JALISCO
Criminalizar la protesta: «Proceso (a estudiantes) amañado, con mentiras y fabricación de delitos», acusa UdeG

Por Diego Morales Heredia //
Son estudiantes no criminales, es el grito de denuncia que hace la Universidad de Guadalajara (UdeG) ante la detención de los estudiantes Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas por manifestarse en contra de la construcción de un complejo habitacional en un espacio destinado a un parque, por lo cual trabajan en estado de emergencia y exigen su inmediata liberación.
Considerando un proceso plagado de irregularidades al dictarle prisión preventiva oficiosa a los estudiantes universitarios, la máxima casa de estudios jaliscienses afirman que la audiencia fue un proceso amañado, basado en mentiras y con fabricación de delitos fuera de la ley, en la cual el juez Felipe de Jesús Rivera no permitió que los jóvenes se defendieran y además, acusan un conflicto de interés, ya que esposa del juez Rivera es funcionaria en el Gobierno Municipal de Guadalajara, con participación jurídica en las sesiones de Cabildo, donde se aprobaron los compromisos con Iconia.
PRESOS POLÍTICOS
Entrevistado por el programa “El Expresso de las 10”, Juan Carlos Guerrero Fausto, abogado general de la UdeG, aclaró la situación legal de los tres estudiantes universitarios, negando rotundamente las acusaciones que los llevaron a quedarse en la penal de Puente Grande y asegurando que son presos políticos de un gobierno represor encabezado por Enrique Alfaro.
«Se les acusa de invadir un predio que originalmente fue comprado por el Ayuntamiento de Guadalajara en 1980, un predio que fue ilegalmente cedido a intereses de capitales extranjeros en 2007, un predio que se ha convertido en la caja chica y el botín de mediano plazo de varios gobernantes, entre ellos de quien deshonrosamente habita la Casa Jalisco actualmente».
«Esta empresa, en 2021 promovió un juicio de tutela de derechos, promovió el desalojo violento de más de cien activistas, entre estudiantes, vecinos de Huentitán, algunos otros colectivos ambientalistas del Parque Resistencia Huentitán, el único delito era apropiarse de un espacio público que seguía perteneciendo a los ciudadanos ya que las empresas jamás han cumplido con su convenio, sembrar arbolitos, instalar mobiliario urbano, generar actividades culturales, eso es el delito y les mandaron la fuerza del estado para desalojarlos con violencia».
Agregó: “Año y medio después, de manera sospechosa el Ministerio Público termina de integrar la carpeta de investigación, la remite al juez de origen, Felipe Rivera, al encontrarse de vacaciones un juez diverso conoce la solicitud de la realización de la audiencia de vinculación a proceso. Los estudiantes tenían COVID19, no pudieron acudir y en un intento desesperado el mismo juez les fijó la audiencia el 29 de diciembre, no se pudo celebrar y cuando llega el juez que conoce la causa, con mucha sorpresa nos enteramos que fijó la audiencia, los estudiantes con mucho valor e interesa decidieron presentarse porque no cometieron ningún delito, están conscientes que son perseguidos políticos por criticar al gobierno de Enrique Alfaro”.
Reiterando que el proceso está lleno de irregularidades, Guerrero Fausto precisó que la audiencia se llevó a cabo en privado y se hizo el uso excesivo de la fuerza, por lo cual ya están trabajando en la defensa de los estudiantes, que deben tener la conciencia tranquila de que no hicieron más que defender con dignidad los derechos de los ciudadanos y el medio ambiente.
“Con cuatro Ministerio Públicos, tres abogados asesores de las empresas, para inculpar a tres estudiantes, es un despropósito. Dieron mucho peso a los testimonios de cuatro personas, vinculadas a las empresas, que le resta veracidad y legitimidad a las declaraciones, diciendo que los estudiantes y ambientalistas se posesionaron del predio, que se les vieron armas de fuego, testimonios calcados, pero tenemos esperanza que exista el de derecho en el país”.
