cobros adicionales, en el entendido de que los transportistas laboran bajo regulaciones federales y que sus autorizaciones y pagos de impuestos son ante la Federación”, indica el delegado de la Conatram en Jalisco.

Recuerda que desde abril de 2016, en la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México se restringió el pasado de estas unidades, tras un acuerdo entre las autoridades y empresarios que implicó no pasar entre las 6:00 y las 10:00 horas de lunes a viernes.

“Si permitimos que aquí en la zona conurbada nos cobren un permiso de 18 mil pesos por un carro sencillo y 36 mil pesos por uno doble. Imagínate si lo replicaran en todo el país, sería grave”, apuntó Diego Bolio.

De la misma forma advierte que de aplicarse esta medida recaudatoria, los transportistas comenzarán con manifestaciones y recurrirán a amparos, al considerar que la medida es anticonstitucional.

Los trasportistas de la misma forman critican la ineficiencia de las autoridades, ya que cada vez se convierte en más peligroso circular por las carreteras de Jalisco y del país ante la acción de la delincuencia la que les pega muy fuerte, tienen que pagar pólizas de seguros muy altas.

Por Mario Ávila //

De poco sirven las buenas intenciones de la nueva administración del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) y de los miembros de la Comisión de Adquisiciones, cuando no se actúa con rigor y se sanciona con determinación a los laboratorios y las empresas comercializadoras que se coluden para imponer los precios y condiciones en cada proceso de licitación.

Es decir, las fallas y la tibieza de la Contraloría interna del Ipejal, de la Contraloría del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción, queda en evidencia cuando no hay sanciones severas en contra de los proveedores de medicamentos que se unen en un evidente acto de colusión o contubernio, para compartir contratos de compra de medicamentos.

O lo que podría ser peor, ni siquiera hay un seguimiento serio a las empresas sancionadas o investigadas, para determinar si los nexos que saltan a la vista en los términos administrativos, van más allá y podría darse el caso de que existiera una liga que los una, al extremo de que podría haber ciertas sociedades o incluso una sola bolsa final a la que va a parar el dinero de varias a empresas que aparentan ser competencia leal en el padrón de proveedores del Ipejal.

Por ejemplo, hay evidencias que ligan a la empresa Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V., que perjudicó con fraudes millonarios al Instituto de Pensiones del Estado, en contubernio con ex empleados del organismo público descentralizado, con empresas que hoy siguen vigentes en el Padrón de Proveedores del Ipejal y realizando negocios, como Fármacos Aguilar S.A. de C.V. y farmacias de Jalisco, S.A. de C.V.

Esto significa que muy probablemente Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V. sigue beneficiándose de las compras del Instituto de Pensiones del Estado, a través de otras empresas con las que tienen nexos que para algunos miembros de la Comisión de Adquisiciones han resultado evidentes y las han descalificado de algunos concursos de compras, pero no ha habido mayor sanción para ellos y se mantienen con su actividad intacta en calidad de proveedores de Ipejal.

ZEUS CON NEGRO HISTORIAL

Para la Contraloría del Estado es un hecho que desde el 2016 Zeus, propiedad de Jaime Becerra, tiene un negro historial como proveedor de Pensiones del Estado y pese a los antecedentes en el 2018 se le adjudicaron compras por más de 80 millones de pesos, de las cuales casi 60 millones de pesos se le asignaron de manera directa y sin licitación, pero de manera fraccionada para no incurrir en ilegalidades.

No conformes con ello se detectaron compras por casi 30 millones de pesos, en las que solo aparecieron finalmente los pagos y la mercancía nunca entró a las bodegas de la dependencia pública y no se encontró ninguna huella de su paradero, de lo que dio constancia la hoy diputada Mirza Flores, de acuerdo a la denuncia que en su momento había presentado la contralora del Estado, María Teresa Brito Serrano desde el 27 de febrero de 2018 por el presunto delito de daño patrimonial.

