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REPORTAJES

Confianza plena de ejidatarios de El Zapote en Carlos Lomelí: Conflicto podría destrabarse

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Por Mario Ávila //

Tras un conflicto de décadas, los ejidatarios del predio El Zapote que disputan el pago de sus predios conde se construyó el aeropuerto internacional de Guadalajara, ven una luz al final del túnel, luego de que la intervención del delegado federal, Carlos Lomelí, ha propiciado que el jueves por la noche el presidente Andrés Manuel López Obrador, haya recibido una ficha informativa del dilema y en viernes haya instruido al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, a prestar especial atención en la solución de esta disputa legal.

De ahí que los ejidatarios, que se dicen afectados por el despojo de sus tierras, confían en que en esta misma semana podría darse un acercamiento con las autoridades federales, lo que podría ser el camino para destrabar finalmente el litigio. Ello en opinión del presidente del Comisariado Ejidal, Nicolás Vega Pedroza.

Las luchas son desgastantes -dijo-, pero no estamos rendidos y si no vemos respuesta, aunque sabemos que la carretera, los plantones y las marchas son riesgos, lo volveríamos a hacer, es decir podríamos volver a las calles.

Pero sabemos -abundó-, que también debemos de confiar en alguien, si el delegado está atendiendo nuestra petición de intervenir con el Gobierno Federal para resolver este asunto, y si ya lo recibió el presidente y el secretario de SCT, debemos ser congruentes, sabemos que son problemas añejos heredados pero que se tienen que resolver.

Sobre los resultados que ha dado el acercamiento con el delegado Carlos Lomelí, Nicolás Vega detalló: “La semana pasada, el jueves por la noche y el viernes, el secretario de Comunicaciones y Transportes, el doctor Lomelí ya le entregó al presidente de la República un par de tarjetas informativas, de hecho, el secretario particular de López Obrador instruyó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que atendiera el tema y buscara una solución definitiva”.

Por ello se confía en que esta semana haya alguna propuesta de solución, una vez que se encontró ya el canal directo que a juicio de Vega Pedroza, es el delegado del Gobierno Federal en Jalisco, “él es y él se comprometió a resolver el conflicto”, apuntó.

Expuso que “si nosotros estamos acudiendo con el presidente, debemos ser muy concretos, no porque como dijo Jaime García Elías en una de sus columnas, cuando mencionó: ‘De lo perdido, lo que caiga es bueno’ y esa no es la situación de los ejidatarios de El Zapote”.

Sobre la intervención del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) en el proceso, Nicolás Vega planteó que han caído en una constante ilegalidad y se han excedido: “No tienen que intervenir, para nada, incluso la ley es muy clara, ellos son concesionarios y la ley sentencia que solo son administrativos, no tienen por qué acudir a los juicios y a las audiencias.

Yo no soy abogado, pero sí tenemos olfato político y nos damos cuenta cuando las cosas no andan bien, el juez federal que lleva la causa se está dejando llevar, ya llamó al perito para preguntarle cómo deduce que se tiene que descontar el dinero que ya se le dio al ejido en años anteriores y se está dejando llevar porque lo están presionado el Grupo Aeroportuario del Pacífico y el Gobierno del Estado, cosa que nosotros no vamos a permitir, si la situación se mantiene de esa manera, pues vamos a volver a las calles, nos entreténgamos el tiempo que nos entreténgamos (sic), ahorita confiamos en el delegado que él va a resolver el problema de manera directa con el presidente de la República y que no van a seguir con más ‘huizachadas’ entre el juez, el GAP y el Gobierno del Estado”, estableció de manera contundente el líder ejidal.

Carlos Lomelí

AVALÚOS, PROPUESTAS Y CONTRAPROPUESTAS

En el terreno del dinero, vale la pena mencionar que los miembros del Ejido El Zapote han pagado para que se realicen estudios para definir el precio de sus terrenos. “Nosotros tenemos avalúos de empresas serias, uno es de 2 mil 600 millones de pesos, otro es de 2 mil 500 y el último es de 3 mil 200 millones de pesos”, dijo Nicolás Vega.

