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REPORTAJES

Transporte Público: La alianza Alfaro-Padilla limita protestas de la FEU

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Por Mario Ávila //

Mientras que la FEU solo pide diálogo y les dan diálogo; la sociedad civil sigue manifestándose y este sábado se realizó la cuarta marcha de inconformidad, por el golpe dado a la economía de las familias que menos tienen.

Con una semana de retraso y con mucha más tibieza que en anteriores ocasiones, la FEU y el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público, reaccionaron al alza de la tarifa del transporte público, de 7 a 9.50 pesos, demandando sólo diálogo, pero nunca asumiendo una postura radical en contra del incremento de 35% en el precio del pasaje. Es decir, pidieron solo diálogo y le dieron eso: diálogo.

Con ello queda en claro que las relaciones cupulares entre el gobernador Enrique Alfaro y el ex rector de la UdeG Raúl Padilla López sigue intactas ya que un incremento de este tamaño y el golpe que representa a la economía de los que menos tienen, la representación estudiantil no la habría dejado pasar, ni se habría tomado tan a la ligera en los últimos 45 años, es decir desde que el propio Raúl Padilla fue presidente de la FEG.

Por el contrario, tanto la coordinadora del Observatorio Ciudadano, Ana Belén Vázquez Vázquez, como el líder estudiantil, Jesús Arturo Medina Varela, admiten que se trata de una medida legal, que no puede ser combatida con ese argumento en los tribunales, incluso cuando a manera de pregunta directa se le cuestionó a “Chuy” si recurrirían al amparo, con simpleza comentó que “ya hay tres tarifas vigentes hoy día a causa de los amparos, la de 7 pesos que operan con el modelo hombre-camión, la de los 9 pesos de las rutas que se ampararon hace un año, entre ellas la 24, la 626 y la 629 y la de 9:50 pesos que entró en vigor este primero de agosto”.

Contrario a esta actitud de los feuistas que cuando mucho han demandado como premio de consolación el transbordo gratuito, la sociedad civil no ha dejado de hacer su esfuerzo y este sábado se efectuó la cuarta manifestación en contra del aumento a la tarifa, en la que un grupo de … ciudadanos salieron a las 17 horas del Parque de la Revolución, marcharon sobre avenida Juárez y terminaron frente a la Palacio de Gobierno. 

72.3% DE LOS USUARIOS, GANAN MENOS DE 7 MIL 500 PESOS AL MES

Para hacer un análisis de la magnitud del golpe que este incremento representa a la economía de la clase trabajadora, basta con analizar los datos oficiales de la propia autoridad estatal. En concreto el día que se autorizó el dictamen de incremento a la tarifa en el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, se dejó en claro que se trataba de la tarifa técnica la que se elevaba a 9.50, mientras que la tarifa social, la que resulta del análisis económico de lo que puede pagar un trabajador promedio, está por debajo de los 7 pesos por pasaje.

Según el estudio más reciente del Instituto de Movilidad y Transporte, con datos entre el 2017 y 2018, en la ZMG hay 1.6 millones de usuarios del transporte público que en conjunto generan 4.8 millones de viajes diarios, tanto en el transporte público como en el transporte masivo.

Sobre el perfil de los usuarios el estudio señala que el 26.5% son empleados privados, 20.8% amas de casa, 20.5% estudiantes, 18.9% trabajadores independientes, 6.3% empleados públicos, 4.8% son jubilados o pensionados, 1.1% desempleados y 1% patrón o empresarios.

Y a propósito de su perfil, el estudio también nos habla sobre sus ingresos mensuales y nos dice que el 9.6% de ellos tiene 0 pesos de ingresos mensuales, potencialmente los estudiantes están en ese sector; hasta 2 mil 500 pesos al mes obtienen el 13.7% y de 2 mil 500 a 5 mil pesos al mes obtienen el 24.7%. Entre ello se encuentra el 48% de la población y es a quienes les resulta realmente imposible pagar una tarifa de 9.50 pesos por pasaje.

Sin embargo, hay otro grupo que representa el 24.3% que son las personas que tienen entre 5 mil y 7 mil 500 pesos mensuales, los que también con muchas dificultades tendrían que destinar hasta el 30% de sus ingresos al transporte, si lo usan tres o más miembros de la familia y con ello se estarían hundiendo en una espiral de pobreza. Esto significa que el 72.3% de los usuarios del transporte público, ganan menos de 7 mil 500 pesos al mes.

Sobre los rangos de edad de la gente que uso el transporte público, el 40.4% son los jóvenes entre 18 y 34 años de edad; 31.7% son adultos entre 35 y 54 años; 7.5% son personas de la tercera edad y niños de 12 a 17 años el 10.6%.

En otros datos, el Instituto de Movilidad dice en su estudio del año pasado que el 50% de los usuarios transvale o el bienevale, han sido víctima de algún tipo de discriminación por parte de los choferes; 2 mil 470 unidades circulan sin permiso o con irregularidades y el 65.63% rebasan la antigüedad permitida, es decir son unidades que tienen más de 10 años circulando y por tanto son unidades que representan un peligro, además de ser una fuente de contaminación permanente. Por cierto, este último dato lo reveló el propio gobierno de Enrique Alfaro, en una rueda de prensa ofrecida en los primeros días de su administración.

Por lo que respecta a accidentes a causa del transporte público, del 2012 al 2018 han dejado 8 mil 428 heridos y 4 mil 465 accidentes, con un total de víctimas fatales de 303 personas que han muerto a causa de los accidentes bailes en los que participa el transporte público. Y en lo que va del 2019 se han registrado 19 muertes en accidente donde participa el transporte.

De ellos la mayoría eran peatones con 169; ciclistas 37; motociclistas 49; pasajeros de motocicleta 6; patineta 1; conductor de otro vehículo 9; pasajeros de otro vehículo 12 y pasajeros del mismo transporte público 19.

Finalmente, con relación a la evaluación que la propia ciudadanía hace del servicio, el estudio dice que en el 2015 la calificación sobre 10 para el servicio del transporte púbico fue de 5.59; en el 2016 fue de 5.73 y en el 2018 fue de 5.30 pesos. 