El Diario NTR por ejemplo do cuenta en su edición del 7 de marzo del 2017 que el entonces diputado local Hugo Rodríguez, hoy presidente de Morena en Jalisco, denunció la colusión de la ex Directora Administrativa, Adriana Gabriela Ceja Palacios, para formalizar compras a Zeus por 81 millones de pesos.

En las investigaciones de la Contraloría del Estado, se detectó que las anomalías en las que está involucrada Zeus, datan del ejercicio 2016, cuando también se le adjudicaron compras fraccionadas de manera directa hasta por 14.5 millones de pesos.

PROVEEDORES VIGENTES, CON NEGROS ANTECEDENTES

Pero lo malo del caso y la prueba de que el dueño de Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V podría seguir operando como proveedor del Ipejal, es que hay al menos un par de empresas con las que se ha comprobado los actos de colusión, que siguen teniendo su registro vigente como proveedores, y siguen participando y ganado algunas de las licitaciones para la compra de medicamentos.

Una de ellas es la que aparece vigente en el Padrón de Proveedores del Ipejal con el siguiente registro: PRO 3412, empresa: Fármacos Aguilar, S.A. de C.V.; giro: farmacéuticos; domicilio: Juan Tablada 1278 CP 44270 teléfono 3315935720.

Fármacos Aguilar salió a relucir en una licitación del 7 de agosto del 2018, en la que tomó parte Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V. y que fue descalificada como licitante, porque entre la documentación oficial presentó copia de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la clave de registro RFC DMZ120508FJA con número de folio 18NB3932651 de fecha 07 de agosto del 2018, mediante la cual se emite una opinión positiva a nombre de Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V..

Sin embargo se observó que la opinión de cumplimiento de obligaciones presentada, se verificó acorde al QR plasmado en el documento, sin embargo este no coincide, ya que la opinión que arroja la verificación refiere clave RFC FAG1604221L7, número de folio 18NB3932331 de fecha 9 de agosto del 2018 mediante la cual se emite una opinión en sentido positivo, pero da la causalidad de que la clave de RFC FAG1604221L7 corresponde a otro licitante, es decir a la empresa Fármacos Aguilar, S.A. de C.V. De ahí que se decretó la descalificación de ambos licitantes.

En otro proceso paralelo de licitación, de acuerdo a la observación hecha por Bricio Rivera Orozco, en su calidad de representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, “se señala la probable colusión entre el licitante Fármacos Aguilar S.A. de C.V. y el licitante Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V., en virtud de que la documentación de la propuesta técnica del licitante, Fármacos Aguilar, S.A. de C.V. se encuentra que la carta de apoyo expedida por el licenciado Edgar Oswaldo Puebla Flores, de fecha 10 de agosto del 2018, refiere a Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V., que es otro de los licitantes en el mismo proceso.

El segundo caso es el de la empresa Almedic Distribuidora Médica, S.A. de C.V. que también fue descalificada en un proceso de licitación en agosto del 2018, ya que presentó copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el SAT a la clave de RFC ADM170227A53 con número de folio 18 NB3918255 de fecha 8 de agosto del 2018, mediante la cual se emite una opinión positiva a nombre de Almedic Distribuidora Médica, S.A. de C.V.

Sin embargo dentro de las observaciones destaca que la opinión de cumplimiento de obligaciones presentada, se verificó acorde al código QR plasmado en el documento, sin embargo éste no coincide, ya que la opinión que arroja la verificación refiere a la clave RFC DMZ120508FJA, número de folio 17NA5725061, de fecha 12 de abril del 2017 mediante la cual se emite una opinión en sentido negativo y la clave corresponde al licitante Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V., situación que afecta la solvencia de la propuesta y da certidumbre a la convocante al descalificar a los licitantes.

Una tercera empresa que ha incurrido en anomalías y que aparece hoy con registro de proveedor vigente en Ipejal es: PRO 1499; nombre: Farmacias de Jalisco, S.A. de C.V.; producto: medicamentos; domicilio: Pedro Espinoza 1401 CP 44220 teléfono 38248686.