Ese último avalúo, por cierto, se basa en la plusvalía del terreno, el crecimiento de la inflación, y el precio ofertado a ejidos colindantes como Santa Cruz del Valle, a cuyos dueños se les ofreció entre 480 y 650 pesos el metro cuadrado por sus 198 hectáreas.

Mientras que el peritaje realizado últimamente por el perito Jorge Morett Ramírez, en opinión del ejidatario estuvo mal hecho porque intervino mucho el gobierno del Estado y el Grupo Aeroportuario. “Se hizo entonces casi sobre pedido, lo hizo deduciendo cosas que no tuvo que haber involucrado, como son los pagos que dice que dieron en 1975 y en el 2007, cuando la sentencia es muy clara, la sentencia dice que esos pagos no son materia de discusión por haber sido más trascendente el daño que lo que hubieran dado, por lo que yo creo que ya no hay vuelta de hoja”.

También la sentencia habla de daños y perjuicios al ejido, daños sobre el terreno y perjuicios durante el tiempo que no tuvo el usufructo que terreno y la Suprema Corte de Justicia de la Nación también vuelve a ratificar que se le deben pagar perjuicios al ejido”.

Sin embargo, en aras de mostrar disponibilidad, facilidad en la negociación y disponibilidad para bajar sus pretensiones, Vega Pedroza dijo con claridad: “Nosotros también debemos de ser concretos, el ejido ha acordado que si le pagan 1 mil 317 millones de pesos, el ejido estaría conforme; yo hice una reunión ya con los ejidatarios y aceptarían con tal de acabar con estas broncas, pero también ya no menos”.

Vale la pena recordar que el gobierno federal, mediante SCT y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ha valuado el predio en 60 millones de pesos, cifra obviamente que ha sido rechazada por los campesinos.

También es necesario apuntar que previamente, el Gobierno de Jalisco ha intentado actuar como mediador, sugiriendo a los ejidatarios de El Zapote, pedir una indemnización por 700 millones de pesos, pero la propuesta no se consideró justa.

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JALISCO

Prevén bloque Futuro, Hagamos, Morena y MC, para legalizar el aborto en Jalisco

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Por Mario Ávila //

Si bien en los 45 días que le quedan de vida a la presente legislatura, ya se advirtió que no se atenderá la recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para adecuar las leyes estatales y despenalizar el aborto, la presidenta del partido político estatal, Futuro, Susana de la Rosa, prevé que en la LXIII Legislatura local que inicia el primero de noviembre, se podría confirmar un bloque entre Futuro, Morena y MC, y no solo para dejar de criminalizar a las mujeres por esa acción, sino para legalizar el aborto en Jalisco.

Después de escuchar la declaración del presidente en turno del Congreso del Estado, el diputado Eduardo Sánchez Carrillo (PAN), que en la semana declaró que ellos no van a armonizar las leyes con la resolución que la tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no al menos mientras él sea el presidente, De la Rosa Hernández, dijo que era de esperarse.

La verdad de la legislatura actual -dijo-, no sorprende, porque no han querido avanzar en ninguna de las agendas relevantes para el Estado, lamentablemente; al contrario, han sacado sorpresas como esta última del Comité de Participación Social en la que les eliminan el ingreso dejando a la gente desprotegida, de hecho, fue una iniciativa inconstitucional y ahora la veta el gobernador. La verdad no sorprende lamentablemente el desempeño que ha habido en este Congreso actual.

Y sí -abundó-, esperemos que en la siguiente legislatura que arranca el 1 de noviembre salga adelante, especialmente por una mayoría notable de mujeres que ahí vamos a estar, aunque también hay hombres diputados que están a favor de esta agenda y que seguramente serán aliados para sacarla adelante.

Incluso desde ahorita ya estamos en conversaciones con diferentes colectivos, con expertos, con diputados y diputadas electas de las distintas fuerzas política, para ir viendo como en qué momento se habrá de presentar esta iniciativa, que tiene como objetivo principal promover una política pública integral, partiendo de un diagnóstico.

