Por Diego Morales Heredia //

Son estudiantes no criminales, es el grito de denuncia que hace la Universidad de Guadalajara (UdeG) ante la detención de los estudiantes Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas por manifestarse en contra de la construcción de un complejo habitacional en un espacio destinado a un parque, por lo cual trabajan en estado de emergencia y exigen su inmediata liberación.

Considerando un proceso plagado de irregularidades al dictarle prisión preventiva oficiosa a los estudiantes universitarios, la máxima casa de estudios jaliscienses afirman que la audiencia fue un proceso amañado, basado en mentiras y con fabricación de delitos fuera de la ley, en la cual el juez Felipe de Jesús Rivera no permitió que los jóvenes se defendieran y además, acusan un conflicto de interés, ya que esposa del juez Rivera es funcionaria en el Gobierno Municipal de Guadalajara, con participación jurídica en las sesiones de Cabildo, donde se aprobaron los compromisos con Iconia.

PRESOS POLÍTICOS

Entrevistado por el programa “El Expresso de las 10”, Juan Carlos Guerrero Fausto, abogado general de la UdeG, aclaró la situación legal de los tres estudiantes universitarios, negando rotundamente las acusaciones que los llevaron a quedarse en la penal de Puente Grande y asegurando que son presos políticos de un gobierno represor encabezado por Enrique Alfaro.

«Se les acusa de invadir un predio que originalmente fue comprado por el Ayuntamiento de Guadalajara en 1980, un predio que fue ilegalmente cedido a intereses de capitales extranjeros en 2007, un predio que se ha convertido en la caja chica y el botín de mediano plazo de varios gobernantes, entre ellos de quien deshonrosamente habita la Casa Jalisco actualmente».

«Esta empresa, en 2021 promovió un juicio de tutela de derechos, promovió el desalojo violento de más de cien activistas, entre estudiantes, vecinos de Huentitán, algunos otros colectivos ambientalistas del Parque Resistencia Huentitán, el único delito era apropiarse de un espacio público que seguía perteneciendo a los ciudadanos ya que las empresas jamás han cumplido con su convenio, sembrar arbolitos, instalar mobiliario urbano, generar actividades culturales, eso es el delito y les mandaron la fuerza del estado para desalojarlos con violencia».

Agregó: “Año y medio después, de manera sospechosa el Ministerio Público termina de integrar la carpeta de investigación, la remite al juez de origen, Felipe Rivera, al encontrarse de vacaciones un juez diverso conoce la solicitud de la realización de la audiencia de vinculación a proceso. Los estudiantes tenían COVID19, no pudieron acudir y en un intento desesperado el mismo juez les fijó la audiencia el 29 de diciembre, no se pudo celebrar y cuando llega el juez que conoce la causa, con mucha sorpresa nos enteramos que fijó la audiencia, los estudiantes con mucho valor e interesa decidieron presentarse porque no cometieron ningún delito, están conscientes que son perseguidos políticos por criticar al gobierno de Enrique Alfaro”.

Reiterando que el proceso está lleno de irregularidades, Guerrero Fausto precisó que la audiencia se llevó a cabo en privado y se hizo el uso excesivo de la fuerza, por lo cual ya están trabajando en la defensa de los estudiantes, que deben tener la conciencia tranquila de que no hicieron más que defender con dignidad los derechos de los ciudadanos y el medio ambiente.

“Con cuatro Ministerio Públicos, tres abogados asesores de las empresas, para inculpar a tres estudiantes, es un despropósito. Dieron mucho peso a los testimonios de cuatro personas, vinculadas a las empresas, que le resta veracidad y legitimidad a las declaraciones, diciendo que los estudiantes y ambientalistas se posesionaron del predio, que se les vieron armas de fuego, testimonios calcados, pero tenemos esperanza que exista el de derecho en el país”.

Subrayó: “De manera ilegal, de manera inmoral, no existe un solo video que acredite armas, no existe un arma, si había armas el día que decenas de policías los desalojaron, hubieran encontrado armas, no encontraron una sola arma, que no fueran las armas, picos y los arbolitos que sembraron en ese predio estos estudiantes. El juez con cinismo dice que la determinación es apelable, y se levantó la sesión. No tenemos duda que los estudiantes detenidos son presos políticos, de un estado que se está cayendo a pedazos”.

