OPINIÓN
La historia que debemos enseñar
Educación, por Isabel Venegas //
En su libro de “México Insurgente”, John Reed dice:
«La gran pasión de Villa eran las escuelas. Creía que la tierra para el pueblo y la escuela, resolvería todos los problemas de la civilización. Las escuelas fueron una obsesión para él. Con frecuencia se le oía decir: -Cuando pasé esta mañana por tal y tal calle, vi a un grupo de niños. Pongamos allí una escuela».
En la hermosa terraza de un café en la colonia Providencia, me decía: ¿Te das cuenta de la complejidad que tiene revisar el plan de estudios de la asignatura de historia? Puede que sea complicado con matemáticas o español, pero para la historia es mucho mayor el reto de saber qué y cómo se debe enseñar en las escuelas.
La cientificidad con la que se almacenan los datos, las evidencias y el modo en el que se estructura la información para poder tener un acercamiento a los hechos con todas las implicaciones, no deja de tener una apreciación subjetiva, una interpretación con respecto de las circunstancias en las que se desarrolla, pero sobre todo, del cómo sigue impactando la vida de los que ahora debemos continuar aprendiendo lecciones y aprovechando los sucesos que vivieron quienes nos precedieron.
Grandes historiadores de nuestro estado y nuestro país, dedicaron sus vidas para recuperar los relatos con los que hemos construido la identidad nacional, la imagen con la que nos concebimos a nosotros mismos y con la que nos proyectamos ante el mundo, pero en muchas ocasiones esa postura es tan ambivalente como perniciosa; pongamos un ejemplo, la historia de Doroteo Arango es considerada una mezcla de misticismo y pasión revolucionaria que atiende tanto al imaginario positivo como al negativo. Hay para quienes él es el ícono del heroísmo mexicano, un verdadero estratega militar que colaboró en el triunfo de Carranza para expulsar las fuerzas federales de Chihuahua, que llegó a ser Gobernador de ese estado, exilió a los extranjeros, e impulsó un modelo socialista basado en la repartición de las tierras y la venta de productos de necesidad básica a mitad de precio.
Por otro lado, la imagen de Pancho Villa es para muchos la del vándalo fugitivo que, sin ninguna formación y con un desorden total, aprovecha las exacerbadas ganas de un pueblo por levantarse en armas debido a la serie de injusticias que seguían viviendo.
Un delincuente con las posibilidades y el patrocinio de quienes, a río revuelto querían llevar la ganancia del pescador, más aún cuando al paso del tiempo se vio como un gran fracaso la buena intención de repartir las tierras bajo el mecanismo que dejaba de nuevo a los campesinos tan pobres como al principio y empoderaba a ejidatarios como los nuevos terratenientes. La era de la revolución es un escenario lleno de contrastes, en los que nada es blanco o negro, por no decir que así es la historia toda, y que lo único que puede dar el juicio correcto es la contemplación de los componentes de manera completa.
Entender que las circunstancias de Pancho Villa realmente lo sitúan en la definición de un bandolero, ignorante y pobre, con grandes habilidades, pero por encima de eso, con la capacidad para visibilizar la injusticia y las necesidades que el sector obrero tenía, las carencias en la comunidad agraria y la posibilidad de transformar esas realidades a través del aprecio a la educación, la escuela. En su libro de “México Insurgente”, John Reed dice:
«La gran pasión de Villa eran las escuelas. Creía que la tierra para el pueblo y la escuela, resolvería todos los problemas de la civilización. Las escuelas fueron una obsesión para él. Con frecuencia se le oía decir: -Cuando pasé esta mañana por tal y tal calle, vi a un grupo de niños. Pongamos allí una escuela».
Para nuestras generaciones es fácil asumir este tipo de posturas y pensar que “obviamente” se debe luchar por una escuela pública, gratuita y laica, pero para poder entender ese contexto se debe imaginar lo que significó para los grandes hacendados renunciar a una serie de derechos adquiridos; ¿Puedes pensar en las jornadas de 16 horas de trabajo, que no había descanso dominical o que la tienda de raya implicaba una modalidad de esclavitud? La apuesta del Centauro del Norte era buena, transformar desde fondo, dotar a todos los niños de las mismas posibilidades, para que a partir de contar con las herramientas básicas, supieran exigir sus derechos y pudieran colaborar en la lucha por la justicia social.
Lograr entonces una evolución social de ese tamaño, requería contar con grandes estrategas e intelectuales de visión a largo alcance, que le dieran forma a esa nueva conciencia social y que más allá de solo pensar en erigir un edificio escolar o diseñar modelos pedagógicos, planes de estudio, en la organización y jerarquización de esos contenidos, se fuera construyendo una base en la que el sentir del pueblo se viera fortalecido en una sentimiento positivo con identidad nacional, con visión de institucionalidad, y cuya socialización fuera de la misma comunidad a través de la colaboración y la apropiación de esa empresa.