Habría que ver -expuso-, qué hacer para que realmente en Jalisco pueda ser una política pública de vanguardia y entregar una iniciativa completa, bien integrada y para ello estaré la siguiente semana en la Ciudad de México.

Anticipó que sí se podría convencer a algunos personajes del PRI “y entiendo que en el PAN hay principios y programas que desde ahí no están de acuerdo con esa postura, pero habrá que ver que opinan ya en el sentido desde un estado laico, democrático y plural”.

Y en el caso de los diputados de Movimiento Ciudadano, entre quienes se encuentran muchos con un origen panista, Susana de la Rosa se limitó a puntualizar: “Yo la verdad creo que debe haber una congruencia de lo que este partido dice a nivel nacional, ya que celebraron a nivel nacional lo que hizo la SCJN, entonces ojalá y esa congruencia se vea aquí, aunque sinceramente yo esperaría algunas diferencias, tal vez algunas personas de la fracción de MC no la apoyarían, pero yo creo que sí hay otras diputadas electas que sí. Ojalá y se permita esa diversidad que dice que hay al interior de ese partido para realmente poder estar a favor de esta agenda”.

Pero sobre quienes no dudó, en que apoyarán su propuesta, se expresó de la siguiente manera: “Hoy con su determinación, la SCJN ayuda a empujar todo, desde la modificación a la Constitución, la modificación a los Códigos Penales y eso viene muy bien y ojalá y Jalisco sea vanguardia en ese sentido, porque hay tres fuerzas políticas, tanto Hagamos, como Movimiento Ciudadano y Morena, en sus programas y en personajes que tienen a nivel nacional, están a favor de la garantía de los derechos de las personas y de ampliarlos. Entonces ojalá y haya esa congruencia para que en Jalisco también avancemos con esa agenda”.

VAN POR REFORMAS A DIVERSAS

Lo ambicioso de la propuesta de la futura diputada, Susana de la Rosa, presentada públicamente hace un par de semanas, se fortaleció con la participación histórica que tuvo en el tema la SCJN, por lo que la iniciativa en Jalisco, habla de la integralidad. “Estamos tomando en cuenta reformas a la Ley Estatal de Salud, en la Ley de Educación, en el Código Civil, en el Código Penal e incluso en la propia Constitución, esperando a ver qué otra cosa nos dicen los expertos y expertas, con los que vamos a estar platicando para ver qué más haría falta integrar a nuestra propuesta”.

Es decir, irían por una votación de mayoría calificada en la siguiente legislatura, lo que significa que contemplan la posibilidad de obtener al menos el voto a favor de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados.

Para fundamentar cada una de las propuestas, anticipó que ya envió oficios a diferentes secretarías del gobierno estatal, para tener la información suficiente y hacer este diagnóstico de las mujeres jaliscienses, esperado que haya colaboración en las secretarías de Salud, Igualdad Sustantiva, Planeación, entre otras.

Pretenden de una vez integrar despenalización, armonizando las leyes con la determinación de la SNJN, “pero esto no queda ahí, vamos también por la legalización del aborto, especialmente desde el enfoque de salud pública”.

Susana de la Rosa tiene dentro de su trayectoria, el ser psicóloga y pedagoga, con maestría en Ciencias Sociomédicas por la UdeG “y desde hace algunos 19 o 20 años cuando yo estaba en la universidad me tocó estar atendiendo casos que pasaban por estas dificultades, se les asesoraba, se les acompañaba para que tomaran una decisión, se les presentaban tres escenarios, su situación económica, su situación familiar y su red de apoyo y sobre ellos, ellas mismas decidían si podían continuar con el embarazo una vez que hablaban con su familia y encontraban apoyo para salir adelante; pero también había quienes tomaban la decisión de mejor sí intervenir el embarazo y a ellas se les daba el apoyo de ir hasta la Ciudad de México, porque lamentablemente en Jalisco no es legal la interrupción a partir de la toma de decisión.