Subrayó: “De manera ilegal, de manera inmoral, no existe un solo video que acredite armas, no existe un arma, si había armas el día que decenas de policías los desalojaron, hubieran encontrado armas, no encontraron una sola arma, que no fueran las armas, picos y los arbolitos que sembraron en ese predio estos estudiantes. El juez con cinismo dice que la determinación es apelable, y se levantó la sesión. No tenemos duda que los estudiantes detenidos son presos políticos, de un estado que se está cayendo a pedazos”.
LA INJUSTICIA MÁS GRANDE QUE HA VIVIDO
Que se metan conmigo, pero que se metan con tres estudiantes sí duele, sí indigna, fueron las palabras de Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, quien considera que la arbitraria detención de los tres universitarios es una de las injusticias más grandes que ha vivido y no pararán junto con la comunidad universitaria hasta que Javier, Iván y José regresen a sus hogares sanos y salvos.
“Tres papás, tres mamás, no duermen bien, porque sus hijos están en la penal. Estudiantes que no merecían dormir 144 noches en un parque, porque eso fue lo que hicieron, se fueron a dormir para defender un parque con los vecinos de Huentitán, la peor noticia es que un año después que los desalojaron con violencia, tuvieron que pasar una noche más fuera de sus casas, ahora en el penal de Puente Grande. Me parece una de las injusticias más grandes que he vivido”.
Añadió: “Tener que acompañarlos al penal y no regresar con ellos, fue duro, vivimos días duros, tenemos tres hijos de la Universidad en la cárcel por una injusticia. No podemos permitir que un gobernador se salga con la suya de esta manera. Que se meta conmigo, pero que se metan con tres estudiantes sí duele, sí indigna. Hago un llamado al juez que llevará esta audiencia para que nos regrese la esperanza a todos los jaliscienses de que Jalisco tiene un poder judicial que sabe ponerse enfrente de las mezquindades de los gobernantes en turno”.
PLANTÓN EN CASA JALISCO HASTA QUE LOS LIBEREN
Las oficinas de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) se trasladaron a Casa Jalisco, y ahí seguirán hasta que los tres compañeros universitarios regresen a sus casas, afirmó Zoé García Romero, presidenta de la FEU, quien lamentó el precedente que se está sentando en un estado donde salir a manifestarse es motivo para terminar en la cárcel.
“Tenemos esperanza de poder estar con nuestros compañeros. Tres estudiantes de Jalisco están encarcelados por defender una causa justa, una lucha de todas las personas, por defender el espacio público, que sería un lugar para concentrar la recreación y abonarle a lo ecológico. Esto es algo que marca un precedente histórico, tiene que ser recordado como un día triste en el estado, donde hubo un atentado a los derechos humanos, hay ilegalidad, la prisión preventiva que le dicta el juez es una ilegalidad, es un delito”.
Agregó: “Dicen que nuestros compañeros estaban armados el día que entraron al Parque Resistencia Huentitán, esa es la declaración de la defensa. Las empresas le dijeron que quitaban los cargos si pedían una disculpa pública, de qué se trata, son tres estudiantes encarcelados y no lo vamos a permitir, no nos vamos a mover de Casa Jalisco hasta que tengamos de vuelta a nuestros compañeros”.
La líder estudiantil manifestó que no bajarán los brazos, seguirán alzando la voz ante la injusticia en esta arbitraria detención, pero también ante los tantos temas que lastiman a Jalisco.
“¿Ahora las juventudes no vamos a podernos manifestar por nada?, esto quiere decir que, si salgo a hacer una marcha por los desaparecidos, o contra la violencia de género, si hacemos algo contra el calentamiento global, nos van a encarcelar, eso cuesta alzar la voz en Jalisco, que te metan a prisión. No son solo estudiantes de la Universidad de Guadalajara, son jóvenes que están luchando por algo que es de la ciudadanía”.