PIDE FEU TRANSBORDO GRATUITO

El transbordo gratuito es el premio de consolación que ha planteado la Federación de Estudiantes Universitarios, a cambo de avalar el alza de 35% a la tarifa del transporte pública. En rueda de prensa el líder estudiantil Jesús Medina dijo que en el caso de las rutas de la misma empresa como el Tren Ligero, Sitren o Macrobús, el transbordo debe ser gratuito o al 50% cuando se trate de unidades de diferentes empresas.

Acompañado de la coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado, Ana Belén Vázquez Vázquez, Jesús Medina planteó el diálogo como la demanda esencial a las autoridades y amenazó con recurrir a la tomar las calles si no se atendía su reclamo.

Y para satisfacer su tibia petición, no habían pasado 24 horas cuando el líder estudiantil ya estaba sentado en la mesa con los responsables del transporte y la movilidad en la entidad, Diego Monraz y Mario Silva, a quienes les planteo algunas observaciones.

En concreto los tres puntos que fueron puestos sobre la mesa por parte de la FEU, son: 1.- El transbordo gratuito, que consiste en apoyar a la gente que más gasta en transporte, ya que aproximadamente 1 millón 452 mil 094 viajes son transbordos entre transporte público y transporte masivo. En concreto entre el Tren Ligero y el Sitren el transbordo debería ser gratuito; y el transbordo entre el Tren Ligero y unidades de ruta empresa, el transbordo sería de 50% y si se transborda por segunda ocasión, ya sería gratuito.

El segundo planteamiento fue de hablar con la verdad y lo que quieren es que se libere, se transparente y se exhiba el estudio de la “Tarifa Social”, que lo conocen los integrantes del Comité Técnico de Validación Tarifaria y que se encuentra por debajo de los 7 pesos, es decir ahí está un estudio socioeconómico de lo que pueden pagar los usuarios del transporte público.

Y en el tercer punto, la FEU busca ponerse rigurosa con los transportistas y exigirán la realización de una auditoría social con una convocatoria abierta a la ciudadanía, para que se revise el transporte público que en este momento está migrando del hombre-camión a la ruta-empresa, para determinar que se cumplan con los requisitos que se presumen.

Vale la pena hacer mención que el único gesto valiente que hizo Chuy Medina en su calidad de presidente de la FEU, fue en referencia a los actos violentos con los que la policía del Estado ha reprimido manifestaciones en donde toman parte estudiantes de la Universidad de Guadalajara.

Se refirió en concreto a los dos alumnos del CUCSH que fueron golpeados y retenidos con uso de fuerza excesiva, en la primera manifestación en contra de la tarifa de 9.50 al precio del pasaje y en concreto cuando fueron perseguidos y bajados de los vagones de la Línea 2 del Tren Ligero, particularmente en la estación Plaza Universidad.

Además, el pronunciamiento en contra de los gestos de violencia de parte del Gobierno del Estado, para reprimir manifestaciones totalmente legítimas, tuvo que ver con Lagos de Moreno, donde estudiantes de la UdeG recibieron toletazos cuando se manifestaron en una comunidad indígena en contra de la perforación de ductos por parte de una empresa gasera.

SERVICIO MALO Y PELIGROSO

Ana Belén Vázquez Vázquez, coordinadora del Observatorio de la Movilidad y el Transporte Público, planteó las enmiendas que se deben hacer al programa Mi Transporte, dijo que rechazan el incremento a la tarifa, pero a la vez reconoció que se trata de una medida apegada a derecho y que no se incurrió en ninguna ilegalidad con su autorización.

Expuso que no se puede pagar la tarifa de 9.50 pesos cuando en la calle sigue pasando lo mismo, siguen las unidades en pésimas condiciones, con un servicio malo, exponiendo a las personas a siniestros viales y sin poder garantizar un servicio eficiente y de calidad.

Dijo que desde el Observatorio han planteado algunos puntos específicos, el primero de los cuales tiene que ver con el servicio y más específicamente con el sistema de prepago. “En el planteamiento que se hizo en Mi Transporte, decían que al año siguiente ya instalado en todas las rutas el sistema de prepago, se empezaría a hablar de transbordos y nosotros creemos que desde ahorita con todas las rutas que empiecen a emigrar a este sistema, se puede trabajar con ellas para crear un esquema de transbordos, ya que si se le autoriza la nueva tarifa a una troncal, esa troncal va acompañada de sus alimentadoras y desde ese momento podemos hablar de transbordos”.

También piden a la autoridad que exponga el plan de reordenamiento de rutas que ha mencionado en repetidas ocasiones el gobernador, “ya que este reordenamiento de rutas nos permitiría favorecer a la ciudadanía para tomar menos camiones para llegar a tu destino”.

Dijo que con este reordenamiento se prioriza también la intermodalidad, para que se enfoque con otros modelos de transporte como el modelo de Mi Bici, a fin de que las personas en lugar de tomar una ruta que se conecte a una troncal, puedan utilizar la bicicleta, pero para ello las unidades de transporte deben estar adaptadas para cargar las bicicletas.

Belén Vázquez lamentó que en el planteamiento de Mi Transporte se dice que hasta el año que entra se empezará con la renovación de las unidades, “pero nosotros no vamos a permitir que estas unidades que están en la calle empiecen a cobrar la tarifa de 9.50 pesos, dadas las condiciones físicas y mecánicas que tienen, por eso estableceremos unos mínimos básicos para que estas unidades puedan acceder a la tarifa en dado caso y el primer requisito es que no puedan pasar de 10 años de vida útil; que las alcancías den el cambio y no se roben los 50 centavos que es lo que sea visto desde que empezó con este sistema y que cuenten con los elementos tecnológicos como GPS y pantalla de información”.

REPORTAJES

“Los adultos mayores no necesitan limosnas, sino apoyo real”: Crónica de Remberto Hernández

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Por Remberto Hernández Padilla //

Ni el gobierno federal, ni el del Estado cumplen con la ley que ordena atender la vejez. Trece millones de Adultos Mayores viven en el país y más de un millón en Jalisco. El 28 de agosto se festeja el Día de las Personas Adultas Mayores y, los Abuelos”.