Y aunque se ha avanzado en el caso del delito de violación, no se ha ejecutado como se debería desde la NOM 046, que se impulsó con nuestra fuerza política cuando Pedro Kumamoto estaba en la diputación, fue él junto con otro diputado, quienes propusieron que ya no fuera necesario que la infante o la adolescente tuviera que depender de una firma de su tutor para poderla intervenir a partir de este delito de violación”.

JALISCO, 4° ESTADO EN NÚMERO DE ABORTOS

Algunos de los datos en los que Susana de la Rosa ha basado su iniciativa, son los siguientes: “De acuerdo al INEGI, en 2019, Jalisco fue la cuarta entidad en abortos. En ese año hubo 509. Y ese dato desde información pública del sistema de salud del estado”.

El enorme problema es la cifra negra y la cantidad de mujeres que se ven solas y abandonadas por el Estado en esta situación. En una investigación de Frida Juárez en la revista Int Perspect Sex Reprod Health de 2019, se aplicó el método de estimación de aborto por complicaciones basado en el año 2009 y lo que se detectó y calculó es que en ese año hubo alrededor de 1 millón 25 mil abortos en todo el país, de los cuales alrededor de 70 mil sucedieron en Jalisco (de cada mil mujeres jaliscienses hubo 40 que abortaron) y de ese millón 25 mil abortos, solo fueron legales y bien atendidos 16 mil. Por eso es fundamental analizar este problema desde la perspectiva de la salud pública principalmente”, finalizó.

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JALISCO

Legalización del aborto: Postura ideológica vs un derecho humano; defensa legal y lucha social anticipan organismos provida 

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Por Mario Ávila //

A sabiendas de que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el caso de Coahuila, abre la puerta no solo para descriminalizar, sino para una eventual legalización de la práctica del aborto en México, las organizaciones sociales en favor de la vida, se alistan para lo que ellos saben, será la batalla más complicada de los tiempos modernos. 

Jaime Cedillo Bolívar, ex presidente y coordinador del Comité de Bioética del Frente Nacional por la Familia, analizó las consecuencias legales y sociales, de la resolución de la Corte y advierte que la defensa legal y la lucha social inicia ya, desde este lunes con una manifestación en el zócalo de la capital del país y por igual se replicarán movilizaciones en los próximos días, en diversas partes del país, especialmente en los 22 estados que tienen en sus leyes, asentado el concepto del respeto a la vida desde su concepción, entre ellos el estado de Jalisco. 

Sabemos -dijo-, que va a ser muy complicado, porque la postura ideológica de este gobierno es clara, van a favor del aborto, en contra de la vida, van por toda la carga ideológica en las leyes y entonces sí se nos viene un panorama difícil, yo creo que el más complicado de nuestra historia moderna aquí en el país, con respecto al respeto fundamental a la vida desde la fecundación; se nos viene el momento más complicado porque ciertamente han construido un andamiaje de interpretaciones que han subido a leyes a nivel internacional, porque debemos de considerar que este es un embate internacional y hay documentos que ponen en evidencia que Estados Unidos está presionando a México que le dé para adelante al supuesto derecho de la mujer para decidir, a través del aborto. Son temas internacionales que tienen agenda en México”. 

“Ante ello, vamos a hacer valer nuestra fuerza social, ya lo demostramos en varias ocasiones, simplemente en Jalisco el derecho a la vida existe en nuestra constitución por una iniciativa ciudadana que firmaron cerca de 60 mil personas, que se interpuso en el Congreso y fue votada por unanimidad. Es decir, la sociedad es la que llevó el derecho a la vida a la Constitución en Jalisco y varios de los estados, recientemente en Aguascalientes”, abundó.

“Aparte, nosotros hicimos marchas de protesta y de presión social e inclusive logramos frenar la iniciativa de Peña Nieto en el 2016 cuando salimos a la calle más de 1 millón de personas en todo el país, solamente aquí en Guadalajara fuimos 275 mil personas. Y con esa presión social logramos parar un paquete de reformas del mismísimo presidente”. 