Apelando a la frase de Salvador Allende que dicta que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, y con una visión crítica, como lo fue la gestión anterior de la FEU, Zoé García se fue contra el gobernador de Jalisco, el cual considera es un represor y no respeta la división de poderes, por lo cual seguirán en la lucha sin dar marcha atrás.
“Dicen los diputados y políticos de Movimiento Ciudadano, el mismo gobernador, que es un pleito entre privados, que es una empresa denunciando a alguien que cometió un delito, lo que no dicen es que ellos tienen que ver con ese negocio, por eso el gobernador presionó al juez para que hiciera esa ilegalidad para meter preso a nuestros compañeros, donde incluso la Suprema Corte declaró que atenta contra los Derechos Humanos, están haciendo todo mal, no creíamos que se atreverían a tanto, nos demostraron que en Jalisco no existe la división de poderes, que todos son lacayos de lo que se dicta de Casa Jalisco, el congreso está esperando las noticias que les digan qué decir, estamos en un estado fallido y represivo, Enrique Alfaro es un represor, lo sostenemos y no nos vamos a echar para atrás”, puntualizó.
LAS CARTAS DE JAVIER ARMENTA
El equipo de comunicación de Javier Armenta ha publicado en las redes sociales del ex presidente de la FEU cartas que ha escrito el joven estudiante privado de su libertad junto con Ilich Cisneros y Alexis Rojas. En la primera, asegura que se llena de orgullo e inspiración saber que cientos de estudiantes, profesores, trabajadores y activistas acampan en Casa Jalisco, “es una inspiración ver cómo la semilla de la resistencia sigue floreciendo”, escribe.
Ante la petición de las empresas de retirar los cargos a cambio de una disculpa pública, escribe: “¡Jamás lo haría!, los verdaderos delincuentes son ellos que le están robando a la ciudad con el apoyo del gobernador un parque (…) disculparme no es opción. Dicen que usamos las armas, mienten, mis libros e ideas son las únicas armas con las que luchamos. Podrán encerrar mi cuerpo, pero no mis ideas, ni mi historia, ni nuestra sed de justicia, ni las semillas de resistencia que sembramos en las personas”.
En el último de los escritos hasta el cierre de esta edición, el ex líder estudiantil lamentó que en Jalisco ninguno de los elementos de la Fiscalía que torturaron a estudiantes por el caso de Giovanni hayan pisado la cárcel, y que los asesinos del ex gobernador Aristóteles Sandoval sigan prófugos e impunes, en cambio, él y sus compañeros sí estén en Puente Grande.
“Alexis, Ilich y yo llevamos dos noches presos por defender un parque, lo que el gobierno de Guadalajara no defiende. A mí la UdeG no me enseñó a seguir ordenes, me enseñó a pensar y trabajar, me enseñó la dignidad de la desobediencia. La justicia tarda, pero llega”, firma.
UN JUEZ INDIGNO Y ARBITRARIO
Opinión de Luis Octavio Cotero Bernal //
Es una gran satisfacción para mí saber que la Universidad de Guadalajara está integrada por jóvenes valientes, honorables, respetuosos, dignos, con valor civil, dignidad, con casta para defender nuestra institución, lo propio y lo de la sociedad, como lo demostraron con sus actos y que, hoy se les reclaman y que no son otra cosa más que infundios de la Fiscalía del Estado y de un Juez indigno, arbitrario, injusto al aceptar una carpeta de investigación y judicializar los hechos imputados a los jóvenes, Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas que no constituye ningún delito, toda vez de que los actos que se les imputan como tales han sido en defensa legítima del patrimonio de la ciudad y de la comunidad tapatía.
