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JALISCO

La crisis del agua: Alfaro como candidato y Alfaro como gobernador: Zapotillo, no; Zapotillo, sí

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Por Mario Ávila //

El drástico cambio de opinión de Enrique Alfaro candidato y Enrique Alfaro gobernador, en el tema del abasto de agua y en particular sobre la presa El Zapotillo, es el fiel reflejo de la crisis del vital líquido que se agudiza en la Zona Metropolitana de Guadalajara y que se mantendrá tres meses más hasta el inicio del temporal de lluvias, según advertencia hecha por el director general del Siapa, Carlos Enrique Torres Lugo.

Cientos de miles de habitantes de casi 300 colonias de los municipios metropolitanos, sufren las consecuencias de una política desatinada en materia de manejo de agua, en donde se privilegian factores como la realización de millonarias obras suntuosas, como la presa El Zapotillo y el Acuaférico, que en la realidad resultan inservibles cuando se enfrenta una escasez del vital líquido a consecuencia de un mal temporal de lluvias.

Al mismo tiempo, el gobierno estatal deja de lado la posibilidad de implementar políticas de ahorro, de cuidar las fuentes de abasto existentes, de reducir los consumos y de invertir de mejor manera los recursos púbicos, como lo han propuesto expertos que aseguran que dejaría mayores beneficios invertir 11 mil millones de pesos en un programa de renovación de inodoros y regaderas domésticas, que en la construcción de gigantescas presas, como los fallidos proyectos de Arcediano, San Gaspar y El Zapotillo, ésta última paralizada desde hace 8 años y en la que ya se han gastado 26 mil millones de pesos sin que llegue una sola gota de agua a Guadalajara.

Sin embargo, teniendo las propuestas sobre el escritorio, la autoridad estatal se empeña en mantenerse en el camino que desde hace 30 años ha dejado solo fracaso tras fracaso, la pérdida de decenas de miles de millones de pesos, comunidades afectadas y una zona urbana cada vez más sedienta.

En la reciente visita a Guadalajara del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Enrique Alfaro lo saturó con una serie de peticiones, entre las que destacaron la solicitud de apoyo para resolver el tema de las vacunas para Guadalajara, la inseguridad y la escasez de agua.

Las dos primeras se las resolvió el mandatario nacional en solo 24 horas, programando el envío de vacunas y asignando centenares de elementos de la Guardia Nacional a Jalisco, dando muestras de la existencia de una nueva relación de entendimiento y apoyo entre Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador, dejando en el olvido los tiempos de las confrontaciones, las balandronadas y hasta los insultos de parte del político jalisciense.

En el tercer tema, sobre la escasez del agua, en principio se optó por realizar una rápida inversión de recursos para la terminación de la obra del Acuaférico en un par de semanas, con lo que aseguran, se mejorará la distribución del agua; pero a sabiendas de que el problema persistiría, ya que a decir de Alfaro Ramírez la solución definitiva está en la utilización del agua de la cuenca del Río Verde.

Con ello dejó entrever la necesidad de retomar la construcción de la presa El Zapotillo y de la presa derivadora de El Purgatorio, para de ahí bombear 500 metros arriba, para que luego el vital líquido pueda llegar por gravedad a la ZMG.

Es decir, muy lejos quedaron aquellas palabras de Enrique Alfaro (candidato), cuando el 9 de mayo del 2018, en pleno acto de campaña proselitista a la gubernatura de Jalisco, en un recorrido por algunas zonas del municipio de Cañadas de Obregón y ante habitantes del poblado de Temacapulín, el candidato de Movimiento Ciudadano les prometió defender sus derechos e impedir que la comunidad se inunde con las obras de la presa de El Zapotillo.

Les reiteró que el tema del abasto de agua será una prioridad en su administración y les dijo: “No vamos a permitir que se pisoteen los derechos de una comunidad como Temaca, y a partir de 80 metros cómo era el proyecto original, permite que con las obras de infraestructura adecuado, impedir que se inunde Temacapulín y no vamos a permitir que ese asunto arranque en su operación hasta que no esté garantizada la integridad y la seguridad de este importantísimo pueblo de nuestro estado, vamos a defender los derechos de los habitantes de Temaca”, expresó el entonces candidato.