Jaime Cedillo, quien fuera candidato a diputado federal por el PAN en el distrito 11 en la pasada elección, sabe que la sociedad va a jugar un papel fundamental en esta lucha. “Vamos a empezar con manifestaciones desde el próximo lunes 13 de septiembre frente a la SCJN, en el Zócalo y probablemente aquí en Jalisco también y vamos a preparar una serie de acciones sociales para hacerle sentir, tanto a la SCJN como a los legislativos de todo el país, que sepan que los mexicanos no queremos el aborto. La mayoría, es decir al menos 2 de cada 3 mexicanos estamos a favor de la vida y en contra del aborto. ¿Por qué nuestro presidente ahora no hace una consulta con este tema? Porque sabe que estaría perdido”, sentenció. 

Expuso Cedillo Bolívar, que el Frente Nacional por la Familia, ha diseñado la presentación de un proyecto en el que participan aquí en Jalisco alrededor de 150 organizaciones que habrán de salir a la calle en la defensa de la vida y a nivel nacional son más de mil agrupaciones y organismos de la sociedad civil que defienden la vida y la familia y que jugarán un papel fundamental haciendo valer esa fuerza.  

EN JALISCO, RECHAZAN ARMONIZAR LA LEY 

Con relación a la defensa legal, Jaime Cedillo adelantó que va a empezar un debate sobre la soberanía de los estados y la división de poderes, “porque el Poder Judicial no legisla, el Poder Judicial emite resoluciones… y pongo un ejemplo, cuando se llevó a cabo la resolución sobre el matrimonio igualitario, donde la SCJN declara inconstitucional la definición del matrimonio en el Código Civil de Jalisco, el Legislativo de Jalisco simplemente pone una nota al calce, pero no modifica el Código Civil. Aunque si bien es cierto que la SCJN como cabeza del Poder Judicial modifica el Código Penal al respecto, que fue el de Coahuila, lo que manda es una resolución, que es obligatoria para los jueces al momento de decidir la pena del aborto, pero en el caso de la Constitución, el Legislativo de cada estado tiene la facultad, por su soberanía, de legislar o no, una resolución de la SCJN. 

En el caso del Congreso del Estado de Jalisco, el presidente de la mesa directiva, diputado Eduardo Sánchez Carrillo (PAN), hace tres días declaró que ellos no van a armonizar las leyes con la resolución que la tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no al menos mientras él sea el presidente. Por ello, vamos a apelar a nivel nacional, a defender las constituciones de los 22 estados y la soberanía; basta de interferencia de imposición ideológica en la vida soberana de los estados, sentenció. 

CONFRONTACIÓN ENTRE UN DERECHO HUMANO, CONTRA UNA POSTURA IDEOLÓGICA 

Sobre lo ocurrido en la SCJN, Jaime Cedillo dijo: “Lo que ocurrió, es que en Coahuila se atentó contra el derecho a la vida, en donde la legislación la protege desde la concepción y se suma este nuevo acontecimiento con la resolución de la Corte el día de ayer (el jueves), donde a través de un debate sobre el momento en que comienza la vida del ser humano y si un Poder Legislativo como el de Sinaloa, tiene facultad o no, de proteger la vida desde la concepción. 

Estamos ente una confrontación de un derecho, que es constitucional y que es humano, que es el derecho a la vida y vamos a decirlo claro, es humano porque aparte está definido y establecido claramente en los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado, particularmente la Declaración Internacional de los Derechos Humanos en su artículo 3°, que dice que todas las personas tenemos derecho a la vida. Pero además en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 4° va más allá, dice incluso que tenemos derecho a la vida desde la concepción, entonces no hay duda de que es un derecho humano, como tampoco hay duda de que es un derecho constitucional, porque en 23 estados, salvo el jueves que atentaron contra Sinaloa, digamos que en la inmensa mayoría de los estados, en un proceso legislativo se ha definido la protección de la vida como un derecho humano desde el momento de la fecundación, en el caso de Jalisco el artículo 4° nos considera nacidos desde el momento de la fecundación con todos los derechos”. 