Farmacias de Jalisco, S.A. de C.V. también participó en una licitación el 15 de septiembre del 2018 y fue descalificada ya que no acreditó la personalidad de su representante legal conforme a lo que establece la norma en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, “situación que afecta la solvencia de la propuesta y da incertidumbre a la convocante”, según se expresa en la conclusión.

HOY LOS PROCESOS DE LICITACIÓN EN IPEJAL SON EJEMPLARES, DICEN

Y pese a que está probada la colusión ilegal de algunas empresas en procesos de compra el año pasado, pero que siguen participando en este 2019, desde el seno del propio Ipejal se dice que hoy los procesos de licitación son ejemplares.

Un funcionario de Instituto de Pensiones del Estado que manifestó a este semanario, su inconformidad por el contenido de la nota publicada la semana pasada que se titulaba “En IPEJAL, laboratorios y distribuidores mandan”, también pidió el anonimato para externar su defensa al método en el que hoy día se efectúa el proceso de compra de medicamentos.

Hoy, de 26 empresas que concursaron -dijo-, a 19 se les asignó la compra de algún medicamento, estamos hablando de un 70% que resultaron favorecidos, pero no sé porque esas cosas no se escriben, o no te lo dijeron a ti, o quien te lo dijo tiene una tendencia, no sé, mil cosas pueden suceder ahí. Pero sí es de llamar la atención y puntualizar, de 26, 19 es el 70% y eso no se había visto”.

“Y no es tanto así que lo hubieran comprado por Mercado Libre -expuso-, porque para todo hay reglas y una de las reglas es que deben de tener certificaciones las empresas que te vendan. Certificaciones que sean del gobierno como Secretaría de Salud, Cofepris, etcétera. Son una serie de lineamientos. Es muy vago que tú compares con Mercado Libre, porque ahí también se venden cosas chinas, cosas robadas, cosas caducas. Comprar en Mercado Libre medicinas es como ir a comprar al barrio de El Santuario, es la misma cosa, es exactamente igual”.

El funcionario que demandó desde el anonimato el derecho de réplica, planteó. “Por ejemplo, es la primera vez que se hace un proceso medicamento por medicamento, no fue en una sola partida, sino que fueron más de 500 medicamentos licitados de uno por uno, en el mismo proceso, pero en donde las empresas podían participar medicamento por medicamento, no era necesario cotizar todos”.

“Creo que ahí hace falta complementar la información, no todo es así como te lo dan. Por ejemplo, se hacen estudios de mercado y en base a esos estudios de mercado es como se compran las cosas, cómo anda en el mercado y cómo vamos a comprar que no exceda en un porcentaje. Nos tardamos cuatro meses en hacer un proceso de esos, para que salgan y diga ‘pues compren en Mercado Libre y te sale más barato’, pues no, las empresas licitantes necesitan desde una licencia municipal de operación, necesitan estar dados de alta en Hacienda, estar al corriente con el pago de sus impuestos en Hacienda, estar al corriente con sus contribuciones al Seguro Social, estar con certificaciones de Cofepris, Secretaría de Salud, avisos de funcionamientos, son muchísimas cosas que van alrededor del tema de los medicamentos. De hecho, ya vamos a sacar el proceso de compra del 2020 y lo vamos a sacar de la misma forma, el proceso más limpio y transparente que ha habido en el Estado de Jalisco en muchos años”, expuso.

Y a la pregunta de cómo se explica que Mercado Libre venda de menudeo un medicamento mucho más barato que un laboratorio vendiendo de mayoreo, el inconforme planteó: “No es lo mismo, pero te pongo un ejemplo, se compra un carro en Jalisco y se lo llevan a Tamaulipas y allá lo van a ofertar en 50 mil pesos cuando el carro valía 150 mil pesos, pero no tiene papeles o los papeles que tiene no son los originales o los legales”.