Bien sabemos que nuestro país experimenta un proceso de creciente envejecimiento de su población, y por cifras difundidas recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y con las prospectivas del Consejo Nacional de Población (CONAPO) sabemos que en la república mexicana existen en estos tiempos más de trece millones de adultos mayores, y en el Estado de Jalisco un poco más de un millón.

LAS ETAPAS DE LA VIDA HUMANA

La edad escolar, la edad laboral, la edad adulta y la edad de la vejez son las expresiones eufónicas que se utilizan para definir la vida humana. En las disposiciones legales referentes a las personas de edad se dan las categorías definidas de la siguiente manera: pre vejez, de los 60 a los 65 años de edad; la vejez funcional luego de haber cumplido 65 años de vida hasta los 75 que en forma eufónica se le llama “tercera edad”; la vejez plena de los 75 hasta los 84 años, y la vejez avanzada “cuarta edad” o, longevo a partir de los 85 años.

¿QUIÉN ES ADULTO MAYOR?

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del gobierno federal define que las Personas Adultas Mayores como: “aquellas que cuentan con sesenta años de edad o más”; ésta ley, en su artículo 6, establece que “El Estado debe garantizar las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Asimismo, el Estado a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), recabará la información necesaria del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), para determinar la cobertura y características de los programas y beneficios dirigidos a las personas adultas mayores”.

Y lo mismo queda definido en la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco que refiere en su Artículo 4°: “Para los efectos de esta ley, se entenderá por Adultos Mayores: aquel hombre o mujer que tenga sesenta años o más de edad”.

LA ESPERANZA DE VIDA

la información difundida recientemente en la Web, por la CONAPO se informa: “En la República Mexicana la esperanza de vida en 1930 era de 35 años para las personas del sexo femenino y de 33 para para el sexo masculino; para el año 2,000, fue de 76 para las mujeres y de 74 para los hombres. Y, a la mitad del año 2,019 la esperanza de vida aumentó a 78.4 años para las mujeres y de 74 para los hombres.

Estas frías pero elocuentes cifras nos permiten concluir que: año con año aumenta el promedio de vida de las personas, como consecuencia de los progresos sociales y económicos, así como por los logros innegables en materia de salud.

DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y LOS ABUELOS: 28 DE AGOSTO

Hace como cien años se infería que el ser abuelo era necesariamente ser un anciano (difícilmente se llegaba a los 50 años de edad); de ahí que por tradición ambos conceptos representan casi lo mismo; sin embargo, bien se conoce que hoy por hoy existen muchos abuelos que no son adultos mayores.

En México desde hace algunas décadas se ha celebrado el Día de las Personas de Edad. Algunas fuentes refieren que todo inició durante el “porfiriato”, sin embargo fue en el año 1932 en que se instituyó el Día del Abuelo.

Se afirma que el 28 de agosto de 1957 tuvo lugar en la ciudad de México el primer Congreso Panamericano de Gerontología, ahí se propuso que en América Latina se festejara a los abuelos el 28 de agosto; varios años más tarde el “Día del Abuelo” lo impulsó el escuchado locutor chihuahuense Edgar Gaytán Monzón, con la intención de que a ese personaje se le reconociera en el importante papel que tiene dentro de las familias; así fue que quedó establecida esa celebración desde el viernes 28 de agosto de 1998.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD

A raíz de la primera Asamblea Internacional de la Organización de la Naciones Unidas, desde el año 1982, se dedica al envejecimiento el día primero de octubre. La acción en materia de envejecimiento continuó en 2002 con un Plan de Acción que pedía cambios en las actitudes, las políticas y las prácticas a todos los niveles para favorecer el enorme potencial del envejecimiento, promoviendo la salud y el bienestar para la vejez, y velando por entornos propicios y de apoyo.

DÍA NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR

Como un eco del referido acuerdo de la ONU, en México se oficializó una celebración para hacer reconocimiento a las personas de edad; aquí comenzamos a llamarla en 1983 como Día del Anciano; y para utilizar un lenguaje políticamente correcto, desde hace pocos años, y en forma eufemística se transformó en Día del Adulto Mayor, mismo que por intereses religiosos lo promovieron en el aniversario luctuoso de San Agustín, que es considerado como un sabio, un máximo filósofo y uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia católica; fue así que quedó establecido el día 28 de agosto como Día del Adulto Mayor; y por los antecedentes conocidos lo conjuntaron en la fecha del Día del Abuelo.

Y, más allá de las diferentes denominaciones: Día del Adulto Mayor o, Día del Abuelo, la importancia de esta efeméride radica en el reconocimiento a las personas de edad.

LA REALIDAD QUE VIVEN LA MAYORÍA DE LOS ADULTOS MAYORES

La sociedad tiene que reconocer que las condiciones de vida para la mayoría de las personas de edad son verdaderamente difíciles; es por ello que muchos adultos, utilizando diferentes medios, hacen del conocimiento de las autoridades una serie de demandas que requieren soluciones inmediatas, como son el insuficiente acceso a la salud, la educación y los sistemas de solvencia.

Y, bien se sabe que muchas personas que tienen más de 65 años de edad no disfrutan ni de jubilación ni de pensión, y por consiguiente, ni de la cobertura de la seguridad social (y, no hay posibilidad de que la tengan). Algunos ancianos viven el tiempo del empleo informal; otros, sobreviven su situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Y, como un paliativo, a partir de 2019, el gobierno federal comenzó a entregar apoyos económicos a determinados adultos mayores. En Jalisco se conoció que ni siquiera la mitad de ellos estaban recibiendo el “apoyo económico”; y por una insólita declaración del representante federal se conoció que no reciben el apoyo “porque no se han encontrado, pero esto no será impedimento para que no se continúe con esta actividad”.

DESAPARECIERON EL IJAM

Desde el inicio del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, se hizo desaparecer el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor que tenía como objetivo “Impulsar el pleno cumplimiento de la ley para el desarrollo integral del adulto mayor en el estado de Jalisco, a través de la evaluación, diseño e implementación de políticas públicas en salud, empleo, promoción económica, vida y recreación, así como promover el respeto e inclusión de los adultos mayores”.

Con su desaparición se esgrimió el argumento de que ese Organismo Público Descentralizado representaba costos elevados y modestos resultados; sin embargo, las personas bien informadas constataron que ese cierre, así como el de otros seis “Opds” se debió a venganzas políticas, dado que en ellas se les había dado cabida a personas que respondían a compromisos de exgobernadores y de destacados políticos antagónicos.