Y concluyó: “Es un derecho humano y es un derecho constitucional, que hoy lo están confrontando contra una simple interpretación ideológica de parte de algunos ministros, de algunos derechos de la mujer. Esto quiere decir que si ponemos a confronto un supuesto derecho de la mujer a decidir, contra el derecho a la vida del nasciturus, tendría que prevalecer el del nasciturus, sobre todo porque si le quitas ese derecho ya no puede gozar de ningún otro, porque se acabó; en tanto que si le quitas a la mujer el derecho a decidir sobre abortar o no, no le quitas ningún otro derecho”. 

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JALISCO

Se fortalece la Secretaría de Hacienda estatal: Reforma anticorrupción 2.0 crea unidad de inteligencia financiera

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Por Mario Ávila //

Autonomía técnica y de gestión para la Contraloría del Estado y sus entes municipales, la ampliación de las facultades de los órganos internos de control, la adición en el Código Penal de los delitos de defraudación fiscal, contra el ambiente y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como un sistema de profesionalización de los servidores públicos, son algunas de las modificaciones aprobadas por los diputados de la LXII Legislatura a 17 leyes y a la Constitución Política de la entidad para combatir la corrupción.

Punto destacado es la aprobación para que el Gobierno de Jalisco con los nuevos ordenamientos pueda crear la unidad de inteligencia financiera y se fortalecen las atribuciones de los órganos internos de control en donde se “genera la prevención tanto de malos procesos como de posibles actos de corrupción en tiempo presente, en todas las instancias, y de esta manera darle resultados a la sociedad civil.

Entre los cambios más sobresalientes a esta contrarreforma, destaca el hecho de que se permite la remoción de los integrantes del Comité de Participación Social por falta de probidad e indebido cumplimiento en el desempeño; se crea el Comité de Participación Ciudadana, con cargos que serán honoríficos y durarán dos años y se establece la obligación de los integrantes del Comité de Participación Social para informar al Poder Legislativo anualmente respecto a sus actividades.

Se establecen los principios de: rendición de cuentas, buenas prácticas, gobierno abierto y máxima exposición pública en la Ley de Compras; en casos de investigación para instaurar procedimientos de responsabilidad o auditoría, se permite a los órganos internos de control el acceso al Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales; se agrega el concepto de investigación de mercado para establecer precios máximos y mínimos de referencia de bienes, arrendamientos o servicios y deberá documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Aunado a ello, se evita la discrecionalidad y se impide que en la adquisición o arrendamiento de marcas determinadas; se faculta a la Secretaría de Hacienda Pública para que analice y genere reportes financieros de las entidades estatales para combatir recursos de procedencia ilícita; se modifican requisitos para ser titular de la procuraduría de Desarrollo Urbano; finalmente se actualizan las facultades a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

CONSEJEROS DEL CPS NO TENDRÁN SUELDO

Tres días antes, también el pleno de la LXI Legislatura local, con 25 votos a favor y 9 en contra, los diputados aprobaron reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, la cual especifica que los miembros del Comité de Participación Social no tendrán percepción alguna de ninguna naturaleza respecto a su nombramiento; la honorabilidad, trayectoria, independencia económica y capacidad probada, serán sus cartas acreditables; no gozarán de prestaciones garantizando así la independencia e imparcialidad a sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.

Lo anterior, con el fin de garantizar la veracidad e independencia del trabajo de los integrantes de dicho Comité, la reforma al artículo 16 de la Ley también contempla que los miembros no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité́ de Participación Social y a la Comisión Ejecutiva.

La iniciativa presentada por el diputado José de Jesús Hurtado Torres, en la sesión extraordinaria que encabezó el legislador Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, se dijo que de necesitar alguna modificación extra a lo aprobado, se realizará en lo subsecuente y en efecto, se formalizó en el segundo paquete de reformas aprobado el pasado viernes.