Sobre el método que había resultado tradicional en el Ipejal en el sentido de privilegiar a una sola empresa con contratos millonarios, el quejoso afirmó que en el 2019 los montos de compra fueron muy repartidos y aclaró: “Si lo que están buscando, porque me imagino que eso es lo que están buscando, que se beneficie a alguna empresa grandota como fue Lomedic o algunas otras, eso no sucedió, porque precisamente eso fue lo que cuidamos”.

“Te puedo decir que PISA es uno grandote y se le asignaron compras de 12 millones de pesos, de los 350 millones de pesos que se adquirieron. Tú dime si hicimos mal las cosas, yo creo que las hicimos muy bien. El techo presupuestal de este año fue de 350 millones de pesos”, reveló.

Sobre la compra desmedida de la Betametazona, haciendo un pedido por 16 mil unidades cuando al año se gastan cuando mucho 3 mil unidades, el representante del Ipejal respondió: “El problema es quién dice, hay que checar quién lo dice, no sé si se ocupan o no, lo que sí sé es que cada unidad médico familiar te manda un requerimiento porque es lo que ellos necesitan, y no pueden comprarlo justo porque luego nos quedamos en un desabasto y se viene peor el asunto.

“Por eso debemos de tener un stock, quién te lo dice, si el asunto es de un chisme, es de un tema sindical donde hay otro tipo de interés o ese tipo de situaciones se vuelve complicado, donde el asunto es formal y es serio como el que yo te estoy diciendo, nosotros en el comité revisamos de pies a cabeza cada tema, lo revisamos como no tienes una idea… y tú lo puedes constatar si te vas a los medios, ni Mural, ni NTR, ni Milenio, ni El Informador sacó una nota negativa en la compra de medicamentos en Pensiones cuando nosotros fuimos los primeros en hacerlo exponencial, nosotros grabamos todos los comités en vivo, todos”, sentenció.

Por Mario Ávila //

Para el ex titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) del Gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, Salvador Rizo Castelo, es Hugo Luna, jefe de gabinete del actual mandatario Enrique Alfaro Ramírez, el autor de la campaña de persecución en contra de él y los otros dos ex secretarios de la Sedis, querella en la que se involucra también a Miguel Castro Reynoso y Daviel Trujillo Cuevas, a quienes se les sigue un proceso a través del que se les endilgaron medidas precautorias de arraigo domiciliario y que tendrá un receso de tres meses.

El argumento que se esgrime para dar pie a la persecución política en su contra, para Rizo Castelo es el haber iniciado un proceso de impugnación en contra de la primera y la más cuantiosa licitación que ha hecho Alfaro Ramírez en los 10 meses que van de su administración, el programa “A Toda Máquina”, en el que se invirtieron 3 mil 600 millones de pesos.

Hugo Luna, jefe de gabinete del Gobierno del Estado de Jalisco

El pasado lunes 14 de octubre, al reanudarse la audiencia de vinculación a proceso para los ex titulares de la Sedis, por presuntas ilegalidades en 60 convenios para dotar de recursos a asociaciones civiles, que involucran más de 14 millones de pesos, Salvador Rizo transmitió un mensaje a través de sus redes sociales, dirigido de manera directa a Hugo Luna, Jefe de Gabinete.

En el video se aprecia a Rizo Castelo a bordo de su automóvil y explicando: “Hola buen día, voy a declarar a la Fiscalía, porque pues yo le avisé a Hugo Luna que iba a iniciar una impugnación contra una licitación y me hizo el favor de denunciarme con una sarta de mentiras en un programa de organizaciones de la sociedad civil de cuando fui secretario de Sedis”.

“Estoy muy tranquilo, y las organizaciones de la sociedad civil saben que nos condujimos con absoluta transparencia, el que nada debe, nada teme; pero Hugo, si quieres recuperar esos 14 millones de pesos que dices, pues mejor echa para atrás la licitación “A toda Máquina” y vas a tener para resolver lo de las Villas, una campaña contra el dengue y todos los demás problemas como el de seguridad que tiene el Estado”.

“Por cierto, ya te ví con los de Cabsa. Quieres metropolizar el tema de la basura. Oye, primero habla con los presidentes municipales y no con la empresa que te interesa coordine la metropolización. Saludos”, expone el ex secretario de la Sedis denunciado, Salvador Rizo Castelo.