El DIF-Jalisco da muy poco apoyo a los Adultos Mayores

Hace pocos años esa noble institución se proyectaba en todos los órdenes de la vida; hoy, el DIF- Jalisco apenas se justifica; y está obeso, muy obeso, además de “súper burocratizado”. La ciudadanía recuerda gratamente cuando las personas de la “tercera edad” eran atendidas por la Dirección para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del DIF- Jalisco; ahora, en el tiempo presente, esa área es ineficiente en su labor.

Vale la pena que por bien de los adultos mayores el DIF- Jalisco se reactive para que pueda cumplir con la muy importante labor que tiene encomendada; y, justifique su presupuesto.

El “Programa Jalisco Te Reconoce” ¿con proyección demagógica?

Para el inicio del 2019 parecía que en el gobierno del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez se había acabado todo tipo de apoyo para los adultos mayores …La sociedad hablaba de un “importamadrismo gubernamental”. Afortunadamente desde el primero de agosto se comenzó a saber de algunas “pequeñas ayuditas”, dado que por conducto de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social quedó implementado el “Programa Jalisco Te Reconoce” enfocado a la población de 65 años o más. Esas “ayudas” (afirman), se comenzaron a entregar en los 125 Sistemas DIF municipales, y que consisten en especie, como sillas de ruedas, andaderas, calzado y varios; el programa tiene un enfoque en el otorgamiento de diversos servicios que pretenden una mejor calidad de vida de este sector de la población. Pero… la clara realidad es que: en Jalisco no se está atendiendo en lo sustantivo a los adultos mayores que en su mayoría viven en condiciones de desigualdad, por lo que se valora que ese “paliativo” de “apoyos” es, en esencia, un programa demagógico.

Nota: Se ha de dejar dicho que en la elaboración del presente estudio se encontró que en las instituciones gubernamentales existe una “danza de cifras estadísticas” que “manejan” con base en los Censos de 2010-2015; ahora, actualizadas, las difunde el INEGI y el CONAPO.

EN JALISCO VIVEN MÁS DE UN MILLÓN DE ADULTOS MAYORES

El amplio conocimiento que sobre los adultos mayores tiene el profesor Jorge Enrique Hernández Preciado, le motivó a enviarle un comedido comunicado al gobernador del estado Maestro Enrique Alfaro Ramírez; en ese texto queda referido que las cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares concluye que en Jalisco existen 605,806 personas adultas mayores (cifras del 2017); y esa es la base con la que la federación nos ha asignado recursos para el 2019.

Pero no, esa cifra no es verdad, porque se deben de tomar en consideración los últimos resultados que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) presentaron como respuesta a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018; misma que concluyó que en Jalisco había 8 millones 215 mil 666 habitantes; de los cuales, el 50.6% (4´157,576) eran mujeres y el 49.4% (4´058,090) hombres. Respecto a la estructura por edad, el 12.2% (1´000,670) eran adultos mayores de 60 años y más.

También el Instituto Nacional Electoral (INE) puso a disposición de los usuarios la información a junio 2019 en la que se da a conocer la existencia de más de un millón de personas adultas mayores de 60 años y más en Jalisco.

Concluye el comunicado del referido ciudadano al Ejecutivo del estado que: “Para garantizar el desarrollo sostenible en un México que envejece, necesitamos conocer cuántas personas habitan en Jalisco actualmente y cuántas serán en los próximos años, porque se requiere conocer la edad que tienen y en dónde están”.

El experto en el tema de los adultos mayores refiere que “La información debe reflejar credibilidad, al compararse con la realidad para el buen desempeño con orientación a resultados abiertos a la evaluación de todos”.

Y, concluye su exposición aclarando que: “Para las próximas elecciones, en Jalisco, habrá más de un millón de posibles votantes que son adultos mayores; por lo que también en ese rubro cívico-político se les debe de atender”. ¡Votos, son votos…!

Y, como afirma quien fuera dirigente magisterial y delegado del ISSSTE en varias entidades federativas, así como representante en México de la Red Latinoamericana de Universidades Abiertas (RUA), el maestro Hernández Preciado, que ahora que ya bien puede jubilarse, después de los treinta años en que se jubiló, y que ahora se dedica de tiempo completo a la atención de los adultos mayores, enfatizando que: a ellos, se les debe de dar atención y desarrollo.

ADENDA:

1.-El gobierno federal no está cumpliendo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Tampoco el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, (más conocido por las siglas “INAPAM”) dispone de los suficientes recursos para cumplir con su cometido; sin embargo, el gobierno federal, pretendiendo justificarse, comenzó a entregar, en 2019, “pequeñas ayudas económicas” que de algo les sirven a los ancianos, pero…

2.- El gobierno de Enrique Alfaro con su mal estructurado programa “Refundación de Jalisco” no está cumpliendo con Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco. Hizo desaparecer el IJAM creado para atender y cumplir con la ley; y no se vislumbra la creación de un área semejante. A mediados de 2019, con la pretendida idea de justificarse, comenzó a entregar algunas “ayudas en especie” pero…ni aun así…

A los actuales gobernantes la historia los juzgará, por lo pronto no salen bien librados…

*Remberto Hernández Padilla.“Adulto Mayor Distinguido-Orgullo de Jalisco”/

Premio Nacional de Periodismo” / “Premio México de Periodismo”/

Presidente H.V. del Colegio de Periodistas de Jalisco / Correo: remegida@gmail.com

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REPORTAJES

Caso Antonio Gloria: Con débil justificación jurídica y fuertes argumentos políticos

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Por Mario Ávila //

En un verdadero “galimatías” se ha convertido el caso de la detención de Antonio Gloria Morales, por la presunta compra a sobre precio de la Casa Jalisco en Chicago, particularmente por la debilidad de la justificación jurídica que hay en su contra, pero a la vez por la fortaleza de los argumentos políticos que salen a la luz, en un momento en el que el PAN olvidó la alianza parcial que suscribió con Enrique Alfaro en la elección de julio del 2018 y se ha convertido en la más fuerte oposición de cara al proceso electoral del 2021.