Cómo se han desarrollado los hechos históricos y que, todos los acuerdos que delictuosamente han tomado los cabildos municipales de las diversas administraciones, son insuficientes para modificar el decreto del Congreso del Estado que tiene un fin determinado como fue, el de la adquisición de un predio por el Ayuntamiento Taptio, para un fin determinado totalmente diverso al que se le pretende dar. Razón por lo cual, el supuesto ofendido, que es reconocido por la Fiscalía y por el enajenado Juez de la causa, carece de ligitimidad para reclamar derecho alguno y mucho menos para que se reconozcan por la autoridad jurisdiccional lo que en estricto derecho hace totalmente ilegal, el procedimiento y por ende, cualquier imputación a los jóvenes, que hoy estan injustamente y ilegalmente detenidos.
Incurriendo dichas autoridades en el delito de abuso de autoridad a los que se deberá reclamar la responsabilidad penal y administrativa en las que están incurriendo y el daño moral, psicológico que se está causando. Lo que ratificó en todas y cada una de sus partes.
JALISCO
Una policía de proximidad con los ciudadanos permite cifras alentadoras en seguridad: Verónica Delgadillo

– Por Francisco Junco
La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó un balance de seguridad que, aunque reconoce la ausencia de números positivos en un tema tan sensible, destacó avances alentadores.
Durante la conferencia, la edil enfatizó que, mientras haya víctimas de violencia o pérdida de vidas, no se pueden celebrar las cifras, pero sí valorar el progreso logrado en los últimos nueve meses como un paso hacia una ciudad más segura.
Delgadillo detalló una estrategia integral que combina coordinación con el estado y la federación, con la policía de proximidad como eje central. Esta iniciativa ha fortalecido la comunicación mediante chats vecinales y corredores comerciales, además de incorporar y capacitar a nuevos policías.
Los resultados incluyen el desmantelamiento de 21 bandas delictivas, la detención de 7,831 presuntos delincuentes (6,072 por faltas administrativas y 1,759 por delitos), y el aseguramiento de 725 vehículos, 282 motos y 259 armas de fuego, según informó.
La alcaldesa citó datos de la Fiscalía en temas de delitos registrados:
La incidencia delictiva ha disminuido: homicidios (-16%), robo a cuentahabientes (-70%), robo a negocios (-46%), robo a personas (-36%), robo a autos (-20%), robo a casa habitación (-17%) y robo de autopartes (-30%).
La edil subrayó que estos resultados trascienden Guadalajara, impactando toda el área metropolitana, y no se limitan a más patrullas, sino a mejorar servicios y espacios públicos.
Con 1.4 millones de habitantes y una población flotante de tres millones diaria, además del 94% de las manifestaciones y la concentración de poderes gubernamentales, Guadalajara enfrenta dinámicas únicas que exigen un enfoque especial.
La estrategia se sustenta en cuatro pilares: seguridad ciudadana con proximidad, servicios y espacios públicos, política social con enfoque de cuidados, y generación de condiciones de seguridad.
Delgadillo destacó el cambio a un modelo de “comunidades” (antes polígonos), que fomenta la convivencia y descentraliza servicios, optimizando recursos. “Hemos consolidado un modelo que dialoga entre comisarios, comandantes y servicios públicos por comunidad”, explicó.
Ante los retos pendientes, Delgadillo llamó a la corresponsabilidad ciudadana. “No basta con el gobierno; necesitamos que todos cuidemos Guadalajara. Este cambio de paradigma, frente a un enfoque asistencialista federal, pone a las personas al centro”, concluyó, invitando a líderes y ciudadanos a sumarse para enfrentar los desafíos compartidos.
Estas cifras no son positivas, son alentadoras: Verónica Delgadillo
Este jueves 10 junio, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó los avances que se han realizado en materia de seguridad, donde aseguró que no es solamente presentar datos en esta materia, sino de varios rubros que contribuyen a una estrategia global que realiza el ayuntamiento y contribuyen a tener una comunidad mas segura, y resaltó que las cifras presentadas no son positivas, sino alentadoras.