LA INJUSTICIA MÁS GRANDE QUE HA VIVIDO

Que se metan conmigo, pero que se metan con tres estudiantes sí duele, sí indigna, fueron las palabras de Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, quien considera que la arbitraria detención de los tres universitarios es una de las injusticias más grandes que ha vivido y no pararán junto con la comunidad universitaria hasta que Javier, Iván y José regresen a sus hogares sanos y salvos.

“Tres papás, tres mamás, no duermen bien, porque sus hijos están en la penal. Estudiantes que no merecían dormir 144 noches en un parque, porque eso fue lo que hicieron, se fueron a dormir para defender un parque con los vecinos de Huentitán, la peor noticia es que un año después que los desalojaron con violencia, tuvieron que pasar una noche más fuera de sus casas, ahora en el penal de Puente Grande. Me parece una de las injusticias más grandes que he vivido”.

Añadió: “Tener que acompañarlos al penal y no regresar con ellos, fue duro, vivimos días duros, tenemos tres hijos de la Universidad en la cárcel por una injusticia. No podemos permitir que un gobernador se salga con la suya de esta manera. Que se meta conmigo, pero que se metan con tres estudiantes sí duele, sí indigna. Hago un llamado al juez que llevará esta audiencia para que nos regrese la esperanza a todos los jaliscienses de que Jalisco tiene un poder judicial que sabe ponerse enfrente de las mezquindades de los gobernantes en turno”.

PLANTÓN EN CASA JALISCO HASTA QUE LOS LIBEREN

Las oficinas de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) se trasladaron a Casa Jalisco, y ahí seguirán hasta que los tres compañeros universitarios regresen a sus casas, afirmó Zoé García Romero, presidenta de la FEU, quien lamentó el precedente que se está sentando en un estado donde salir a manifestarse es motivo para terminar en la cárcel.

“Tenemos esperanza de poder estar con nuestros compañeros. Tres estudiantes de Jalisco están encarcelados por defender una causa justa, una lucha de todas las personas, por defender el espacio público, que sería un lugar para concentrar la recreación y abonarle a lo ecológico. Esto es algo que marca un precedente histórico, tiene que ser recordado como un día triste en el estado, donde hubo un atentado a los derechos humanos, hay ilegalidad, la prisión preventiva que le dicta el juez es una ilegalidad, es un delito”.

Agregó: “Dicen que nuestros compañeros estaban armados el día que entraron al Parque Resistencia Huentitán, esa es la declaración de la defensa. Las empresas le dijeron que quitaban los cargos si pedían una disculpa pública, de qué se trata, son tres estudiantes encarcelados y no lo vamos a permitir, no nos vamos a mover de Casa Jalisco hasta que tengamos de vuelta a nuestros compañeros”.

La líder estudiantil manifestó que no bajarán los brazos, seguirán alzando la voz ante la injusticia en esta arbitraria detención, pero también ante los tantos temas que lastiman a Jalisco.

“¿Ahora las juventudes no vamos a podernos manifestar por nada?, esto quiere decir que, si salgo a hacer una marcha por los desaparecidos, o contra la violencia de género, si hacemos algo contra el calentamiento global, nos van a encarcelar, eso cuesta alzar la voz en Jalisco, que te metan a prisión. No son solo estudiantes de la Universidad de Guadalajara, son jóvenes que están luchando por algo que es de la ciudadanía”.

Apelando a la frase de Salvador Allende que dicta que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, y con una visión crítica, como lo fue la gestión anterior de la FEU, Zoé García se fue contra el gobernador de Jalisco, el cual considera es un represor y no respeta la división de poderes, por lo cual seguirán en la lucha sin dar marcha atrás.