El haber girado un oficio al secretario General de Gobierno, en la administración de Emilio González Márquez, sugiriendo la compra de una finca de 43 millones de pesos, más 17 millones para su remodelación y haber dicho verbalmente que visitó la ciudad norteamericana y conoció el inmueble, fueron motivos suficientes para la Contralora, Teresa Brito y para el Fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez, para solicitar la orden de aprehensión en contra de Antonio Gloria, quien se desempeñó como Coordinador de Políticas Públicas y ninguna autoridad tenía en el Consejo de Administración de JalTrade, que fue en donde se aprobó la compra.

Gloria Morales, quien entre otros cargos se desempeñó como diputado local, presidente del PAN en Jalisco y Secretario de Educación, fue detenido y encarcelado el pasado miércoles 7 de agosto, acusado del delito de peculado por la presunta compra de la Casa Jalisco en Chicago que costó 3.5 millones de dólares, cuando su precio era de 2 millones de dólares.

La denuncia se interpuso en el mes de mayo del 2016 y desde entonces se le citó a Antonio Gloria para que aportara datos a la investigación que se le seguía en principio en contra de otros responsables que estaban siendo investigados, pero ya en el proceso de la indagatoria, se detectó el oficio firmado por el aludido y girado al secretario General de Gobierno sugiriendo la compra de la Casa Jalisco en Chicago y el reconocimiento verbal de haber visitado el inmueble destinado a los migrantes en Illinois, lo que a juicio de la contralora, Teresa Brito y el Fiscal, Gerardo Solís, lo convertían en partícipe del ilícito.

Las especulaciones se vinieron en cascada en la opinión pública, ante la poca solidez de las acusaciones y lo mismo se especuló del rompimiento de relaciones amistosas entre Enrique Alfaro y Emilio González, que de dilemas políticos entre las dirigencias nacionales del PAN y MC.

LOS DESMENTIDOS DE LA DEFENSA

El despacho que defiende a Antonio Gloria, Del Toro Carazo Abogados, se ha dado a la tarea de acercarse a los medios masivos de comunicación para desmentir a la Fiscalía del Estado, que en su opinión ha faltado a su deber de lealtad, ya que difundió hechos falsos ante la opinión pública.

Primero, argumenta que la Fiscalía no imputa un sobreprecio en la compra del inmueble, como tampoco lo hace el juez. Y detalla: “La acusación del Ministerio Público se limitó al hecho de que el órgano directivo de Jaltrade -del que no formaba parte Antonio Gloria-, autorizó comprar un inmueble distinto al que originalmente habían elegido”.

Aún en el caso de que se planteara un sobreprecio, Antonio Gloria resulta ajeno porque no tenía y por tanto no ejerció la disponibilidad de los fondos relacionados con esta operación. Se estaría pasando por alto jurisprudencia de la Suprema Corte si se pretende imputarlo cuando los fondos relacionados con este caso nuca estuvieron en su administración o custodia”, expone la defensa.

En segundo lugar -advierten-, la Fiscalía afirmó que se presume la responsabilidad de Antonio Gloria en tanto firmó un oficio dirigido al Secretario de Gobierno donde se instruía la compra del inmueble relacionado con la imputación. Falso. Ese oficio no instruye la compra del inmueble materia de la imputación, ni ningún otro. Dicho oficio ni siquiera lo razona el Ministerio Público como parte de su acusación, como tampoco el juez lo considera como parte de la misma.

En tercer lugar -abunda el comunicado de Del Toro Carazo-, dice la Fiscalía que Antonio Gloria se trasladó al inmueble en Chicago, por lo que se presume que conocía su precio. Al margen de que ello es irrelevante para la acusación por peculado (ya que Antonio Gloria no dispuso de fondo alguno a su cargo para el pago del inmueble), en la acusación del Ministerio Público no se le imputa que conociera el precio, por tanto es falso que ello esté comprehendido en el expediente.

Señalan que la Fiscalía está obligada a conducirse en todo momento con lealtad, objetividad y buena fe. “Conforme a esos principios, no debe ahora intentar cambiar la acusación que previamente y por escrito ya formuló”, plantean en el comunicado.

MOTIVOS TURBIOS EN LA DETENCIÓN: DEFENSORES

Para el grupo de abogados que defiende a Antonio Gloria Morales, no existen razones jurídicas para que se haya dado la detención de Antonio Gloria Morales y confiados en su inocencia advierten que trabajarán sin descanso hasta verlo en libertad.

Recuerdan que se le acusa de ser el autor del delito de peculado, en menoscabo del patrimonio del extinto Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE), a propósito de la compra de Casa Jalisco en la ciudad de Chicago.

Pero sentencian que Antonio Gloria no intervino jamás en dicha compra, “es más, no podía hacerlo ya que no fue nunca miembro del Consejo de Administración de JALTRADE; no aprobó esa compra; no la gestionó; no firmó contrato alguno relacionado con ésta; no intervino en ninguna negociación para realizarla; no se le imputa desde luego el haber obtenido beneficio con motivo de esa compra; no firmó documento alguno. En síntesis, no hizo nada relacionado con esa adquisición ya que simplemente no podía hacerlo por ser ajeno a sus funciones, atribuciones y responsabilidades como Coordinador de Políticas Públicas del Gobierno del Estado”.

Fue un invitado -dicen-, como un simple espectador en la sesión del Consejo de JALTRADE sin derecho de voto. Y, además, los recursos de esa compra no salieron de la Coordinación de Políticas Públicas a cargo de Antonio Gloria, quién naturalmente tampoco autorizó ninguno de los pagos; los fondos con los que se pagó el inmueble en Chicago no estaban siquiera bajo la administración o cuidado de Antonio Gloria. Todo lo relacionado con esa compra, era ajeno a las funciones de su cargo público.

AFIRMAN QUE ES UNA ACUSACIÓN ABSURDA

Si esto es así, ¿entonces por qué se le acusa?, se preguntan los abogados defensores de Gloria Morales y al mismo tiempo advierten: “De manera absurda se dice que acudió como invitado a una reunión con los miembros del Consejo de JALTRADE y manifestó que a efecto de tratar con mayor eficiencia el tema de migrantes jaliscienses y comercio bilateral, consideraba conveniente que existiera una Casa Jalisco en Chicago. Ese mismo comentario lo hicieron también los que sí eran consejeros de JALTRADE, los que curiosamente no fueron imputados a pesar de que éstos sí tenían poder decisorio y sí lo ejercieron (lo que tampoco implica que hayan cometido delito alguno).