Ahora tenemos que hacernos nuevas preguntas, como ¿En qué momento los niños aprenden el propio proceso que los ha llevado a tener esa construcción lograda a base de una lucha de tantos años? ¿Cómo ellos conciben la escuela como la gran oportunidad en la que confiaron nuestros antepasados, y por la cual muchos de ellos derramaron su sangre o entregaron toda su vida? Gracias a un continuo de esfuerzos, ahora casi la totalidad de mexicanos tiene la oportunidad de transformar su vida y su entorno de manera positiva; habría que revisar si realmente se aprecia de tal manera, o si se mantiene la idea de que a los niños no les está sirviendo la formación académica, pero por lo menos están “bien cuidados”.
Los doctores en historia, José María Muría y Angélica Peregrina dirigieron la obra documental de “La Historia de Jalisco”, y en su volumen V, se encuentra la narración del episodio revolucionario y su vinculación con la educación. En ese tomo se narra cómo desde la época del porfiriato había una disposición para que se erigieran escuelas cuyo sostenimiento estuviera dado por las empresas industriales y agrícolas para sus propios empleados y sus hijos, pero es hasta la llegada al gobierno de Jalisco de Manuel M. Diéguez, que se comenzó una operación real con la supervisión del gobierno para dar validez a esos centros de estudio.
Entre 1915 y 1920 se intensifican los esfuerzos por dar un impulso real a la educación, desde las políticas educativas de Diéguez hasta los enfoques de gestión de Ramos Praslow, así como la cosmovisión que se fue conformando de lo que debía ser la educación pública y laica (considerando que uno de los lineamientos dictaba que tendría que ser a-religiosa incluso para los colegios privados); al tiempo que se seguía librando un conflicto cristero que obligaba a ver los avances con mediciones confusas, con mucho ánimo y poco avance.
El trabajo de los historiadores dice que para 1920, Jalisco seguía teniendo a más de medio millón de analfabetas. En 1919 Manuel M. Diéguez había dicho en su informe de gobierno que en el estado se tenían 893 planteles educativos, pero un año después ya sólo se contaba con 784 escuelas que atendían a 70,895 estudiantes de ambos sexos, hecho que también hay que considerar dentro de un proceso de transformación porque es desde la Ley Orgánica de la Educación Pública que promueve Praslow, donde la unisexualidad de los planes de estudio se mantiene. En ese contexto a casi 100 años de distancia de mil setecientos ocho profesores, mil quinientos setenta y siete no tenían título, es decir el 92% representa a una plantilla académica que llevaba el espíritu de donación, de entrega e incluso -en la mayoría de los casos- de vida misionera, con lo cual (tal vez en el subconsciente colectivo) se seguía validando un cierto tipo de vinculación religiosa.
CIEN AÑOS, CUATRO GENERACIONES
Cien años puede parecer mucho, pero son nada más que cuatro generaciones. Son nuestros bisabuelos luchando por entender el mundo diferente, por aceptar y mejorar sus circunstancias, son héroes que se entregaron con todo el corazón pensando en que el mundo debería ser de mejor manera para sus hijos, nietos y bisnietos, son nuestros maestros luchando por un reconocimiento a su labor desde una mirada profesional. Somos ahora nosotros los que debemos aprender a ver la historia con mucha mayor generosidad y gratitud. Así como tenemos que reconciliar con nosotros mismos nuestros errores para poder aprovechar la lección, con ejercicios de evaluación muy honesta para identificar las áreas de oportunidad y mejora, pero sobre todo a apreciar los grandes beneficios que trajo consigo tanto esfuerzo y tanta lucha.
En unos días cumple años ese gran historiador jalisciense, que ha trabajado en el análisis de los acontecimientos de la Nueva Galicia, la evolución territorial del estado de Jalisco, el origen de la charrería y el desarrollo del tequila. Escritor, museógrafo, catedrático, articulista, académico, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Recientemente presentó su obra “De no ser por México”, a propósito de seguir analizando las circunstancias actuales y los trabajos que en el caso de la diplomacia se hicieron hace más de 7 décadas, ejercicio que nos permitiría abrir el debate ante los problemas de migración que vive nuestro país y las posibilidades reales en función de experiencias ya probadas, pero poco conocidas. ¡Muchas felicidades, querido doctor José María Muriá!
Y aprovechando que ya hemos sacado los manteles largos, también me permito felicitar a un gran periodista, quien después de librar obstáculos en todos los sentidos, hoy tiene la enorme satisfacción de contar el número 500 de la edición de esta revista “Conciencia Pública” en la que tengo el enorme honor de colaborar, Gabriel Ibarra Bourjac, ¡Mis felicitaciones de todo corazón! Espero que los éxitos sigan, porque no son solo logros personales, o del equipo que comparte este gozo, sino acciones positivas para toda la comunidad que lee, que cuestiona, que replica y que participa en este diálogo escrito.
¡Gracias, totales!
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
Agosto de 2019
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
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