“Dicen los diputados y políticos de Movimiento Ciudadano, el mismo gobernador, que es un pleito entre privados, que es una empresa denunciando a alguien que cometió un delito, lo que no dicen es que ellos tienen que ver con ese negocio, por eso el gobernador presionó al juez para que hiciera esa ilegalidad para meter preso a nuestros compañeros, donde incluso la Suprema Corte declaró que atenta contra los Derechos Humanos, están haciendo todo mal, no creíamos que se atreverían a tanto, nos demostraron que en Jalisco no existe la división de poderes, que todos son lacayos de lo que se dicta de Casa Jalisco, el congreso está esperando las noticias que les digan qué decir, estamos en un estado fallido y represivo, Enrique Alfaro es un represor, lo sostenemos y no nos vamos a echar para atrás”, puntualizó.

LAS CARTAS DE JAVIER ARMENTA

El equipo de comunicación de Javier Armenta ha publicado en las redes sociales del ex presidente de la FEU cartas que ha escrito el joven estudiante privado de su libertad junto con Ilich Cisneros y Alexis Rojas. En la primera, asegura que se llena de orgullo e inspiración saber que cientos de estudiantes, profesores, trabajadores y activistas acampan en Casa Jalisco, “es una inspiración ver cómo la semilla de la resistencia sigue floreciendo”, escribe.

Ante la petición de las empresas de retirar los cargos a cambio de una disculpa pública, escribe: “¡Jamás lo haría!, los verdaderos delincuentes son ellos que le están robando a la ciudad con el apoyo del gobernador un parque (…) disculparme no es opción. Dicen que usamos las armas, mienten, mis libros e ideas son las únicas armas con las que luchamos. Podrán encerrar mi cuerpo, pero no mis ideas, ni mi historia, ni nuestra sed de justicia, ni las semillas de resistencia que sembramos en las personas”.

En el último de los escritos hasta el cierre de esta edición, el ex líder estudiantil lamentó que en Jalisco ninguno de los elementos de la Fiscalía que torturaron a estudiantes por el caso de Giovanni hayan pisado la cárcel, y que los asesinos del ex gobernador Aristóteles Sandoval sigan prófugos e impunes, en cambio, él y sus compañeros sí estén en Puente Grande.

“Alexis, Ilich y yo llevamos dos noches presos por defender un parque, lo que el gobierno de Guadalajara no defiende. A mí la UdeG no me enseñó a seguir ordenes, me enseñó a pensar y trabajar, me enseñó la dignidad de la desobediencia. La justicia tarda, pero llega”, firma.

UN JUEZ INDIGNO Y ARBITRARIO

Opinión de Luis Octavio Cotero Bernal //

Es una gran satisfacción para mí saber que la Universidad de Guadalajara está integrada por jóvenes valientes, honorables, respetuosos, dignos, con valor civil, dignidad, con casta para defender nuestra institución, lo propio y lo de la sociedad, como lo demostraron con sus actos y que, hoy se les reclaman y que no son otra cosa más que infundios de la Fiscalía del Estado y de un Juez indigno, arbitrario, injusto al aceptar una carpeta de investigación y judicializar los hechos imputados a los jóvenes, Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas que no constituye ningún delito, toda vez de que los actos que se les imputan como tales han sido en defensa legítima del patrimonio de la ciudad y de la comunidad tapatía.

Cómo se han desarrollado los hechos históricos y que, todos los acuerdos que delictuosamente  han tomado los cabildos municipales de las diversas administraciones,  son insuficientes para modificar el decreto del Congreso del Estado que tiene un fin determinado como fue, el de la adquisición de un predio por el Ayuntamiento Taptio, para un fin determinado totalmente diverso al que se le pretende dar.  Razón por lo cual, el supuesto ofendido, que es reconocido por la Fiscalía y por el enajenado Juez de la causa, carece de ligitimidad para reclamar derecho alguno y mucho menos para que se reconozcan por la autoridad jurisdiccional lo que en estricto derecho hace totalmente ilegal, el procedimiento y por ende, cualquier imputación a los jóvenes, que hoy estan injustamente y ilegalmente detenidos. 

Incurriendo dichas autoridades en el delito de abuso de autoridad a los que se deberá reclamar la responsabilidad penal y administrativa en las que están incurriendo y el daño moral, psicológico que se está causando. Lo que ratificó en todas y cada una de sus partes.

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