Lo acusan en concreto -abundan-, de que en el año 2008 se resolvió comprar un inmueble ubicado en el número 1933 de Melrose Park, pero que en 2009 se decidió comprar otro en su lugar, en el número 1600 del mismo Melrose Park. Dice la Fiscalía del Estado que eso constituye un peculado porque debió haberse comprado el autorizado la primera vez, no la segunda. Así de ridículo es este asunto.

Detallan también los litigantes que el delito de peculado dice, en lo que interesa: “Que se comete cuando un servidor público distrae de su objeto para usos propios o ajenos dinero perteneciente al Estado, si por razón de su cargo lo hubiera recibido en administración, depósito o por otra causa.”

De ahí que advierten que a Antonio Gloria no le correspondió -en razón de su cargo- administrar el dinero con el que se pagó el inmueble en Chicago, “no estaba en sus funciones administrar esos fondos, ni jamás los tuvo en depósito; vamos, por ninguna causa esos fondos estuvieron bajo su cuidado o siquiera pasaron por sus manos o autorización para que fueran erogados. Si esto es así, es obvio que no pudo distraerlos de su objeto”.

Por ello, para los defensores de Gloria lo que ocurre es “una vergüenza de acusación en su contra que resulta inexplicable, cuando menos jurídica y lógicamente; por sentido común, cualquier persona -sin requerir ser abogado-, puede constatar que estamos ante una imputación sin sustento”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación -señalan-, ha sostenido que el delito de peculado requiere que el acusado servidor público goce de una facultad de disposición real del dinero y así estar en condiciones de desviarlo de su objeto; porque sólo los servidores públicos que tengan esa disponibilidad de decidir sobre el destino de los fondos que administran en razón de su cargo, pueden cometer ese delito.

Y Antonio Gloria -aseguran-, jamás estuvo facultado, en razón de su cargo o cualquier otro motivo, para poder disponer del dinero con el que se pagó Casa Jalisco en Chicago. Si esto es así, mucho menos pudo desviarlo. Es así de claro. Evidentemente ni los consejeros ni un mero invitado que se limitan a expresar una opinión pueden o deben ser acusados por ese hecho.

Finalmente, en su análisis del caso los abogados de la parte acusada dejan en claro que el Consejo de Administración de JALTRADE incluía a representantes de reconocidos organismos empresariales como CANACO, Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), American Chambers y la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, y que ahí se discutió y votó de manera unánime en favor de comprar el inmueble ubicado en el número 1600 de Melrose Park, Illinois, para asentar ahí Casa Jalisco Chicago; facultando al Gerente General de JALTRADE para concretar la adquisición, la que dicho Gerente en efecto realizó con fondos de JALTRADE el 15 de mayo del 2008.

UN ABISMO, LAS POSTURAS DE LOS ALIADOS PAN Y PRD

Pero al margen del tema estrictamente jurídico, bien se puede atender al análisis de hechos de índole político y hasta partidista; para ello basta con observar cuál ha sido la diferencia, al menos en el Congreso del Estado, de la postura de los dos partidos que fueron aliados de Movimiento Ciudadano en la elección de julio del 2018, cuando Enrique Alfaro ganó la gubernatura de Jalisco.

Tras esta que se llamó, una “alianza parcial” impulsada por Raúl Padilla López y el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, el PRD se ha conducido con mucha docilidad ante las decisiones emanadas de Casa Jalisco o de la fracción naranja en la LXII Legislatura y los diputados del sol azteca que llegaron bajo el cobijo naranja y azul, Mara Robles y Enrique Velázquez, no han causado problemas mayores.

Mientras que los legisladores del PAN han asumido una actitud de oposición crítica, férrea y decidida, olvidando que habían pactado un compromiso por seis años y no solo por el día de la jornada electoral, al grado de que lo mismo han interpuesto denuncias por la compra de la maquinaria, que han censurado con determinación el alza a la tarifa del transporte público, entre otros temas polémicos.

Por lo que bien se podría interpretar la sorpresiva detención de Antonio Gloria, como un manotazo del gobernador Enrique Alfaro, para recordarle a los panistas de Jalisco que tienen un compromiso con él, por su calidad de aliados, hasta el 2024. Y para ratificarles y demostrarles que tienen un compromiso, pone justamente al Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez (posición concedida al PAN por la alianza junto con la Secretaría de Educación), en calidad de verdugo de Gloria Morales.

Pero una lectura adicional que bien podría dársele a este hecho de abierto enfrentamiento entre Enrique Alfaro y el PAN, es que el PAN da por finalizada la alianza y ha optado por ir solo en la elección del 2021, pretendiendo hacer valer su posición de primera fuerza de oposición en la entidad.

Ante ello salta a la vista otro argumento que estaría en la disputa entre naranjas y azules, que es el control del Poder Judicial, ya que las 8 posiciones vacantes en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, serían suficientes para que Enrique Alfaro cumpliera el propósito del que con insistencia se le ha acusado: controlar al Poder Judicial.

Y si a eso le agregamos que se ha puesto en un predicamento con señalamientos y acusaciones, a jueces y magistrados que llegaron al cargo bajo el cobijo del PAN, el mandatario estatal bien podría lograr más espacios vacantes, que se llenarían con gente afín.

 

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REPORTAJES

El Zapotillo aún sin definición: López Obrador pide escuchar a la gente

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Por Mario Ávila //

El contrato concedido a la empresa española Abengoa para llevar el agua de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato, es de 1.3 millones de pesos diarios y durante 25 años y como Abengoa está en quiebra, ese es el tamaño del negocio que buscan los empresarios cristalizar, si es que el Gobierno Federal acepta el convenio firmado por los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro Ramírez y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El contrato con vigencia de 25 años en principio en favor de Abengoa, dice que se le venderá a León el agua a 4 pesos por metro cúbico y se le asigna a Guanajuato una cifra de 120 millones de metros cúbicos por año. Ello además del agua que se le venderá a los 14 municipios de la región de Los Altos de Jalisco, a 4.50 pesos el metro cúbico.