Un año y tres meses después, es decir en agosto del 2019, el mismo Enrique Alfaro, pero ahora con la investidura de gobernador, se sentó con Diego Sinhué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, para pactar la conclusión de la obra de la presa El Zapotillo.

Los mandatarios anunciaron que habían llegado a un nuevo acuerdo de distribución del agua del río Verde, a fin de que la presa El Zapotillo fuera una realidad y el agua que almacenara, se repartiría entre Guanajuato y Jalisco.

Incluso, Alfaro Ramírez difundió un video grabado en Lagos de Moreno, en el que garantiza a los jaliscienses que en esta negociación Jalisco fue el gran ganador, opinión no compartida en Guanajuato donde no sólo aseguraron que aquella entidad será la mayor beneficiada, sino que revelaron que para que Jalisco obtenga la cantidad de agua anunciada, se tendría que levantar la cortina a 105 metros de altura e inundar los tres poblados Temacapulín, Acacico y Palmarejo.

Vale la pena mencionar que tal como lo ha dicho con insistencia el presidente de la Fundación Cuenca Lerma- Chapala-Santiago, Manuel Villagómez Rodríguez, en los acuerdos de distribución del agua de la cuenca del río Verde, firmados por los gobernadores en turno, ha quedado claro que algunas dotaciones de agua son para Jalisco, pero exclusivamente para los usuarios de la región de Los Altos y nunca se ha contemplado en los proyectos de San Gaspar y El Zapotillo, agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Expone que desde 1990 en el gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri, se hablaba de una reserva en el río de 504 millones de metros cúbicos del caudal, de los cuales 120 Mm3 serían para León, Guanajuato y el resto para Jalisco.

Pero después de eso, los acuerdos firmados por Alberto Cárdenas en abril del 95, modificados en mayo del 96 y rectificados en mayo del 97, se advierte que el agua de Jalisco sería para la región de Los Altos; justo en esa época surge la idea de represar las aguas del río Verde, primero en la región de San Nicolás y después se modifica el proyecto y se envía hacia El Zapotillo, pero en los convenios firmados por los gobernadores Francisco Ramírez Acuña y finalmente por Enrique Alfaro Ramírez, de manera directa con el gobernador de Guanajuato, se advierte que el agua asignada a Jalisco no será para la ZMG.

ALFARO VIOLA DERECHOS HUMANOS

El pasado martes 16 de marzo, un grupo de 17 académicos del ITESO se pronuncian ante la violación del derecho humano al agua por el desabasto de agua en más de 200 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara.

Lamentan que durante las recientes semanas, “unas 200 colonias del norte y centro del Área Metropolitana de Guadalajara han experimentado cortes de agua prolongados. Algunos durante más de diez días completos. Estos cortes conllevan un profundo impacto en la vida de las personas y en el medio ambiente.

La situación va más allá de una política racional de distribución y está provocando una latente violación al derecho humano al agua y al saneamiento, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su artículo cuarto, párrafo sexto, mandata: ‘Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible’.

El desabasto que se vive actualmente muestra la ausencia de planeación para cumplir cabalmente con este derecho. Además de darse en medio de una de las mayores crisis de salud pública que hemos vivido por la pandemia de Covid-19, en la que la necesidad de tener acceso al agua es crucial para mantener las condiciones higiénicas necesarias con el objetivo de desacelerar los contagios”, se expuso mediante un desplegado y un comunicado de prensa.

