Por Mario Ávila //

Jalisco es líder en la recta final del año 2019 como la entidad más insegura del país, según la percepción de los propios jaliscienses, de acuerdo a los resultados de la encuesta realizada por la empresa Massive Caller en la primera semana de diciembre y revelados recientemente.

En la tabla estadística Jalisco, entidad que vio nacer hace casi una década al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el más poderoso del país y uno de los más peligrosos del mundo, aparece a la cabeza de la tabla denominada Entidades con mayor percepción de inseguridad, en donde se ubica en el primer sitio con una calificación del 66.0%, seguido de San Luis Potosí 62.4%, Tamaulipas 61.7%, Quintana Roo 61.5% y la Ciudad de México también con 61.5%.

El estado vecino de Guanajuato, que también vive el azote de la delincuencia se ubica, en el octavo sitio con 60.1% de percepción de inseguridad por parte de sus ciudadanos, seguido de Sinaloa, tierra de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en donde la sociedad percibe la inseguridad en un 59.3%.

En contraste, las entidades con menor índice de percepción de inseguridad, es decir las entidades más seguras de acuerdo al punto de vista de los ciudadanos, son Yucatán (gobernado por el PAN), Durango (gobernado por el PAN), Campeche (gobernado por el PRI), Baja California Sur (gobernado por el PAN) y Chiapas (gobernado por MORENA).

Sin embargo, al momento de calificar a los gobernadores en un índice de aprobación, el mandatario de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez no se encuentra en el último lugar como sería lo más lógico, sino que se ubica en el sitio 24 con una calificación de 30.1 sobre una escala de 100, es decir 8 lugares antes del fondo de la tabla que está ocupada por el gobernador de Michoacán, Silviano Aureoles que apenas alcanza una calificación de 18.1, acompañado en el top 5 de los gobernadores más malos, por los mandatarios de Morelos, Quintana Roo, Nuevo León y Oaxaca.

En los cinco primeros lugares del índice de aprobación, los mexicanos encuestados califican como los mejores gobernadores, a los titulares del poder Ejecutivo en Yucatán, Sinaloa, Coahuila, Baja California Sur y Sonora. Es decir, en esa lista están dos gobernadores emanados de las filas del PAN y tres del PRI.

La encuesta levantada el pasado 7 de diciembre del 2019, también se les preguntó a los ciudadanos evaluados que “si el gobernador fuera su vecino y usted tuviera que ausentarse por varios días, ¿Le confiaría las llaves de su casa?”.

La peor calificación en esta parte de la encuesta fue para el mandatario de Michoacán, seguido del de Baja California, San Luis Potosí, Nuevo León y Campeche. En este tema el gobernador de Jalisco Enroque Alfaro aparece en el sitio número 20, es decir más cerca de los que les provocan desconfianza a sus gobernados, que de los que son bien vistos por el pueblo, posición que acaparan los mandatarios de Sonora, Yucatán, Baja California Sur, Durango y Sinaloa.

VAN 2 MIL 465 ASESINATOS

Sin embargo, en un tema que no es mera percepción ni simplemente datos estadísticos, Jalisco muestra con nombre y apellido que sigue siendo el segundo estado más violento de México y una muestra de ello fue que únicamente en el mes de noviembre se registraron 226 asesinatos en la entidad, es decir un promedio de 7.5 personas muertas cada 24 horas.

Con información del portal de internet plataformaseguridad.jalisco.gob.mx se puede confirmar que los homicidios dolosos repuntaron durante el mes de noviembre con un total de 226 víctimas, lo que representa un 18% de aumento en comparación con la incidencia registrada en el mes de octubre, cuando perecieron 191 personas.

La información oficial aportada por la Fiscalía General del Estado de Jalisco aportada para este sitio web, se puede determinar la magnitud del problema en lo que va del año, ya que en enero el número de víctimas por homicidio doloso fue de 234, en febrero 261, marzo 226, abril 217, mayo y junio cerraron con 226 cada uno, julio 215, agosto 196, septiembre 247, octubre 191 y noviembre cerró con 226, lo que significa que en los 11 meses que van del año, el número de crímenes es de 2 mil 465 personas muertas en Jalisco.

En contraparte, en este mismo portal se advierte una baja en el índice de la comisión de delitos patrimoniales del orden de un 8% de octubre a noviembre del año en curso, al pasar de 4 mil 173 denuncias presentadas a 3 mil 846.

De ahí que de acuerdo a la información que el Gobierno del Estado toma en cuenta como delitos patrimoniales, se advierte que el robo a negocio, que bajó en un 22%, el robo a persona disminuyó en 20%, el robo a vehículo particular cayó en 10% y el robo a motocicleta bajó en un 3%.

Mientras que los delitos que sí se incrementaron fue particularmente el robo a casa habitación, que pasó de 579 denuncias en el mes de octubre, a 854 en el mes de noviembre; el robo a cuentahabiente creció de 52 a 57 de octubre a noviembre y el robo a camiones de carga pesada creció de 24 a 31 casos de en el mismo lapso en cuestión.

EL C-5 ACAPARA LA INVERSIÓN EN SEGURIDAD PARA EL 2020 

De acuerdo al análisis que la empresa Transversal Think Tank hizo del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el año 2020, en materia de seguridad habrá de acaparar el monto mayor el sistema de vigilancia C-5, que en el 2019 no recibió ninguna inversión y que en el año venidero habrá de recibir una inyección de 226 millones de pesos.

En este análisis de transparencia denominado Presupuesto Abierto y elaborado por la empresa dedicada a la incidencia estratégica en políticas públicas, que encabeza David Gómez Álvarez, se determina que es necesario hacer este análisis partiendo de que se vive una profunda crisis sin precedente en la entidad, particularmente en el tema de los desparecidos y de los feminicidios.

Esta revisión no estuvo exenta de serias dificultades dadas las modificaciones en la conformación de las áreas estratégicas para combatir a la inseguridad, ya que mientras en el 2018 las tareas de seguridad le correspondían a la Fiscalía del Estado, para el 2019 diversas funciones de esa institución fueron desconcentradas en cuatro nuevas instituciones, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y la Coordinación General Estratégica de Seguridad.

Particularmente a esta última es a donde se ha asignado el mayor incremento presupuestal, ya que de 260 millones de pesos en el 2019, se aumenta a 724 millones de pesos para el 2020, lo que representa un incremento global del orden del 178%.

Y particularmente entre los proyectos que más llaman la atención por la inversión que en ellos se inyectará, destaca el sistema de vigilancia C-5 al que se habrán de destinar 266 millones de pesos; la gestión de recursos federales del Secretariado Ejecutivo contará con una inversión de 146 millones de pesos y derechos humanos, dentro de esa misma área, recibirá 27 millones de pesos.