“Sé que nunca hay números positivos cuando hablamos de seguridad. Mientras hay una persona que pierda la vida, que es afectada por un producto, que sea lastimada por un acto de violencia, nunca hay números positivos. Pero estos son números alentadores, no positivos. Sabemos que no para aquí y que tenemos que seguir trabajando para que avance y demos todavía mejores resultados”, aseguró.
Para cuidar de los tapatíos, el Gobierno de Guadalajara, dijo, ha impulsado una estrategia integral de seguridad basada en una coordinación efectiva con el Estado y la Federación. Uno de los pilares principales del Gobierno es la Policía de Proximidad, donde los vecinos conozcan a quienes los están cuidando, por ello se han fortalecido los chats vecinales y en los corredores comerciales para mantener una comunicación cercana con los habitantes.
También, se ha fortalecido a la policía con la contratación de nuevos policías, a quienes se les capacita en el tema de la proximidad. La primera edil destacó que, en estos primeros nueve meses de gestión, han logrado desmantelar a 21 bandas delictivas que operaban en la ciudad, y de acuerdo con los datos proporcionados, se han detenido a 7 mil 831 presuntos delincuentes, 6 mil 72 por faltas administrativas y 1 mil 759 por diversos delitos.
Además, informó se aseguraron 725 vehículos, 282 motos y 259 armas de fuego, esto dijo, “ha permitido que la incidencia delictiva vaya a la baja, según datos de la Fiscalía. El periodo es de 1 de octubre al 30 de junio.
“El trabajo de inteligencia para el control delictivo nos ha permitido desarticular 21 células detenidas. Quiero que veamos lo que esto significa. Son 21 bandas, no hay ningún municipio en el área metropolitana que haya desarticulado tantas bandas delictivas. Pero ellos no sólo robaban en Guadalajara, no sólo cometían delitos en Guadalajara, lo hacían en toda el área metropolitana, lo que quiere decir que el trabajo que hemos emprendido en Guadalajara también impacta en el resto de los municipios”, puntualizó.
En sus datos, que compartió en la presentación aseguró que los homicidios han disminuido un 16 por ciento, el robo a cuentahabientes, se ha logrado disminuir hasta en un 70 por ciento, el robo a negocios es menor en 46 por ciento, robo a personas ha bajado en 36 por ciento, mientras el robo a autos señala que ha disminuido e 20 por ciento, el robo a casa habitación y el robo de auto partes, también han disminuido en un 17 y 30 por ciento respectivamente.
“El Gobierno de Guadalajara trabaja para fortalecer a su policía, pero también en mejorar los servicios y espacios públicos, ya que la inseguridad no se combate sólo con más patrullas o policías, sino con una estrategia integral de cuidados que fomenta la construcción de comunidad y el apoderamiento de los espacios”, insistió Verónica Delgadillo.
La primera edil señaló que se debe tener claridad el contexto en que se encuentra la capital de Jalisco, y apuntó que Guadalajara no es igual que el resto de los municipios de la zona metropolitana, ya que tiene una dinámica particular, “lo que vivía hace un año en nuestra ciudad,
cuando nosotros recibimos el gobierno Guadalajara, estaba atravesando por una crisis de basura, que la experimentábamos en todas las calles”.
Agregó que la ciudad cuenta con un millón 396 mil habitantes, pero todos los días hay una población flotante que alcanza los tres millones de personas, lo que quiere decir que se duplica la población que llega y requiere los servicios de la ciudad, además refirió que el 94 por ciento de las manifestaciones se realizan en Guadalajara, y concentra los tres poderes de los tres órdenes de gobierno, “estas dinámicas son particulares de la ciudad para, poder evaluar a Guadalajara, hay que mirarlo desde este punto”.
Destacó que la disminución de los delitos y el desmantelamiento de los grupos delictivos, no es más que el reflejo de la coordinación interinstitucional y operativos que tienen para crear entornos más seguros la capital de Jalisco y agregó que también tiene que ver la armonización de un enfoque que está basado en la nueva ley general del sistema nacional de seguridad pública, que se basa en los qué y en los quiénes.