Incluso los investigadores consideraron que las autoridades responsables de la gestión del agua de la ciudad, deben tomar las siguientes acciones para garantizar el cumplimiento integral del derecho humano al agua y al saneamiento:

1.- Asumir la responsabilidad pública por una deficiente gestión del agua para la ciudad, que debería estar basada en la reducción del consumo y el cuidado de las fuentes y no solamente en la construcción de obras hidráulicas. De la poca información existente sobre el origen de la actual crisis de abasto en Guadalajara, las autoridades encargadas de la administración del agua señalan al mal temporal de lluvias de 2020 como la causa de los cortes actuales, ya que las colonias afectadas dependen del agua que se acumula en la Presa Calderón, que se encuentra actualmente al 17 por ciento de su capacidad y que, por lo tanto, está prácticamente desecada junto con el río del cual depende. Culpar a las variaciones en el ciclo hidrológico, es decir a la naturaleza y sus ecosistemas, de la situación actual, anula una necesaria autocrítica por el mal desempeño público. Por ello, es necesario, en primer lugar, reducir el consumo de agua en la ciudad de Guadalajara y cuidar las fuentes que la naturaleza nos ofrece, respetando los límites que esta nos impone y subordinar la infraestructura hidráulica al ritmo del ciclo. Solo así tiene sentido construir megaobras hidráulicas.

2.- Se debe informar a la ciudadanía sobre el origen, las razones y la situación del desabasto en la ciudad. El SIAPA debe a la ciudadanía tapatía una verdadera explicación técnica, con lenguaje accesible a todas las personas, por el mal servicio que brinda en estos momentos y por las afectaciones a la vida humana y a la vida de los ecosistemas naturales. Los ayuntamientos de Zapopan, Tonalá y Guadalajara, deben exigirle al SIAPA que responda a las necesidades de las personas en el marco del convenio-contrato que tienen firmado para otorgar el servicio de agua. El desecamiento de la Presa Calderón y su río exige una explicación amplia y con lenguaje sencillo, que señale cuáles fueron las deficiencias gubernamentales en sus tres niveles (es decir, incluyendo a la Conagua que nos han llevado a esta situación).

3.- Para cumplir con el derecho humano al agua y al saneamiento se deben hacer acciones contingentes al corto plazo. Las autoridades deben implementar acciones inmediatas y no sólo presentar planes de mediano y largo plazo. Para resolver de inmediato la crisis de desabasto actual de agua y cumplir con los derechos humanos vinculados es necesario: Ampliar la capacidad logística para surtir de agua a las colonias afectadas. Se deben aumentar, de inmediato, las flotillas de pipas. Esto no es una solución integral, pero por lo menos es una solución contingente inmediata que no pueden desechar las autoridades del agua en Jalisco y Guadalajara. Detener el abuso en los precios de las pipas privadas. Ante la crisis, las pipas privadas cobran entre 700 y mil 200 pesos por llenar un tinaco de 400 a 600 litros.

4.- Se deben desarrollar e implementar transformaciones en la administración pública del agua. De conformidad con las exigencias democráticas de gobierno abierto y gobernanza, que entre otras características se basan en la transparencia, la apertura a la participación, la eficacia, la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades, la estructura tanto del SIAPA como de la Comisión Estatal del Agua deben de modificarse para contar con consejos ciudadanos independientes, dotados con capacidades legales y técnicas suficientes para que vigilen y contribuyan a que los principios de la gobernanza y la democracia participativa puedan llevarse a cabo en estos organismos estratégicos. Esto con el fin de superar la etapa de administración vertical, autoritaria y de mínima participación ciudadana que las ha caracterizado desde su creación y que corresponden a un periodo político que este país.

El comunicado de los expertos del ITESO concluye: “Tal como lo ha señalado el Papa Francisco en su Encíclica Laudato si (Alabado seas), es urgente la transformación de las relaciones entre la humanidad y la naturaleza reconociendo entre ambas una unidad indisoluble. Ante esta crisis de abasto de la ciudad, las autoridades que manejan el agua para Guadalajara tienen la oportunidad de cambiar del paradigma de la gran infraestructura hidráulica al paradigma del sostenimiento de la vida humana y el cuidado de los ecosistemas de los cuales dependemos, en el marco del cumplimiento al derecho humano al agua y el saneamiento.