La misma frase utilizada por Rizo Castelo en el sentido de que “El que nada debe, nada teme”, fue un recurso utilizado por el también ex secretario de la Sedis, Miguel Castro Reynoso, quien fuera candidato del PRI al Gobierno del Estado en la elección del pasado 1 de julio del 2018 y quien dijo estar seguro de que saldrá delante de este proceso judicial, “con la frente en alto y la dignidad intacta”.

“Tengan la certeza -dijo-, de que me he desempeñado con rectitud en los cargos públicos. Tengo mi conciencia tranquila. Por increíble que parezca, estoy siendo acusado por cumplir con mi deber. Se me acusa de apoyar a Organismos de la Sociedad Civil, de hacer efectiva la decisión de un Comité integrado por universidades, instituciones y expertos del sector social”.

“Me he formado -abundó-, en la cultura del esfuerzo y del trabajo. Jamás he actuado en forma indebida, por el contrario, me he empeñado en proteger y cuidar los recursos públicos de quienes ven a la corrupción como parte de sus planes. Hoy soy acusado, no por violar la ley, sino por mi manera de señalar y actuar frente a las injusticias y las equivocaciones del gobierno. Enfrento este proceso con integridad y decencia, porque lo que más valoro es la honestidad y seré breve: “El que nada debe, nada teme”.

Vale la pena mencionar que justamente Miguel Castro Reynoso es el tercer ex candidato a gobernador de Jalisco por el PRI, que habiendo competido el pasado 1 de julio del 2018 en contra del mandatario Enrique Alfaro Ramírez, hoy se ve denunciado penalmente y con riesgo de pisar la cárcel. Lo mismo ha ocurrido con Carlos Lomelí Bolaños de Morena y Salvador Cosío Gaona, del Partido Verde Ecologista de México.

SALE EL PRI EN DEFENSA DE SUS MILITANTES INVESTIGADOS

La dirigencia de PRI Jalisco también salió en defensa de los tres acusados que ocuparon la titularidad de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) en el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval y de manera oficial se manifestó su respaldo a sus compañeros Salvador Rizo Castelo, Miguel Castro Reynoso y Daviel Trujillo Cuevas.

Mediante un comunicado oficial, el CDE del PRI Jalisco advierte: “La rendición de cuentas, la transparencia y el cumplimiento de la ley, son condiciones irreductibles para la función pública. En el PRI estamos convencidos de que nuestro sistema político tiene una gran deuda con la sociedad: erradicar la impunidad y la corrupción”.

“Con relación al proceso que se sigue en contra de nuestros compañeros Salvador Rizo Castelo, Miguel Castro Reynoso y Daviel Trujillo Cuevas, queremos manifestar que tenemos plena certeza y confianza en su honorabilidad y honestidad, de la que queda constancia en los actos de su vida privada y a lo largo de su trabajo en los diferentes cargos públicos que han desempeñado”.

“No quisiéramos pensar que se trata de una acción de revanchismo o de persecución política. Es por ello que demandamos de la autoridad que, tanto en éste como en todos los casos, se actúe con estricto apego a la legalidad y que no se incurra en el uso faccioso de las instituciones responsables de la impartición de justicia”.

“No estamos a favor de proteger a quienes abusan de sus cargos. Estamos convencidos de que: ¡quien la hace, la pague! Lo que no se vale es que quienes no la deben, sean los que la paguen”, se planteó en el comunicado oficial.

SI ACASO HAY SANCIÓN ADMINISTRATIVA, ADVIERTE EL EXPERTO ABOGADO HÉCTOR ROMERO FIERRO

Para conocer algunos detalles con propiedad, sobre el delito del que se les acusa y de las posibilidades de éxito de la defensa de los ex secretarios de la Sedis, hablamos con el abogado, Héctor Romero Fierro, quien aseguró que en estricto derecho ellos no solo no deberían pisar la cárcel, ni siquiera deberían haberlos citado a declarar.