“Estamos reforzando la seguridad ciudadana, o como algunos expertos llaman, la seguridad humana. Y esta seguridad se enfoca en los cómos, en los objetivos que se sustentan en cuatro pilares fundamentales. El primero tiene que ver con la seguridad ciudadana con proximidad, “lo que buscamos con esto, es reducir la incidencia delictiva, por ejemplo, reducir los conflictos comunitarios”.
“El segundo pilar, son los servicios y espacios públicos. Porque esto nos permite mejorar la presencia de seguridad, y también trabajar con un plano, para poder construir dinámicas mucho más sanas por la ciudadanía. El tercer pilar, es la política social, en nuestro caso, con enfoque de cuidados. La política social sin las brechas de desigualdad, que son las causas, en gran medida, de la violencia, de las conductas delictivas, de las faltas administrativas, y también de muchos conflictos comunitarios”.
“En el cuarto pilar, ese es un plus de nuestra visión y nuestra estrategia, se basa en la generación de condiciones de seguridad. Es decir, todos y todas tenemos que participar en la generación de condiciones de seguridad”, precisó.
También, explicó que un fator que ayuda a la disminución e incidencia delictiva , fue el haber coordinado el “lenguaje territorial”, ya que antes se hablaba de zonas o distritos para los servicios o polígonos en temas de seguridad, pero ahora se habla de 11 comunidades, que eran los polígonos.
“Decidimos llamar comunidades, porque le ajustamos a la fortaleza de lo que significa tejer, como la base social para la mejor convivencia y para la prevención de las violencias. Y es así también que, este modelo nos permite concentrar capacidades, descentralizar los servicios donde más se necesita, y trabajar comunidad por comunidad. De esta manera, a lo largo de estos nueve meses, hemos sido consolidando un modelo que nos permite mejorar los recursos y los procesos, para que dialoguen en principio, para que el comisario, el comandante, los de servicios públicos, puedan totalizar por comunidad esos esfuerzos”, explicó.
Verónica Delgadillo aseguró que ante la exigencia de la ciudadanía no le permite rendirse y que los retos siguen “y que son muchísimos”, por lo que este día más que presentar números y estrategia de seguridad, es una evaluación para observar que cada acción que prende el gobierno, “no es una ocurrencia, no es que sale bonito, no es que fuimos a ver lo que estamos viviendo, es que estamos atendiendo el tema más importante para las mexicanas y mexicanos que es la seguridad”.
“Aprovecho que están aquí líderes, lideresas, hombres y mujeres que valen muchísimo para la dinámica diaria de Guadalajara. Hoy les quiero pedir a nombre de nuestro gobierno que hagan equipo con nosotras y con ustedes. Ningún esfuerzo va a ser suficiente si no entendemos que esta ciudad se sostiene también por ustedes, que esta ciudad necesita que todas y todos lo cuidemos, que esta ciudad necesita de corresponsabilidad”, solicitó la presidenta de Guadalajara.
Y concluyó que el cambio de paradigma, frente a un gobierno federal que es meramente asistencialista porque no atiende las causas, la propuesta de Guadalajara es que poner a las personas al centro, “que ustedes nos ayuden a gobernar, que ustedes también nos ayuden a que las cosas cambien asumiendo su responsabilidad. El gobierno de Guadalajara tiene como pilar transversal la corresponsabilidad”.
“Este gobierno cree que cuando todas y todos cuidamos lo que es de todos, y lo que es de todas y todos, es Guadalajara. Esta ciudad puede seguir floreciendo con mejores oportunidades, los retos que están por venir tenemos que asumirlos como retos compartidos”, finalizó.