La publicación la firman los investigadores: Mario López Ramírez, Carlos Armando Peralta Varela, Susana Herrera Lima, Lydia Hernández Rivera, Marines de la Peña Domene, Agustín Verduzco Espinosa, Hugo de Alba Martínez, Heliodoro Ochoa García, Loreto Irene Soto Rivas, Francisco Álvarez Partida, José Rosario Marroquín Farrera, Rodrigo Flores Elizondo, Andrea Fellner Grassmann, Oscar Humberto Castro Mercado, Ana Sofía Macías Ascanio, Alejandra Castellanos Márquez y Bernardo Masini Aguilera.

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Mirza vs Frangie: La caja china naranja y el nuevo orden político en Jalisco

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

La política jalisciense tiene una insana fascinación por la prestidigitación mediática. Ciertos actores, discípulos aplicados del arte de López Obrador —aplicador impecable de esta estrategia— manejan con maestría la conocida táctica de la caja china. Esta estrategia, tan vieja como efectiva, consiste en esconder un escándalo incómodo bajo otro de mayor ruido, para que la opinión pública cambie rápidamente de víctima y olvide el primer agravio.

Cuando las llamas políticas amenazaban al gobierno de Pablo Lemus Navarro, por la aparición del siniestro rancho Izaguirre, convertido por la barbarie en un campo de entrenamiento para desaparecer personas, era imperioso un escándalo distractor. Entonces, como invocado por arte de magia, apareció el sorpresivo ataque de Juan José Frangie Saade, alcalde reelecto de Zapopan, contra Mirza Flores Gómez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC).

Resultó extraño que Frangie —quien ni siquiera figura oficialmente en el padrón del partido según el registro consultado— lanzara tan abierta y frontal crítica contra Flores Gómez. Él mismo ha reconocido, con cierta altanería, que su estructura nunca necesitó del partido para ganar elecciones desde 2015 hasta 2024. Entonces, ¿por qué semejante ataque frontal en estos tiempos?

Frangie acusó a Mirza de haber secuestrado al partido, bautizándolo de manera sarcástica como «Mirza Ciudadana», alegando que ella lo utilizaba para beneficio propio y de su círculo íntimo. También reclamó que la dirigencia estatal ignoraba sistemáticamente a Zapopan, municipio crucial que él gobierna y que más votos le ha aportado a MC. La acusación, más que un reclamo orgánico, pareció un acto planeado, casi quirúrgico, para descalificar anticipadamente una posible reelección de Mirza al frente del partido.

La primera lectura de este conflicto apuntó a una abierta declaración de guerra entre el grupo Coparmex-Lemus, representado por Frangie, contra el grupo Jalisco, es decir el alfarismo, del cual Mirza es destacada integrante. Con Alfaro en su exilio dorado en Madrid, muchos interpretaron esto como el preludio del fin de la era alfarista, anunciada y acelerada por el grupo zapopano.

Pero más allá de la primera lectura se dibuja otra interpretación más sutil y, quizá, más precisa: la intención real de Frangie pudo haber sido frenar un posible «albazo» por parte de Mirza Flores para asegurarse otros tres años en la dirigencia estatal, manteniendo así el control del partido en manos del grupo alfarista. La maniobra buscaba, pues, obligarla a negociar, abrir el juego político y detener cualquier tentación hegemónica.

Frangie, en sus declaraciones iniciales, no escatimó descalificaciones hacia Mirza. La tachó de protagónica e interesada en su bienestar personal, dejando una estela venenosa de desconfianza hacia su liderazgo. Sus palabras fueron armas calculadas para minar cualquier aspiración de Flores Gómez a permanecer al frente del partido.

Sin embargo, el «descontón» a Mirza, como fue calificado por algunos medios, venía del hombre más cercano al gobernador Lemus, levantando dudas legítimas sobre si el ataque fue iniciativa propia de Frangie o un encargo preciso desde el despacho principal del Palacio de Gobierno.

En medio de esta tensión, se produjo una reunión urgente convocada por el propio Lemus. El gobernador, rápidamente asumido como nuevo «líder moral» de MC tras el aparente fin político de Alfaro, convocó a los protagonistas del conflicto. En ese cónclave, se decidió cerrar filas y establecer una especie de tregua armada. La reconciliación aparente buscó evitar fracturas mayores, especialmente considerando que las elecciones al interior de MC Jalisco están ya a la vuelta de la esquina.