Romero Fierro es Corredor Público y por tano le está impedido litigar, sin embargo, es amigo de dos de ellos y por ese hecho está coadyuvando con la defensa del caso, con algunas ideas y con su experiencia profesional.

Y detalla: “Un secretario no puede atender todo el proceso de una Secretaría y mucho menos del tamaño de la Sedis, por eso hay tramos de control y para eso hay responsables en cada área; además la ley es muy clara al señalar que las organizaciones que se acerquen a pedir recursos, deben hacerlo de buena fe y deben acreditar que no tienen a funcionarios públicos como empleados, situación que olímpicamente ignoró la Fiscalía y por eso ahora pide plazo de tres meses para probar eso y ahora ya va ir al Registro Público de la Propiedad, cuando se les abrieron los ojos”.

“Ellos pretenden aclarar que los socios son funcionarios al momento de la entrega de recursos, pero solo con las actas constitutivas y algunas de ellas de 10 años antes, eso no prueba que tengan socios al momento en el que recibieron los recursos, simplemente prueba que se constituyó en aquella época con esos socios, pero pueden cambiar”, planteó.

Sobre si hechos de esta naturaleza logran que se pierda la confianza en la Fiscalía Anticorrupción, Romero Fierro explicó: “Mira yo creo que cuando el gobernador o un alto funcionario del Gobierno del Estado te pide determinada conducta y no te queda otra, pues no es un tema de la Fiscalía, de los que perdemos la confianza de haber actuado así es del Gobierno del Estado.

“Peor aún, cuando en asuntos tan graves como el de ‘A Toda Máquina’, no vemos que avancen en nada, no vemos ningún responsable, no vemos nada y en un asunto en donde insisto que ni delito hay, te avientan toda la carga desde la Fiscalía y mandan a sus mejores gentes a los juicios y demás… aquí es donde estamos parados en Jalisco”, expuso.

Sobre la posibilidad de que se trate de una reacción desde el poder Ejecutivo en contra del PRI por haber votado toda la fracción en el Congreso del Estado, en contra de la creación del nuevo Constituyente, el Corredor Público, Héctor Romero, reflexionó: “Estas denuncias son más viejas, no es coincidente, pero definitivamente sí hay una persecución contra funcionarios de la administración anterior. En este caso me queda claro que es una persecución política, pero en otros casos de funcionarios de la pasada administración, si hay delito, pues que los claven hasta el último rincón y qué lástima que cerraron las Islas Marías porque se merecían estar allá, pero todavía contra ellos no vemos ninguna consignación también”.

“No necesita uno ser brujo -dijo-, para entender que esto es una persecución contra tres gentes que en realidad no tienen delito alguno, eso no es querer precisamente cumplir con la Ley Anticorrupción; hay los elementos para presumir que es un tema político, tan es así que los delincuentes entran y salen de la cárcel y acá se pretendía por una cosa que ni siquiera es delito y que en todo caso pudiera consistir en una sanción administrativa, detenerlos y hasta aplicarles la prisión preventiva oficiosa”.

“Y lamentablemente -abundó-, los someten a unas medidas cautelares que para mi son exageradas, entonces tendrán ellos que interponer un medio de defensa y lo más seguro es que al primer amparo que interpongan les darán la razón, porque ni siquiera por el tipo de acusación que se les hace, deben ser sujetos a una medida precautoria”.

Finalmente se le cuestionó si este caso podría correr la misma suerte que el del panista Antonio Gloria Morales y la respuesta fue contundente: “Sin duda alguna… nada más que el caso de Antonio Gloria fue más grave porque acuérdate que era un delito viejo, entonces le aplicaron las reglas del proceso penal antiguo; en este caso afortunadamente la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez, y aquí sí lo tengo que decir abiertamente, entendió que no podía aplicarles la prisión preventiva oficiosa y entonces los dejaron con estas medidas, pero la petición de las gentes del Gobierno del Estado, era la prisión preventiva oficiosa”.