JALISCO
Tortuguismo del INDAABIN frena justicia para la Comunidad Indígena de Mezquitán

– Por Redacción Conciencia Pública
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) muestra una vez más su desprecio por la justicia al ignorar la orden del Tribunal Agrario, que le dio un plazo de 10 días para entregar el avalúo necesario para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) cumpla con un adeudo pendiente desde 2004 con la Comunidad Indígena de Mezquitán.
Este acto de tortuguismo burocrático perpetúa una espera de 21 años para los comuneros, quienes exigen justicia por la ocupación de sus tierras.
El plazo de 10 días ya venció, y el silencio de INDAABIN no solo desafía la autoridad del Tribunal Agrario, sino que retrasa aún más el pago que la SICT debe realizar a la comunidad por la ocupación de 269 mil metros cuadrados de tierras comunales, destinadas a la ampliación de la carretera federal Guadalajara-Ixtlahuacán del Río.
Este avalúo, que debe actualizar los valores catastrales a precio comercial, es la última barrera para que los indígenas de Mezquitán reciban la compensación ordenada por los tribunales.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente de la Comunidad Indígena de Mezquitán, expresó su indignación: “Es desesperante. Llevamos más de dos décadas luchando por nuestros derechos. Los tribunales nos han dado la razón una y otra vez, pero la SICT se ha negado a cumplir, y ahora INDAABIN nos pone otro obstáculo con su lentitud. Exigimos que cumplan con su deber para que se nos haga justicia”.
La sentencia del Tribunal Agrario es clara: INDAABIN debe actualizar los valores de los terrenos ocupados, ya que los montos de hace 21 años están completamente desfasados.
Sin este avalúo, la SICT no puede proceder al pago, prolongando una deuda que ya lleva más de dos décadas sin resolverse.
Los comuneros denuncian que esta demora no es más que una táctica dilatoria que perpetúa la injusticia y vulnera sus derechos.
El caso de Mezquitán es un ejemplo alarmante de cómo la burocracia puede convertirse en una herramienta para retrasar la justicia. La comunidad no solo ha ganado en los tribunales, sino que ha demostrado su paciencia y tenacidad frente a un sistema que parece decidido a ignorarlos.
¿Cuánto más tendrán que esperar los indígenas de Mezquitán para que INDAABIN deje de lado su tortuguismo y cumpla con su obligación?
La justicia no puede seguir siendo rehén de la ineficiencia.
JALISCO
El IEPC bajo sospecha

– De Frente al Poder, por Óscar Ábrego
¿Qué gana el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) con la aprobación de lineamientos que atentan contra la legalidad y los derechos de los varones?
¿En verdad el tema de la paridad es un asunto inacabado, cuando existen muestras suficientes de que los partidos políticos han asumido su responsabilidad de normar los criterios relativos a la equidad y el equilibrio del ejercicio del poder en la función pública?
¿Quién o quiénes tienen el interés de provocar un falso debate sobre la ya superada lucha de géneros en materia electoral?
¿Saldrán a la luz los nombres de los superasesores que contribuyeron a incrementar el descrédito en el que se encuentra este organismo?
¿Cuánto se les paga por este tipo de barbaridades?
¿Para qué validar una serie de criterios absurdos e inconstitucionales, a poco más de un año de que comience de manera formal el proceso electoral?
¿Por qué no se hicieron consultas públicas y plurales a fin de conocer la opinión profesional de especialistas en la rama electoral?
Estas preguntas se asoman en medio de la oscuridad en la que opera el Instituto.
Pero mientras las respuestas brotan en medio del fangal de su demérito, bien vale la pena decirle a quienes pretenden implantar la idea de que somos machistas los que nos oponemos al pisoteo de los derechos de los hombres, que dicha opinión es tan básica y carente de sentido, que insulta a quienes desde la trinchera masculina hemos acompañado y defendido las causas femeninas.
Si vamos a deliberar al respecto, que sea de manera seria, al margen de las narrativas pobres y hepáticas.
En X: @DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.
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