Con esta jugada, Lemus confirmó tácitamente su nueva posición como cabeza absoluta de Movimiento Ciudadano en Jalisco, aunque públicamente repite que no milita en el partido. Esta ambigüedad calculada, tan propia del estilo de los políticos contemporáneos, permite a Lemus moverse con comodidad entre su rol institucional y su nuevo liderazgo político.

Quien primero le puso la corona a Lemus fue Gerardo Quirino Velázquez, alcalde de Tlajomulco, al afirmar que la era Alfaro había terminado. Frangie inmediatamente secundó esta posición, sumándose a la nueva narrativa que busca enterrar definitivamente la influencia alfarista y afirmar la hegemonía del lemusismo.

En el reajuste político, los premios no se hicieron esperar: MC Zapopan quedó en manos de Naraly González, leal a Frangie, y MC Guadalajara en las de Fabiola Cuan, cercana a Lemus. Ambas posiciones revelan cómo, tras el escándalo y el posterior cierre de filas, los puestos clave se distribuyeron estratégicamente entre los aliados del gobernador y del alcalde zapopano.

La táctica funcionó impecablemente en lo político-partidista. La caja china, que comenzó con el enfrentamiento entre Frangie y Mirza, intentó desplazar de los titulares al escabroso asunto del rancho Izaguirre. No se logró de forma total, a pesar de que los medios leales al gobernador lo intentaron, pero dejó buenos resultados políticamente al grupo de Pablo Lemus.

Con esto, Lemus consolida su liderazgo político, y Frangie fortalece su posición como interlocutor privilegiado, asegurando para los zapopanos cuotas importantes en el partido. La crisis fue, pues, tan real como estratégica. Una maniobra digna de los discípulos más avezados del arte de López Obrador, maestro indiscutible de las artes oscuras de la política mexicana.

Al final, en este teatro político, lo que quedó claro es que la corona naranja tiene nuevo dueño y que, en esta historia, como en tantas otras, el poder sigue moviéndose tras bambalinas. Mientras tanto, la democracia, o lo que queda de ella, sigue siendo “meneada estratégicamente” a conveniencia de los intereses particulares de quienes dirigen los destinos políticos de Jalisco.

En X @DEPACHECOS

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Guadalajara, la disputa que viene

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

“Será Merilyn Gómez Pozos la candidata de Morena”.

“A Ricardo Villanueva lo perfilan como sucesor de Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación”, me asegura una fuente bien enterada al comentarme sobre la postulación guinda al gobierno municipal de Guadalajara.

De acuerdo a esta información, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados Federal, tiene el camino despejado para dirigirse con cierta tranquilidad hacia la candidatura de la alcaldía tapatía.

Así, de confirmarse lo anterior, entonces se explicaría por qué varios equipos que en principio se veían incompatibles iniciaron los trabajos relativos a darle forma a su proyecto.

De hecho, me enteran de que líderes sociales y empresariales comenzaron labores de vinculación con la precitada legisladora.

Dicho de otra forma, todo apunta a que en breve habrá señales más notorias de que la ex coordinadora de la campaña presidencial en Jalisco, encabezará las pretensiones morenistas de conquistar la capital política de nuestra entidad.

Pero mientras en el lado del Movimiento de Regeneración Nacional el panorama parece aclararse, en MC nubes oscuras se posan sobre la ciudad.

Personajes que conocen las entrañas naranjas me dicen que en Palacio de Gobierno dejaron de ver con buenos ojos la probable reelección de Verónica Delgadillo.

Al respecto, hay quien afirma que suenan dos nombres que tendrían la venia de la nueva nomenclatura partidista: Priscilla Franco y Salvador Zamora.

Y aunque todavía no se tiene plena certeza del motivo por el que la actual alcaldesa habría perdido la simpatía y el respaldo político del círculo más cercano a Pablo Lemus, me confían que existen dos razones principales: una, que aún sostiene una evidente lealtad a Enrique Alfaro; y dos, que ha dado muestras suficientes de que no desea alinearse a los criterios que mueven al hoy gobernador.