DOS AÑOS DE TRABAJO PREVIO

Para ejecutar esta trascendente reforma, se tuvo que realizar un importante trabajo dentro de las comisiones, particularmente en las de Puntos Constitucionales y Electorales, y de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, presididas por las diputadas Claudia Murguía Torres y Mirza Flores Gómez, en donde se acordaron previamente los dictámenes que reforman la Constitución y 17 leyes de Jalisco, a fin de establecer las nuevas normas de combate a la corrupción, que incluyen sanciones penales y multas, para lo que fue necesario un intenso trabajo legislativo durante casi dos años.

Resaltó particularidades en esta enmienda legal, como el hecho de que a quien adquiera o administre recursos de procedencia ilícita, se le impondrán de cinco a 15 años de prisión y multas de 1,000 a 5,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Insistió en la importancia que tendrán los órganos internos de control porque la reforma legislativa permite su habilitación en los municipios, a fin de que se incorporen a las acciones legales contra la corrupción, con las nuevas atribuciones que les permiten las reformas que dan origen al nuevo sistema y las facultades para que lo hagan.

Por su parte, Claudia Murguía Torres, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, así como los legisladores Mara Nadiezhda Robles Villaseñor y Manuel Alfaro Lozano, coincidieron en que las reformas también expresaron la importancia y utilidad que tendrán en la sociedad en general y particularmente en las instituciones públicas y privadas.

EL CPS DEBE TENER TOTAL INDEPENDENCIA

Particularmente el tema de quitar el sueldo a los 5 integrantes del Comité de Participación Social, fue una iniciativa impulsada por el diputado José de Jesús Hurtado Torres, quien refirió que “es importante que el comité tenga una total independencia de los otros órganos del poder y por ello sus integrantes no deberán tener ningún tipo de lazo, ni interés económico para ser vigilantes de los recursos públicos”.

De ahí que en sesión de trabajo, los legisladores aprobaron el dictamen que establece que los integrantes del Comité́ de Participación Social, no tendrán relación laboral alguna, por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva, y los nombramientos de las personas que lo integran serán de carácter honorífico, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la independencia e imparcialidad en sus aportaciones.

También, que los integrantes de dicho comité no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité́ de Participación Social y a la Comisión Ejecutiva.

COMBATIRÍAN MEDIDA EN LA SCJN

No obstante, en el futuro del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción de Jalisco seguramente ya se contempla la posibilidad de recuperar por la vía judicial, la remuneración de más de 88 mil pesos que venían devengando sus miembros, es decir la presidenta, Annel A. Vázquez Anderson y los consejeros, Nancy García Vázquez, Jesús Ibarra Cárdenas, David Gómez Álvarez Pérez y Pedro Vicente Viveros Reyes.

Otra opción que se tiene, es que tanto el CPS de Jalisco como la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana (CPC), han advertido que la determinación del Congreso de Jalisco de dejarlos sin sueldo, podrá combatirse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde aseguran, existen antecedentes que se resolvieron a favor de las instancias anticorrupción.

Incluso el pasado 26 de agosto, el CPS de Jalisco informó: “Es inconstitucional eliminar las contraprestaciones a los integrantes del CPS. La SCJN declaró inconstitucional una reforma similar en Baja California, porque: a) hay una Ley General que regula el tema y la reforma es contraria a ella; b) los integrantes de estos órganos ciudadanos están sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, con lo cual no se les pueden reducir sus contraprestaciones, y c) va en contra de los derechos y principios protegidos por la Constitución Federal y diversos tratados internacionales”.