Todo esto al margen de que 2006 el costo inicial era de 7 mil 960 millones de pesos, para 2019 su costo ascendió a 35 mil 339 millones de pesos y si se le suma el plan de construir la Presa El Purgatorio y su sistema de bombeo, el costo total rondaría los 70 mil millones de pesos.

Estos negocios multimillonarios por los que se pronuncian los gobernadores, apoyados por el grupo de empresarios de Jalisco y tres colegios de ingenieros y arquitectos, que hoy se quieren hacer llamar también “colectivos” para aparentar mayor legitimidad social, contrastan con las alternativas que plantean los académicos e investigadores de universidades públicas y privadas, por los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo y por activistas defensores del medio ambiente y del recurso del agua.

Para los opositores a la presa El Zapotillo, hay múltiples opciones para dar agua a los municipios de Los Altos y a la Zona Metropolitana de Guadalajara, antes que las mega obras multimillonarias en las que se han tirado a la basura más de 25 mil millones de pesos en los últimos 25 años al fracasar los proyectos de la presa Arcediano en el fondo de la barranca de Huentitán y la presa de San Nicolás, en el poblado de San Gaspar de los Reyes en el municipio de Teocaltiche.

Alimentar los mantos fréaticos, aprovechar el agua de lluvia, reducir el desperdicio y hacer más eficientes a los organismos operadores del agua y apoyar políticas de sustitución de instalaciones hidrosanitarias para bajar el consumo diario de agua por persona, son algunas de las opciones que se han planteado sin que las autoridades hagan eco de las propuestas.

Al margen de estas propuestas, activistas como Manuel Villagómez han propuesto otras soluciones para evitar la puesta en operación de la presa El Zapotillo, como es cambiar el agua a León, Guanajuato, el agua del río Verde por el agua del río Lerma, que llegaría a la presa Solís, se trasladaría a la laguna de Yuriria y de ahí con un mínimo bombeo y ahorrando el 70% del gasto que se prevé desde el Zapotillo, llevar el agua a León, mediante un acueducto que se construyera exclusivamente en tierra guanajuatenses.

A cambio de los 120 millones de metros cúbicos por año del río Lerma para Guanajuato, toda el agua del río Verde sería de nuevo para Jalisco y se podría llevar a hasta la ZMG a través de una presa en Loma Larga II, mientras que para los municipios alteños, se dispondría del agua de la presa El Salto. 

SON OTROS TIEMPOS: AMLO

En la rueda de prensa mañanera del pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una frase que puede ser un indicativo de la determinación que se tome en los próximos días, “ya nos son tiempos en donde deciden solo los gobernantes, hoy se escucha y se atiende también a los ciudadanos”, contestó a pregunta sobre las inconformidades contra la presa El Zapotillo.

Ya se pusieron de acuerdo los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, porque ahí había discrepancia, ahora falta que se tome en cuenta a los pobladores. Hay una resolución de la Corte que habla que la cortina tiene que ser a 80 metros y si es así, los pueblos pueden no inundarse, pero hay quienes sostienen que sería poca agua y no sería suficiente”.

Estamos hablando porque es una obra que se inició desde el gobierno de (Vicente) Fox y está inconclusa (La Presa). Tenemos que llegar a un acuerdo para escuchar a los pobladores; podríamos nosotros ponernos de acuerdo, pero ¿y luego?, ¿y la gente? Ahora se escucha a los ciudadanos en todo”.

Esto significa que la determinación que se tomará estará al margen de los acuerdos a los que pudieron haber llegado los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro Ramírez (PMC) y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (PAN).

López Obrador tiene bastante información sobre la presa El Zapotillo, la primera le llegó en la campaña a la presidencia en el 2012, cuando el propio Manuel Villagómez lo abordó en una gira por el municipio de Yahualica, le planteó el panorama y la respuesta del entonces candidato y hoy presidente de México, fue: “Yo no me veo inundando estas comunidades”.

Seis años más tarde, con los problemas de El Zapotillo en una mayor dimensión, Manuel Villagómez tuvo un acercamiento con su amigo, el empresario Alfonso Romo, a la vez coordinador del gabinete y brazo derecho de AMLO, a quien le planteó la gravedad que había adquirido el problema y a la vez le planteó las distintas alternativas de solución.

Una señal de que también la determinación final podría estar del lado de los opositores a El Zapotillo, la dio la directora de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, quien en reunión convocada en la Secretaría de Gobernación, por Lázaro Cárdenas Batel, dejó en claro que la dependencia federal a su cargo no avalaba el acuerdo que firmaron los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, “porque se hizo sin datos certeros”.

Blanca Jiménez Cisneros, comentó en particular en esta reunión efectuada el pasado 9 de julio en la capital del país, que los datos sobre los volúmenes de agua del “Acuerdo de Entendimiento” para la distribución del agua del Río Verde, firmados por los gobernadores de Guanajuato y Jalisco el 29 de junio, “no le cuadran”. 

DE RAMÍREZ ACUÑA A ALFARO

Conocedor pleno del tema de El Zapotillo y defensor a ultranza del uso adecuado del agua, el empresario Manuel Villagómez ha resultado una pieza vital en la lucha en contra de las millonarias obras como la presa de Arcediano y la presa de San Nicolás, hizo algunas reflexiones para los lectores de Conciencia Pública.

Tocamos la puerta de la Presidencia de la República en este gobierno, planteando que se tome el agua del Lerma, en lugar del Verde; luego se recibió el citatorio al Padre Gabriel para que se presentara en la Secretaría de Gobernación, a una reunión donde estuvo Lázaro Cárdenas Batel, el secretario de Semarnat, Víctor Manuel Tinoco y la directora de Conagua, Blanca Jiménez, ante quienes el padre planteó un decálogo de argumentos en contra de El Zapotillo.