De ser verdad, entonces estaríamos en condición de suponer que la disputa por Guadalajara viviría sus momentos más intensos en el epicentro de Movimiento Ciudadano.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, escritor y analista político.

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Retroceso en la transparencia

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Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Ante la crisis que azota a nuestro país y a Jalisco, marcada por las transiciones gubernamentales, los cambios drásticos como la desaparición de los sistemas de transparencia y sus órganos garantes, la incertidumbre en las relaciones con nuestro vecino país del norte, la innegable crisis de desapariciones y el horror del crimen organizado, cuya presencia en regiones y comunidades es innegable, así como su infiltración en sectores sociales, los mexicanos estamos en vilo.

En medio de estas terribles circunstancias, se suma la extinción oficial de la transparencia en México y en los estados para tener una transición hacia un nuevo modelo, en un contexto donde cientos de acontecimientos exigirán la obligación de informar y el ejercicio del derecho a saber.

En este sentido, y ante la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforma el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es el nacimiento del nuevo sistema de transparencia en el país.

Sumamente criticado, pues preocupa la eliminación de principios e interpretaciones, se asegura que las leyes aprobadas representan un retroceso significativo en la protección de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales.

Ante el desastroso panorama del desmantelamiento de más de veinte años de transparencia y rendición de cuentas, pilares del derecho de la ciudadanía a saber y ser informada, actualmente nos toca presenciar la transición hacia un nuevo modelo que, paradójicamente, llevará por nombre «Transparencia para el pueblo».

No obstante, sería más preciso si incluyera la palabra «a modo», pues resulta evidente que la nueva legislación busca suavizar y aligerar la carga de obligaciones y responsabilidades inherentes al derecho de acceso a la información pública, dejando lagunas y ambigüedades.

Además, elimina principios constitucionales e introduce figuras legales que permitirán restringir el acceso a la información pública, como la «paz social» y los «daños al interés del Estado», podrían ser utilizados como criterios para reservar información. Por si fuera poco, se menoscaba la autonomía, la imparcialidad y la profesionalización de las autoridades de transparencia.

En este sentido, se presenta una resistencia y dura crítica social al gobierno federal por la supresión de un modelo de transparencia construido a través de más de dos décadas, perfeccionado bajo procesos legislativos que reformaban para construir y no para destruir, no como el del pasado 20 de marzo, que dio luz a las nuevas legislaciones en la materia que son incompatibles e incomparables a lo que gozábamos en materia de transparencia, que sin duda garantizaba el derecho a saber y ser informado sin la interferencia de gobiernos.

Hoy que los asuntos de transparencia gubernamental pasan a ser parte del mismo gobierno, son ellos quienes, ante las preguntas del pueblo sobre su actuar y sus obligaciones, responderán si tenemos o no derecho a la información solicitada, lo cual profundiza la concentración del poder y restringe derechos sociales, afectando la democracia.

En Jalisco, nos queda esperar animosamente que este gobierno respete congruentemente la construcción, el papel y la participación histórica que tuvo nuestra entidad en estas dos décadas de transparencia y rendición de cuentas, honrando la historia y las luchas sociales ganadas desde las trincheras de los muchos jaliscienses que actualmente son expertos, especialistas o defensores férreos del derecho al acceso a la información.

Que Jalisco mantenga su posición de puntero en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas, va a depender de los actores políticos locales, del Congreso local en la armonización de la ley, de la escucha abierta de la sociedad especializada en el tema, pero sobre todo de dejar a un lado la tentación de ir a favor del gobierno federal y marcar un estilo que deje claro que en Jalisco sí se respetará y se transitará a un modelo de sistema de transparencia local que no destruye ni restringe el acceso, que no limita la protección.

Esperemos que, ante las crisis actuales y la desaparición de la transparencia en México, por lo menos Jalisco se resista, elija no ser parte del retroceso en la materia, privilegie el derecho al acceso a la información y se pronuncie transparente por elección.

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