ANTECEDENTES SIMILARES EN OAXACA, VERACRUZ Y DURANGO

Jorge Alatorre, ex presidente del CPS del SEAJAL e integrante del CPC del SNA, expuso que ha habido muchos intentos similares, en diferentes congresos de los estados y recordó: “En el caso de Oaxaca lo que decidieron es para poder quitar a todos los integrantes del CPC, los integrantes del órgano garante de transparencia decidieron cambiarles el nombre, para entonces quitarlos y nombrar a los nuevos, ante un contexto que le fue adverso a Morena y así poder imponer a los suyos; en Veracruz Morena también les redujo a la mitad sus contraprestación y luego les bajó a la mitad de la mitad; en Durango también, en donde gobierna el PRI, están diciendo que hay corrupción porque hay un CPC y son esas mismas las intenciones.

Efectivamente, creo que se está buscando una especie de chivo expiatorio, pero además ha quedado claro que en algunos lugares los CPC han comprendido que un CPC cómodo es un CPC que solo está de paso. El CPC no debe ser necesariamente la piedra en el zapato de los gobernantes, pero de ninguna manera tampoco su plantilla. Tiene que estar en un equilibrio importante en donde se está buscando no el escándalo, pero sí llamar la atención de la forma suficientemente respetuosa, enérgica y fundamentada, cuando existan abusos y excesos”, expuso.

Además, en su participación en el programa “Los Sótanos del Poder”, planteó: “Hay que diferenciar la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad, son dos luchas paralelas, interconectadas pero diferentes. Si creemos que la lucha contra la corrupción va a ser exitosa por la cantidad de personas que metemos a la cárcel, están equivocados. Esa no es la lucha, la lucha no es cuántos metemos a la cárcel, aunque aquellas personas que traicionan la confianza pública merecen todo el castigo de la ley, sin embargo, la lucha y los resultados tiene que verse en las oportunidades que estamos cerrando para que abuse este gobierno, el que viene o el que sigue”.

Sobre el dejar sin sueldo a los integrantes del CPS, dijo que “es la única instancia del Sistema, que ni tiene presupuesto, ni tiene estructura, lo único que tenía era una contraprestación salarial para subrogar los gastos propios de su acción, para evitar sus conflictos de interés. Nada más caro que un consejero honorífico, aquellos que confunden honorífico con honorable, necesitan checar el diccionario o bajarle a su demagogia”, puntualizó.

SIN LA SOCIEDAD, FRACASO SEGURO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por su parte, Annel Vázquez, presidenta del CPS del SEAJAL, sentenció que es indispensable que exista el CPS “porque para eso se hizo la ley, combatir la corrupción, sentando en la misma mesa a las instituciones que ya tenían esa tarea y por otro lado era integrar a la sociedad civil en esta lucha. Si la corrupción es el sistema, la solución no puede venir del sistema mismo, tiene que venir de afuera del sistema, desde un ente ciudadano; por ello, si no existiera el CPS, no tendría ningún siendo que existiera el Sistema Anticorrupción, mejor nos quedamos como estábamos. El CPS es los ojos y la voz ciudadana, y si no se incluye a la sociedad en la lucha contra la corrupción, no se tendrá éxito de ninguna manera”, dijo.

EL PODER HA DESARTICULADO A GRAN PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

Andrés Barrios, activista e integrante de la plataforma de comunicación, Tómala, hizo una reflexión muy importante, que prácticamente se convirtió en una denuncia, al recordar: “Hay una desarticulación en la lucha contra la corrupción por parte de la sociedad civil, si vemos las mesas interinstitucionales de Aristóteles allá en el lejano 2017, veíamos reunidos a los representantes de 23 organismos de la sociedad civil y hoy, lamentablemente 10 ya son parte de la Refundación, ya están dentro del gobierno; esto se ve reflejado en que la lucha anticorrupción, hoy ya es parte de los que corrompen y eso es muy preocupante”.

Incluso reclamó que se debe replantear qué significa tener al CPS, al INAE, al ITEI, para que la gente en la calle pueda responder cuando le preguntes si le sirve para algo o si se desaparece a tal o cual organismo. “Ahí tenemos la necesidad de traducir todo este sistema, para que a la gente le haga sentido y se apropie de ellos. Debemos bajarlos y platicarlos con la sociedad, qué significa lo que estamos haciendo, nos hace falta mucho explicarle al ciudadano común”.

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