Sin embargo, entre ellos destacan tres puntos específicos: 1.- La opción de que el trasvase de 120 mmts3 sea con agua del río Lerma, no del río Verde; 2.- Qué harán con los 10 amparos, entre ellos de ejidatarios y ganaderos para dejar pasar el acueducto que llevaría el agua a León, Guanajuato y 3.- El reciente acuerdo de gobernadores, hace referencia a la presa con cuentas alegres, es decir con una cortina de 105 metros, lo que en este momento está eliminado por la SCJN.

Lázaro dice que el presidente está a favor de las comunidades y los funcionarios se comprometen a no avalar el acuerdo que hicieron los gobernadores de Jalisco y Guanajuato”, expuso el empresario del ramo de la maquinaria para la masa y la tortilla, que hoy impulsa en su lucha al Padre Gabriel, como ayer lo hizo con la señora Lupita Lara,  en el caso de la defensa de Arcediano, a quien por cierto el gobierno de Aristóteles Sandoval terminó por pulverizar al despojarla con argucias legaloides orquestadas por el secretario Roberto López Lara, con más de 11 hectáreas que eran de su propiedad, según lo afirma Manuel Villagómez. 

EL “FRAUDE FOXIANO”

Al hacer una reseña de lo que ha sido la historia de  14 años de lucha, Manuel Villagómez recuerda la travesía de lo que él llama “El fraude foxiano” y explica que nace oficialmente el 24 de mayo del 2005, cuando el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, le escribió una carta a Cristóbal Jaime Jáquez, en ese entonces director general de la CNA, en la que le informa que se cancela el proyecto de San Nicolás, porque existe gran oposición por inundar la iglesia de San Gaspar y le propuso un sitio en donde dijo, que no se inundará ninguna comunidad y tampoco tierra fértil… y plantea El Zapotillo.

Situación nefasta, mentirosa y vil de parte de Ramírez Acuña -dice Villagómez-, ya que son 4 mil 500 hectáreas de tierras de cultivo y ganado y se inundarán las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, en los municipios de Cañadas de Obregón y Mexticacán”. Justo desde ese momento se conforma el primer comité en defensa de El Zapotillo y a los 92 días de aquel oficio de Ramírez Acuña hace un acuerdo con Semarnat, con la CNA y con el gobierno de Guanajuato, para hacer una presa con una cortina de 80 metros de altura, con lo que se inundan las tres comunidades.

En ese acuerdo -abunda-, Ramírez Acuña omite dar una sola gota de agua para Guadalajara, ahí está el convenio y por eso se dio la gran oposición por la defensa de las comunidades y por la defensa del agua de Chapala que se le había cerrado la llave”.

Recuerda Villagómez Rodríguez que AMLO ha estado en las campañas del 2012 en tres ocasiones y en el 2018 visitó Yahualica, “ahí lo abordé y le presenté al padre Gabriel, que es el que ha dado la cara por la comunidad y ha presentado a título personal uno de los amparos; López Obrador dijo en ese entonces dijo que él en lo personal no se veía tomando una decisión para inundar Temacapulín”.

Nosotros comentamos con él que desde que ese acuerdo se firmó entre Guanajuato y Jalisco, la presa no solo era inviable, sino que era imposible”, recalcó.

Relató Manuel Villagómez que quien convenció a Emilio González de una cortina de 105, después a Aristóteles y ahora a Enrique Alfaro, es el Consejo Consultivo del Agua, conformado por 33 empresarios a nivel nacional, entre ellos los grandes privatizadores del agua, los dueños de las grandes empresas refresqueras, también ricos como Carlos Slim, que ya le entró a temas de infraestructura hidráulica, al grado que compró acciones de una empresa española que está metida en el tema del Zapotillo.

En su versión Jalisco el Consejo Consultivo lo dirige Francisco Mayorga y está integrado por 51 empresarios, entre ellos varios de ellos tienen que ver de manera directa con la construcción de la presa El Zapotillo, como el arquitecto José Manuel Gómez Vázquez Aldana; fuera de esa lista en calidad de asesor, pero como una figura central, se encuentra Enrique Dau Flores, así como los tres colegios de ingenieros y arquitectos que hoy se autonombran colectivos.

Ellos -dice Manuel Villagómez-, se han reunido en dos ocasiones con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la segunda el mandatario les confirmó que antes de tomar una determinación, se reuniría con los habitantes de las comunidades y después con los ambientalistas opositores. Ante ello, Gómez Vázquez Aldana mostró su molestia en una columna que escribe para un medio local, recriminando el “cambio de postura del presidente” en las dos reuniones que sostuvo con los empresarios jaliscienses. 

EL ZAPOTILLLO A 60 METROS

Producto de esa instrucción dada por el Presidente de la República, el titular de la Semarnat, Víctor Manuel Tinoco, realizó el pasado martes una visita a Temacapulín, se encontró con los opositores a la presa por más de 3 horas, escuchó más de 25 discursos y le concedió la palabra hasta en tres ocasiones a Manuel Villagómez.

Y fue ahí, caminando por Temacapulín, cuando el secretario de Semarnat dijo que a los 15 minutos de haber pisado ese suelo, confirmó su postura de que sería insensato inundarlo.

Al término de la reunión, Manuel Villagómez expuso: “Ahora al titular de la Semarnat se le ha pedido con todo comedimiento que le exprese al presidente lo que ha escuchado y confiamos en que el presidente le dé la instrucción de que debe hacer lo adecuado, y quizá para él lo adecuado sea demoler la presa”.

Pero la presa ya está construida y está en tierras de Jalisco, déjenla, pero para beneficio de Jalisco, operando solo a 60 metros; se debe hacer otra presa en Temara o en Loma Larga II para quedarnos con toda el agua del río Verde como debe de ser y que Guanajuato o acepte ese convenio o que busque su propia agua por otras vías.

Incluso el acueducto para distribuirles agua a los 14 municipios de Los Altos ya está diseñado y se puede partir de la presa de El Salto que tiene 80 millones de metros cúbicos abandonados disponibles anualmente, la mejor ubicada y la que está a mejor altura, de ahí se llevaría el agua con un costo mínimo de bombeo.

El Zapotillo serviría como una presa para sanear naturalmente el agua, ya que acumularía basura, tierra y otros sólidos, mientras que la otra presa que se deba construir para enviar el agua a Guadalajara, habrá de tener el mínimo mantenimiento, solo de servicio”, planteó el activista Manuel Villagómez.

 

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